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Politica

De Vido fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por la tragedia de Once

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El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por el Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñíguez, en el marco del juicio por la tragedia ferroviaria de Once.

Los jueces también fallaron por inhabilitar de por vida a De Vido para ejercer cargos públicos. El ex funcionario escuchó la sentencia por teleconferencia desde el penal de Marcos Paz, donde está detenido desde octubre de 2017.

En tanto, el segundo acusado, Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), fue absuelto.

De Vido fue condenado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y fue absuelto por el estrago culposo. Eso significa que para los jueces De Vido fue responsable por el mal uso de los recurso públicos que la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) recibió del estado y porque el estado no controló a la compañía. Pero no lo consideraron responsable por las muerte de las 52 personas y los más de 700 heridos que dejó la tragedia, ocurrida el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de once.

De Vido recibió casi la pena máxima para el delito de administración fraudulenta, que es de seis años. Los fundamentos del tribunal se conocerán el próximo 10 de diciembre a las 12 horas. Además, los magistrados dispusieron que cuando la condena quede firme se le pida a la Cámara de Diputados el desafuero de De Vido.

“Justicia para los muertos y los heridos de Once. Justicia!”, gritaron los familiares en las escalinatas de los tribunales de Comodoro Py tras el veredicto.

“Es un logro. De Vido hoy no puede decirse que es un perseguido político. Es un delincuente. Hoy Argentina es un país mejor porque hay un delincuente preso”, dijo Leonardo Menghini, abogado de los familiares de las víctimas y tío de Lucas Menghini Rey, uno de los fallecidos en once.

A las 14:35, De Vido apareció en la videconferencia desde la cárcel de Marcos Paz. Estaba sentado, solo y vestía un pulover bordó. Escuchó la condena e inmediatamente le hicieron firma la condena.

La condena puede ser apelada. La querella de los familiares ya anunciaron que lo harán para que sea condenado por el estrago culposo.

En la última audiencia del proceso, realizada esta mañana, De Vido había dicho sus últimas palabras, en las que apuntó contra la Casa Rosada. “Sé claramente dónde estoy y el motivo. Es una decisión política del presidente Macri”, afirmó el ex funcionario kirchnerista a través de una videoconferencia desde la cárcel de Marcos Paz, donde se encuentra detenido.

La condena por la tragedia de Once fue la primera contra De Vido, quien deberá afrontar otros frentes judiciales. En febrero próximo comenzará el juicio oral por las irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez. Allí será juzgado junto a la ex presidente Cristina Kirchner.

El ex funcionario, además, tiene otro proceso oral por la compra de trenes chatarra a España y Portugal que iba a comenzar la semana pasada y se postergó para fin de mes. Y tiene otras causas en las que está acusado, como la de los cuadernos de la corrupción de funcionarios del gobierno anterior y empresarios.

Por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo seguido de muerte, el fiscal Juan García Elorrio había pedido que De Vido sea condenado a nueve años de prisión y Simeonoff a cuatro, en tanto que la Oficina Anticorrupción (OA), también querellante, planteó 10 años para De Vido y tres años y tres meses para Simeonoff.

La acusación a De Vido fue porque, sabiendo por informes de organismos de control del mal estado del servicio ferroviario, a pesar de los millonarios fondos públicos que recibió la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), no hizo nada para mejorar el funcionamiento o para sancionar a la empresa. Y que eso fue parte de lo que provocó la tragedia. Por su parte, la imputación a Simeonoff es que tenía a cargo la renegociación del contrato de TBA -que estaba vencido- y no hizo nada. Las defensas pidieron las absoluciones.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra uno de los andenes de la estación y provocó la muerte de 52 personas y dejó a otras 789 heridas.

