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Un padre angustiado se suicidó tras separarse de su familia en la frontera de Estados Unidos

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Un padre hondureño separado de su esposa y su hijo sufrió una fuerte depresión en una cárcel de Texas. No pudo superar esta situación y se suicidó en una celda acolchada, según dieron a conocer agentes de la Patrulla Fronteriza y un informe del incidente presentado por los agentes del alguacil.

La muerte de Marco Antonio Muñoz, de 39 años, no ha sido divulgada públicamente por el Departamento de Seguridad Nacional, y no apareció en ningún canal de noticias local. Pero según una copia del informe del departamento del Sheriff obtenida por The Washington Post, Muñoz fue encontrado el 13 de mayo en la superficie de su celda, en medio de un charco de sangre y con una prenda de vestir enrollada alrededor de su cuello.

La fotografía de Marco Antonio Muñoz en la ficha policial (Starr County Sheriff’s Office)

La fotografía de Marco Antonio Muñoz en la ficha policial (Starr County Sheriff’s Office)
Los agentes del departamento de policía del condado de Starr investigaron el incidente como “un suicidio bajo custodia”.

La muerte de Muñoz ocurrió poco después de que el gobierno de Trump comenzara a implementar su campaña de “tolerancia cero” contra la migración ilegal, unas medidas que incluyen separar a los padres de sus hijos y la amenaza de someterse a un juicio criminal por ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Migrantes caminan en un camino de tierra cerca de la frontera estadounidense en McAllen (Texas) (Loren Elliott/Reuters)

Migrantes caminan en un camino de tierra cerca de la frontera estadounidense en McAllen (Texas) (Loren Elliott/Reuters)
Gran parte de la controversia generada por esta medida se ha centrado en el impacto potencialmente traumático para los niños migrantes. Pero el gobierno, hasta el momento, poco ha dicho sobre cómo maneja a los padres que se vuelven mentalmente inestables o violentos después de que las autoridades los separen a sus familias.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección de las Fronteras de Estados Unidos en Washington, que supervisa la vigilancia fronteriza, no dieron declaraciones sobre la muerte de Muñoz ni sobre el paradero de su esposa y su hijo. Las autoridades del condado de Starr se negaron a proporcionar una copia del informe de la autopsia de Muñoz. Tampoco respondieron a varios mensajes telefónicos solicitando más información sobre la causa de la muerte.

Una funcionaria de la Embajada de Honduras en Washington, Assunta Garcia, dijo que el embajador era la única persona autorizada para dar detalles sobre la muerte de Muñoz. La mujer explicó que el diplomático estaba demasiado ocupado asistiendo a una visita del presidente Juan Orlando Hernández.

Según agentes de la Patrulla Fronteriza familiarizados con este caso, el 12 de mayo, Muñoz cruzó el Río Bravo, en el paso que queda cerca de la pequeña ciudad de Granjero (Texas), junto a su esposa y su hijo de tres años. El área es un cruce bastante popular entre las familias y adolescentes centroamericanos que se entregan para solicitar asilo en Estados Unidos.

Poco después de que Muñoz y su familia fueran detenidos, llegaron a una estación de procesamiento en la cercana ciudad de McAllen y dijeron que querían solicitar asilo. Los agentes de la Patrulla Fronteriza dijeron a la familia que serían separados. Fue entonces cuando Muñoz “se derrumbó”, según relató un agente que habló bajo condición de anonimato para discutir el incidente.

“Tuvieron que usar la fuerza física para sacar al niño de sus manos“, agregó.

Muñoz fue puesto en una celda de un centro de detención y, una vez allí, empezó a golpear el metal y a sacudirlo violentamente, de acuerdo a los testigos.

Aunque Muñoz no intentó atacar al personal de la Patrulla Fronteriza, en ese momento se le consideró como un interno pre-assault (se da cuando hay síntomas violentos y para prevenir la confrontación física) porque estaba muy nervioso. Tal y como lo describieron las autoridades, el padre de familia “tenía el aspecto de un hombre que está en un bar y que quiere pelear con alguien”.

