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La UBA lanzó una campaña para reclamar por el congelamiento del presupuesto

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) organizó una colecta de firmas para mostrar su rechazo al congelamiento presupuestario de las universidades públicas. La convocatoria se desarrolla bajo el lema “Cuidemos lo que funciona. #SomosUBA”.

Con esta campaña, se busca que la comunidad sume su firma en un formulario virtual contra el recorte presupuestario. Podrán participar estudiantes, profesores, no docentes y todas las personas que deseen apoyar. El petitorio será presentado ante las autoridades del Ejecutivo nacional y el Congreso.

La campaña está complementada con un video publicitario que se difundió por redes sociales.

Esta manifestación ocurre semanas después del paro nacional de 24 horas realizado el 14 de marzo, que fue convocado por el Frente Sindical Universitario.

La recolección de firmas se hará de forma virtual. (Foto: NA)
La recolección de firmas se hará de forma virtual. (Foto: NA)

En un comunicado, la UBA expresó su descontento ante las medidas gubernamentales: “El problema presupuestario de la Universidad se planteó a partir de la decisión del Gobierno nacional de prorrogar los valores del año 2023 al 2024, en el marco de una inflación interanual del 276%. Esto produce que la UBA entre en serio riesgo de desfinanciación durante los próximos meses”, indica.

Hace días, se anunció un 70% de incremento para “gastos de funcionamiento de las universidades nacionales”, pero desde el centro de educación superior reclaman que esa cantidad solo cubre “el 10% de los gastos que debe afrontar la Universidad para su normal funcionamiento”.

Video Placeholder

El video es parte de la campaña #SomosUBA. (Video: Instagram @uba_ar)

“Esta situación se agrava si pensamos que la UBA, además, tiene a su cargo más de 71 institutos de investigación y 6 centros hospitalarios que atienden a más de medio millón de pacientes por año”, señala el comunicado. Además, las autoridades universitarias alertan que este ajuste se traducirá “en menos clases, menos calidad académica, menos edificios, menos becas, menos servicios en los centros de salud, menos investigación científica y menos seguridad en las facultades”.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado hace más de un mes en el que advirtió sobre la “situación crítica de las universidades públicas” y le pidió al Gobierno “incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario” y otras tres medidas fundamentales:

  1. Actualizar los salarios de docentes y no docentes.
  2. Dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas.
  3. Garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión.

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Politica

Chirillo admitió que no leyó un artículo de la ley que fue a defender y reconoció que la redacción de la ley es «poco feliz»

El secretario de Energía se puso nervioso ante las preguntas de Lousteau y Tagliaferri. «Quizá la redacción no es feliz, en eso estoy de acuerdo», dijo.

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 El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, la pasó mal en la reunión plenaria de comisiones por el tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara Alta. Ante las preguntas de los senadores Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri sobre el artículo 162, referido a la eliminación de las autonomías provinciales en el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el funcionario aceptó que «la redacción no es feliz».

Frente al estupor de los legisladores, Rodríguez Chirillo insistió varias veces con la frase. «Quizá la redacción no es feliz, en eso estoy de acuerdo», asumió sin asegurar si el gobierno aceptará modificaciones o no.

 

Lousteau y Tagliaferri habían cuestionado ese artículo durante la jornada del martes. El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, había sugerido que el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a incorporar cambios, considerando el rechazo transversal que causó esa parte del capítulo del RIGI, y adelantó que el tema sería abordado este miércoles por parte de Rodríguez Chirillo.

 

Tras la desconcertante respuesta del secretario de Energía, Tagliaferri lo apuró: «hagamos una redacción feliz, entonces».

 

Más temprano, el presidente de la UCR también cargó contra el artículo 191, que establece prioridad a las empresas que usen insumos como agua o gas por encima de la población. «Si mañana uno de los insumos que usa un BTU, sea agua o energía, pasa a ser clave y es escaso, tiene prioridad el BTU sobre la gente», alertó Lousteau, y agregó: «yo no sé si los gobernadores saben si con el RIGI están firmando estas cosas».

 

Cuando Rodríguez Chirillo tuvo que responder, también sorprendió. «El artículo 191 no lo leí», confesó.

 

El senador radical se extendió en su intervención por más de 30 minutos y hasta sostuvo que se necesitarán muchas más reuniones como las de este miércoles para darle tratamiento a esta ley.

 

Las posturas del funcionario de Javier Milei hicieron que escalara la bronca contra el oficialismo entre los bloques aliados. «Se hacen los boludos y no responden», se quejaron en un despacho del radicalismo.

 

La oficina de Prensa del Senado informó que la Comisión de Presupuesto continuaría este jueves, a las 10. A su término, los libertarios pretenden dar paso al tratamiento del proyecto con discusión entre los senadores en el plenario de las comisiones.

En el inicio de su exposición, Rodríguez Chirillo aludió a la herencia del gobierno anterior. «Tanto en gas como en electricidad, había problemas acuciantes entre las tarifas y el subsidios y tuvimos que hacer una recomposición tarifaria», dijo, y agregó que «la tarifa en diciembre de 2023 cubría sólo el 40% del costo total del servicio».

Pero lo que más alarmó a la oposición fue la enumeración de los objetivos del gobierno. Al respecto, mencionó que «el primer objetivo es alcanzar la autosustentabilidad económica-financiera del sistema, o sea, que la tarifa refleje el costo económico del servicio sin involucrar al subsidio». «En petróleo y gas pasaremos de un esquema que prioriza el autoabastecimiento y la soberanía energética a un esquema de mercado exportador en materia de gas sin dejar de atender el mercado interno», agregó.

 

Y finalmente, dijo: «en electricidad pasaremos de un modelo centralizado en la toma de decisiones (Estado-Cammesa) a un modelo de competencia y de decisiones descentralizadas, focalizadas en la actuación privada en la oferta y en la demanda. CAMMESA deja de hacer contratos con los generadores, los generadores van a hacer contratos con los distribuidores».

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