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Sociedad

Corrientes: Harán subasta online de terrenos municipales del Fideicomiso Santa Catalina

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El fideicomiso Santa Catalina resolvió hacer mediante “subasta online” el remate de inmuebles de propiedad municipal que estaba previsto realizarse el próximo 3 de abril y que fuera suspendido por la emergencia por Covid-19.

Se trata de 57 terrenos que serán subastados el 9 y 10 de junio. Los inmuebles se ubican en distintos barrios de la ciudad, principalmente en los barrios Jardín y Fray José de la Quintana, y algunos inmuebles en el barrio Serantes.

El Fideicomiso de Administración Santa Catalina tenía previsto rematar 59 inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Corrientes, en distintos puntos de la ciudad, principalmente en los barrios Jardín y Quintana.

Se trata de predios que quedaron sin adjudicarse para el programa de viviendas PROCREAR y se debían rematar los días 3 y 4 de abril en la sede de la Caja Municipal de Préstamos de la Ciudad de Corrientes.

Pero teniendo en cuenta la emergencia pública en materia sanitaria establecida por el Coronavirus, se había dispuesto la postergación por tiempo indeterminado de la subasta.

Ahora, el Fideicomiso lanzó un nuevo aviso de remate, en esta oportunidad será con el formato “Subasta Electrónica” a través del sistema disponible en el sitio de la Caja Municipal de Préstamos http://subastas.cmpcorrientes.com.ar

La subasta se iniciará el 9 de junio a las 8 y finalizará el 10 de junio a las 20.

El Pliego de Base y Condiciones y Particulares es sin costo.

Según se informó, serán 57 los terrenos a subastarse, dos menos que la nómina previa a la suspensión que era de 59 terrenos.

Los interesados que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo en la página web mencionada, podrán formular consultas al Pliego a través del sistema, hasta el día 8 de junio de 2020 a las 12.

Los Inmuebles objeto de la presente subasta serán exhibidos virtualmente por la Caja Municipal de Préstamos en su portal de remates electrónicos, ubicado dentro de su página web. Allí podrán consultarse fotografías de los Inmuebles, ubicación y/o geolocalización, medidas, superficie, datos catastrales, y todo otro dato que brinde al postor información sobre los Inmuebles.

En caso de necesidad de visita física del inmueble, las personas interesadas deberán comunicarse a los teléfonos publicados en el portal de remates electrónicos, ubicado dentro de la página web de la Caja Municipal de Préstamos, a los fines de pactar la visita pretendida. En ese caso, deberán respetarse todos los protocolos vigentes que hubiera previsto la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, respecto de la pandemia del COVID-19.

Los inmuebles se ubican en distintos barrios de la ciudad, principalmente en los barrios Jardín y Fray José de la Quintana, y algunos inmuebles en el barrio Serantes.

Los precios de base parten de los 350.000 pesos y van hasta los 600.000 pesos.

LAS SUBASTAS

Cabe recordar que, a finales del año pasado, se aprobó la Ordenanza Nº6.835, que modificó la Ordenanza N° 6.695, y autorizó la subasta de inmuebles que pertenecen a la Municipalidad de Corrientes y son administrados a través del Fideicomiso Santa Catalina.

El espíritu de la modificación fue poder comercializar inmuebles que en un principio la comuna tenía previsto destinar para viviendas del PROCREAR, pero quedaron sin adjudicar.

En el proyecto de modificación de la ordenanza para autorizar la subasta de inmuebles a través del Fideicomiso, se argumentó, además, la urgente necesidad de venta de una lista de inmuebles municipales, atento a que los mismos son susceptibles de inminente ocupación, lo que ocasiona un riesgo innecesario que estos se encuentren desocupados, por ello se requiere que sean vendidos a particulares en remate público.

Para la comuna, los inmuebles pueden afectarse a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas urbanas definidas en forma conjunta, tendientes a la recuperación social, ambiental y urbanística de los mismos, mejorar la conectividad urbana e integrar los terrenos al ejido urbano, observando criterios de sustentabilidad, compatibilidad de usos mixtos y alojamientos de actividades urbanas acordar a la localización estratégica de dichos inmuebles.