“Tuvimos que sacarlo. Esas celdas son tan seguras como una perrera, podía haber lastimado a alguien”, comentaron.

Generalmente, los detenidos que no se pueden controlar son trasladados a cárceles locales donde pueden ser ubicados en lugares más seguros o celdas de aislamiento. Los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron una celda vacante para Muñoz, a unos 65 kilómetros de distancia, en la cárcel del condado de Starr, en Rio Grande City. Cuando intentaron colocar a Muñoz en el furgón policial, él trató de huir pero los agentes pudieron capturarlo y retenerlo.

De acuerdo con el informe del departamento del Sheriff, el hombre ingresó en prisión a las 9:40 de la noche. Como que su actitud combativa no cesaba, los funcionarios decidieron colocarlo en una celda de aislamiento acolchada.

Los guardias aseguraron que lo estuvieron controlando cada 30 minutos y que, a la mañana siguiente, se lo encontraron rezando en un rincón de la celda.

Un vigilante que pasó frente a la celda a las 9:50 de la mañana explicó que vio a Muñoz tirado en el suelo, sin responder y sin pulso. El guardia “se dio cuenta de que le estaba sangrando la nariz” y que “que tenía una prenda enrollada alrededor del cuello y atada al centro de la celda”.

Cuando llegaron los paramédicos ya encontraron a Muñoz muerto. El departamento del alguacil dijo que intentó contactar a las autoridades hondureñas que podrían reclamar el cuerpo de Muñoz, pero no recibieron respuesta del consulado. Después, la esposa y el hijo de Muñoz fueron quedaron en libertad.

Otro agente familiarizado con lo sucedido afirmó que no podía entender por qué Muñoz, al quitarse la vida, “elegiría separarse de su familia para siempre”. Los funcionarios de seguridad interna dicen que están haciendo un gran esfuerzo para explicar el proceso de separación a los padres y han puesto en marcha una línea telefónica especial para ayudar a los familiares a localizar a sus hijos. Según varios informes, se han dado situaciones donde los padres han sido deportados a Centroamérica, a miles de kilómetros, mientras que los hijos han quedado bajo custodia estadounidense.

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“El Chapo” quería debutar en el cine y dirigir la película sobre su vida

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Durante varios años, el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera acarició la idea de publicar un libro y filmar una película sobre su vida que él mismo deseaba dirigir, aseguró Álex Cifuentes, uno de sus aliados y que ahora colabora con el gobierno de Estados Unidos en el juicio que se sigue al fundador del Cártel de Sinaloa en la Corte Federal de Brooklyn.

La idea sobre una película que contara la vida del capo fue de la primera esposa de Cifuentes llamada Angie, quien le sugirió que él debía hacerla y dirigirla, pero además conservar las ganancias de la venta de entradas en taquilla, “en lugar de regalarlas a algún estudio cinematográfico”.

La idea del capo de hacer una película fue lo que llevó a su tercera captura luego que autoridades de México y Estados Unidos interceptaran sus mensajes con la actriz Kate del Castillo, con quien presuntamente haría la filmación.

En México, personas aún demandan que “El Chapo” sea juzgado en su país (Foto: EFE/ José Méndez)

En México, personas aún demandan que “El Chapo” sea juzgado en su país (Foto: EFE/ José Méndez)

Del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn se reunieron con Guzmán Loera en octubre de 2015 para platicar sobre los detalles de la filmación y posteriormente el capo grabó un video en el que platicaba parte de su vida. Cedió los derechos a la actriz mexicana.

Cifuentes aseguró que Guzmán Loera había trabajado en el proyecto cinematográfico de 2007 hasta noviembre de 2013 y contrató a un productor colombiano llamado Javier Rey para que se hiciera cargo del guión, por lo que tanto él como su familia le dieron la información.

Luego de la detención de Cifuentes, un sobrino del Guzmán Loera, llamado Jimmy, hijo de su hermano Iván, recibió un borrador y otro borrador  fue enviado “a los abogados de Joaquín”, según declaraciones del testigo citadas por la agencia France Presse.

