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Politica

Derrota del Gobierno: La oposición avanzó con la suba del financiamiento universitario y la restitución del fondo docente

A Menem se le escapó la sesión de las manos y el macrismo no pudo evitar que el peronismo y la UCR los doblegara.

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El gobierno sufrió una derrota durísima este martes durante la sesión especial solicitada el pasado viernes por Rodrigo De Loredo. A las 18:49, la UCR, Unión por la Patria, la izquierda, el pichettismo, la Coalición Cívica e Innovación Federal se impusieron por 152 votos contra 81 del macrismo y los libertarios para emplazar a las comisiones de Presupuesto y Educación con el objetivo de ampliar el presupuesto universitario y restituir el Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID).

En una sesión de casi 5 horas, los legisladores opositores le torcieron el brazo al oficialismo, que había apelado a los oficios de Alejandro Finocchiaro para desactivar la jugada que, tal como anticipó LPO, tramó el radical cordobés con el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo. A pesar del crudo enfrentamiento verbal que mantuvo con De Loredo, el ex ministro de Educación no pudo impedir que se comprometiera el ajuste fiscal del gobierno en los recursos previstos para el sistema universitario y los salarios docentes de todos los niveles.

El kirchnerismo y la UCR habían logrado, después de las 14:20, juntar el quórum para la sesión que pidió Rodrigo De Loredo, criticado por oficialistas y aliados ante su negativa a retirar la convocatoria. Contra las presiones del PRO y LLA, las bancadas de la UCR, UP, el pichettismo y la Coalición Cívica reunieron 137 legisladores.

 

En ese instante, los libertarios y los macristas bajaron al recinto y se sentaron a sus bancas. El gobierno había apostado a complicar el quórum hasta con una reunión a la que había citado el secretario de Educación, Carlos Torrendel, a la misma hora de la sesión pero antes que se conociera el trámite parlamentario impulsado por el cordobés, según dijeron a LPO en uno de los despachos convidados con el encuentro.

 

«Torrendel está caliente con el gobierno y manda a decir que quiere restituir el FONID», comentaron en los pasillos del Congreso. Lo cierto es que ninguno de los legisladores invitados asistió a la reunión con el funcionario que depende de Sandra Pettovello.

 

Como sea, Finocchiaro asumió la tarea de negociar con la oposición los términos y la fecha para emplazar los dictámenes, tratando de darle cauce a la ampliación de los gastos operativos para todas las universidades pero demorar o impedir la discusión sobre el FONID. Ante la posibilidad de que el peronismo y la UCR arrinconaran a la Casa Rosada con una demanda que le costaría alrededor de 1 billón de pesos, el titular de la comisión de Educación se movía entre las bancas para dialogar con sus pares del radicalismo, el pichettismo y la Coalición Cívica.

 

«Estamos tratando de ponernos de acuerdo», admitió un legislador que participaba de esas conversaciones al cierre de esta nota.

 

Entre la furia contra De Loredo, por no bajar la sesión, y la idea de mitigar el riesgo de que el kirchnerismo se imponga con el FONID, el PRO se jugaba la última chance de evitar que se comprometa el resultado fiscal del gobierno.

Con el avance del debate, se notó que Martín Menem perdía el control de la sesión. Ni siquiera Miguel Pichetto, que intervino para hacer docencia y ordenar el debate, logró que el riojano pudiera retomar las riendas del trabajo parlamentario.

De hecho, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, mocionó cerca de las 17 que se votara el emplazamiento de las comisiones que conducen Finocchiaro y José Luis Espert pero, en lugar de proceder a la votación, Menem le dio la palabra al titular de la bancada de la UCR, algo que desató la bronca del kirchnerismo y redundó en un debate sobre el reglamento que nunca se saldó.

De Loredo refrendó el pedido mocionado por Martínez y, además de llamar la atención sobre «las prioridades» que elige el gobierno y advertir que no se puede recortar sobre la educación, pidió que se vote el emplazamiento para tratar ambos temas. Menem, que parecía tener acordados los pasos con el PRO, le dio la palabra al ex ministro de Educación de Mauricio Macri y el recinto se convirtió en un griterío.

Finocchiaro acusó a De Loredo de no respetar la palabra, mientras que el radical dijo que su rival no era «honorable». Un grupo de legisladores peronistas llegaron a corear el apellido de De Loredo, en medio del desorden, pero había empezado a quedar claro que el oficialismo se quedaba sin fuerzas para resistir al planteo opositor.