Así, recientemente el Fideicomiso de Administración, Santa Catalina, que en principio administraba fondos del desarrollo urbanístico ubicada en la zona conocida como Santa Catalina, anunció la realización de remate público con base y sujeta a aprobación de 57 inmuebles.

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Informan que a partir del primero de junio y con permiso previo pueden abrir bares y restaurantes en Corrientes

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Esta mañana se detallaron los requisitos para la apertura de los bares y restaurantes de la ciudad desde el 1 de junio.

Durante esta semana pueden tramitar los permisos obligatorios.Tanto bares, restaurantes, gimnasios y hoteles, podrán tramitar sus permisos a través de la página de la Municipalidad, mediante http://comercios.ciudaddecorrientes.gov.ar. “El que no genere el permiso, no podrá funcionar”, aclararon en la conferencia.


En cada solicitud, los distintos rubros podrán acceder al protocolo detallado por la Municipalidad de Corrientes: cómo recibir a los clientes, cuántos clientes por mesa (en caso de bares y restaurantes). Además deberán tener registro de todos los turnos que se otorga y a quien.

Todos estos trámites se podrán realizar durante esta semana para poder arrancar con el funcionamiento a partir del lunes 1 de junio. Indican además que cada comercio podrá actualizar los metros cuadrados para definir cuántas personas ingresarán a las instalaciones.

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Virasoro: Hombre discutió con su pareja, tomó de rehén a su hija y amenazó con matarla

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El hecho ocurrió en una vivienda de la localidad de Virasoro y debió intervenir el grupo de negociadores de la Policía de Corrientes y distintas fuerzas especiales. El padre de la pequeña, un hombre de 66 años, se atrincheró con la menor amenazando con lastimarla con un machete. Todo se habría dado tras una discusión con su pareja.

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De Virreyes y Emperadores

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Como es de público y notorio conocimiento el 21/05/2020 el Sr. Intendente Municipal de la ciudad de Goya, dictó la Resolución Nº: 852 en la que resolvió: “ARTÍCULO 1º: INCORPORAR como art. 6º Bis de la Resolución Nº: 777/2020, la prohibición expresa de realización de reuniones particulares, públicas o privadas, familiares, amistosas, etc. con carácter de recreativas y domiciliarias, que de una manera u otra concentren y/o aglomeren gente que no conviva o cumpla cuarentena obligatoria en el lugar de la realización, facultando a la Policía de la Provincia de Corrientes, ante la existencia de infracción al cumplimiento de la Resolución que antecede, al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, a proceder de inmediato a hacer cesar la conducta infractora, dando actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. ARTICULO 2º: EXTENDER la aplicación y obligatoriedad del Anexo I de la referida norma, respecto a las sanciones allí dispuestas y sus montos, fijándose un mínimo de $ 2.000 de multa para cada infractor. (sic)”. Un día después, el 22/05/2020, modifica este Artículo 1° con la Resolución Nº: 863, la cual cita: “ARTÍCULO 1º: AMPLIAR el Art. 1° de la Resolución Municipal  Nº: 852, el que quedará redactado de la siguiente manera: “INCORPORAR como art. 6º Bis de la Resolución Nº: 777/2020, la prohibición expresa de realización de reuniones particulares, públicas o privadas, familiares, amistosas, etc. con carácter de recreativas y domiciliarias, que de una manera u otra concentren y/o aglomeren gente que excedan un máximo de diez personas, facultando a la Policía de la Provincia de Corrientes, ante la existencia de infracción al cumplimiento de la Resolución que antecede, al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, a proceder de inmediato a hacer cesar la conducta infractora, dando actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.(sic)”

Esto llevó a preguntarme: ¿El Sr. Intendente tiene estas facultades?

Agarré la Constitución Nacional y advertí:

Artículo 1.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.


Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.


Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. 


Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, (…).

Continué con la lectura y me topé con el Artículo 75 inc. 22, el que enumera una lista de Tratados de Derechos Humanos, y prevé que estos últimos tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.

A todo esto, me pregunté ¿Y si leo un poco la Convención Americana de Derechos Humanos?
 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza; color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas ó de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.


