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Sociedad

Operativos truchos, chantaje y corrupción: la trama detrás de la condena a la megabanda de la Bonaerense

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Cinco policías de la Bonaerense fueron condenados por montar falsos operativos, secuestrar a personas -muchos de ellos con antecedentes- y cobrar el rescate para liberarlos a cambio de no armarles causas en su contra. También sentenciaron a un civil que participaba de la banda liderada por el exsubcomisario Héctor Ricardo García.

En aquel entonces, García estaba a cargo del destacamento de José Ingenieros en Ciudad Evita, y en septiembre del 2020 fue apartado de su cargo tras un informe emitido en el programa Periodismo Para Todos (PPT), donde revelaban que el policía usaba a efectivos truchos para recaudar dinero en allanamientos ilegales.

Con el transcurso de la investigación, la Justicia descubrió que la banda era mucho más grande y que el jefe del destacamento, con la complicidad de sus oficiales y personas que se hacían pasar por policías, estaban detrás de la trama delictiva.

Los acusados fueron juzgados por el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín. Este miércoles, los jueces rechazaron un pedido de nulidad de la defensa y los condenaron a cumplir penas que van desde los 12 hasta los 15 años de prisión.

Falsos agentes y chantaje: así funcionaba la banda de policías secuestradores

El caso se inició en el Juzgado Federal Nº2, a cargo de Jorge Rodríguez con los fiscales Mariela Labozzeta y Santiago Marquevich, quienes determinaron que la banda mixta privaba a personas de su libertad en patrulleros o hasta en los calabozos del destacamento de Ciudad Evita, donde le reclamaba pagos de hasta 300.000 pesos para no quedar detenidos o no armarles una causa.

El hecho más emblemático ocurrió en el 28 de septiembre, cuando uno de los acusados, Ramón Medina, alias “El Pelado”, le ofreció “un trabajo” a un vendedor de zapatillas de La Tablada con antecedentes. La propuesta era robar la casa de sus suegros y llevarse 10.000 dólares.

Avalos aceptó la propuesta junto a otras tres personas, pero todo se complicó. Cuando estaban llevando al punto de encuentro a bordo de la camioneta Ford Escort, un patrullero policial y cinco vehículos particulares con uniformados a bordo los redujeron y los detuvo. El plan había sido orquestado por el propio García.

Entre los agentes que colaboraron en el falso operativo estaban el teniente Daniel Alfredo Inverardi, el oficial subayudante Alan Juan José Vallejos, el oficial inspector Matías Ezequiel Castillo y la sargento María teresa Schinocca.

Los que iban a cometer el robo fueron alojados en las celdas del destacamento, el mismo donde prestaba servicios uno de los falsos policías revelado por PPT, que fue condenado en una causa paralela. Se trata de Miguel Angel Sosa, un hombre de 38 años que se hacía pasar por un suboficial de la Policía bonaerense, con uniforme, chaleco antibalas e incluso arma.

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Miguel Ángel Sosa, el «falso policía» de La Matanza (Foto: captura de eltrece).

Una vez en el destacamento, García y el “politrucho” les exigieron a Avalos y a sus ayudantes la suma de 300.000 pesos para liberarlos sin ninguna causa penal. Los familiares de las víctimas lograron reunir $240.000 que pagaron a través de un intermediario y lograron la libertad.

Tras un juicio realizado en el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín, García fue condenado a la pena de 15 años de prisión y la inhabilitación especial para desempeñarse como miembro de la fuerza.

La decisión del TOCF 2 de San Martín. (Foto: TN)
La decisión del TOCF 2 de San Martín. (Foto: TN)

Inverardi fue sentenciado a 14 años y 8 meses de cárcel. Vallejos recibió la pena de 13 años de cárcel. Por su parte, Castillo fue condenado a cumplir 12 años y 8 meses de prisión. “El pelado” Medina recibió la misma pena que Castillo, pero se le sumaron tres años más por otra condena anterior. Schinocca recibió 5 años de prisión, pero no fue presa.

