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Seguros: un auditor confirmó ante la Justicia que la póliza de Gendarmería generó comisiones por encima de lo permitido

Fue de 15%, aunque el directorio de Nación Seguros había establecido un límite de 10%. Una parte fue para Héctor Martínez Sosa, el amigo de Alberto Fernández, y otra para Bachellier, una empresa satélite de ese empresario. Qué dijo el testigo que declaró ante el juez Ercolini

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3 semanas ago

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Un auditor interno de Nación Seguros declaró ante el juez Julián Ercolini que la póliza de Gendarmería, una de las más buscadas por los empresarios, pagó comisiones del 15%, muy por encima de lo que el directorio de esa empresa estatal había autorizado. El mismo testigo reveló que las comisiones se repartieron entre Bachellier (12%) y Héctor Martínez Sosa (3%), casado con la histórica secretaria del ex presidente Alberto Fernández. En total, se quedaron con una fortuna de más $1.600 millones.

La empresa Bachellier encabeza el ranking de las comisiones. El año que más cobró fue en 2022, con $700.416.803, tras el decreto que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a esa firma. Solo el contrato con Gendarmería le significó un ingreso de $1.363 millones, aunque también tuvo las pólizas del Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura.

Apenas asumió, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dio de baja todos esos contratos.

Al frente de Bachellier figuran Osvaldo Alfredo Tortora y Ricardo Daniel González, pero los investigadores hace tiempo trabajan sobre la hipótesis de que es un satélite de Martínez Sosa. Uno de los datos que llamó la atención es que el domicilio de esa firma sería un departamento en Villa Crespo. “Un inmueble que a simple vista no sería congruente con la sede de una empresa con negocios de tamaña envergadura”, destacó Ercolini.

El domicilio de Bachellier, en un departamento de Corrientes al 5300. El domicilio de Bachellier, en un departamento de Corrientes al 5300.

Si detrás de Bachellier en realidad estaba Martínez Sosa, la fortuna de comisiones habría terminado en la misma cuenta. Por las dudas, el juez decretó este lunes la inhibición de bienes de los supuestos dueños de ambas empresas. La misma medida afectó a Alberto Fernández y a tres ex funcionarios de Nación Seguros. También ordenó levantar el secreto fiscal y bancario. Todo a pedido del fiscal Carlos Rívolo, que ahora quedó a cargo de la investigación patrimonial de todos los implicados.

Dos días después de la inhibición, el actual presidente de Nación Seguros, Alfonso Torres, echó al gerente del área comercial, Matías Caselli. ¿Los motivos? Supuestas irregularidades encontradas en una auditoría interna. “Trabajaba en la compañía hace más de 16 años. En la gestión anterior fue jefe de sector público. La nueva gestión había unificado las áreas comerciales privada y pública creando una super gerencia a cargo de Caselli”, explicó un conocedor de esos pasillos.

La sangría en Nación Seguros generó trastornos internos, pero no se habría terminado.

En su declaración como testigo ante el juez Ercolini, el auditor Gabriel Oscar Rodríguez mencionó a Cristian Panero, otro histórico que sigue como jefe de comisiones, y Viviana Fornario, que estaba en el área de Administración y de Finanzas. “Es el responsable de emitir pólizas, pero tiene un rol operativo”, coincidieron dos fuentes sobre Panero.

Sobre la póliza de Gendarmería, el auditor fue contundente: “Nosotros controlábamos que esté por debajo de los máximos. Siempre se cobró el 10%, salvo Gendarmería que pagaba el 15% hasta mitad de año de 2023 que se bajó al 10% como los demás. Recuerdo que el 12% iba a Bachellier y el 3% a Martínez Sosa”. Y agregó: “Siempre las comisiones que se pagaron fueron del 10%, excepto en GNA que era del 15% por lo cual los informes salían sin observaciones”.

infobae

El límite del 10% se estableció en una reunión del directorio de Nación Seguros que tuvo lugar el 7 de junio de 2022, apenas seis meses después del decreto de Alberto Fernández. Infobae publicó el acta original de ese encuentro firmada por el presidente de ese entonces, Alberto Pagliano, el vicepresidente, Sebastián Díaz Bancalari, y dos de los directores, Carlos Crosetto y Gustavo García Argibay.

