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Politica

Sospechan de una maniobra de Valdés para beneficiar a un empresario amigo con las vacunas del dengue

Es «Juanci» Castro, que controla el negocio farmacéutico en Corrientes y varias provincias del norte. Denuncian que la obra social correntina le «salvó» un lote de vacunas que se estaba por vencer.

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El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quedó envuelto en una polémica por una supuesta maniobra de la obra social de la provincia para beneficiar a un poderoso empresario farmacéutico con las vacunas del dengue.

El empresario en cuestión es Juan Alejandro «Juanci» Castro, dueño de la cadena de farmacias Farmar, una de las más grandes del país. «Juanci» controla el negocio farmacéutico en la provincia, pero también en el NEA y gran parte del NOA. Farmar tiene más de 130 sucursales y además es dueña de la droguería Jufec.

Esta presencia convirtió a Castro en referencia del sector empresario correntino y le generó fuertes lazos con la política y la justicia local. El ex gobernador Ricardo Colombi y su sucesor Valdés son dos contactos cercanos de Castro, como también el ex juez Carlos Soto Dávila. Justamente Soto Dávila fue señalado en su momento por frenar investigaciones contra Castro por estafas reiteradas al PAMI con la venta de medicamentos y maniobras impositivas.

El dueño de Farmar, Juan Castro.  Foto: Gentileza Diario El Litoral

 

Fuentes de la oposición correntina denuncian que Valdés acaba de salvar a «Juanci» Castro de un mal negocio con las vacunas del dengue. Según las fuentes, en el pico de la epidemia Farmar compró un lote importante de vacunas, pero la demanda estuvo lejos de lo esperado.

La versión indica que la empresa de Castro no estaba vendiendo ni cerca la cantidad de vacunas esperada y se le estaba acercando el vencimiento del lote. Con el riesgo de una pérdida económica grande apareció la mano salvadora del gobierno correntino.

El Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCor), que depende del gobierno de Valdés, anunció entonces que le cubriría sus afiliados el 50% del valor de la vacuna (que cuesta unos 70 mil pesos). El beneficio está únicamente en las farmacias de la Red Farmar, la firma de «Juanci» Castro.

En Corrientes dicen que Castro controla políticamente el IOSCor y ejerce como intermediario de todos los negocios del organismo, incluidos los que involucran a sus rivales farmacéuticos

En Corrientes dicen que Castro controla políticamente el IOSCor y ejerce como intermediario de todos los negocios del organismo, incluidos los que involucran a sus rivales farmacéuticos. Además, aseguran que la obra social tiene un convenio de prioridad para que todos los afiliados tengan que comprar únicamente en Farmar. El resto de las farmacias solo pueden acceder a «cupos» de venta.

Las fuentes aseguran que Jufec también tiene el beneficio de ser el único proveedor del IOSCor de medicamentos oncológicos, de tratamientos especiales y de enfermedades crónicas, los cuales representan un mega negocio para Castro. Todo bajo el mecanismo de contratación directa, sin competencia.

Castro también estuvo en la mira por haber recibido millonarios préstamos del gobierno correntino para stockearse de medicamentos que después vendía al IOSCor.

Otro caso resonante que involucró al empresario fue la compra supuestamente fraudulenta de un valioso terreno en el centro de Corrientes a una ONG que lo había recibido como donación del Estado provincial y que no podía disponerlo para otro fin. Castro fue denunciado penalmente, pero la causa terminó archivada.

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Opinión

Zdero y los Romero: la procacidad de la derecha iletrada

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Este viernes el gobernador Leandro Zdero decidió tomar posición a favor de la represión policial que tuvo lugar durante la manifestación del 12 de junio en contra de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El problema es que invocó una ley que no existe e ignoró la que está vigente. Como si fuera poco, el jefe de Policía entendió al revés una orden del STJ y decidió que lo estaban invitando a reprimir. Finalmente, un diputado radical presentó un proyecto para respaldar la represión, con un tono tan soez que convierte la confusión en grotesco.

En sus redes sociales, Zdero escribió: “Ley antipiquetes activa en Chaco. Una medida que garantiza el respeto por el derecho de todos los Chaqueños a circular libremente”, junto a un video promocional de la actuación policial durante la jornada en la que se arrojaron gases, se repartieron cachiporrazos y no se cumplió con el protocolo vigente.