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NOTICIAS

Los motivos por los que proponen dejar sin efecto las polémicas fotomultas realizadas por radares en rutas chaqueñas

Se presentaron dos proyectos en la Legislatura chaqueña que esgrimen varios argumentos en contra del sistema de fotomultas que rige en Chaco.

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Las fotomultas causaron un gran revuelo en la provincia por varias razones, una de ellas fue que los radares tienen señalizaciones poco claras o directamente inexistente en algunos casos. Además, la mayoría de los supuestos infractores no fueron notificados dentro de los 60 días como establece la ley.

En base a esta situación polémica, se presentaron dos proyectos de ley en la Legislatura Chaqueña. El diputado del Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff, pidió que dejen sin efecto toda infracción por fotomultas en el territorio de la provincia del chaco por el termino de 180 días.    

 

 

Esta iniciativa cuenta con cinco artículos y tiene como principal fundamento la vulneración al derecho de defensa de los presuntos infractores, ya que no fueron notificados y se enteraron a través de una página que se hizo viral en la red social X. 

Es preciso recordar que los radares y las fotomultas generaron controversia desde el momento de su implementación en el año 2022. En aquel entonces el titular de la Agencia de Seguridad Vial del Chaco era Juan Basail.

En esa época, el Gobierno provincial de turno aseguró que la instalación de estos artefactos tenia como objetivo controlar las velocidades excedidas y garantizar una mejor seguridad vial al mismo tiempo que se reducían los siniestros viales.

En esta línea, Bacileff Ivanoff hizo foco en que en realidad persiguen «un fin meramente recaudatorio y arbitrario». Además, remarcó que esta medida «no ha traído ningún beneficio a la seguridad vial». También mencionó que la cartelería es «confusa, escasa o deficiente sobre la ubicación de los radares». 

Carim Peche y Ernesto Blasco (imagen ilustrativa)

El segundo proyecto de ley fue presentado por dos diputados del oficialismo, Carim Peche y Ernesto Blasco. El mismo propone que suspendan el sistema de fotomultas. Así como que se deje sin efecto el cobro de las infracciones de tránsito originadas en la provincia. También solicita que no se tomen acciones judiciales debido a esta situación.

El escrito tiene tres artículos y los legisladores remarcaron que «el radar debe estar homologado y su ubicación autorizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, debe contar con la señalización exigida al igual que los avisos de reducción de la velocidad. Hay 61 radares instalados en la provincia, y la mayoría de ellos no cumplen con estos requisitos legales».

La mención al derecho de defensa, la mala comunicación a la hora de informar sobre las infracciones a los conductores y la falta de señales de transito son temas considerados en este proyecto. Lo antes mencionado son algunas de las irregularidades que presenta el sistema de fotomultas vigente.

Po último, tanto Peche como Blasco detallaron que acompañan «la idea de un sistema que promueva la seguridad vial basado en la información y la prevención como pilar de un programa que tenga como objetivo generar conciencia y cultura vial y no solo fines recaudatorios».

¿Cuándo es válida una foto multa?

Cuando se recibe la notificación en el domicilio debe figurar:

-Fecha en que fue cometida la infracción: hora, día, mes y año.

-Lugar en que se registró la falta.

– Imagen del vehículo cometiendo la infracción, debe verse con claridad la chapa patente.
– Velocidad máxima permitida en el lugar.

– Velocidad a la que circulaba el vehículo.

-Matrícula habilitante del operador del radar.

– Datos de contacto del Juzgado de Faltas o Tribunal Administrativo competente.
– Datos del equipo utilizado (marca, modelo o código de aprobación y número de serie y fecha de la última calibración).

La falta de cualquiera de estos datos habilita a usar el derecho de presentar un descargo. La autoridad de control tiene 60 días hábiles para notificar al conductor. En caso de que la infracción sea en ruta, debe notificarse de inmediato.

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