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Los gobernadores rechazan el decreto de Milei contra las cajas provinciales y está en riesgo el Pacto de Mayo

La bronca alcanza a Frigerio, Torres, Pullaro, Zdero y Llaryora. Buscan acuerdo en paquete fiscal pero la negociación se traba por Ganancias.

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 El decreto 280/24 firmado por Javier Milei para desfinanciar las cajas provinciales detonó la posibilidad de que los gobernadores suscriban el Pacto Mayo, el decálogo propuesto por el Presidente durante la apertura de sesiones ordinarias. LPO corroboró que incluso los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Leandro Zdero y Martín Llaryora, aliados al gobierno en la búsqueda de dotarlo de instrumentos legales para la gestión, enfurecieron cuando la medida se publicó por boletín oficial el 27 de marzo pasado.

 

La letra del decreto elimina a través de su artículo 18 los artículos 92, 93 y 94 de la Ley de Presupuesto 2023, prorrogado para el año en curso. En esos párrafos, la norma estipulaba que la ANSES debía transferir el día 20 de cada mes la doceava parte del défici anual que tuvieran las provincias que no hubieran transferido sus regímenes previsionales al Estado nacional pero Milei los borró de un plumazo.

 

La bronca de los mandatarios provinciales es que el gobierno libertario ya no solo pretende recortar fondos que demandan para sostener gastos en sus jurisdicciones sino que, directamente, les quita recursos fijados por ley. De todas maneras los representantes de Juntos buscan evitar la confrontación total y quieren que se destrabe la negociación.

 

Desde la Casa Rosada se excusan diciendo que «las partidas están pero se reasignaron a otros temas provinciales».

 

Las provincias, por su parte, advierten que el guadañazo aleja la posibilidad de firmar el Pacto de Mayo. Cerca de un gobernador del Norte le dijeron a LPO que «hay voluntad de colaborar en la oposición pero no hay voluntad por parte del gobierno nacional».

 

Un diputado radical jugó con una imagen inquietante al respecto. «Si yo fuera amante de Santiago Caputo y estuviera haciéndole rulitos con los pelitos del pecho le diría que la foto de Milei con los gobernadores no le sirve al relato libertario», explicó.

 

La interpretación que se extiende en los bloques opositores del Congreso es que el Poder Ejecutivo «tiró un huesito» a gobernadores y legisladores para «ganar tiempo» pero que nunca le importó el acuerdo porque desprecia al sistema político.

 

Aún así, los gobernadores siguen trabajando para alcanzar un entendimiento en el paquete fiscal, sobre todo por el impuesto a las ganancias. Los patagónicos, por caso, son los más enfáticos en oponerse a la restitución de ese gravamen por el nivel salarial de sus habitantes. «Estamos lejos de llegar a un acuerdo también por la ley ómnibus por estas cosas», dijeron desde el gabinete de un mandatario del Sur.

 

El ajuste instrumentado con el decreto 280 recayó sobre las cajas previsionales de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

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El Gobierno cierra las corresponsalías de Télam en todo el país

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Luego del cierre de Télam y en medio del conflicto con los trabajadores, el Gobierno anunció que cerrarán todas las corresponsalías que la agencia de noticias estatal tiene en todo el país. La medida se da dos meses después de que el presidente Javier Milei anunciara que el medio periodístico dejaría de funcionar.

“En función a las medidas que viene llevando a cabo el gobierno nacional, se instruye a las áreas correspondientes de la empresa para que, dentro del ámbito de sus competencias, articulen propuestas de plan de acción para dar inicio a la ejecución tendiente al cierre operativo de las corresponsalías de la empresa”, dice el texto firmado por el interventor, Diego Martín Chaher.

La disposición alcanza a las sedes ubicadas en Resistencia, Chaco; Bahía Blanca y La Plata; provincia de Buenos Aires; Paraná, Entre Ríos; Santa Rosa, La Pampa; Posadas, Misiones; Viedma, Río Negro; Salta, provincia de Salta; Santa Fe y Rosario, provincia de Santa Fe; Córdoba, provincia de Córdoba; Corrientes, provincia de Corrientes y Mendoza, provincia de Mendoza.

“A tal fin, deberán preverse las acciones necesarias tendientes a inventariar y poner a resguardo patrimonial los bienes pertenecientes a la empresa, y asegurar la restitución de los bienes personales a los empleados ya desvinculados y aquellos dispensados del débito laboral con goce de haberes. Asimismo, deberá procederse a la rescisión de los contratos de locación en el caso de las corresponsalías cuyo inmueble conserve a la fecha contrato de locación vigente”.

El mandatario había anunciado el cierre de la agencia, que el 13 de abril cumplió 79 años, durante el discurso que ofreció el 1° de marzo en la apertura del período de sesiones ordinarias en el Congreso. “Eliminamos agencias del gobierno como el Inadi, que cumplía el rol de la policía del pensamiento y mantenía militantes. Vamos a cerrar la agencia Télam que ha sido utilizada como agencia de propaganda kirchnerista”, dijo el mandatario en ese entonces.

La palabra del mandatario sobre el futuro del medio de comunicación fue publicada casi en simultáneo por la misma agencia a través de un cable alusivo al tema, así como también en su cuenta de la red social X, donde seguía el mensaje presidencial.

Un mes antes, la administración de La Libertad Avanza (LLA) había decretado la intervención de los medios públicos – entre los que figura la agencia de noticias fundada en 1945– por un año, después de delegar el control de esas unidades en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Una semana después de haber efectivizado el cierre, concretado el 4 de marzo, el Gobierno dispuso extender la dispensa laboral para el personal y que además se abriera un programa de retiros voluntarios para todos los empleados.

Ante la situación, desde la Comisión Interna de SiPreBA de Télam informaron a través de un comunicado el rechazo a la propuesta y siguieron con su plan de lucha en contra de la decisión gubernamental, que continúa hasta la fecha.

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