El hogar de menores Siand, en General Rodríguez, está siendo investigado a raíz de múltiples denuncias por presuntos maltratos y explotación infantil. En las últimas semanas, la Justicia realizó allanamientos y apartó a los directivos de la institución, donde asisten jóvenes de todas las edades que buscan una familia.

Las primeras denuncias datan de 2019, cuando el abogado Leandro Sigal representó a vecinos que aseguraban que los chicos estaban siendo maltratados en la casa quinta ubicada en Corrientes y Laris. Los pedidos para que se investigue el hogar fueron desestimados en ese momento y la causa se archivó.

A fines de febrero de este año, el reclamo se reactivó gracias a dos denuncias realizadas por excuidadoras del hogar, que se presentaron en la Comisaría de la Mujer de General Rodríguez y manifestaron haber sido testigos de los malos tratos que sufrían los menores. Lo hicieron de forma anónima y bajo identidad reservada.

Una de ellas dijo que a los chicos “los bañaban con agua fría” o “los metían a la pileta” para castigarlos. También contó que “los golpeaban por la espalda”, que le daban comida en mal estado y medicación vencida.

Por su parte, en la denuncia mencionan que a los nenes los obligaban a trabajar, cortando el pasto, levantando los desechos de los animales, paleando, entre otras actividades. “Eso es reducción a la servidumbre y explotación infantil. Queremos que se investigue como tal”, afirmó el abogado Sigal.

Otra de las versiones señala que algunas nenas habrían sido abusadas sexualmente. También mencionan que a los nenes, cuando se portaban mal, los castigaban metiéndolos en una especie de “calabozo”, una pequeña habitación cerrada con una reja parecida a una jaula.

El 4 de abril, los vecinos de la zona se autoconvocaron y realizaron una manifestación en las puertas del hogar. La directora del instituto llamó a la policía y los manifestantes tuvieron que retirarse del lugar. Habían llevado carteles con un pedido de justicia. “Con los chicos no”, decían las pancartas. Ese mismo día, aseguraron haber escuchado gritos de auxilio desde adentro.

A partir de estas últimas denuncias, se inició una causa penal que tramita en la UFI N°9 del Departamento Judicial de Morón-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez, quien dispuso una serie de medidas de prueba y un allanamiento.

Paralelamente, se abrió un expediente en la justicia civil, en donde interviene Mirta Guarino, titular del Juzgado de Garantías de Menores N°1. El lunes pasado hicieron una nueva inspección a partir de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria.

También intervino el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), el cual informó que desvincularon a las personas denunciadas y solicitaron medidas protectorias a la Justicia. Además, confirmaron que el personal del organismo va diariamente al hogar para controlar a las autoridades.

En un informe publicado la semana pasada aseguraron que, a simple vista, no se vieron “situaciones de maltrato” de los menores. De todas formas, confirmaron que “se abrió un espacio de escucha” de las supuestas víctimas.

Según informó Guarino, el organismo detectó “irregularidades”, que había más menores de los que el hogar podría cuidar, y dispuso que aquellos que no estén en pleno proceso de adoptabilidad o revinculación con sus familiares sean relocalizados en otros hogares.

También contó que los legajos personales están en condiciones de “precariedad” y solicitó que se hagan nuevas pericias médicas. “En general, los nenes están bien, pero hay testimonios de que sufrían maltratos. Eso lo está investigando la justicia penal”, aseguró.

La amenaza de cierre del hogar: “La decisión es indeclinable”

A través de un comunicado en su cuenta de Facebook, las nuevas autoridades del hogar Siand anticiparon que el instituto será “cerrado definitivamente” ante lo que ellos consideran que es “una campaña de difamación”.

Primero, remarcaron que “la línea fundadora” renunció: “No trabajan más en la institución, ni participan en la toma de decisiones ya que están ajustados a derecho para que se continúen con las ya iniciadas y exhaustivas investigaciones pertinentes”, informaron.

“Los nuevos directivos nada tienen que ver con las falsas denuncias y acusaciones, de este momento y de los últimos años”, afirmaron, pero revelaron: “Decidimos el cierre definitivo del hogar, de manera contundente e indeclinable. Es una decisión tomada no a pedido de los organismos gubernamentales de Niñez, o de la misma Justicia, sino por la insostenible presión y hostigamiento”.

“Que la enorme cantidad de gente preocupada por el estado de los niños debe estar tranquila, pues siempre los niños fueron muy bien cuidados, hoy más que nunca, debido a la completa intervención judicial”, agregaron en el comunicado.

“Esta brutal campaña difamatoria está teniendo nefastas y demoledoras consecuencias: en la salud emocional y física de los niños, de los directivos, las cuidadoras y profesionales de Siand”, expresaron.

Por último, aclararon que el hogar no cobra un millón de pesos por niño, cifra que se había difundido en las redes sociales, sino que el Estado le da “un poco más de la décima parte de eso”, es decir, más de 100 mil pesos por chico.