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Médicos y maestros que se oponen a la “jubilación forzosa” culminaron tres días de paro en Bolivia
La medida de presión, que comenzó el martes, fue encabezada por el Consejo Nacional de Salud con una huelga que redujo las atenciones médicas en el sistema público. Se sumaron docentes y funcionarios de las universidades públicas
Los sectores que se oponen a un proyecto de ley que establece la “jubilación forzosa” partir de los 65 años en Bolivia, como los trabajadores en salud, de universidades públicas y maestros, culminaron este jueves tres días de huelga y anunciaron que evaluarán nuevas medidas de protesta.
La medida de presión, que comenzó el martes, fue encabezada por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) con una huelga que redujo las atenciones médicas en el sistema público de salud únicamente a servicios de emergencias.
También se sumaron los maestros urbanos y los funcionarios de las universidades públicas, que se movilizaron en La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento, con marchas en el centro de la ciudad.
Los manifestantes portaron pancartas con exigencias como “jubilación digna” y en oposición a la “jubilación forzosa”.
La protesta cuestionó la disposición adicional única del ‘Proyecto del Ley 035′ que plantea que los mayores de 65 años “se acogerán y ejercerán el derecho a un pensión de vejez” y que para su “continuidad laboral” podrán someterse a un “examen médico de aptitud física y mental”.
La propuesta no toma en cuenta a las autoridades electas ni a los funcionarios de libre designación en las instituciones estatales.
“El proyecto de ley está fuera de la Constitución Política del Estado (…) están discriminando a un gran sector de los bolivianos en detrimento de otro sector como los políticos”, dijo a EFE Edgar Villegas, presidente del Colegio Médico de La Paz.
“Expresamos nuestro rechazo contundente del proyecto de ley 035, consideramos que debe primar el diálogo y estamos solicitando al Gobierno que se tengan mesas técnicas para que se solucionen estas ambigüedades (en la redacción)”, declaró a EFE el rector interino de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, Walter Montaño.
Los representantes de los trabajadores en salud calificaron de “positiva” la protesta de 72 horas y anunciaron que este viernes se reunirán en Santa Cruz para “hacer un balance” de su movilización y “tomar medidas necesarias”.
Por su parte, el Gobierno manifestó esta semana que el proyecto de ley “en ninguna parte establece la jubilación forzosa” y que la interpretación realizada por los sectores movilizados es “errónea”.
El viceministro de Pensiones, Franz Apaza, declaró que la propuesta de ley busca “incrementar las pensiones de jubilación” y fortalecer el Fondo Solidario de pensiones con un ajuste al aporte de los empleados públicos y privados.
El Ejecutivo boliviano cuestionó que los sectores movilizados realicen protestas y suspendan los servicios de salud en lugar de plantear recursos legales.
La jubilación en Bolivia es a partir de los 58 años en el caso de los hombres y de 55 para las mujeres, mientras que la renta de vejez se calcula según los años de aportaciones al sistema de pensiones y el nivel salarial obtenido.
Asimismo, el país cuenta con un fondo solidario de pensiones que está compuesto por varias fuentes de financiación, como el saldo acumulado del aportador, una compensación del Tesoro General de la Nación (TGN) y una “fracción solidaria” que proviene de los trabajadores del sector público y privado.
En Bolivia hay 219.266 jubilados que reciben una renta de vejez del fondo de pensiones.
(Con información de EFE)
Mundo
Condenan al hacker finlandés que chantajeó a más 33.000 pacientes de psicoterapia
En un caso sin precedentes que ha sacudido a Finlandia, Julius Kivimäki, un ciberdelincuente de 26 años, fue condenado después de intentar chantajear a 33,000 personas con las notas confidenciales de sus terapias las cuales extrajo de los servidores de Vastaamo, la mayor empresa de psicoterapia de esta nación europea.
Kivimäki, que estuvo implicado en actividades relacionadas con hackers desde los 13 años, fue declarado culpable de múltiples delitos, incluyendo el chantaje masivo a pacientes, después de que estos se negaron a pagar rescates por la confidencialidad de sus historias personales.
Además, es importante resaltar que este juicio marca el mayor caso penal en la historia de Finlandia, dada la magnitud de víctimas afectadas y como resultado, dejó una condena de seis años y tres meses de prisión para el implicado.
Cómo se produjo el chantaje masivo
El chantaje comenzó cuando Kivimäki exigió a Vastaamo un rescate de aproximadamente 427.000 dólares (400.000 euros). Tras la negativa de la empresa a pagar, envió correos electrónicos a miles de pacientes, pidiendo 214 dólares a cambio de no divulgar sus datos personales.
Un error cometido por el ciberdelincuente que le permitió a la policía descubrir un servidor que contenía valiosa información para llevar a cabo su condena. La cual también se logró gracias a un análisis forense digital sin precedentes y el seguimiento de criptomonedas.
El acusado declaró su inocencia a lo largo del proceso, a pesar de haber huido a París y ser capturado con una identidad falsa. En contraste, la persistencia de Kivimäki en su actividad delictiva, incluso después de una condena previa en su adolescencia, subraya el carácter inusual y desafiante de este caso.
“Lo que importa es que este delincuente, despiadado y absolutamente carente de empatía, sea condenado a prisión”, señaló una de las víctimas, Tiina Parikka, evidenciando el impacto humano fundamentalmente negativo detrás de los delitos cometidos por este joven.
Por qué condenaron a un trabajador de Vastaamo
La investigación reveló que las bases de datos de Vastaamo eran vulnerables y estaban accesibles en Internet sin las medidas de protección adecuadas, lo que llevó a una condena también para el jefe de la compañía, Ville Tapio, por no asegurar la información confidencial de los clientes.
Tapio recibió una condena suspendida de tres meses de prisión el año pasado, mientras que la empresa se vio obligada a cerrar tras el escándalo.
Respecto a las víctimas de este chantaje masivo, estas sufrieron un gran impacto, con al menos un suicidio directamente vinculado al caso. “Muchas personas se vieron afectadas por esto de muchas maneras”, compartió Parikka, destacando la profundidad del sufrimiento causado.
Además de las secuelas psicológicas directas, este evento ha tenido un efecto dominó, afectando la percepción de la seguridad digital en el ámbito de la salud mental.
Qué sigue en el caso Vastaamo
El caso Vastaamo no termina con la condena de Kivimäk y es muy probable que ahora comiencen procesos en tribunales civiles en un intento de obtener una compensación para algunas de las víctimas del ataque, marcando el próximo capítulo en esta larga y dolorosa saga.
Aunque lo que sí concluye una ola de cibercrimen iniciada por Kivimäki desde su adolescencia, quien era conocido en los círculos en línea como Zeekill y era un miembro clave de múltiples bandas de ciberdelincuentes. De hecho, su historial de delitos se extendió desde 2009 hasta 2015, dejando un camino de caos y desorden.
Y pese a que recibió una condena juvenil a los 15 años, lo cierto es la que la falta de una pena privativa de la libertad fue vista por muchos expertos como una respuesta insuficiente para disuadir su conducta delictiva.
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