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En la previa de otro 24 de marzo, Patricia Bullrich dijo que hay muchos militares detenidos sin causas y habló de “venganza”

La ministra de Seguridad afirmó que coincide en ese punto con la vicepresidente Victoria Villarruel, en medio de la polémica por la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encontró un punto de encuentro con la vicepresidente Victoria Villarruel, en medio de la polémica por la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Luego de insistir en la defensa de los cambios que propone el Gobierno en la Ley de Seguridad Interior, la funcionaria aseguró que hay muchos militares que están injustamente detenidos, a horas de cumplirse un nuevo aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En ese marco, dijo que coincide con la mirada de la vicepresidente: “Lo que plantea Villarruel, yo lo veo, respecto de la cantidad de detenidos, que no son solo de las Fuerzas Armadas, sino también de las fuerzas de seguridad, que estaban parados en la puerta de una comisaría, los que yo conozco, o parados en un destacamento de Gendarmería, sin ningún tipo de acción”, sostuvo.

Durante una entrevista en Radio Mitre, la titular de la cartera de Seguridad dijo que lo que se discutió respecto del accionar militar durante la década de 1970 “fueron los métodos, no la acción contra el terrorismo, que como dice ella fue una orden de un gobierno constitucional”, y aseguró que hay que discutir la situación de muchos militares que están detenidos en el marco de los delitos cometidos por la dictadura.

“Los tienen hace 15 años sin causa, eso en un Estado de Derecho no puede pasar, esas personas no pueden seguir presas. Y se sacó el beneficio de los 70 años. Eso es absolutamente para discutirlo y sobre todo en aquellas personas que no tuvieron acción directa y están sin causas. Los jueces tienen que ordenar eso y realmente animarse a estar en el marco de lo que las leyes y los convenios internacionales marcan en Argentina. Eso lo defiendo. Una persona que ha perdido esa situación, enfermos, detenidos… ya se ha convertido en una venganza”, subrayó.

Bullrich hizo esas declaraciones luego de que ayer asegurara que está dispuesta a debatir con Villarruel por la postura encontrada respecto al proyecto que habilitaría a las Fuerzas Armadas a actuar dentro del país ante situaciones definidas como terrorismo. La iniciativa oficial se da en el marco de la crisis por el avance del narcotráfico en Rosario, donde el Gobierno hizo un despliegue inédito de fuerzas nacionales.

La Vicepresidente, en su primera entrevista mano a mano con un periodista desde que asumió su cargo el 10 de diciembre pasado, mostró su clara oposición respecto de esa posibilidad.

“No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”, expresó Villarruel durante un diálogo con Jonathan Viale, al aire de TN.

Es un debate que estoy totalmente dispuesta a darlo con la vicepresidenta: en este momento, si vamos a tomar esa parte de la historia, o si vamos a dar vuelta esa parte de la historia y vamos a analizar el futuro de estas Fuerzas Armadas”, fue la respuesta ayer de Bullrich.

Hoy, la ministra volvió a defender la posibilidad de que las fuerzas militares participen activamente en la lucha contra el narcotráfico, y aseguró que hay una confusión respecto al proyecto.

“Es una nueva funcionalidad de las Fuerzas Armadas, que no es en relación al narcotráfico sino en acciones terroristas. Terrorismo no es narcotráfico. El narcotráfico se convierte en terrorismo cuando una banda decide sembrar el terror. Recordemos cuando Pablo Escobar decide poner una bomba en el avión de Avianca y el avión se destruye y mata a todas las personas que estaban en ese vuelo. Esa es una acción terrorista. Eso es lo que estamos definiendo. Como lo que ocurrió ayer en el teatro de Moscú, acciones terroristas claras”, subrayó la ministra.

“No vamos a combatir el narcotráfico con las FFAA, simplemente se va a habilitar en la Ley de Seguridad interior que cuando el narcotráfico o cualquier otro delito se convierta en un grupo terrorista, siembre el terror en una sociedad, ahí se habilita. No en la lucha todos los días. Todos los días nosotros estamos luchando contra el narcotráfico en todo el país”, añadió Bullrich.

