La propuesta del presidente Javier Milei para completar la Corte Suprema de Justicia con el juez Ariel Lijo generó críticas de un sector de la oposición que el Gobierno se vio obligado a responder con una mención a su «especialización en el derecho penal», pero el trasfondo de la decisión es más denso y roza con la expectativa del oficialismo por los fallos que están pendientes más los que podrían darse en el futuro.

A su vez, la polémica y los cortocircuitos políticos que empezaron a verse con la propuesta de Lijo para cubrir la vacante que dejó la jueza Elena Highton de Nolasco, acompañada del anuncio por anticipado del académico Manuel García Mansilla como reemplazante del juez Juan Carlos Maqueda que se jubilaría en diciembre amagan con ser más amplios de lo que se ve hasta ahora.

Las críticas salieron principalmente de la Coalición Cívica y sectores de la UCR y apuntaron contra la nominación de Lijo, al que califican -palabras más o menos- como un supuesto garante de la «impunidad» de la «corrupción K». En tanto, en el kirchnerismo por ahora se centran solo en la cuestión de género por la ausencia de mujeres en la propuesta, pese a ser la oposición más «dura» y frecuentes críticos del mundo Comodoro Py, al que Lijo representa como pocos.

Todo esto hizo que el clima se enrareciera alrededor del anuncio de Milei en las horas posteriores. «Es posible que esté viendo a una Corte no tan amigable con sus planes y empiece a buscar su propia pata judicial», evaluó ante iProfesional una fuente del Congreso que suele seguir de cerca la relación entre la política y la Justicia.

Lo que están mirando por estas horas en ese ámbito y, según supo este medio, también en el mundo judicial, son las resoluciones que tienen pendientes la Corte sobre el «mega DNU» y la disputa de la Nación con las provincias, por un lado, y la polémica futura por el plan dolarizador. Especulan que las razones profundas del anuncio de Milei sobre Lijo y Mansilla se encuentran allí y en los mensajes que envió en el último tiempo el máximo tribunal al Gobierno.

Milei pone la mira en la Corte Suprema: ¿qué decisiones clave para el Gobierno están pendientes?

«La Corte tiene el tema del DNU, tiene la pelea con las provincias que demandaron al Gobierno y a futuro capaz tiene que opinar sobre la dolarización o alguna decisión de ese tipo», repasó ante este portal la misma fuente, al tiempo que recordó que en los últimos meses se vieron algunos roces entre la Casa Rosada y el máximo tribunal que casi pasaron inadvertidos.

Milei espera una definición de la Corte sobre el DNU pero hay otros temas clave para el Gobierno pendientes de fallo

En la víspera del rechazo al decreto 70/2023 por parte del Senado, el gobierno de Milei sacó un comunicado en el que, además de advertir sobre el «retroceso» que implicaría su caída, mencionó que el DNU «se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia». Hasta ahora, eso no ocurrió.

La demora de esa decisión obligó al Gobierno a buscar un acuerdo político -todavía en proceso- para avanzar con leyes que blinden el contenido del DNU insignia de la gestión de Milei y apoyarse en gobernadores y en la oposición dialoguista para mantener a raya el peligro de que la Cámara de Diputados lo sepulte definitivamente.

En paralelo, algunos de esos gobernadores tienen reclamos pendientes en la Corte Suprema contra la Nación por la restitución de fondos que la administración anterior de Alberto Fernández o la actual de Milei (a los efectos de la disputa judicial Nación-provincias da lo mismo) les recortó, como Buenos Aires, La Rioja, Misiones, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires.

Las definiciones que caldearon el clima entre Gobierno y Corte

Mientras esos temas están en la Corte pendientes de resoluciones que de un momento a otro podrían alterar los planes de Milei, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, envió en los últimos meses mensajes cifrados que apuntan al aspecto que más difícil le resulta al Presidente: que estos problemas los resuelva la política.

Hace dos semanas, durante su exposición en el evento anual que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, Rosatti afirmó que «se desafía a la seguridad jurídica cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política» y advirtió que «frente a la incapacidad de la política de resolver determinadas situaciones, se proyecta el problema hacia una instancia judicial».

Una fuente de la oposición dialoguista de la Cámara de Diputados señaló a iProfesional que en el Congreso también entienden que «la Corte siempre va a preferir que el tema del DNU y la disputa entre el Gobierno y las provincias los resuelva el Congreso y la política en general». El problema es que Milei ya ha mostrado dificultades para avanzar por esa vía.