¿Por qué entonces se pagó por encima de ese límite en el caso de de Gendarmería? No hay una única respuesta. “La póliza venía con ese monto antes del decreto”, cuenta un ex funcionario al tanto de esa trama. La misma fuente confirma que los problemas comenzaron cuando se renovó la póliza y se mantuvo la misma comisión. La diferencia entre el 10 y el 15% ocasionó un interna entre Pagliano y Martínez Sosa.

“No hubo acuerdo judicial ni extrajudicial, Martínez Sosa sostenía que como el seguro lo pagaban los gendarmes no correspondía aplicar el decreto 823″, explicó una fuente al tanto de ese entredicho. En cambio, Nación Seguros argumentaba que si el tomador de la póliza era el Estado, regía el tope.

¿Por qué se pagaba el 15%?, le preguntó Ercolini al auditor de Nación Seguros. “Nunca supe por qué se pagaba el 15%. Sé que se bajó al 10% el año pasado y se generó una controversia, pero nunca supe el por qué. Creo que la reducción la hace gerencia comercial”, contestó. Dentro de gerencia había tres subgerencias: la de legales y siniestros (a cargo de Martín Ruiz Moreno), la de Administración y Finanzas(Fernando Arana), y la subgerencia comercial y técnica a cargo de Carlos Soria, uno de los funcionarios más observados por la Justicia.

“La póliza de Gendarmería siempre fue un problema. Daba más siniestros que prima. Ante la negativa de Nación Seguros de pagar por encima del 10%, Martínez Sosa se llevó el cliente a una compañía privada”, cuenta un ex funcionario que conoce las discusiones internas.

Alberto Fernandez y Alberto Pagliano se conocen desde los 90. Alberto Fernandez y Alberto Pagliano se conocen desde los 90.

La Justicia también analiza en detalle las contrataciones en la ANSES. Esa póliza desencadenó el escándalo a fines de febrero, según reveló el editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa. Ahí aparecieron cuatro empresas privadas como coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes. “El límite de comisiones que impuso Nación Seguros era para los contratos directos con los organismos. Cuando vean las pólizas de las coaseguradoras se van a encontrar varias sorpresas”, asegura un experto en la materia.

El Gobierno tardó en reaccionar ante el escándalo. Recién el fin de semana pasado, luego de los allanamientos ordenados por el juez, Nación Seguros echó al gerente general Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual gobierno, y al gerente de compras Marcos Eufemio. Este último también había sido ascendido hace dos meses. “Era el jefe de compras desde el año 2020, dentro de la gerencia de administración y finanzas. En febrero de 2024 se lo asciende a gerente de compras, dada la nueva reestructuración de la compañía”, detalló el auditor interno de Nación Seguros, Oscar Rodríguez.

Su informe sobre las comisiones es una de las pruebas clave de la causa y por eso fue citado como testigo. Ante el juez, explicó que solo se auditó la liquidación de esas comisiones. “La implementación o la elección de los brokers que no era auditada por nadie del organismo. Nosotros no vemos el proceso completo, sino que lo vemos en procesos diferentes. La designación por un lado, el pago por el otro, etc..”, detalló.

La purga en Nación Seguros sigue abierta. Esta semana se sumó el gerente del área comercial, Matías Caselli.

La otra decisión oficial fue prohibir a los intermediarios en todas las contrataciones de seguros que hagan los organismos públicos. Lo decidió el jefe de Gabinete Nicolás Posse a través de una nota que le mandó a todos los ministros. ¿Cómo se llevará a la práctica? ¿Esa decisión regirá solo para las pólizas nuevas o también para las que están vigentes? Infobae consultó en varias reparticiones y no obtuvo respuesta.

En el mercado asegurador creen que podría ser una puesta en escena del Gobierno. “Uno de los brokers más beneficiados por la gestión anterior ya se estuvo reuniendo con un importante funcionario del actual gobierno”, responde un empresario ante el anuncio. Otros creen que el escándalo terminará afectando a todo el sector. Para todos, la preocupación sigue latente.

