Durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de Desarrollo Social pagó $239.621.093 en comisiones para contratar seguros, apenas por debajo de la ANSES y de la Gendarmería. Gran parte de ese monto se utilizó para asegurar a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que al momento de ser disuelto alcanzaba a casi 1.400.000 personas. El funcionario que daba la orden para autorizar los pagos de esos seguros era Emilio Pérsico, según documentos oficiales a los que accedió Infobae.

Esta semana, el Gobierno le entregó al juez federal Julián Ercolini la última póliza del Ministerio de Desarrollo Social con Nación Seguros para asegurar a todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo. Millones de pesos en seguros para horas de trabajo que nadie controlaba.

Esa póliza, que lleva el número 2348, en realidad se renovó durante las gestiones de Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz. Pero siempre la órdenes de pago las firmaba Pérsico, el influyente ex subsecretario de Economía Social que acumula denuncias penales.

Un ejemplo. El 22 de septiembre de 2022, Pérsico aprobó pagarle a Nación Seguros un total de $45.691.122,88, solo por el mes de julio de ese año. La resolución explica que el monto corresponde al seguro de accidentes personales y de sepelio de los 1.354.214 titulares que tenía en ese momento el Potenciar Trabajo. Hay decenas de esas resoluciones.

Pérsico fue denunciado penalmente por el Gobierno hace diez días por estar de los dos lados del mostrador, como funcionario y como titular del Movimiento Evita. Según la denuncia del Ministerio de Capital Humano, el ex secretario aprovechó su cargo “para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”. Lo acusan de al menos tres delitos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad, y violación de los deberes de funcionario público.

El líder del Movimiento Evita también está implicado en el aumento desproporcionado de las cooperativas que denunció el Gobierno esta semana. “Se va a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019 y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”, puntualizó el vocero Manuel Adorni en una de sus habituales conferencias.

Las cooperativas manejaban una fortuna de dinero. Según la auditoría del Gobierno, tal como publicó ayer Infobae, durante 2023 se pagaron $17.183.910.509 a 281 Unidades de Gestión. De ese total, $11.925.954.904 estaban bajo el control de 144 cooperativas.

Lo que no se dijo hasta ahora es que las cooperativas podrían tener un vínculo con el escándalo de los seguros. En el mercado asegurador no descartan que algunas de ellas hayan sido utilizadas para desviar comisiones millonarias destinadas a los brokers. Por ahora es solo una hipótesis.

La documentación a la que tuvo acceso Infobae revela que entre sus amplias facultades, Pérsico aprobaba los pagos a Nación Seguros.

La póliza, en cambio, se renovaba una vez por año desde 2015, durante la gestión de Alicia Kirchner. “La decisión administrativa y la obligación administrativa de asegurar a diversos beneficiarios de programas sociales es una decisión que se tomó hace más de 10 años. Todos los años se emitieron las renovaciones con los mismos números (2348 y 2349)”, explicó un ex funcionario que conoce los detalles de esa trama.

Pettovello denunció ante la Justicia y luego hizo varias ampliaciones con documentación (Foto NA)

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, entregó esta semana ante la Justicia la póliza vigente, renovada en agosto de 2023. Tal como reveló Infobae, en la documentación aparece como intermediario la firma Castello Mercuri, el mayor aporte empresario de la campaña que terminó con Alberto Fernández en la presidencia, en 2019.

Infobae tuvo acceso a las pólizas anteriores y detectó que la aparición de esa empresa en realidad se remonta a mediados de 2022, durante la gestión de Juan Zabaleta, apenas unos meses después del decreto que firmó Alberto Fernández para que todos los seguros del Estado pasen por Nación Seguros. En la póliza de 2021, en cambio, en el renglón referido al productor de seguros se puede leer “NO APLICA”.

La póliza de 2021 no tenía intermediarios.

¿Quién dio la orden de incluir a la empresa que había aportado 1 millón de pesos (16 mil dólares de ese entonces) a la campaña presidencial? Hasta ahora no hay registros oficiales. No se descarta que aparezca una nota por fuera del sistema GEDE, que maneja el Estado Nacional para hacer las comunicaciones oficiales, tal como ocurrió en la ANSES.

En ese caso, el apuntado fue Federico D’Angelo Campos, ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS). Ese funcionario eligió a dedo a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros y a TG Broker (del broker Pablo Torres García, otro de los imputados en la causa). Esas empresas cobraron $231.918.674, solo por el contrato con ANSES.

Los otros tres imputados son el ex presidente Alberto Fernández, su amigo Héctor Martínez Sosa, y el ex titular de Nación Alberto Pagliano. Todos esperan los próximos pasos de la Justicia.

En tanto, el Gobierno mantiene vigente decreto que había firmado Fernández y obligaba a todos los organismos públicos a contratar con Nación Seguros. En el caso de Desarrollo Social, decidió denunciar por goteo ante la Justicia pero no modificó el sistema que heredó de la gestión anterior. De hecho, una auditoría de Nación Seguros reveló que en los dos primeros meses de este año, Castello Mercuri cobró comisiones por $21.050.427. De ese monto, $10.182.160 provinieron de Desarrollo Social, y $10.707.585 del INVAP.

La situación se repite en otros organismos: entre enero y febrero, el gobierno de Javier Milei pagó $239.961.680 a los brokers. Los mismos a los que denuncia por corrupción.