Al Chapo “le encantó la idea”, contó al jurado Cifuentes, que vivió y trabajó codo a codo con él en las montañas de Sinaloa entre 2007 y 2009.

“¿Qué papel tenía el acusado” en la película?, le preguntó la fiscal Gina Parlovecchio. “El director”, respondió Cifuentes.

El operativo de seguridad para trasladar a “El Chapo” a la Corte en Nueva York (Foto: Reuters/Mike Segar)

El operativo de seguridad para trasladar a “El Chapo” a la Corte en Nueva York (Foto: Reuters/Mike Segar)

Según el gobierno mexicano, Guzmán Loera buscaba que Del Castillo actuara y lo asesorara en la película.

“El Chapo” fue arrestado por última vez en Sinaloa el 8 de enero de 2016, seis meses después de su segunda fuga de una cárcel mexicana a través de un túnel en la regadera de su celada y poco después de una reunión clandestina con Del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn, quien publicó una entrevista con la revista Rolling Stone.

El negocio en Canadá

En su cuenta de Twitter, el periodista Alan Feuer, quien cubre el juicio para el diario The New York Times, publicó que Guzmán Loera estaba en pláticas con un capo asiático para ampliar su negocio en Canadá.

Según el testigo, “El Chapo” estaba en pláticas “con un mafioso llamado Tony Suzuki.Las drogas se movían en un bote de la costa oeste de Canadá a Vancouver”.

También buscaba que su gente comprara ranchos en la frontera entre México y Canadá para mover la droga en pequeños helicópteros.

El proceso penal en contra del fundador del Cártel de Sinaloa cumple su novena semana. La Fiscalía lo acusa de haber traficado 155 toneladas de droga a Estados Unidos y de ser encontrado culpable podría recibir una pena de cadena perpetua.

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El gobierno de Maduro acusó a 11 países americanos de querer “desestabilizar” a Venezuela

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Venezuela acusó hoy a los gobiernos de 11 países de América, entre ellos al de Argentina, de estar “subordinados a los planes imperialistas estadounidenses” para implementar “una trama desestabilizadora” contra la administración del presidente Nicolás Maduro.

“Continúa la arremetida de un grupo de gobiernos satélites subordinados a los planes imperialistas estadounidenses que alimentan el obsesivo objetivo de poner en marcha una trama desestabilizadora contra la legítima institucionalidad democrática venezolana”, dice un comunicado de la cancillería del país caribeño.

La nota, publicada por el canciller Jorge Arreaza en su cuenta en Twitter, imputa a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú de estar “pretendiendo arrogarse ilegalmente la potestad de determinar la legitimidad de las instituciones venezolanas”.

Esos gobiernos “actúan prestando sus voces al nefasto coro que su mandante está dirigiendo para desencadenar situaciones de inestabilidad política interna que justifiquen la intervención extranjera que los factores guerreristas estadounidenses han venido anunciando sin ningún rubor”, agrega el documento.

La administración chavista advirtió que continuará “analizando detalladamente las actitudes hostiles de estos gobiernos y sabrá tomar decisiones que garanticen la protección del Estado y sus instituciones, en defensa de la república y la soberanía nacional”, reprodujo la agencia de noticias EFE.

Los 11 países acusados por Venezuela, junto a Guyana, México y Santa Lucía, forman parte del Grupo de Lima, creado en 2017 para seguir de cerca la crisis venezolana y procurar una solución.

Hace 10 días, 13 de los 14 miembros del Grupo de Lima emitieron una declaración en la que ratificaron que no reconocen la “legitimidad” del mandato que Maduro inició el jueves pasado y anunciaron que evaluarían diversas medidas para sancionar a la administración chavista.
Solo México no firmó ese documento.

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El líder del Parlamento opositor se declara presidente de Venezuela y pide la intervención militar

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Es Juan Guaidó. Dijo que asume como interino y pidió que las Fuerzas Armadas respeten la Constitución y derroquen a Maduro para restaurar la democracia. Elogios de Brasil, Argentina y la OEA. Vuelven las marchas callejeras.

