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No existió el efecto Mendoza

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Los resultados de las PASO se reforzaron y nada que haga el gobierno parece registrar en los votantes.No hubo efecto Mendoza ni movimiento alguno. Durante la última semana se especuló con que la victoria del radicalismo en la tierra del vino podría tener influencia en el resto del país. Lo cierto es que nada se movió.

El Frente de Todos ampliaría levemente la ventaja obtenida el 11 de agosto y ganaría con toda claridad en primera vuelta, pasando el 50 por ciento de los votos, cuando necesita el 45. Las dos fórmulas principales, Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto, aumentarían algo su caudal, básicamente a costa de las terceras fuerzas y en virtud de la exclusión del voto en blanco en el cómputo. Todo indica que el Macri-tour y el Sí se puede no mueven el amperímetro.

Las conclusiones surgen de la encuesta realizada por la consultora Trespuntozero que lidera Shila Vilker. En total se entrevistaron 1200 personas a través del sistema de panel online, respetando las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. El trabajo está en sintonía con los resultados de las encuestas domiciliarias que fueron las que pronosticaron la amplia victoria del FdT en agosto y Trespuntozero fue de las consultoras que también advirtió sobre la diferencia nítida a favor de la fórmula Fernández-Fernández.

Las elecciones para gobernador en Mendoza, el domingo pasado, produjeron una especie de ebullición entre los dirigentes y los medios más cercanos al oficialismo. No faltaron los que sostuvieron que había posibilidad de nacionalizar lo ocurrido, aunque la simple formulación planteaba un problema: en Mendoza sacaron de la cancha al presidente Macri, lo borraron de los carteles y la publicidad, mientras que en la campaña del 27 de octubre es el principal candidato.

La encuesta confirma que no hay margen para las sorpresas. “No se ve una modificación sustancial del escenario respecto a las Paso –señala Vilker–. El voto Paso está consolidado en lo estructural y lo que se pone en discusión a veinte días de las elecciones generales es de cuánto será la brecha que separe al primero del segundo”. Según el estudio, la brecha sube un punto: fue 16 la diferencia en agosto y es 17 ahora. Aunque lo fundamental es que la fórmula Fernández-Fernández pasa muy holgadamente la línea de los 45 puntos, la necesaria para ganar en primera vuelta.

Una de las especulaciones tenía que ver con que en octubre iría a votar más gente y eso podría cambiar en algo el resultado. “No hay razón para suponer que los electores que no participaron de las Paso en las generales tengan un comportamiento distinto que el resto de la población que sí acudió a las urnas en agosto, mucho menos cuando el oficialismo jugó las Paso a todo o nada, apostando por intensificar la participación”, diagnostica la consultora. Es decir, que si aparecen votantes que no concurrieron en agosto, el pronóstico es que votarán en las mismas proporciones que en las Paso.

Vilker sostiene que no hay presunción de que los debates cambien el escenario. “El debate puede ser un hecho político importante, pero no tiende a reordenar el voto ni sus razones. Las principales razones del voto que ordenaron el tablero en las Paso, la cuestión económica doméstica, no ha cambiado; más bien la economía de bolsillo tiende a deteriorarse día a día, y con ello, la ilusión de reversión por parte del gobierno”.

Por último, la consultora ve mensajes contradictorios en el oficialismo. Por un lado Macri dice “los escuché”, un concepto que tiene poca credibilidad, y al mismo tiempo afirman que la derrota se debió a la falta de fiscales. En paralelo se envían mensajes virulentos como los de Pichetto, Carrió, Bullrich o el del presidente contra el derecho al aborto que parecen conformarse sólo con conseguir parte de los pocos votos de Gómez Centurión o Espert. Parece casi nada teniendo en cuenta la diferencia existente.

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Coronavirus en Argentina: el Gobierno creó un fondo para dar conectividad gratuita a los barrios que queden aislados

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El Gobierno acaba de aprobar un fondo especial para llevar conectividad de internet a más de 3.000 habitantes de Villa Azul que quedaron aislados desde la semana pasada por un brote de contagio de COVID19 que obligó al Ministerio de Salud a bloquear todo el asentamiento.

Por medio de una resolución que firmó hoy el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el presidente Alberto Fernández avaló la decisión de formar un Fondo de Emergencia para disponer de unos 100 millones de pesos destinados a dar conectividad tanto en Villa Azul como en otros barrios que queden aislados por completo ante un brote exponencial de coronavirus.

El titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, confirmó hoy a Infobae que se destinarán desde el ente que preside 3 millones de pesos para darles conectividad a más de 3.000 habitantes del barrio Villa Azul. Pero el fondo global de emergencia de $100 millones que avaló el ENACOM servirá para ofrecer acceso a la red de Internet en el caso de que haya más villas miseria aisladas por el COVID-19.

