Ampliación de denuncia ante Fiscalía de DDHH por la agresión recibida en operativo policial

El Concejal del Frente Chaqueño Fabricio Bolatti, ratificó y amplió su denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Poder Judicial, donde pidió se investigue el origen de la orden que habilitó las agresiones verbales y físicas hacia las y los concejales que acudieron en plena Sesión del Concejo a las inmediaciones del Recinto, donde se estaban sucediendo disturbios, agresiones y detenciones contra trabajadores y trabajadoras que reclamaban sus puestos laborales.

En medio de la situación, Bolatti recibió un disparo de gas pimienta a diez centímetros de la cara, lo que definió como “un acto o hecho premeditado y desarrollado mediante un operativo puntualmente diseñado y protagonizado por agentes policiales de civil e uniformados, que buscaban generar un entorno que justifique, desde su mirada, su arresto, el que podía ser agravado por una situación fabricada de violencia de género, con el objetivo de desactivarlo políticamente y que deje de denunciar actos irregulares”.

El incidente finalizó con personas heridas, incluído en concejal Bolatti, la agresión a concejalas, y la detención de su par Ángel Sánchez, quien finalmente decidió subir al techo del patrullero para impedir el traslado de un detenido, motivado ante la negativa al pedido de información de todos los ediles, por parte del Jefe del Operativo Policial.

Por lo ocurrido, Bolatti solicitó que se determinen las responsabilidades y se realice el cambio de funcionarios o se solicite la renuncia correspondiente de quien o quienes dieron la orden de agredir a concejales.

A CONTINUACIÓN, LOS HECHOS RELATADOS POR EL CONCEJAL BOLATTI

*Se montó un gran escenario con varios objetivos

Varios son los objetivos del gran escenario montado que incluyó la presencia del Jefe y Subjefe de la Policía, más de 100 agentes para una protesta de 40 personas, la coordinación con medios que transmitían en vivo y un discurso armado de antemano, que justificó legalmente lo actuado e impuso a la sociedad solo la parte de los hechos que le conviene a las gestiones provincial y municipal. Desde generar un enfrentamiento con personas infiltradas que agredían al jefe del operativo, pasando por detenciones, el secuestro de carteles de los manifestantes, inventar que se quiso cortar la vía pública, e intervenir en el evento que se dio en el ámbito del Recinto y en plena sesión, sin dar participación a las autoridades del mismo e informar ante numerosos requerimientos a los Concejales que intervinieron personalmente.

Los concejales recibimos agresiones verbales y físicas que buscaban una reacción que justifique nuestras detenciones, violando con ello lo establecido en el art. 195 de la Constitución y el art. 130 de la Carta Orgánica, que determinan que: …”al igual que la Intendencia, los Concejales tienen inmunidad y que no pueden ser molestados, detenidos ni reconvenidos por autoridad alguna, en el ejercicio de sus funciones y ni por sus opiniones”; lo que fue no solo ocultado por el argumento oficial, sino superado por el concepto de “flagrancia” (término jurídico por el que fue detenido el concejal Sánchez), que vía una cuestionada Ley, permite a la Policía actuar y detener a personas ante un delito, sin orden judicial, imponiéndose con ello a la propia Constitución.

Con seguridad, pude ser objetivo de una operación que buscaba lograr mi detención en términos ilegales, ya que en respuesta a una actitud pacifista que encauzara la situación de desborde de la policía ante pocos manifestantes, y el intento de hablar con el jefe del operativo, solo recibí como respuesta insultos -hasta del propio jefe del operativo policial- golpes con escudos, y finalmente gas pimienta en la cara.

Particularmente, debo citar que previo al arrojo del gas, un número aproximado de diez agentes con escudo me siguieron durante quince metros, empujándome en búsqueda de alguna reacción, hasta que en un momento fui arrinconado para recibir gas en la cara, a lo que solo atiné a quedarme parado, sosteniéndome incluso por un escudo para no perder el equilibrio. Acto seguido, fui retirado por el mismo personal policial de civil que me rodeaba.

Lo que surge de los videos, permite observar cómo estaba diseñado el operativo. Es que quienes me seguían y empujaban eran todas policías mujeres que desde atrás eran dirigidas a empujones por policías hombres, entre ellos quien ejecutó el disparo de gas, lo que deja a relucir que de haber emitido algún golpe o empujón, la comunicación policial habría sido que “una agente femenina había sido víctima de agresiones”, para utilizarse como causal de mi detención (estrategia muy común en la fuerza).

Pero hay que decirlo y reconocerlo, que así como hay quienes se prestan para estos operativos ilegales armados desde la autoridad (entendible desde lo laboral), hay también en la fuerza de seguridad quienes respetan, valoran y son conscientes de su rol. Fue así que tras la agresión con el gas y de continuar con agresiones verbales por parte de un agente que buscaba lograr una reacción, tanto este grupo de mujeres policías como otros agentes, no actuaron más e impidieron con ello que se concreten empujones u otros actos que pudieran hacerme caer u otra consecuencia, ya que en ese momento no veía nada y estaba golpeado por el evento.

