La tensión entre un presidente y su vice volvió a consolidarse. Mucho más solapada y contenida en el caso de Javier Milei y Victoria Villarruel pero hay una historia profunda para contar.

También está el camino del Congreso y los gobernadores. ¿Cuál es el futuro del Decreto 70/2023 y de la Ley de Bases? Es imposible volver a la rosca política del Gobierno por el DNU sin profundizar en Rosario. Lo que pasó esta última semana es un punto de giro en la historia de esa ciudad y de la Argentina. Hay agujeros negros en el mapa del combate contra las mafias que tienen detalles desesperantes.

Por otro lado, la economía real tomó la agenda de Luis Caputo. La inflación bajó pero no quieren rebotes. La historia secreta detrás del anuncio de importaciones de productos de la canasta básica.

Presidente vs Vice: edición 2024

El diseño de la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel tiene una forma abierta, no definida. Es posible que lo que sucedió esta semana con tratamiento -y rechazo del DNU- en el Senado sea predecible pero no por sabido, puede tapar un conflicto que el Presidente administra con modales mucho más sutiles que los que aplica a la casta.

La decisión anoche en el primer piso de la Casa Rosada era no darle entidad a los videos de Villarruel. Nadie quiere crear un enemigo peligroso. Y encima interno. Hubo un comunicado el miércoles a la noche lleno de mensajes que el jueves fueron negados por el vocero Manuel Adorni. Ella fue mucho más directa: “No voy a ser Cristina”, “Manejo un poder independiente” y “los que nos quieren separar”, dijo en referencia al círculo más cerrado presidencial que componen dos personas inescindibles del Presidente: Karina Milei y Santiago Caputo. Fue Karina que ocupa la Secretaría General de la Presidencia la que mandó a negarle a Villarruel un despacho en la Rosada cuando ella lo pidió en diciembre.

El abrazo en las sesiones ordinarias que se dieron el Presidente y su Vice fue un gesto hacia afuera. Hacia adentro solo hay frialdad y desconfianza: “Ella no ha sido partícipe de todo el proceso fuera de las cámaras”. ¿Por qué tanta delicadeza en la pelea con ella? Hay conciencia en la intimidad de Milei sobre lo dañino que podría resultar otra pelea abierta en la cúpula del poder en la Argentina.

Por eso el objeto de sus palabras volvió a la casta -o a la clase política como decidieron llamarla en el último comunicado- donde alertaron que el rechazo al DNU pone en peligro el Pacto de Mayo.

No está escrito el final de esta combinación contra reloj entre el interés de los Gobernadores, de la Nación y de los bloques de Diputados. Sólo hay certeza de que con 10 diputados pidiendo sesión especial, Martín Menem debería hacer lo que le tocó esa semana con la reforma jubilatoria: habilitar el debate poniendo fecha y hora. El kirchnerismo entre los suyos y la izquierda tiene 106 votos. Tiene que llegar a 129 y otra vez, como en el Senado, el comportamiento de los radicales será fundamental. Hay un operativo amor en marcha desde el oficialismo hacia sectores de la UCR que siente cercanos. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez, los ilusiona. Aún así, la matemática para que logren mantener el DNU parece imposible.

¿Y la Corte Suprema?

El cuarto piso de los Tribunales de Talcahuano tiene acumuladas 24 demandas de las provincias a la Nación (donde ellos tienen competencia de origen, es decir son como un juzgado de primera instancia). No pasó nunca en la vida. Catorce son de los últimos tres meses, en la era Milei. El resto son del año pasado. Nunca jamás en la historia tuvieron más de seis o siete demandas de provincias acumuladas. El DNU tiene tres reclamos específicos. Pero los jueces del Máximo Tribunal están decididos a no intervenir. Repiten como un mantra que es el tiempo de los “trámites de la política”. Atrás le siguen reclamos de inconstitucionalidad por temas, básicamente, de plata.

Hay que mirar con atención el devenir de los cuatro jueces. Todos tienen diálogo fluido con el ministro de Justicia. Agradecieron no haber sido parte de la furia presidencial sobre las jubilaciones de privilegio en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo. Ni siquiera los mencionó y los tenía enfrente a pesar de que habló de lo que cobran los expresidentes.

