“¿Es normal que las mamás golpeen a sus hijos?”, preguntó con inocencia Gabriel Fernández a su maestra del primario, Jennifer García. Las declaraciones del nene de ocho años encendieron las alarmas de la docente y solo fueron el inicio de una serie de señales que despertaron sospechas de una situación violenta: asistía a clases con moretones en todo el cuerpo y cada vez le faltaban más mechones de pelo.

Ocho meses después, “Gabrielito” ingresó al hospital con fractura de cráneo, costillas y dientes rotos, quemaduras y cortes por todos lados. “En cada parte de su cuerpo había algo”, recordó Christene Estes, una de las primeras enfermeras que lo atendió, en el documental de Netflix, Justicia para el pequeño Gabriel.

Su muerte, que llegó dos días más tarde, develó una oscura trama que involucró a su mamá, su padrastro y a los cuatro trabajadores sociales que estaban a cargo de resguardar su seguridad y bienestar.

Un embarazo no deseado y una pregunta que despertó sospechas

A los 22 años, Pearl Fernández, una mujer de ascendencia latina que vivía en Palmdale, Los Ángeles (Estados Unidos), se enteró de que estaba esperando a su tercer hijo. A pesar de que no quería llevar el embarazo a término, sus familiares la convencieron para tenerlo. Pese a ello, a los tres días de dar a luz, abandonó al bebé en el hospital y sus tíos se hicieron cargo del “pequeño Gabriel”.

Así fue cómo el chico vivió en buenas condiciones, en diferentes casas, pero siempre con miembros de su familia, estaba sano y aparentemente era feliz. “Era un niño dulce que buscaba el amor de los suyos”, expresó uno de sus abuelos para el documental.

Sin embargo, todo cambió en el 2012 cuando su mamá “lo secuestró” y se lo llevó a vivir con ella junto a su pareja, Isauro “Tony” Aguirre. Pearl no tenía interés en la maternidad y fingió intentar recuperar el tiempo perdido, aunque con el tiempo, sus presuntas buenas intenciones develaron un plan macabro: había reclamado la custodia del chico para cobrar planes sociales del Estado.

Así fue cómo, de un día para el otro, la vida de “Gabrielito” dio un giro: comenzó a convivir con sus dos hermanos mayores, Ezequiel y Virginia y empezó las clases en una nueva escuela. Allí conoció a Jennifer García, una maestra con la cual generó confianza de inmediato.

Con el tiempo, se abrió plenamente y, con curiosidad, le hizo algunas preguntas que llamaron su atención. Entre ellas, si era algo común ser golpeado con un cinturón y si era normal sangrar por eso. Ante la sospecha de que estuviera sufriendo una situación de violencia, la profesora denunció el hecho a una línea directa para reportar casos de abuso infantil.

El caso de Gabriel cayó en manos de Stefanie Rodríguez, una trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias que, según atestiguaron personas de su entorno, tenía poca experiencia en situaciones como las que estaba viviendo el chico. Si bien se organizaron visitas a la casa de Fernández y se realizaron revisiones, no hubo cambios ni se aprehendió a la pareja.

Poco a poco, la situación con el nene empeoraba. Su maestra se dio cuenta de que empezó a llegar a clase con mechones de pelo arrancados, los labios hinchados por los golpes y moretones por toda la cara, producto de disparos de una pistola de aire comprimido.

A su vez, Melissa, la hermana de Pearl que en ese momento era menor de edad, contó en el juicio que sabía que había algo malo que estaba pasando en esa casa y que iba a dormir ahí para evitar una tragedia. “No tuve las herramientas para poder ayudarlo, era muy chica”, se lamentó cuando la llamaron a brindar testimonio.

La familia tenía sus sospechas acerca de la madre, ya que era “una mujer controladora y violenta” con sus novios. Sin embargo, no apuntaban a “Tony”, que siempre había sido amable con todos y nunca había demostrado ser abusivo.

Los detalles del brutal crimen y las condenas

El 22 de mayo de 2013, Pearl Fernández llamó al 911 indicando que su hijo no respiraba. Más tarde, una ambulancia llegó al domicilio junto a un patrullero y la mujer les dijo que Gabriel se había caído y que se había golpeado la cabeza con un mueble.

Pese a ello, cuando los agentes ingresaron a la casa, encontraron al chico desnudo en la cama de una de las habitaciones con el cráneo roto, tres costillas fracturadas y la piel quemada. Además, detectaron que tenía balines incrustados en el pulmón y la ingle, y que le habían arrancado dos dientes de la boca. Murió a los dos días en el hospital a causa de las heridas.

Una semana después del escalofriante hallazgo, las autoridades iniciaron una investigación sobre el manejo de las denuncias de abuso que se realizaron en el condado en relación al menor. Sin embargo, fue el periodista Garrett Therolf, del LA Times, quien afirmó que, según documentos confidenciales, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado dejó a Gabriel al cuidado de su madre y de su pareja, a pesar de que tenían seis investigaciones abiertas por abuso.

Esta denuncia produjo el despido de los cuatro trabajadores sociales que estuvieron a cargo del caso, ellos eran Stefanie Rodríguez, Patricia Clement, Kevin Bom y Gregory Merritt.

Según revelaron las fuentes policiales, en los primeros interrogatorios, Isauro “Tony” Aguirre admitió haberle causado las lesiones a “Gabrielito”, mientras que Pearl Fernández afirmó que estuvo presente pero sin haber intervenido durante la agresión. Sin embargo, la familia del niño no creyó esta última versión debido a la personalidad violenta de la mujer.

Durante el juicio, los hermanos mayores de Gabriel contaron cómo fueron los meses anteriores a su muerte y dieron detalles de la tortura a la cual lo sometieron: le daban comer heces de gato y su propio vómito, lo hacían dormir encerrado en un pequeño armario y lo golpeaban con frecuencia. Según el testimonio de los chicos, la pareja decía que “Gabrielito era gay”, por lo que lo obligaban a ir a la escuela con ropa de su hermana y lo castigaban cuando jugaba con muñecas.

Más de dos años después de la muerte del chico, la fiscalía solicitó la pena de muerte contra Fernández y Aguirre. Pese a ello, ambos se declararon inocentes.

En esta línea, también acusaron a los trabajadores sociales bajo los delitos de abuso infantil y de falsificación de registros públicos en relación a la muerte de Gabriel. Según alegaron los fiscales, los empleados del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado minimizaron “la importancia de las lesiones físicas, mentales y emocionales que el menor sufrió y permitió que un niño vulnerable permaneciera en su casa y siguiera siendo abusado”.

A pesar de ello, en el 2020, la Corte de apelaciones de Los Ángeles desestimó las acusaciones.

Finalmente, a casi cinco años del brutal crimen, Pearl Fernández se declaró culpable de asesinato y tortura y fue sentenciada a cadena perpetua sin opción de libertad condicional. Por otra parte, Isauro Aguirre fue condenado a pena de muerte por el delito de homicidio en primer grado. Desde junio de 2018, “Tony” se encuentra en la prisión estatal de San Quintín, en California, a la espera de la fecha de su ejecución.