El viernes pasado quedaron detenidos 19 condenados en el primer juicio que tuvo el caso. Entre ellos el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (condenado a cinco años y medio de prisión); el dueño de TBA Claudio Cirigliano (siete años) y el maquinista Marcos Córdoba (tres años y tres meses), entre otros.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la semana pasada las apelaciones para que las condenas sean revisadas por la Corte Suprema y así se comenzaron a cumplir las condenas.

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Rumbo a las elecciones: Valdés bajó línea a los dirigentes y habló de nuevas estrategias

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El gobernador se reunió en la mañana de hoy viernes con las principales figuras de su partido político. Allí hablaron sobre las estrategias que desarrollarán dentro de Encuentro Por Corrientes + Cambiemos en el año.

El gobernador Gustavo Valdés convocó a legisladores y presidentes de diferentes distritos de la Unión Cívica Radical. La intención del encuentro es definir la estrategia electoral a trabajar en los diferentes turnos electorales de este año. El Gobierno provincial tiene lista la agenda de campaña.

El sábado los radicales de nueve departamentos se reunirán en Caá Catí para delinear estrategias de campaña. El mitín estará encabezado por el propio Gustavo Valdés y el presidente de la UCR, Ricardo Colombi.

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El presidente Macri aceptó la renuncia de Soto Dávila

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Mediante el decreto 141/2019 el presidente de la Nación aceptó la renuncia del ex magistrado federal Carlos Vicente Soto Dávila y estaria en condiciones de ser detenido al perder sus fueros. El documento fue publicado este viernes a primera hora.

Carlos Soto Dávila ahora ex el juez federal de Corrientes está acusado de beneficiar a narcos a cambio de coimas. Presentó el pasado viernes su renuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación, alegando “razones personales”.

 

“Si el Gobierno nacional le acepta la renuncia, inmediatamente debería quedar detenido porque pesa sobre él un pedido de prisión preventiva”, confirmó el miércoles en diálogo con La Dos el diputado Pablo Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación. “En los últimos tiempos ha sido que habitual que jueces investigados por el Consejo decidan renunciar”, aseveró.

 

El ex magistrado había sido procesado en diciembre del año pasado por su par porteño Sergio Torres, luego de determinar su rol en una organización criminal de la que también eran parte dos secretarios de su juzgado, cinco abogados y la ex intendente de Itatí, Natividad Terán.

 

Como el procesamiento fue dictado con prisión preventiva pero el juez gozaba de inmunidad de arresto, el caso fue derivado al Consejo de la Magistratura de la Nación, donde el 26 de febrero próximo está prevista una audiencia de interpelación a cargo de la Comisión de Disciplina.

Torres ordenó además la indagatoria de Soto Dávila y su desafuero, así como la captura de sus dos secretarios, Pablo Molina y Federico Grau; y de cinco abogados vinculados a la causa Sapucay.

 

El magistrado correntino comentó en diciembre ante la prensa que es “una persona íntegra y perfectamente consciente de mi absoluta inocencia en este sentido, así que no tengo ningún inconveniente en presentarme y lo voy a hacer”.

 

 

 

 

 

 

Renunció Soto Dávila, el juez correntino acusado de proteger narcos

 

 

 

Soto Dávila está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. El Gobierno impulsaba su juicio político en el Consejo de la Magistratura.

 

Carlos Vicente Soto Dávila, el juez correntino procesado por proteger narcotraficantes, presentó su renuncia el viernes ante el Ministerio de Justicia de la Nación. El magistrado está acusado de asociación ilícita y cohecho pasivo al encubrir a narcos que traían grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias.

 

Soto Dávila era conocido por los narcos como el “juez piola”, ya que por grandes sumas de dinero los liberaba y facilitaba los movimientos de las organizaciones delictivas. En diciembre del año pasado, el juez federal Sergio Torres lo procesó con prisión preventiva, aunque recién podría quedar detenido cuando el propio Mauricio Macri acepte su renuncia: hasta ese momento contará con fueros. Además, se fijó un embargo en su contra de 20 millones de pesos.

