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Politica

Vignolo expresó su apoyo al intendente Osnaghi

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El titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo expresó este miércoles su apoyo al intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnagui, quien en la víspera fuera suspendido por el Concejo Deliberante en medio de un “conflicto de poderes” interpuesto por el jefe comunal ante la Justicia. El funcionario nacional y uno de los principales dirigentes de Encuentro por Corrientes (ECO) pidió que los ediles de esa fuerza “estén a la altura de las circunstancias” y convocó a “defender el proyecto de cambio en Paso de la Patria”.

“Son viejas prácticas que llevaron al fracaso a la villa turística en oportunidades anteriores”, advirtió Vignolo sobre el desencuentro político que llevó este martes al Concejo Deliberante de Paso de la Patria a suspender al intendente, tras disputas internas de gestión. Dio cuenta así su desacuerdo con la medida tomada en la ocasión.

Y consideró que “este conflicto debería resolverse mediante el diálogo y actitudes de grandeza que antepongan los intereses de los vecinos de Paso de la Patria por sobre los particulares de cada sector político”.

Asimismo, Vignolo dejó en claro su apoyo al jefe comunal al afirmar que “Osnaghi es ante todo una persona honesta y responsable que le hizo muy bien a Paso de la Patria en este poco tiempo de gestión”, sentenciando que “es inconcebible que se genere está situación” e insistió: “Los dirigentes provinciales de nuestro espacio no deben mirar para otro lado y deben involucrarse para resolver ésta situación”.

NOTA RELACIONADA

El intendente Osnaghi suspendido por ediles de Paso de la Patria

La decisión de suspender al intendente Guillermo Osnaghi agrava el conflicto de poderes en Paso de la Patria. Los concejales de la villa turística decidieron, por cinco votos a favor y una abstención, abrir el proceso de juicio político en contra del jefe comunal electo por Encuentro por Corrientes más Cambiemos. No contó ni siquiera con el apoyo de los concejales que lo acompañaron en la boleta de las elecciones del 8 de octubre del año pasado.

El concejal Carlos Romero confirmó anoche a periodistas de época, la decisión del cuerpo y señaló que “Osnaghi se ausentó de la audiencia de conciliación”, lo que hizo fracasar la mediación propiciada por el Superior Tribunal de Justicia.

Hubo una primera reunión el viernes pasado y se intentó retomar ayer, lo que finalmente no ocurrió, y precipitó la decisión del cuerpo.

Osnaghi era investigado por la compra de una camioneta y la decisión de habilitar un depósito de combustibles aledaño a una escuela en un inmueble alquilado.

Por la tarde, desde el Departamento de Prensa de la comuna, informaron que “No hubo acuerdo”.
Agregaron que el Intendente emitió una resolución, atendiendo a las necesidades operativas planteadas por el Concejo, por medio de la cual dispuso “otorgar una suma mensual hasta fin de año e invitó a los concejales a conformar una comisión conjunta para analizar y acordar el presupuesto del cuerpo deliberante 2019”, a la vez aclararon que “los términos de la mediación no pueden darse a conocer por estar bajo confidencialidad”.

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Rumbo a las elecciones: Valdés bajó línea a los dirigentes y habló de nuevas estrategias

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El gobernador se reunió en la mañana de hoy viernes con las principales figuras de su partido político. Allí hablaron sobre las estrategias que desarrollarán dentro de Encuentro Por Corrientes + Cambiemos en el año.

El gobernador Gustavo Valdés convocó a legisladores y presidentes de diferentes distritos de la Unión Cívica Radical. La intención del encuentro es definir la estrategia electoral a trabajar en los diferentes turnos electorales de este año. El Gobierno provincial tiene lista la agenda de campaña.

El sábado los radicales de nueve departamentos se reunirán en Caá Catí para delinear estrategias de campaña. El mitín estará encabezado por el propio Gustavo Valdés y el presidente de la UCR, Ricardo Colombi.

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El presidente Macri aceptó la renuncia de Soto Dávila

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Mediante el decreto 141/2019 el presidente de la Nación aceptó la renuncia del ex magistrado federal Carlos Vicente Soto Dávila y estaria en condiciones de ser detenido al perder sus fueros. El documento fue publicado este viernes a primera hora.

Carlos Soto Dávila ahora ex el juez federal de Corrientes está acusado de beneficiar a narcos a cambio de coimas. Presentó el pasado viernes su renuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación, alegando “razones personales”.

 

“Si el Gobierno nacional le acepta la renuncia, inmediatamente debería quedar detenido porque pesa sobre él un pedido de prisión preventiva”, confirmó el miércoles en diálogo con La Dos el diputado Pablo Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación. “En los últimos tiempos ha sido que habitual que jueces investigados por el Consejo decidan renunciar”, aseveró.

 

El ex magistrado había sido procesado en diciembre del año pasado por su par porteño Sergio Torres, luego de determinar su rol en una organización criminal de la que también eran parte dos secretarios de su juzgado, cinco abogados y la ex intendente de Itatí, Natividad Terán.

 

Como el procesamiento fue dictado con prisión preventiva pero el juez gozaba de inmunidad de arresto, el caso fue derivado al Consejo de la Magistratura de la Nación, donde el 26 de febrero próximo está prevista una audiencia de interpelación a cargo de la Comisión de Disciplina.

