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Mondino dice desconocer «quién debe a quién» en Yacyretá y Peña le pide a Milei aprobar el acuerdo Cartes-Macri

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La canciller argentina Diana Mondino admitió que las negociaciones sobre la deuda argentina con la Entidad Binacional Yacyretá y el Tesoro paraguayo se encuentran encaminadas, pero puso en duda el monto que reclama el gobierno de Santiago Peña.

Durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, la minista confirmó que el camino trazado por Javier Milei a su gabinete económico es iniciar un análisis de todos los contratos internacionales ante la duda sobre «qué o quién le debe a quién» y la responsabilidad de seguir pagando la deuda, como ocurre en la hidroeléctrica.

Santi reclama la deuda de Argentina con Yacyretá pero Milei insiste con que pague el peaje en la hidrovia

En la última reunión en Buenos Aires, Peña y Milei acordaron que los ministros de Economía de ambos países, Carlos Fernández Valdovinos y Luis «Toto» Caputo lideraran la mesa técnica de negociación para elaborar una propuesta sobre la deuda por la producción y venta de energía.

Paraguay planteó un calendario de pago. Según Valdovinos, hasta la fecha, la deuda asciende a unos 117 millones de dólares, pero el monto fue rechazado por el equipo económico de Caputo.

Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía de Paraguay. 

«Con el tema Yacyretá… Muchachos llevamos 25 años con esto y todavía no hemos hecho la cuenta de quién le debe a quién, y entonces, en algunos de estos casos, antes de seguir poniendo plata, que quede claro, tenemos que saber quién tiene la responsabilidad y cuánto va a costar», dijo Mondino.

Al impasse se suma el pedido oficial del gobierno de Peña para la aprobación de la nota reversal N° 2/17, más conocido como el acuerdo Cartes-Macri, que ya fue aprobado por el Congreso paraguayo. Sin embargo, el Parlamento argentino sigue sin tratarlo. Según el acuerdo, Paraguay reconoce la deuda de más 4 mil millones de dólares por la construcción de la represa y accedió a pagar la mitad.

Muchachos llevamos 25 años con esto y todavía no hemos hecho la cuenta de quién le debe a quién, y entonces, en algunos de estos casos, antes de seguir poniendo plata, que quede claro, tenemos que saber quién tiene la responsabilidad y cuánto va a costar

«No por querer resolver una situación vamos a aceptar cualquier resultado. Cuando asumió Santiago Peña la deuda de Yacyretá ascendía a 50 millones de dólares. Estamos llevando una solución estructural y de fondo. Pedimos que el gobierno de Javier Milei envíe a su congreso el acuerdo Cartes-Macri para tener una solución definitiva a los que hace al aspecto financiero», explicó el canciller Rubén Ramírez Lezcano.

 

Sobre el punto, el director ejecutivo de la EBY, Luis Benítez, insistió en que es prioridad impulsar y lograr el acuerdo con el país vecino para poner fin a más de 30 años de dificultades y desorden económico en la entidad. El acuerdo permitiría poner en orden las cuentas de la empresa e incluso fijar el precio por la venta de energía, pero la oposición paraguaya siempre lo denunció como un «acuerdo espurio» por los costos que implica para el país.

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El Gobierno cierra las corresponsalías de Télam en todo el país

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Luego del cierre de Télam y en medio del conflicto con los trabajadores, el Gobierno anunció que cerrarán todas las corresponsalías que la agencia de noticias estatal tiene en todo el país. La medida se da dos meses después de que el presidente Javier Milei anunciara que el medio periodístico dejaría de funcionar.

“En función a las medidas que viene llevando a cabo el gobierno nacional, se instruye a las áreas correspondientes de la empresa para que, dentro del ámbito de sus competencias, articulen propuestas de plan de acción para dar inicio a la ejecución tendiente al cierre operativo de las corresponsalías de la empresa”, dice el texto firmado por el interventor, Diego Martín Chaher.

La disposición alcanza a las sedes ubicadas en Resistencia, Chaco; Bahía Blanca y La Plata; provincia de Buenos Aires; Paraná, Entre Ríos; Santa Rosa, La Pampa; Posadas, Misiones; Viedma, Río Negro; Salta, provincia de Salta; Santa Fe y Rosario, provincia de Santa Fe; Córdoba, provincia de Córdoba; Corrientes, provincia de Corrientes y Mendoza, provincia de Mendoza.

“A tal fin, deberán preverse las acciones necesarias tendientes a inventariar y poner a resguardo patrimonial los bienes pertenecientes a la empresa, y asegurar la restitución de los bienes personales a los empleados ya desvinculados y aquellos dispensados del débito laboral con goce de haberes. Asimismo, deberá procederse a la rescisión de los contratos de locación en el caso de las corresponsalías cuyo inmueble conserve a la fecha contrato de locación vigente”.

El mandatario había anunciado el cierre de la agencia, que el 13 de abril cumplió 79 años, durante el discurso que ofreció el 1° de marzo en la apertura del período de sesiones ordinarias en el Congreso. “Eliminamos agencias del gobierno como el Inadi, que cumplía el rol de la policía del pensamiento y mantenía militantes. Vamos a cerrar la agencia Télam que ha sido utilizada como agencia de propaganda kirchnerista”, dijo el mandatario en ese entonces.

La palabra del mandatario sobre el futuro del medio de comunicación fue publicada casi en simultáneo por la misma agencia a través de un cable alusivo al tema, así como también en su cuenta de la red social X, donde seguía el mensaje presidencial.

Un mes antes, la administración de La Libertad Avanza (LLA) había decretado la intervención de los medios públicos – entre los que figura la agencia de noticias fundada en 1945– por un año, después de delegar el control de esas unidades en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Una semana después de haber efectivizado el cierre, concretado el 4 de marzo, el Gobierno dispuso extender la dispensa laboral para el personal y que además se abriera un programa de retiros voluntarios para todos los empleados.

Ante la situación, desde la Comisión Interna de SiPreBA de Télam informaron a través de un comunicado el rechazo a la propuesta y siguieron con su plan de lucha en contra de la decisión gubernamental, que continúa hasta la fecha.

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