“La decisión del Presidente es que haya una presencia fuerte del Estado en los sectores vulnerables en todos los aspectos y la conectividad es un servicio esencial en un barrio que quedó aislado como el de Villa Azul”, explicó Ambrosini tras firmar un convenio para instrumentar este plan con los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

(Reuters)
(Reuters)

La decisión de ENACOM en este caso fue llevar 3.000 tarjetas telefónicas prepagas para cargar en celulares para que la mayor parte de los habitantes de Villa Azul puedan estar conectados durante los próximos 15 días. En el caso de que la cuarentena estricta se mantenga en este barrio, se extenderá esta tarjeta que sirve por igual a las tres empresas prestatarias de telefonía como son Claro, Personal y Movistar. Los intendentes serán los encargados de repartir las tarjetas y llevar un registro de quienes hayan accedido al plan.

La idea es que los habitantes de Villa Azul que se encuentran aislados por completo puedan acceder desde sus celulares a una conectividad sin límites y así sortear con mayor facilidad el encierro.

La semana pasada se detectaron más de 90 casos de COVID-19 en la Villa Azul que comparten las comunas de Avellaneda y Quilmes. A partir de ese dato se decidió aislar completamente el barrio donde ayer había más de 180 casos de coronavirus confirmados. Así, se montó un fuerte operativo de rastrillaje sanitario para detectar más contagios y todo el barrio quedó cercado por más de 300 policías.

En paralelo a esto, el Ministerio de Salud de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires avanzaron con un operativo de control sanitario en la Villa Itatí que está enfrente de Azul. Y las autoridades nacionales y provinciales no descartan que haya más barrios aislados por completo. De allí la decisión del ENACOM, cuyo directorio conformado por Ambrosini, Gustavo López y Gonzalo Quilodrán decidió crear hoy también un Fondo de Emergencia para la conectividad en el caso de que haya más barrios aislados.

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Extenderán por otros 60 días las suspensiones a trabajadores sin tareas con una rebaja salarial del 25%

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El acuerdo marco entre la UIA y la CGT para suspender trabajadores sin tareas con una rebaja del 25% del salario neto será extendido por otros 60 días desde el 1° de junio. Así lo acordaron esta tarde empresarios y sindicalistas ante el vencimiento del convenio entre ambas partes, que estipulaba un plazo de vigencia de 60 días con efectos a partir del 1º de abril de 2020. Y el fundamento que explica la prórroga es el mantenimiento de la cuarentena en el AMBA, por lo que muchos sectores seguirán sin cumplir sus tareas o con dificultades para reanudar las actividades.

La extensión de la vigencia no debería ser homologada por el Gobierno, ya que, luego del acuerdo UIA-CGT, el Ministerio de Trabajo dictó la Resolución 397 para reglamentar las suspensiones pagas, pero en esa norma no figuraba ningún plazo determinado de vencimiento.

El acuerdo marco permite que quienes no tengan tareas como producto de la cuarentena podrán ser suspendidos y cobrarán una suma que no podrá ser menor del 75% del salario.

Una vez que la UIA y la CGT lo firmaron, hubo una ola de sindicatos que rubricaron convenios de estas características, como los mercantiles, los metalúrgicos y los gastronómicos, entre otros. Se calcula que en abril y mayo hubo 1.200.000 trabajadores que no tenían tareas y que fueron suspendidos, con el pago del 75% del salario neto, y que ahora podrán extender ese mismo acuerdo.

La UIA y la CGT, en la primera reunión del comité de crisis que integran con el Gobierno
La UIA y la CGT, en la primera reunión del comité de crisis que integran con el Gobierno

Según el texto que habían firmado la UIA y la CGT, quedan excluidos de sus alcances “los trabajadores que hayan establecido con su empleador las condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de aislamiento” y también los pertenecientes a los grupos de riesgo, es decir, los mayores de 60 años, embarazadas o con patologías preexistentes.

En el acuerdo se estableció que “el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrán ser inferiores al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. Sobre este monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical”.

También preveía que “quienes apliquen este marco normativo deberán mantener su dotación de trabajadores sin alteraciones durante un plazo igual a la vigencia de esta norma”.

El pacto UIA-CGT fue firmado el 27 de abril y dos días después el Ministerio de Trabajo dictó la Resolución 397 que reglamentó los términos de lo que habían rubricado empresarios y sindicalistas para agilizar los acuerdos a los que se llegara desde ese momento.

Las bases del acuerdo UIA-CGT se conversaron en una videollamada de la que participaron los ministros Claudio Moroni y Matías Kulfas
Las bases del acuerdo UIA-CGT se conversaron en una videollamada de la que participaron los ministros Claudio Moroni y Matías Kulfas

La norma firmada por el ministro Claudio Moroni estableció que “las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las empresas, para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (de Contrato de Trabajo) y sus modificatorias serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación”, y agrega que “igual criterio se seguirá en aquellos casos en que el acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores”.