La respuesta del periodista Bruno Martínez lo puso en evidencia: “No mienta, gobernador. La Ley Antipiquetes NO EXISTE EN EL CHACO. Lo que sí existe es la ley provincial que estableció un protocolo para la intervención policial en manifestaciones públicas que es la Nº 2399-J, ley que no se cumplió en la represión del miércoles”.

La norma que menciona Martínez es la de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales – fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, cuyo objetivo fundamental es “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.

El Artículo 1º advierte: “En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”.

La ley ordena asimismo generar vías de diálogo con los participantes para evitar situaciones de violencia, y la negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Se trata de identificar las demandas para su debida canalización.

También se prohíbe taxativamente la portación de armas de fuego, y se aclara que “los agresivos químicos o antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Como lo demuestran los videos de la marcha y las secuelas de los participantes, la Policía entró a los golpes y tirando gases.

LA POSTURA DE LA JUSTICIA

En una movilización que se llevó a cabo el 7 de mayo pasado, luego de otra intervención policial violenta, el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus ante el Superior Tribunal, cuya respuesta fue contundente, como lo señaló el propio Comité: “La Sentencia 167/24 insta a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad del Chaco a cumplir con la ley 2399-J”. Es decir, a no reprimir.

Lo insólito es que el jefe de Policía, Fernando Romero, interpretó la orden del Alto Cuerpo exactamente al revés, y concluyó que al haber “declarado abstracto” el hábeas corpus, los Supremos estaban convalidando la represión. Por eso actuó violentamente desde el primer momento en la marcha de este miércoles.

Entre los manifestantes había representantes de distintos sectores, entre ellos del ámbito académico que también fueron víctimas de los excesos policiales. Al respecto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE manifestó “un profundo repudio contra la violencia ejercida sobre la Mg. Arq. Sandra Fogar, profesora de esta casa de estudios, por parte de las fuerzas policiales que reprimieron la manifestación ciudadana contra la aprobación de la ley bases, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de resistencia, realizada el miércoles 12 de junio de 2024”.

Más tarde ampliaron: “Actos como estos nos remontan a las épocas más oscuras de la historia de nuestro país y no se corresponden con el estado de derecho que demanda la convivencia democrática de la sociedad. Velamos para que se recapacite y vele por la salvaguarda del sistema democrático y la convivencia pacífica de la ciudadanía chaqueña”.

En ese sentido, el profesor en Filosofía Dionisio Saavedra abundó: “El profesor de la Facultad de Arquitectura Leandro Zdero, actual Gobernador del Chaco, mandó a reprimir a su colega, la arquitecta Sandra Fogar. La Facultad de Arquitectura repudió el hecho”, e ironizó: “El decano de la alta casa de estudios y titular de la cátedra donde Zdero desarrolla su labor docente, le hizo escribir mil veces en el pizarrón: ‘No debo recurrir a la violencia, debo desarrollar un programa de gobierno’”.

TUITEROS EN EL RECINTO

Para convertir el trágico cachivache político en un desaguisado institucional y consagrar la obscenidad, el diputado radical Francisco Romero Castelán sumó su repudio a la participación de algunos legisladores en la marcha.

Como si estuviera en una reunión de ‘chisperos’ un sábado a la noche, escribió en el Artículo 1º de su Proyecto de Resolución: “Expresar PREOCUPACION por el accionar de los Diputados Provinciales que invocando su investidura legislativa, ostentando pañuelo verde y título de diputade ejercieron violencia institucional contra la Policía del Chaco…”.

La utilización del agravio en el texto de una norma de la Cámara de Diputados del Chaco es toda una novedad en la rica tradición parlamentaria de la provincia, y además de exponer la falta de preparación técnica y sentido de la prudencia del legislador, lo deja al borde de una demanda por injurias. Sus fueros no lo inmunizan de la estupidez.

El propio Reglamento Interno de ese Poder establece que “Los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo”. Claramente hacer referencia a sus pares “ostentando pañuelo verde y título de diputade” está lejos de ser “rigurosamente preceptivo”.

El Manual de Técnica Legislativa, por otra parte, recomienda: “Deben evitarse enunciados carentes de significado normativo tales como: recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones, auspicios y similares”. Huelga decir que el proyecto de Romero Castelán, más que función normativa, tiene función tuitera. Tuitera bien de derecha.

 

Cristian Muriel

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