Antes de la votación, Cristian Ritondo fingió incomprensión para preguntar si se iban a votar las mociones para tratar la ampliación del presupuesto universitario y la recuperación del FONID de forma conjunta, derivando en la confluencia del radicalismo y el kirchnerismo. Cuando se le respondió por la afirmativa, contestó: «Ok, solo para que quedara claro».

El saldo de la votación implica que este jueves a las 14 la Cámara discutirá sobre 9 expedientes referidos a los fondos para las 60 universidades del país, mientras que el martes 28, a partir de las 15, abordará la suerte del FONID.

Politica

«se violaron normas constitucionales y de protección a los derechos humanos»

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El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco mostró su preocupación ante las reiteradas desinformaciones que surgieron desde altos funcionarios del gobierno provincial en relación a la normativa vigente aplicable en manifestaciones y reitera al gobierno de la provincia la necesidad de cumplir con el protocolo que garantiza el derecho a la protesta.

En sendas publicaciones distribuidas en redes sociales, tanto el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, como el jefe de Policía de la provincia, Fernando Romero, reivindicaron el desproporcionado operativo policial desplegado el miércoles por la tarde noche en el microcentro de Resistencia, en repudio de la Ley Bases. Mediante un video editado y musicalizado de manera efectista, ambos funcionarios hablaron de la correcta aplicación del “protocolo antipiquetes”. Zdero fue más allá y habló de la existencia de una «ley antipiquetes» que se encuentra «activa en el Chaco».

En este sentido, el Comité para la Prevención de la Tortura recuerda que no existe una «ley antipiquetes». La guía represiva a la que hace referencia tanto el gobernador como Romero, más conocida como “Procotolo Bullrich”, es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que ni siquiera es aplicable a las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco y que sólo alcanza a intervenciones de las fuerzas federales.

La normativa que sí es aplicable a las fuerzas del Chaco es la Ley 2399-J, la cual regula la intervención policial en manifestaciones públicas. En la misma, se determina que son “objetivos fundamentales de los cuerpos policiales y fuerza de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas, el respeto y la protección de los derechos de los participantes. En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”. Además, se establece con claridad que el uso de la fuerza debe ser la última instancia y solo si hay peligro para la vida de las personas.

En la manifestación realizada el miércoles, en los alrededores de la Plaza central de Resistencia, la Policía incumplió el protocolo vigente obstaculizando el derecho a la protesta y la circulación de los manifestantes. No había ambulancia o sistema de emergencia cerca del lugar de los hechos, ni tampoco interlocutor para el diálogo. Se utilizaron gases lacrimógenos sobre personas desarmadas, que se manifestaban de manera pacífica, haciendo un abuso de la fuerza. Los uniformados, además, estaban armados.

A la desinformación del video oficial que se hizo viral, se le sumó una suerte de gacetilla de prensa que envió el propio jefe de Policía a los medios locales. En la misma, el máximo responsable de la Policía del Chaco se dedicó a tergiversar los alcances de un fallo trascendental del Superior Tribunal de Justicia del Chaco en el cual se instaba al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley 2399- J y garantizar así el derecho a la protesta social, tras la acción de hábeas corpus colectivo presentado por el Comité para la Prevención de la Tortura luego de que la Policía del Chaco impidiera una movilización pacífica el 7 de mayo.

En su libre interpretación, Romero aseguró que el STJ declaró abstracto dicho habeas corpus “atento a no haberse acreditado restricción alguna a las libertades individuales por parte de la Policía del Chaco, como así tampoco violación a las normas constitucionales y de protección a los derechos humanos”.

Sin embargo, la sentencia no dice eso. Los jueces Víctor Del Río, Emilia Valle, Alberto Modi, Iride Grillo y Néstor Varela declararon abstracto el planteo porque la manifestación fue efectivamente interrumpida por la policía, y no por un supuesto correcto accionar policial.

Más allá de eso, el STJ sostuvo que “aunque no exista amenaza actual e inminente de que en el futuro se violente la libertad ambulatoria e integridad física de las personas con motivo del ejercicio de sus derechos constitucionales, consideramos corresponde hacer saber a las autoridades requeridas que deberán dar cumplimiento a la ley 2399 – J de criterios mínimos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, debiéndose garantizar la adopción de las medidas necesarias y conducentes para evitar actos de violencia y preservar la seguridad de las personas y el orden público, las que, en virtud del principio de razonabilidad tendrán que ser proporcionales, de acuerdo a las circunstancias fácticas y los fines perseguidos”.

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