Torres ordenó además la indagatoria de Soto Dávila y su desafuero, así como la captura de sus dos secretarios, Pablo Molina y Federico Grau; y de cinco abogados vinculados a la causa Sapucay.

 

El magistrado correntino comentó en diciembre ante la prensa que es “una persona íntegra y perfectamente consciente de mi absoluta inocencia en este sentido, así que no tengo ningún inconveniente en presentarme y lo voy a hacer”.

 

 

 

 

 

 

Renunció Soto Dávila, el juez correntino acusado de proteger narcos

 

 

 

Soto Dávila está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. El Gobierno impulsaba su juicio político en el Consejo de la Magistratura.

 

Carlos Vicente Soto Dávila, el juez correntino procesado por proteger narcotraficantes, presentó su renuncia el viernes ante el Ministerio de Justicia de la Nación. El magistrado está acusado de asociación ilícita y cohecho pasivo al encubrir a narcos que traían grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias.

 

Soto Dávila era conocido por los narcos como el “juez piola”, ya que por grandes sumas de dinero los liberaba y facilitaba los movimientos de las organizaciones delictivas. En diciembre del año pasado, el juez federal Sergio Torres lo procesó con prisión preventiva, aunque recién podría quedar detenido cuando el propio Mauricio Macri acepte su renuncia: hasta ese momento contará con fueros. Además, se fijó un embargo en su contra de 20 millones de pesos.

La investigación contra Soto Dávila -que estaba citado para el 26 de febrero a dar explicaciones ante el Consejo de la Magistratura- es una de las tantas causas por la cual la Justicia Federal de Capital Federal ya tiene a más de 130 personas investigadas, entre ellas, el entonces intendente de Itatí, Natividad Terán; su entonces vice, Fabio Aquino; gendarmes, policías federales y provinciales.
La organización narco que Soto Dávila protegía ingresaba marihuana desde Paraguay por balsas en el río Paraná y, una vez en Corrientes, era distribuida hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Soto Dávila quedó en el centro de la escena luego de que uno de los arrepentidos en la causa de los narcotraficantes confesó que le pagaban miles de pesos para tener protección y poder operar sin problemas. La Justicia investiga por lo menos una decena de casos de sobornos.
El juez correntino, además, les entregaba la libertad de manera llamativa a los narcos que eran capturados.

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Ordenan detener a Luis D’Elia

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El dirigente piquetero kirchnerista, Luis D’Elia deberá volver a prisión en el marco de la causa por la toma de una comisaría en 2004.

El cambio se debe a que la Cámara rechazó un planteo de la defensa del líder piquetero y dejó vigente el fallo que lo condenó a tres años y nueve meses de prisión.

El 11 de noviembre pasado, la Cámara había confirmó que D’Elía debe ir preso por la toma de la comisaría 24, de La Boca, un hecho sucedido en 2004, pero le redujo tres meses la pena.

A pesar de este fallo, D’Elía no fue a la cárcel en ese momento ya que estaba pendiente una revisión de la Corte Suprema, que falló en contra del dirigente.

Los autores del fallo de la Casación habían sido Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi.

El 6 de noviembre de 2017, D’Elía había sido condenado a cuatro años de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad agravado, lesiones leves, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación.

La decisión de primera instancia la había tomado el Tribunal Oral Federal 6, formado por Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero.

El año pasado, la Sala 3 de la Cámara de Casación confirmó la condena, pero le redujo la pena a D’Elía a tres años y nueve meses. El único delito que los camaristas consideraron que podía adjudicársele es el de instigación a cometer delitos. El resto -dijeron- ya prescribió.

La toma
El hecho que se le atribuye en esta investigación consiste en haber promovido la toma de la comisaría 24, de La Boca, para reclamar la detención del asesino del dirigente Martín “Oso” Cisneros. Los hechos sucedieron el 26 de junio de 2004, cuando D’Elía era diputado provincial bonaerense.

De acuerdo con la investigación, el líder piquetero “instigó públicamente” a unas 40 personas a que tomaran la comisaría y “a romper y prender fuego los bienes que a ella pertenecían, incluidos los vehículos policiales y la seccional policial”.

Catucci, que firmó el primer voto del fallo de ayer, afirmó que “las apreciables demoras” de la causa “se debieron al desvío de la investigación, que en vez de enfocarse, como debía, en determinar los coautores de los intolerables atropellos contra una institución pública, se orientó hacia la posible responsabilidad penal de los funcionarios de la Policía Federal y del Poder Ejecutivo”. Según Catucci, se pretendió avanzar contra Norberto Quantin y José María Campagnoli, por entonces secretario y subsecretario de Seguridad Interior, y contra el titular de la comisaría, Cayetano Greco. “Esos despropósitos fueron los que perjudicaron el debido proceso”, escribió Catucci. Ahora, solo la Corte podría evitarle la cárcel a D’Elía.

En la madrugada del 26 de junio de 2004, el entonces diputado provincial bonaerense Luis D’Elía impulsó a unos 40 militantes a que tomaran la comisaría de La Boca, según la Justicia. Reclamaban que fuera arrestado el asesino del dirigente barrial Martín Cisneros. Dentro de la dependencia policial hubo destrozos y quema de muebles. Se impidieron la entrada y la salida de gente, y hubo policías que debieron escapar por los techos de las casas linderas.

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