La investigación contra Soto Dávila -que estaba citado para el 26 de febrero a dar explicaciones ante el Consejo de la Magistratura- es una de las tantas causas por la cual la Justicia Federal de Capital Federal ya tiene a más de 130 personas investigadas, entre ellas, el entonces intendente de Itatí, Natividad Terán; su entonces vice, Fabio Aquino; gendarmes, policías federales y provinciales.
La organización narco que Soto Dávila protegía ingresaba marihuana desde Paraguay por balsas en el río Paraná y, una vez en Corrientes, era distribuida hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Soto Dávila quedó en el centro de la escena luego de que uno de los arrepentidos en la causa de los narcotraficantes confesó que le pagaban miles de pesos para tener protección y poder operar sin problemas. La Justicia investiga por lo menos una decena de casos de sobornos.
El juez correntino, además, les entregaba la libertad de manera llamativa a los narcos que eran capturados.

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Ordenan detener a Luis D’Elia

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El dirigente piquetero kirchnerista, Luis D’Elia deberá volver a prisión en el marco de la causa por la toma de una comisaría en 2004.

El cambio se debe a que la Cámara rechazó un planteo de la defensa del líder piquetero y dejó vigente el fallo que lo condenó a tres años y nueve meses de prisión.

El 11 de noviembre pasado, la Cámara había confirmó que D’Elía debe ir preso por la toma de la comisaría 24, de La Boca, un hecho sucedido en 2004, pero le redujo tres meses la pena.

A pesar de este fallo, D’Elía no fue a la cárcel en ese momento ya que estaba pendiente una revisión de la Corte Suprema, que falló en contra del dirigente.

Los autores del fallo de la Casación habían sido Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi.

El 6 de noviembre de 2017, D’Elía había sido condenado a cuatro años de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad agravado, lesiones leves, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación.

La decisión de primera instancia la había tomado el Tribunal Oral Federal 6, formado por Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero.

El año pasado, la Sala 3 de la Cámara de Casación confirmó la condena, pero le redujo la pena a D’Elía a tres años y nueve meses. El único delito que los camaristas consideraron que podía adjudicársele es el de instigación a cometer delitos. El resto -dijeron- ya prescribió.

La toma
El hecho que se le atribuye en esta investigación consiste en haber promovido la toma de la comisaría 24, de La Boca, para reclamar la detención del asesino del dirigente Martín “Oso” Cisneros. Los hechos sucedieron el 26 de junio de 2004, cuando D’Elía era diputado provincial bonaerense.

De acuerdo con la investigación, el líder piquetero “instigó públicamente” a unas 40 personas a que tomaran la comisaría y “a romper y prender fuego los bienes que a ella pertenecían, incluidos los vehículos policiales y la seccional policial”.

Catucci, que firmó el primer voto del fallo de ayer, afirmó que “las apreciables demoras” de la causa “se debieron al desvío de la investigación, que en vez de enfocarse, como debía, en determinar los coautores de los intolerables atropellos contra una institución pública, se orientó hacia la posible responsabilidad penal de los funcionarios de la Policía Federal y del Poder Ejecutivo”. Según Catucci, se pretendió avanzar contra Norberto Quantin y José María Campagnoli, por entonces secretario y subsecretario de Seguridad Interior, y contra el titular de la comisaría, Cayetano Greco. “Esos despropósitos fueron los que perjudicaron el debido proceso”, escribió Catucci. Ahora, solo la Corte podría evitarle la cárcel a D’Elía.

En la madrugada del 26 de junio de 2004, el entonces diputado provincial bonaerense Luis D’Elía impulsó a unos 40 militantes a que tomaran la comisaría de La Boca, según la Justicia. Reclamaban que fuera arrestado el asesino del dirigente barrial Martín Cisneros. Dentro de la dependencia policial hubo destrozos y quema de muebles. Se impidieron la entrada y la salida de gente, y hubo policías que debieron escapar por los techos de las casas linderas.

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