Los cambios que propone el Gobierno

La iniciativa que enviará el Ejecutivo al Congreso establece una serie de modificaciones a la actual Ley de Seguridad Interior, abriendo la posibilidad para que las Fuerzas Armadas participen activamente contra el narcotráfico.

Hasta ahora, la norma prevé dos escenarios posibles para la intervención de las FFAA en cuestiones de seguridad interior. El primero (previsto en el artículo 27) establece las acciones de apoyo a las Fuerzas de Seguridad (FFSS) a requerimiento del Comité de Crisis.

Con la reforma que promueve el Gobierno, se podrá requerir la presencia de las FFAA bajo un supuesto muy particular: el de terrorismo. Dicha calificación dependerá del Comité de Crisis que prevé la actual Ley de Seguridad Interior. También deberá ser requerido por el gobernador de una provincia.

Además de las acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, los militares podrán efectuar patrullaje, control de personas y vehículos, proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y no permanentes (en zonas específicamente determinadas y por tiempo limitado) e incluso detener en flagrancia a aquellas personas que cometen delitos, dando inmediatamente intervención al juez y al fiscal intervinientes para dar las máximas garantías.

“El ministro está haciendo un decreto reglamentario porque el kirchnerismo cambió la Ley. La ley dice que hay que analizar cuáles son las amenazas que el país tiene. Ellos hicieron un decreto reglamentario diciendo que las amenazas solo pueden venir de un Estado reconocido. Esto quiere decir, por ejemplo, que si Hamas ataca a Argentina, no podría defenderse porque no es un Ejército de un Estado reconocido”, explicó hoy Bullrich.

Tras la escalada de violencia en la ciudad santafesina, el Ejecutivo ordenó el despliegue de las fuerzas federales en el distrito para poder combatir el avance del narcotráfico. En esta estrategia, las Fuerzas Armadas fueron convocadas a brindar apoyo, tal como se lo permite la ley de seguridad interior.

En la ciudad epicentro del drama narco se desplegarán, según pudo saber Infobae, unos 120 uniformados, el patrullero fluvial ARA Ciudad de Zárate y dos lanchas rápidas tipo Guardian, cinco helicópteros modelos Bell 412EP y AB-206, 22 camionetas, pertrechos de apoyo logístico -desde baños químicos a cocinas de campaña- entre otros recursos materiales.

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Capital Humano denunció “direccionamiento” en la compra de aceite por más de $600 millones para personas vulnerables

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El ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello denunció a los responsables del ex ministerio de Desarrollo Social, por supuesto “direccionamiento” en la licitación por $613.974.500 para la compra de 2.700.000 botellas de aceite de girasol de un litro y medio destinado a los sectores más vulnerables de la población. Las anomalías fueron detectadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Este tipo de maniobras ya había sido revelada por La Libertad Avanza a través de una serie de auditorías internas en las que se descubrieron sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y “falta de trazabilidad” en el destino de los alimentos para programas sociales y que derivó en que Pettovello cambie la modalidad en la manera de adquirir alimentos secos para los comedores comunitarios. Por ejemplo, realizar convenios con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que tiene altos estándares de control y transparencia.

“Abuso de autoridad”

La cuestionada adjudicación, según la documentación que se aportó a la justicia, corresponde a la orden de compra 132 tramitada a través a través del expediente 2022-89392670 y que se “se realizó para la adquisición de 2.700.000 unidades de aceite de girasol en el singular formato de 1,5 litros para mitigar las demandas de ayuda alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad”.

La denuncia destaca que en varios puntos del expediente se menciona de manera directa la firma que resultó beneficiaria “Proveeduría Integral MC S.R.L.” y cuyos titulares resultan ser “Giuliano Carmelo Pellicori y Luisa Bianca Pellicori”.

El Gobierno de La Libertad Avanza cambio la metodología de adquisición de alimentos para los comedores comunitarios (Foto AP/Víctor R. Caivano)El Gobierno de La Libertad Avanza cambio la metodología de adquisición de alimentos para los comedores comunitarios (Foto AP/Víctor R. Caivano)

La firma ya había sido beneficiaria en otras licitación, -ahora bajo la lupa- y, según la opinión que vierte el Ministerio a cargo de Pettovello “tendría vínculos con el poder político de turno”.