Lorenzetti -que cultivó cierto contacto con el Presidente a pesar del desinterés de Milei en los temas judiciales-, sigue con una relación personal quebrada con el resto: Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. Sus reuniones de acuerdo están más para una serie de Netflix que para la realidad. Maqueda cumple 75 años en diciembre, es decir la edad para jubilarse. Necesita dos tercios del Senado para continuar, si es que se lo solicita al Presidente. Esos números ahora parecen imposibles aún si el Gobierno lo apoyara. ¿Llegará fin de año con tres jueces y dos vacantes?

Hepatalgina para los supermercadistas

Hay en Economía alertas encendidas. Sobre los datos que festejan de la macroeconomía, hay una serie de elementos acomodados de manera mucho más frágil. Uno es la inflación: la serie de reuniones con toda la cadena de producción y venta de la canasta básica y el anuncio de importación de productos está en ese sendero. No hay margen para que se altere el camino descendente. De ahí surgió la estrategia más agresiva que propusieron en los tres meses de gestión. Si no los moderan, abren las importaciones.

A los supermercados, claro, los ilusiona la idea pero a esta hora ninguno de ellos siquiera levantó el teléfono para pedir cotización a algún gran proveedor: “No hay forma ni de traerlo. Nos van a pedir los dólares por adelantados. Si vos querés impactar el índice de inflación de mayo, la misión es imposible”, se sincera un empresario. Ellos creen que es un anuncio “para la tribuna”, si hasta la Secretaría de Comercio les reconoció que hicieron una línea de tiempo para determinar cuánto tiempo llevaría este proceso de apertura y no hay ninguna posibilidad de que impacte en el índice de precios en treinta días.

Así como muchos periodistas, las cadenas también están haciendo comparativos de cuánto valen los productos de consumo masivo que venden en sus filiales locales y en las que tienen en Brasil o Uruguay o Europa. Cierto que los precios se parecen. “Probemos a desagregar la parte impositiva” desafían, a la hora de discutir los costos. Hubo reuniones donde alguien se envalentonó con importar huevos de Pascua para abaratar costos pero los tiempos son imposibles: “Empecemos a comprar Hepatalgina porque nos vamos a tener que comer los huevos entre nosotros”, se decían los CEOs de los híper en una reunión que los agrupó.

Rosario: desarma y sangra

¿Cuál es la evolución del terror una vez que se instala? En Rosario, que a un mozo se le caiga por accidente una bandeja en un bar produce un ataque de pánico. Nadie piensa en tazas rotas. Sólo suponen disparos y ejecuciones. Una sociedad que no se anima a salir a la calle. Ni siquiera para reclamar. Héctor, Diego, Marcos y Bruno están muertos. Dos taxistas, un colectivero y un trabajador de 25 años de una estación de servicio. En una semana los asesinaron con un mensaje que cambió el curso de la narcoviolencia en el país: es el turno de los inocentes.

Estos últimos días de calma solo camuflan un estado de situación de una complejidad tan peligrosa solo respira fracaso. El miedo lo atraviesa todo. La mujer de uno de los ídolos más populares del fútbol de nuestro país trabajaba en la estación de servicio Puma donde balearon al playero cuando vivía en la ciudad. Nadie se olvida la balacera al super de los Rocuzzo. Es difícil animarse a levantar la voz sin pensar en las consecuencias.

¿Cómo y dónde está la solución? Casi todas las sintetizaciones son incompletas, pero está claro que en la acción coordinada de Nación y Santa Fe (que no funcionó tan coordinadamente los primeros tres meses de gestión de Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro que estuvieron llenos de tensiones, rosca política y pugna por el control de una cárcel de máxima seguridad en Coronda que los dos quieren para sí y el Gobierno nacional no termina aunque falte el 5%). La solución está, así lo explicó la ministra de Seguridad de la Nación, en el desarme de una ciudad con tasas delirantes de portación ilegal de armas (que incluye asesinatos con balas de la policía como en el caso de los taxistas), en el desmantelamiento de los ejércitos de sicarios; en el saneamiento de una fuerza provincial de seguridad que siempre fue parte del problema a la vez. Equipamiento, plata, patrullaje, inteligencia criminal.

