La investigación por el escándalo de los seguros apuntó, al menos en esta primera etapa, a los cinco principales brokers: Bachellier, Martínez Sosa, Castello Mercuri, San Ignacio y TG Broker. Esas empresas cobraron casi $2800 millones por comisiones en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. El juez Julián Ercolini decidió congelar sus bienes mientras sigue analizando la información y levantó el secreto fiscal y bancario. La resolución apunta a los “satélites” del marido de María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente.

La empresa Bachellier encabeza el ranking de las comisiones con $1.665.741.081. Según una auditoría de Nación Seguros, el año que más cobró fue en 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a esa firma. Gran parte de las comisiones se explican por el contrato con Gendarmería Nacional, que significó $1363 millones en comisiones. El resto se completaron con los contratos con el Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura.

Al frente de Bachellier figuran Osvaldo Alfredo Tortora y Ricardo Daniel González, pero los investigadores hace tiempo trabajan sobre la hipótesis que la empresa es un satélite de Martínez Sosa. El juez Ercolini mencionó un dato: el domicilio de esa firma sería el domicilio particular de Tortora, un humilde departamento en Villa Crespo. “Un inmueble que a simple vista no sería congruente con la sede de una empresa con negocios de tamaña envergadura”, destacó el magistrado en la última resolución.

El domicilio del «dueño» de Bachellier figura como su sede, en Corrientes al 5300.

Detrás de Bachellier aparece la empresa que lleva el nombre de Martínez Sosa, con $366.635.744 en comisiones. El informe de Nación Seguros revela que el broker tuvo contratos con 19 organismos públicos. En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros. Solo entre esas dos empresas cobraron más de $2000 millones.

Pero red de satélites de Martínez Sosa no se resume a Bachellier. “La firma “HÉCTOR HORACIO MARTÍNEZ SOSA Y COMPAÑÍA S.A.”, además de su intermediación como productora, participó como organizadora y/o máster en pólizas de otros productores, entre ellos, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli Norberto Matías Garrido, “BACHELLIER S.A.”, “LEVELAR S.A.” y Fernando Carlos Salim”, dice Ercolini.

El nombre de Garrido apareció en un escrito que le mandó la actual secretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez, al juez. Infobae reveló que además de ser un “exitoso” productor de seguros es empleado del PAMI desde 1993. Según registros oficiales, depende de la División de Gestión de Información de Procesos.

En tanto, Salim ya había sido mencionado en la causa porque estuvo en la quinta de Olivos apenas un mes después de la asunción de Alberto Fernández. Ese día, también ingresaron Martínez Sosa y otro productor de su entorno, Guillermo Alonso.

En el tercer lugar del ranking aparece Castello Mercuri SA, uno de los principales aportantes a la campaña presidencial del Frente de Todos en 2019, que impulsaba la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En total, esa empresa cobró $285.956.773 por contratos con INVAP, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Ministerio de Desarrollo Social.

La lista de los cinco brokers principales se cierra con San Ignacio y TG Broker SA, las dos empresas denunciadas por la ministra Sandra Pettovello porque supuestamente habrían sido favorecidas por D’Angelo Campos para el contrato de créditos de los jubilados. TG Broker es de Pablo Torres García, un broker que tiene vínculos en el PRO y en el massismo.

Entre esos cinco brokers amasaron una fortuna de $2.782.170.946 por comisiones, más del 80% del monto total repartido entre las empresas.

El juez Julián Ercolini inhibió a 33 personas y empresas.

Ercolini apuntó a los bienes de esas firmas, al menos en la primera etapa. Por eso decretó la inhibición general de las empresas y sus dueños, y además levantó el secreto fiscal y bancario de todos. En total son 33 empresas y personas físicas, encabezadas por el ex presidente Alberto Fernández y ex funcionarios de Nación Seguros.

La resolución además revela otros vínculos sospechosos entre San Ignacio, uno de los intermediarios en la póliza de la ANSES, y una coaseguradora, San German: un director suplente de esa empresa, Hernán Bressi, está casado con una directora suplente de San Germano. Además, un amigo del presidente de San Ignacio que se involucró en la trama, Diego Rosendi, tendría un parentesco familiar con otro director de la coaseguradora.

Rosendi, a su vez, está relacionado con la empresa “IPLYC CONFORT CRÉDITOS Y SERVICIOS SOCIEDAD DEL ESTADO” que le alquilaba oficinas a San Ignacio en la provincia de Misiones.

Una maraña de relaciones que recién se están investigando.

¿Por qué es importante el vínculo entre San Ignacio y San German? Según la resolución de Ercolini, la aparición de San Ignacio en la póliza de la ANSES multiplicó las ganancias de San German Seguros. “El porcentaje de participación de “San German Seguros SA.” como coasegurador de las mismas presentan un notable incremento, triplicándose del 5 al 15% en las ya existentes (pólizas n° 9081 y 9142) y llegando al 25% en nuevas (póliza n° 9154)”, detalló el juez.

La póliza de la ANSES tenía otras tres coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, y Life Orígenes. Todas están alertas por el avance de la investigación.