El líder del Parlamento opositor Juan Guaidó anunció ayer que asume la presidencia interina de Venezuela tras considerar que así lo estable la Constitución. Y acusó a Nicolás Maduro de usurpar el poder. Por lo tanto le reclamo a las Fuerzas Armadas que cumplan con la Carta Magna y restauren la democracia en el país.

De inmediato el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro, escribió en su cuenta de Twitter: “Saludamos la asunción de Guaidó como Presidente interino de Venezuela. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela”.

La cancillería brasileña del nuevo gobierno de Jair Bolsonaro también elogió al joven dirigente y le subrayó el apoyo del país en esta instancia tan compleja. Los presidentes de Argentina Mauricio Macri y de Chile Sebastián Piñera, a su vez, lo llamaron por teléfono gesto que Guadio agradeció durante su discurso ayer en Caracas. También lo contactaron representantes del gobierno norteamericano y de Canadá.

En esa intervención, frente a una multitud en las puertas de la sede local de las Naciones Unidas, el titular del Legislativo afirmó dirigiéndose al comando militar que “hay alguien que rompió la cadena de mando y ustedes lo saben”. La gente gritaba “Maduro dictador” y Guaidó presidente”.

El régimen reaccionó de inmediato desestimando la declaración el lider opositor y calificando su acto como un “show”. Pero también hubo amenzas. “Guaidó, ya te acomodé la celda, con tu respectivo uniforme, espero que nombres rápidamente a tu gabinete para saber quiénes te van a acompañar”, afirmó la ministra de Servicios Penitenciarios, la ultrachavista Iris Varela, en su cuenta en Twitter.

“Debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional (lo) que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer”, dijo el diputado ante la concurrencia. Guaidó adelantó que la Asamblea se apegará a la Constitución venezolana y, en este sentido, es que asumirá “las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la república”.

El ingeniero de 35 años, presentó una hoja de ruta que incluye la vuelta a las marchas callejeras con una convocatoria para el 23 de enero de una gran movilización popular para apoyar el plan de la transición.

El “23 de Enero” es una fecha emblemática para la democracia venezolana porque ese día de 1958 cayó el dictador general Marcos Pérez Jiménez. Los contemporáneos sueñan con repetir esa gesta histórica con la expulsión de Maduro a quien la disidencia denuncia como la cabeza de otra dictadura.

Durante el acto se sucedieron discursos que en todos los casos llamaron al Ejército a intervenir con el argumento de que los militares son custodios constitucionales de la democracia y el régimen la ha violado.

La consigna del movimiento fue “todas las luchas, es una sola lucha”, que significa que cada protesta que tiene lugar por agua, luz, gas y gasolina en cada rincón del país es “la lucha de todos”.

La gente del cabildo coreaba “Guaidó Presidente, el pueblo está presente”, en un canto reiterado durante la extensa hora que demoró el titular del legislativo para llegar a la sede de las Naciones Unidas . El dirigente pertenece al partido de Leopoldo López, uno de los más notorios presos políticos del gobierno.

Entre la gente que concurrió a la presentación existe la idea de que este joven legislador pueda ser el relevo efectivo de las direcciones políticas anteriores que fracasaron en su lucha contra el chavismo. Parte de esa batalla fueron las marchas masivas de 2014 y 2017 que dejaron un saldo de casi 200 muertos y más de 140 presos políticos. La mayoría de los muertos fueron jóvenes alcanzados por los grupos de tareas parapoliciales del régimen.

María Corina Machado, su movimiento Vente Venezuela y el frente parlamentario (16J) del 16 de julio de 2017, han presionado para que Guaidó asuma la presidencia de la República, tratando de aprovechar el respaldo internacional que ha recibido la disidencia.

Clarín consultó al constitucionalista Juan Manuel Rafalli sobre esta pro clamción. “No es suficiente que el cabildo lo proclame en la calle. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional no gana nada con eso porque va preso como lo ha amenazado Maduro y Diosdado Cabello. Las Fuerzas Armadas deberían intervenir, es su deber, según el artículo 233 de la Constitución”.

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