En medio de la apelación del fallo por la manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) entre 2007-2015, la Argentina advirtió que podría enfrentar riesgos para pagar deuda en 2025, si se ve obligada a cancelar US$1500 millones por daños y perjuicios adjudicados por un tribunal británico a inversores.

Los fondos de cobertura, entre los que se encuentra Palladian Partners LP, ganaron en 2023 una sentencia del Tribunal Superior del Reino Unido en la que se establecía que el país debía compensar a los inversores por las pérdidas sufridas en los valores vinculados al crecimiento de Argentina tras cambiar el método de cálculo del PBI.

Este martes, los abogados del gobierno de Javier Milei argumentaron que el fallo podría obligar al país a pagar incluso si la economía se encuentra en recesión. “El fallo de 2023 desconecta el crecimiento económico real de los bonos y vincula injustamente los títulos a una medida obsoleta del producto bruto interno de 1993”, afirmaron los letrados.

Así, ante un pago forzoso en una recesión podría poner en peligro “la capacidad de la República para pagar tanto la deuda atada al PBI como la deuda convencional”.

Cómo surgió la causa por manipulación de datos del INDEC

Se trata de la causa “Palladian Partners L.P. vs The Republic of Argentina (FL-2019-000010)”, que inició un grupo de tenedores y por la que el juez Simon Picken declaró al Estado argentino responsable de un pago por más de US$1500 millones en virtud de los Valores Negociables.

La defensa argentina advirtieron las consecuencias de tener que cancelar la deuda por daños y perjuicios a fondos que incluyen a Palladian Partners, al argumentar que el fallo podría poner en peligro “la capacidad de la República para pagar tanto la deuda atada al PBI como la deuda convencional”, indicó Bloomberg Linea.

El caso se origina en el default de US$95.000 millones de deuda en medio de la crisis del 2001. Los bonos vinculados al PBI, que se pagan cuando el crecimiento económico alcanza un umbral determinado, formaban parte de un programa de reestructuración.

La disputa surgió después de que la Argentina cambiara en 2013 el año base para el cálculo del crecimiento. La modificación era necesaria para evitar que los rendimientos de los bonos se deterioraran por la “medida obsoleta del PIB de 1993″ hasta 2035, afirmaron los letrados.