El bloque legislativo del Frente Chaqueño (FCH) denunció en la Justicia al ministro de Salud de la provincia, Sergio Rodríguez, por «posible corrupción y por no respetar los procedimientos administrativos correctos». Los legisladores peronistas aseguran que se realizaron «compras directas a empresas por $1.600 millones, cuando los organismos de control pertinentes le advirtieron que no correspondía».

Según informaron los diputados, la denuncia fue hecha en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en la Justicia Penal y en el Tribunal de Cuentas contra el ministro Rodríguez «por incumplimiento de los deberes inherentes a su función pública».

Cuestionaron que el Gobierno de Chaco hizo dos declaraciones de emergencia, por un lado la Emergencia Sanitaria y, por otro, la Emergencia Epidemiológica, y que ambas tienen competencias similares pero tras analizar los alcances entendieron que se cometieron irregularidades.

Señalaron que quisieron ratificar por Ley el Decreto Nº 315/24, mediante el cual se declaró la Emergencia Sanitaria, y reafirmó lo actuado desde el comienzo de la gestión por el Ministro. El decreto de la Emergencia Sanitaria es del 19 de marzo de 2024, y en el Artículo 1  declara  que regirá «por el plazo de seis (6) meses a partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2024. Antes, el 26 de diciembre el Ejecutivo provincial sacó el Decreto 163/23 donde prorrogó la Emergencia por dengue por 180 días.

«Una emergencia no tiene que ser sancionada necesariamente por ley, pueden sacarse por decreto y son válidas. Solo debe seguir los pasos de una ley cuando las medidas que contenga afecten directamente derechos, como las emergencias económicas o las agropecuarias», explicaron desde el FCH.

Aseguraron que  detectaron «enormes irregularidades». Por ese motivo, los integrantes del Frente Chaqueño analizaron las resoluciones firmadas por el titular de la cartera provincial de Salud y denunciaron que «desde el 27 de diciembre hasta el 22 de marzo se emitieron por lo menos 11 compras directas que superan los $1.600 millones, cuando el límite habilitado es de $50 millones».

«El ministro de Salud obvió los procesos licitatorios, no respetó los circuitos administrativos para la compra de medicamentos, concretándolas de modo discrecional, sin transparencia, y favoreciendo a empresas determinadas, a pesar de las advertencias efectuadas en reiterados dictámenes por la Fiscalía de Estado al momento de su intervención previa», señala el comunidado difundido por el Frente Chaqueño.

Criticaron que «se realizaron compras directas argumentando que eran insumos para ser utilizados contra el dengue» porque el escenario de contagios en la provincia «demuestra que los recursos no habrían sido destinados a ese fin».

Los impulsores de la denuncia aseguran que»durante los primeros meses de gestión, el ministro de Salud firmó compras millonarias sin poseer las competencias necesarias para hacerlo, sin hacer caso a la Fiscalía de Estado, que le advirtió que no correspondía». En esa línea remarcaron que «de manera poco transparente transfirieron miles de millones a empresas con bajo historial como proveedores del Estado».

El Frente Chaqueño reprochó que «desde el Gobierno provincial se busca declarar la Emergencia por seis meses, de manera retroactiva para encuadrar dentro de la normativa lo que fueron tiempos de acciones no transparentes».

Indicaron que el Gobierno quiere darle vigencia retrocativa al decreto porque «no existía la emergencia sanitaria cuando se llevaron adelante por lo menos 11 contrataciones directas por resolución del Ministro de Salud por el total de $1.600 millones de pesos». Remarcaron que «estas compras se hicieron sin cumplir con la normativa de compras y contrataciones» y detallaron que «las compras directas habilitadas al Ministerio de Salud no pueden superar los $50 millones de pesos». Por esto los diputados afirman que el decreto no puede aprobarse, «pero necesitan que se ratifique por ley todas las ilegalidades cometidas con fondos públicos», apuntaron.

Argumentos de la acusación

«Se llevó adelante el uso de fondos públicos sin cumplir las normativas y la ley de administración financiera. Desoyeron las advertencias de los organismos de control y en tros casos lo hicieron sin su intervención. Correspondiéndoles el delito penal y administrativo de incumplimiento de los deberes de funcionario público», justificaron desde el bloque  FCH.

Las compras que cuestiona el Frente Chaqueño

• •  Resolución 293-2024 del 19/02/2024, que autorizó la contratación directa con varias firmas por un importe total de $454.108.566,00.

• • Resolución 294-2024 del 19/02/2024, que aprobó contratación directa por el monto de $591.223.453,7.

• • Resolución 295-2024 del 19/02/2024, que autorizó la contratación directa por la suma de $330.719.460.

• • Resolución 315-2024- del 21/02/2024, que autorizó la contratación directa por la suma de $55.975.896,95

• • Resolución 605-2024 del 18/03/2024, que autorizó la cancelación de factura por compra de medicamento por la suma de $63.600.000.

• • Resolución 600-2024 de fecha 18/03/2024 que autorizó la contratación directa por la suma de $31.351.000.

Qué dice el Decreto 315/24

El Artículo 1  declara «la emergencia sanitaria del Sistema Público Provincial de Salud por el plazo de seis (6) meses a partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2024, con la finalidad de normalizar la provisión de medicamentos e insumos».  En tanto que el Artículo 2 señala que se ratifican «las compras realizadas por el Ministerio de Salud para el abastecimiento esencial de medicamentos e insumos, y autorízase como autoridad de aplicación a adquirir mediante el mecanismo de contratación directa, los bienes, e insumos necesarios para garantizar el acceso a la salud por parte de la población, con independencia de su monto, en forma excepcional en los términos del Artículo 133 inciso d) de la Ley 1092- A, de Administración Financiera y mientras dure la declaración de emergencia».

El decreto se oficializó el 19 de marzo de 2024 y luego se mandó a ratificar a la Cámara por Ley.

La diferencia entre ambas emergencias – las dos están vigentes- es que la Epidemiológica permite gestionar la compra de insumos para la epidemia y la otra, la Sanitaria, habilita para la adquisición de todo tipo de medicamentos, insumos y bienes  para todo el sistema de salud. Desde el FCH señalaron que esta última es «extremadamente general y con posibilidad de llevar adelante cualquier compra».