La PIA describió en la presentación judicial que, del expediente electrónico de esa compulsa, un área de la propia cartera de Desarrollo Social, había observado que los responsables de sociedad, “habían firmado con el sello de otra SRL, Alimentos Fransro SRL, también de ellos, que como otras sociedades también se presentaron en varias licitaciones, y creadas al efecto”.

En la fija 5, de las 48 que componen el documento, se describe que esa situación irregular “denota el posible incumplimiento de os deberes de funcionario público al no cotejar correctamente la documental aportada en las actuaciones sin hacer salvedad alguna”.

Otra de las irregularidades detectadas por la PIA e informada al Ministerio de Capital Humano fue “el vencimiento del plazo de tres días para complementar la documentación faltante y presentada en el expediente al momento”.

El 25 de octubre de 2022 la Dirección de Compras y Contrataciones, compartió el Informe Técnico que fue compartido por varias direcciones, entre ellas la de Inclusión Social a cargo de la dirigente de La Cámpora, Laura Alonso.

Daniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz, los tres ministro de Alberto Fernández en el Ministerio de Desarrollo SocialDaniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz, los tres ministro de Alberto Fernández en el Ministerio de Desarrollo Social

La denuncia refleja además que: “En dicho informe se realizaron observaciones sobre los productos ofrecidos, lo que motivo la intimación a la presentación de documentación complementaria el 28 de octubre de 2022 por parte de la Comisión Evaluadora -Julio Aníbal Talia-, dándose como fecha límite de cumplimiento para el 3 de noviembre de 2022″.

A pesar de la intimación, la empresa que ganaría la licitación por más de 600 millones de pesos, recién incorporó la documentación que faltaba 20 días después de la fecha límite, lo que “vulneró el principio de igualdad” con el resto de los oferentes, en caso de que lo hubiese. Razón por la cual, según los funcionarios denunciantes, las anteriores autoridades “se apartaron del principio de legalidad en clara vulneración a la normativa aplicable”.

El direccionamiento que habrían realizado los funcionarios de la cartera social no solo se debería a las concesiones otorgadas a la SRL beneficiada, sino porque las exigencia se adaptaban al producto que esta ofertaba razón por la cual, la empresa beneficiada “fue la única oferente”.

El 1 de febrero de 2023, el Ministerio de Desarrollo Social aumentó el monto del contrato en un 35% por un monto de otros $214.891.110.

La cuestionada compra se inició cuando el ministro de Desarrollo Social era Juan Zavaleta, pero fue adjudicada por su sucesora, la actual diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

“Entendemos, prima facie, que los hechos descriptos constituyen los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, finaliza la denuncia penal firmada por Lella Daniela Gianni, la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano y el abogado Ariel Román Ángel.

El Gobierno de Javier Milei audita las compras que realizó la administración de Alberto Fernández (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)El Gobierno de Javier Milei audita las compras que realizó la administración de Alberto Fernández (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

La misma firma fue beneficiaria de otras 31 licitaciones por la adquisición de otros alimentos que van desde garrapiñadas, a azúcar, conservas y frutos secos, entre otros por un valor que supera los 7.000 millones de pesos .

En dos de esas licitaciones, Proveeduría Integral MC S.R.L. fue la única oferente. La de aceite de girasol, y que derivó en la denuncia penal, y otra por $3.129.400.000 para la provisión de “mezcla de frutas secas desecadas y/o semillas”.

Funcionarios de esa cartera le aseguraron a este medio que “la ignota firma, creada poco tiempo antes de su primera licitación ganada en el año 2019, durante la gestión del ex ministerio de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, continuó siendo beneficiada con 31 adjudicaciones por miles de millones de pesos, durante las gestiones de los ex ministros Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz”.

Los colaboradores de Pettovello le dijeron a Infobae que la presentación judicial se realizó “en el marco de la política activa anticorrupción y de transparencia emprendida por este gobierno nacional desde el 10 de Diciembre de 2023″.

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