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Semana de tensión: en la previa del paro de la CGT, los gremios de transporte hacen asambleas en todo el país

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10 horas ago

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6 de mayo de 2024

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Comenzó una semana de tensión para el Gobierno por las diferentes manifestaciones que se realizarán en contra del paquete fiscal que obtuvo media sanción en Diputados y que ahora el oficialismo busca aprobar en el Senado.

Once sindicatos de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT) realizan este lunes asambleas en sus lugares de trabajo y Aerolíneas Argentinas ya reprogramó al menos 20 vuelos, y no hay movimiento marítimo ni descarga de mercaderías. Esta medida se suma al paro de la CGT, anunciado para este jueves.

En el marco de las protestas del sector, el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llanos, advirtió que cada uno de los senadores que voten a favor de la Ley Bases será “escrachado” cuando aborde un avión de Aerolíneas Argentinas.

“Vamos a explicarles a los pasajeros cada vez que viaje un senador de estos que están traicionando los mandatos populares”, aseguró el sindicalista en medio de la asamblea que realizan los trabajadores en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde se oponen a la privatización de la aerolínea de bandera.

Por su parte, el secretario general de APTA (Asociación del Personal Técnico Aeronáutico), Ricardo Cirielli, también se mostró muy crítico con los legisladores que votaron a favor de la sanción de la Ley Bases que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“Hicieron un doble juego con el DNU, han dejado sin efecto la ley de política aerocomercial, la 19.030, los puntos que obligaban al Estado nacional a financiar a la línea argentina de bandera, abrieron los cielos en las nueve libertades del aire, lo que significa que pueden venir aviones chilenos con matrícula chilena y tripulación chilena, de tal manera que no va a ser viable ni Aerolíneas ni ninguna otra empresa nacional y hay un silencio pasmoso de todos”, manifestó.

(Foto: TN / Leandro Heredia)
(Foto: TN / Leandro Heredia)

En un principio, el secretario general adjunto de la CATT, Juan Carlos Schmid, había asegurado que se interrumpiría el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo en rechazo al paquete de medidas que se votó el martes en la Cámara baja. Sin embargo, se dio marcha atrás y finalmente no habrá paro de actividades.

“Atentos a lo dispuesto por el Consejo Directivo de la CATT en el Plenario Nacional realizado el día 26 de marzo, en el que se resolvió realizar asambleas en distintas actividades representadas por las organizaciones nucleadas en esta Confederación, se informa que el día lunes 6 de mayo, entre las 9 y las 11, se realizarán Asambleas en sectores de trabajo de todos los modos de transporte”, informaron.

No obstante, aclararon: “Dichas asambleas de ningún modo representan medidas de acción directa o un paro de actividades, reiterando que, en esta oportunidad, cada Sindicato u Organización nucleada en la CATT, dispondrá la metodología a llevar a cabo e informará al respecto de estimar así corresponda”.

El jueves, paro de la CGT

Por otro lado, Pablo Moyano ratificó el segundo paro general contra el Gobierno de Javier Milei y les metió presión a los gobernadores y senadores para que se opongan a las reformas laboral y fiscal.

Durante el acto por el Día del Trabajador, y en rechazo a la Ley Bases, expresó: “Hoy estamos rechazando la entrega que se ha realizado ayer en el Congreso de la Nación. Por eso no solo la movilización de hoy, sino también el paro general del 9 de mayo, para pedirles y exigirles a los senadores que rechacen la ley que se ha votado ayer”.

El dirigente de Camioneros aseguró que la Ley Bases “entrega los derechos de los trabajadores a través de la reforma laboral, donde nuevamente los trabajadores vuelven a pagar Ganancias, donde habilita al Presidente a un año de facultades que puede llegar a hacer cualquier cosa. Vendiendo los recursos del Estado, privatizando las empresas del Estado…”.

Por todo ello, dijo, “sumado a la recesión, a la inflación y los despidos, hay motivos suficientes para que el 9 de mayo sea un paro general histórico”.

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