*El Jefe de la Policía al frente del Gobierno, en una posición “Cuasi de facto”

Hoy, como vocero oficial y a cargo del gobierno, el Jefe de la Policía Fernando Romero, sigue una línea que roza lo “de facto”, arrogándose importantes facultades y privilegios que no tiene. Esto surge de declaraciones del comisario: “…como ciudadano, como personal policial, NO permitiremos tamaña agresión hacia el Estado, porque la Policía representa al Estado Provincial, son cuestiones que tenemos que poner límites dentro del marco de la legalidad que se actuó ayer. Esperar que la Justicia haga su trabajo y que el Municipio a través de sumario administrativo correspondiente, que se tome las medidas disciplinarias que correspondan con la actitud del Concejal”, haciendo referencia a lo sucedido y en especial a la detención del concejal Sánchez, y agregaba en forma hasta amenazante “…en flagrancia, a cualquier persona se lo puede detener”.

No dejan de ser, por lo menos, preocupantes las declaraciones del hoy Jefe de la fuerza, designado por el gobernador Zdero, cargo que ya ha ocupado y fuera separado por incidentes ocurridos, donde agentes cometieron excesos de violencia y contaron con su apoyo, entre otros.

Podemos ver claramente, cómo el Jefe de la Fuerza Policial, funcional a Zdero, se define representante del Estado, hace las reglas de convivencia (prácticamente legisla), define quién te juzga y aplica las penas, e interpreta la Constitución, las leyes, definiendo su orden de prelación.

Según Romero, la Policía que de él depende, puede arrestar a cualquier persona, cuando ellos interpreten que se está cometiendo un delito. Es decir que la libertad de un vecino o vecina está al antojo del Jefe de la Policía que, según él, representa al Estado, lo que no es correcto, porque son los cargos elegidos por voto popular, como gobernador, vicegobernador, legisladores, concejales, y también los jueces, quienes tienen más facultades.

*La responsabilidad total

Sea como sea y quien lo haya ejecutado, acá hay dos responsables principales que no hablaron ni aparecieron después de estos hechos: el gobernador Zdero y el Intendente Nikisch, quienes política e institucionalmente son responsables de este operativo que no solo consistió en evitar un corte de calle que nunca se intentó por parte de un grupo reducido de trabajadoras y trabajadores municipales suspendidos arbitrariamente por el Intendente, sino que también dejó éste, de ejercer su función de cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, puesto que la norma se encuentra vigente. O sea, hacen lo que quieren, y no es el primer caso en los últimos tiempos.

Toda esta situación acaecida tuvo sus beneficios:

• Dar una señal fuerte para el resto de las y los conflictos,
• Criticar a la oposición y responsabilizarla por los conflictos, estigmatizando a trabajadores y trabajadoras,
• Generar un hecho que termine con el arresto de concejales, especialmente a mi persona, por ser quien viene denunciando irregularidades en la gestión provincial y municipal,
• Continuar con la operación práctica y mediática de instalar un conflicto social y político donde no lo hay. Una estrategia que ya generó una situación anterior mostrada como “un supuesto intento de ingreso forzado a la oficina del Intendente”, lo que se transmitió en cadena provincial y que terminó con dos detenidos y cinco policías heridos.

Provocar con todo esto el sustento para solicitar que una resolución judicial sea persuadida en tiempo y contenido, para ser abordada desde una perspectiva de atención al conflicto para restablecer el orden público, sujeta a derecho laboral y humano.

Otro aspecto preocupante de la gestión de turno le compete a la autoridad del Concejo, que en vez de preocuparse por quienes integramos el Cuerpo, se dedica a dar declaraciones totalmente contraproducentes. Por ejemplo, definir como una forma de resolver las deferencia parlamentarias, la de “agarrarnos a trompadas en el recinto, a ver quién queda parado”, una barbaridad.

*Se trata de que cada una y uno cumplan con su rol, y todo tiene que funcionar

No se trata que Zdero, Nikisch y el Comisario hagan todo (sustentado en que hacen todo bien y el resto somos todos corruptos e inservibles), tal como lo demuestran al dictar Decretos y Resoluciones superpoderosas, que anulan o dejan sin efecto normas superiores, o que hagan caso omiso a la Constitución por interpretaciones que prefieren, o que administren sin rendir cuenta, ya que el resto son todos …., y no rindan el uso de los recursos públicos, etc.

Se trata de que lean las normas y hagan lo que se les asigna en un régimen Republicano de equilibrio de poderes, de plena vigencia de los derechos humanos, sociales y económicos, de igualdad y respeto de género y diversidades, de inclusión, etc.

Se trata de que los organismos de control, controlen a todas y todos quienes corresponda, de que la policía cuide a las y los ciudadanos, a sus compañeras y compañeros de trabajo y a uno mismo.

Se trata de tener una sociedad mejor, NO SE TRATA DE CAPANGAS.

Por todo lo expuesto, PIDO QUE SE DETERMINEN LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES, SE REALICE EL CAMBIO DE FUNCIONARIOS O LAS RENUNCIAS CORRESPONDIENTES DE QUIEN O QUIENES DIERON LA ORDEN DE AGREDIR A CONCEJALES, ESTO NO PUEDE PASAR COMO SI NADA.