Pasaron casi once años del crimen del Pájaro Cantero, el líder narco cuya muerte expuso lo que nadie quería mostrar. Lo que siguió está a la vista. De todos los actores que tienen responsabilidad sobre la solución, naturalmente hay que mirar también a la Justicia, ese ámbito donde muchas veces los tecnicismos y sus vericuetos dificultan ver con claridad.

Veamos: la Justicia federal tiene a su cargo las grandes bandas, el narcotráfico y el lavado de dinero. La ordinaria (la justicia provincial), los delitos comunes como asesinatos. Santa Fe, se sabe, fortaleció y modernizó su sistema judicial para abordar lo que la justicia federal nunca hizo con eficacia. Los capos narcos están presos por los crímenes que mandaron a ejecutar, no por la droga que trafican y venden. El narcomenudeo, que dependía de la Justicia federal, pasó a la ordinaria. Otra vez, buscando avanzar donde nadie se metía. Algo similar empezó a pasar hasta con el lavado de dinero, una órbita donde claramente no hay competencia provincial. ¿O es imaginable combatir la narcoviolencia sin cortar los vehículos en los que se mueve el dinero de ese negocio?

En el coqueto Boulevard Oroño de Rosario funcionan los dos juzgados federales. Sus titulares son Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros. Hay funcionarios judiciales recién llegados a la ciudad que todavía no pueden creer que en esta zona envenenada sobre la que tienen que administrar justicia, los despachos de los magistrados funcionen de 7 a 13, en estricto horario tribunalicio. Es apenas una muestra. Hay mucho más. No hay antecedentes de causas en las que estos jueces impulsen y consigan resultados contundentes sobre los protagonistas de la narcoviolencia antes que en la Justicia provincial. Ni por narco ni por lavado. Se argumenta falta de personal. La Corte Suprema asegura que no hay ningún otro lugar del país al que refuercen con más empleados.

Buscando dar respuestas urgentes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció ahora una adaptación urgente del sistema acusatorio en la provincia, o sea que sean los fiscales los que lleven las pesquisas. En Santa Fe (como en casi todo el país) rige el código que le da a los jueces el poder de ser los que investigan o los que delegan en un fiscal. Un poder supremo. Libarona dice que desde el lunes eso cambiará. Es impracticable. Falta plata, gente, organización. La fecha será otra pero el cambio parece un hecho porque todos saben que es difícil justificar el derrotero de estos magistrados.

Hay un ejemplo perturbador de esta “desidia”. En 2022, cuando un fiscal provincial hizo su alegato final contra el capo narco Esteban Alvarado en el juicio oral por asociación ilícita y por dos secuestros y asesinatos, aseguró que desde 2012, una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria había demostrado que Alvarado era un jugador importante en el comercio de drogas de la ciudad y que contaba con altos niveles de cooperación de la policía provincial en niveles jerárquicos. Todo ese material descansó diez años en el despacho del juez Marcelo Bailaque. “Hubo una incomprensible inacción de la Justicia Federal de Rosario”, dijo el fiscal. En palabras más claras: durante diez años en una ciudad hackeada por los narcos, se acumuló en el despacho del juez federal obligado a investigarlos, un informe de 1800 páginas de la PSA donde tenían evidencia de la organización criminal de Alvarado y sus vínculos corruptos con jerarcas policiales. Con toda esa prueba no hizo nada.

Ese alegato derivó, naturalmente, en una denuncia contra Bailaque en el Consejo de la Magistratura. Ingresó el 4 de julio de 2022. Pasaron casi dos años. La diputada Roxana Reyes tiene el caso. Ni siquiera notificó al juez de la denuncia. Bailaque sigue en funciones ganando, según consigna el Consejo, casi 4.5 millones de pesos por mes como juez federal.