En medio del fuerte impacto de los aumentos en las tarifas de los distintos servicios públicos, desde el sector universitario vienen advirtiendo de las dificultades que tendrán para sostener el funcionamiento en medio de un fuerte ajuste en el presupuesto real para el sector. Sin embargo, desde el Gobierno descartaron hoy que puedan haber nuevas partidas para que las Casas de Altos Estudios afronten los nuevos precios de los servicios.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Ejecutivo ya hizo los ajustes presupuestarios correspondientes, y afirmó que es problema que las universidades plantean no para ahora, sino que les va a ocurrir en un futuro.

“Es un problema de falta de fondos, que por una factura de luz no van a cerrar las universidades. Ahí hay un tema presupuestario de discusión de fondo si no se les aumenta las partidas presupuestarias. Llegado el caso, se discutirá”, subrayó.

El funcionario también afirmó que “las partidas estuvieron congeladas durante 2023 y no escuché quejas el año pasado”, y dijo que lo sorprende que “todas las quejas viene con el presidente Milei”.

“No va a haber ningún cambio presupuestario por las facturas de luz, no va a pasar eso”, cerró.

Desde casi el inicio mismo de la gestión de Javier Milei, las autoridades universitarias vienen advirtierndo por las consecuencias del fuerte ajuste que implementó el Gobierno. Las quejas se profundizaron con el nuevo esquema de tarifas de los servicios públicos, que implican un fuerte incremento en las tarifas.

La semana pasada, cientos de alumnos se congregaron en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA bajo la consigna “Ganar la calle, para no perder el aula” con el objetivo de tomar clases al aire libre, en medio de la crisis que atraviesan las universidades públicas por los recortes de fondos que envía el gobierno nacional. La iniciativa fue convocada por distintos profesores titulares de cátedra, entre ellos el juez Alejandro Slokar, junto a estudiantes y a distintos miembros de la comunidad universitaria.

La situación actual se debe a la decisión del gobierno nacional de prorrogar el presupuesto 2023 sin actualizar por inflación. “La consigna que utilizamos fue ‘ganar la calle para no perder el aula’ para, de algún modo, transparentar y hacer visible la crisis que atraviesa la universidad pública”, detalló Slokar en diálogo con la prensa.

La semana pasada se conoció la noticia de que la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata recibió una factura de luz de 14 millones de pesos, 400% más que la del mes anterior.

“Recibimos el mes pasado una factura de 14 millones de pesos cuando veníamos pagando casi 4 millones. Esto en un contexto de congelamiento del presupuesto para gastos de funcionamiento. De manera que ha sido una muy terrible noticia que nos pone al borde de poder garantizar las funciones básicas de nuestra unidad académica”, afirmó Mauricio Erben, decano de esa unidad académica, en declaraciones a AM 750.

También durante el fin de semana que la Universidad Nacional del Comahue entró en cesación de pagos. “Por favor, no miremos para otro lado. No seamos parte de la generación que deje morir a la Universidad Pública”, expresaron mediante un comunicado desde “Defendamos la UNCo”, una agrupación conformada por estudiantes, docentes y no docentes”, aseveró.

“Pagar las tarifas va a ser imposible”, había advertido semanas atrás el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuando aún el incremento en las tarifas de los servicios públicos no se había oficializado.

“La decisión del Gobierno de desfinanciar en este grado afecta porque no vamos a llegar a pagar las tarifas y eso que todavía el incremento no se implementó. Es como si de 100 pesos, te entran 30, eso repercute las cosas que se puedan hacer”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.