Cuando las presentaciones sean realizadas por el sector empleador, la resolución les otorga a los sindicatos con personería la facultad de revisar durante tres días las presentaciones de las empresas efectuadas ante el Ministerio de Trabajo, con el listado del personal afectado a las suspensiones, y el plazo puede ser prorrogado por dos días más a pedido de la representación gremial.

Vencido ese plazo de tres, o eventualmente de cinco días, el silencio de la entidad sindical permitirá que el expediente sea dado por conforme, pero si hay oposición de la parte gremial se abrirá “una instancia de diálogo y negociación” con la representación empleadora.

La conducción de la CGT negoció la extensión de la vigencia del acuerdo por suspensiones
La conducción de la CGT negoció la extensión de la vigencia del acuerdo por suspensiones

En la resolución también se aclara que las presentaciones que efectúen las partes para la aplicación de suspensiones que “no se ajusten íntegramente” a los términos del acuerdo entre la UIA y la CGT serán sometidos al “control previo” del Ministerio de Trabajo que, en cada supuesto, “indicará las consideraciones que correspondan en orden al trámite requerido”.

Por último, la norma de la cartera laboral estipula que “las partes deberán consignar en su presentación inicial una declaración jurada acerca de la autenticidad de las firmas”.

El acuerdo UIA-CGT fue criticado por Hugo Moyano y las dos CTA, entre otros sectores, pero defendido por la propia central obrera: Héctor Daer, uno de sus cotitulares, dijo que “genera certidumbre a toda esta nebulosa de gente que viene de hace 45 días sin trabajar y que va a seguir así” y destacó que “les pone un piso a todas las negociaciones”.

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Unos 300 intelectuales, científicos y periodistas aseguran que la Argentina vive “una infectadura”

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La farmacéutica y biotecnóloga Sandra Pitta Alvarez, investigadora del CONICET desde el 2002, es la primera de 300 firmas que respaldan un duro documento contra el Gobierno que sostiene que la Argentina vive “una infectadura”.

Detrás de ella, otros 30 científicos del CONICET avalan la postura de que “en nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la ‘seguridad nacional’, el gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorios y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”.

Se trata de Gabriela Niemirowicz, Mario Reta, Sebastián Linares Lejarraga, Darien Prado, Jorge Oyhenart, Alvaro Martel, Mercedes Alemán, Carlos Alfredo Scarabino, por nombrar algunos de los investigadores de la Universidad de La Plata, de La Pampa, de San Juan, de Rosario, la Nacional Tecnológica que expresaron su acuerdo con el documento titulado “La democracia está en peligro”.

Luego se sumaron Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Luis Brandoni, Daniel Sabsay, Lilia Puig, Luis Tonelli, Fabiana Tuñez, Gabriel Palumbo, Liliana De Riz, Federico Andahazzi, Silvina Martínez, María José Demare, Daniel Sabsay, Fernando Pedrosa, Diego Bernardini, José Antonio Artusi, Maximiliano Carrillo, Marcelo Gioffre y Darío Lopérfido.

“La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”, se asegura.

Lo que el grupo denominó como una “carta-denuncia” comienza diciendo que “si bien ningún país estaba preparado (para la pandemia), la primera reacción del del Gobierno argentino fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política”. Agrega que “se desestimó el planteo de testear, rastraer y aislar casos” y “como única explicación se exhibieron logros parciales, al compararse erróneamente con otros países”.

Critica que “en dos meses, hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del Gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda”.

Y hace hincapié en “en el desdén por el mundo productivo, que no tiene antecedentes y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza”. Para asegurar que “los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados”.

También los periodistas Fanny Maldelbaum, Jorge Sigal, Néstor Sclauzero, Rosario Agostini, Eduardo Antín (Quintín), Marcelo Panozzo, Javier Navia, Luis Gasulla, Rogelio Alaniz, Pablo Ciarlero, Ricardo Benedetti, Leonardo D’Espósito, José Ignacio Sbrocco, Sandra de la Fuente, Rodolfo Pousá y Emilio Laferriere.

Y una importante cantidad de profesionales, ex funcionarios, ex embajadores, líderes de ONG’s, influencers de redes sociales. Por ejemplo: Leandro Querido, Mariano Caucino, Claudio Bargach, Alejandro Biongiovanni, Pablo Racioppi, Claudio Mascheroni, Emilio Perina, Marta Nercellas, Gustavo Pablo Magda, Alberto Torres, Eduardo Gerome, Carlos Canievsky, Carlos Nápoli y Camila Brancowitz, entre 300 firmantes.

El texto hace “una convocatoria amplia a la sociedad civil a contener los desbordes autoritarios del Gobierno y estar atentos para frenar los avances arbitrarios del poder gubernamental”.

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