Rosatti había deslizado que los conflictos deben resolverlos la política y previamente advirtió sobre la dolarización

Pero además, en aquella exposición Rosatti también arrojó un comentario que sonó a chicana cuando se refirió a Juan Bautista Alberdi, el prócer favorito de Milei, como alguien «tan citado y tan poco leído» y remarcó que la Constitución «es la carta de navegación de un país» y «en el caso argentino, es también la tabla de salvación cuando el barco parece a punto de naufragar en un mar complejo».

Esa referencia a la Constitución también recuerda que en septiembre del año pasado, plena campaña electoral, Rosatti afirmó que «si la dolarización elimina el peso, es inconstitucional» justo cuando Milei instalaba el tema que, todavía hoy, genera expectativas en el mercado y hacia adentro del propio Gobierno.

¿Qué implica la propuesta de Lijo y Mansilla para la relación Gobierno-Corte?

Es en ese cruce de las decisiones que tiene pendientes la Corte con las definiciones que ha dejado Rosatti donde algunos dirigentes políticos ven el verdadero trasfondo de la propuesta de Milei para que Lijo y García Mansilla ingresen eventualmente al máximo tribunal.

La postulación de García Mansilla, decano de la Facultad de Derechos de la Universidad Austral, sorprendió porque se anticipa a la jubilación de Maqueda que está prevista recién para diciembre, siempre y cuando el magistrado no pida una prórroga para seguir en el cargo a pesar de cumplir 75 años. Hay antecedentes sobre ese mecanismo que lo avalarían.

Pero además de ese movimiento curioso por parte del Gobierno, García Mansilla sobresalió en el anuncio porque a priori parece un juez afín a los principios ideológicos de Milei. Se comentó mucho en las últimas horas su postura en contra del aborto legal pero más notable es que ha expresado en el pasado reciente que la dolarización de la economía es «totalmente compatible» con la Constitución Nacional, a la inversa de Rosatti.

En tanto, Lijo es señalado como un juez cercano a Ricardo Lorenzetti, además de ser conocido por haber tenido a su cargo numerosas causas judiciales sensibles para el poder que han involucrado directa o indirectamente tanto a Cristina Kirchner como a Mauricio Macri, lo que demuestra su habilidad para manejar la siempre difusa relación entre política y Justicia.

La postulación de Lijo generó críticas en una parte de la oposición mientras que la de Mansilla llamó la atención por su perfil

Y es aquí donde entra en juego la relación interna de los jueces de la Corte. Rosatti, junto a Carlos Rosenkrantz y Maqueda, integran hoy una mayoría que le quitó influencia en las decisiones a Lorenzetti. Si bien esto no es lineal y las posturas de los jueces varían según el tema sobre el cual deben fallar, en varias de las últimas sentencias importantes se vio esa división.

Esta situación es la que genera suposiciones en el Congreso sobre la posible intención de Milei de empezar a armar un polo más afín a su Gobierno en el Poder Judicial y genera reacciones llamativas en la oposición.

Críticas y sospechas de la oposición, con un ojo en Milei y otro en el kirchnerismo

A pesar de ser la oposición más dura a Milei, el kirchnerismo mantiene un llamativo silencio sobre la propuesta del Presidente para la Corte. El espacio que lidera Cristina Kirchner suele estar pendiente de cada paso de la «corporación judicial» y de los antecedentes de cada juez del fuero federal pero, en ese caso, los cuestionamientos se limitaron a la cuestión de género.

En ese contexto, en otro polo de la oposición pusieron un manto de dudas sobre la postulación de Lijo pero no solo por los antecedentes que le cuestionan sino porque deberá pasar el filtro de un Senado donde Milei está muy lejos de una mayoría propia y la bancada kirchnerista es clave para dársela.

El jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, fue el encargado de poner la mira en ese tema, al expresar que «si llega a la Corte es con los votos del kirchnerismo y si los senadores de Cristina lo votan es porque le garantizan impunidad», al tiempo que pidió que «la UCR y el PRO no se presten».

Toda la Coalición Cívica, espacio que todavía lidera a control remoto Elisa Carrió, apuntó a la nominación de Lijo para la Corte, con la mira puesta en Lorenzetti, históricamente criticado por la ex diputada.

Al ser consultado por las críticas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que «Lijo es el único juez que tiene especialización en derecho penal y ha hecho carrera en el Poder Judicial», al tiempo que destacó la voluntad del Gobierno por completar la integración de la Corte mientras la gestión anterior le promovía juicio político a sus miembros.

Sin embargo, el trasfondo de la decisión de Javier Milei de propone a Lijo para cubrir la vacante actual y de adelantarse con la nominación de García Mansilla agita las especulaciones en un clima político y judicial que ya venía caldeado por las decisiones pendientes los movimientos de un Gobierno que busca avanzar con su programa entre varias dificultades.