Artículo 15. Derecho de Reunión. Este derecho se configura cuando se trata de una reunión pacifica, cuando se lleva a cabo con miras a promover un interés común, y cuando se produce sin alterar desproporcionadamente el orden público o los derechos y libertades de los demás. No hace alusión a un encuentro privado familiar, amistoso.


Artículo 16. Libertad de Asociación. Este derecho autoriza a las personas a constituir, de manera voluntaria y pacífica, agrupaciones permanentes dirigidas a la consecución de uno o varios fines específicos. Sus rasgos característicos están definidos por la existencia de una pluralidad de personas animadas por un propósito común de carácter permanente, y por la constitución de nuevo sujeto de derechos y obligaciones diferente de las personas que lo componen. Los propósitos que pueden animar a las personas a constituir una asociación son variados y comprenden fines de naturaleza ideológica, religiosa, política, económica, laboral, social, cultural, deportiva o de cualquiera otra índole.

Tampoco tiene nada que ver con las reuniones privadas.

Pero lo que me llamó la atención fueron los incisos 1) y 2) del Artículo 22 de la CADH, estos prevén: Artículo 22. Derecho de Circulación  y de Residencia. 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujección a las disposiciones legales. (…) 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.


El primer inciso del artículo 22 de la Convención establece que “[t]oda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales”. Como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos, con criterios que ha acogido plenamente la Corte IDH, este componente del derecho de circulación y residencia implica la posibilidad de trasladarse libremente de un lugar a otro y establecerse en el lugar de su elección, sin que la persona deba indicar un motivo en particular para circular o permanecer en un sitio específico. Sin embargo, este componente del derecho no es una garantía universal establecida para todas las personas, sino únicamente para aquellas que se hallen legalmente en el Estado en cuestión.

De conformidad con el inciso 3 del art. 22º, el ejercicio de este derecho “no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”.


La primera condición para que la restricción sea legítima es que ésta se establezca mediante una ley. Este requisito formal es en sí mismo de gran importancia pues ampara a los ciudadanos contra limitaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades administrativas. Debe ser la ley, expresión del principio democrático y garantía de seguridad jurídica, la que defina con claridad los casos en los cuales cabe restringir la libertad de circular por un territorio y escoger libremente el lugar de residencia. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo mediante esta reserva de ley se evita que los encargados de aplicar la restricción “actúen de manera arbitraria y discrecional realizando interpretaciones extensivas de la restricción, particularmente indeseable cuando se trata de medidas que afectan severamente bienes fundamentales, como la libertad”.

Y pensar que toda esta reflexión se originó a partir de la Resolución Nº 852/2020 (y Nº 863/2020), pero la verdad que ya estoy dudando razonablemente de la validez de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional vía Decreto de Necesidad y Urgencia.

Así que volví a la Constitución Nacional, y advertí que el Artículo 29.- dice: El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

Pero más contundente fue el art. 99 de la CN (Atribuciones del Poder Ejecutivo):” Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. (…)”

Me parece que todo esto me está revelando contra el statu quo. Mejor volvamos a las Resoluciones 852/2020 y 863/2020 del Virrey Cisneros, perdón del Sr. Intendente de Goya.

Si mal no entendí, esta resolución del Licenciado en Ciencias Políticas Ignacio Osella, me prohíbe que me reúna en forma particular, privada con mi familia y/o amigos si excedemos un límite máximo de 10 (diez) personas, facultando a la Policía de la provincia de Corrientes a proceder de inmediato a hacer cesar la conducta infractora dando conocimiento a la autoridad competente en el marco de los arts. 205, 239 y concordantes del Código Penal. De incumplir la prohibición, además me impondrá una multa conforme se prevé en el Anexo de la Resolución Nº 777/2020.

La aludida Resolución Nº 777/2020, en su Anexo I establece: De igual manera se labrará el acta de infracción correspondiente siendo el titular del Juzgado Administrativo de Faltas quien aplicará las sanciones correspondientes, las que se graduarán en leves, graves o gravísimas y que consistirán en multa que irán de los $2.000 las más leves, a los $20.000 las más graves, cuando el infractor sea un particular. Cuando el infractor resulte algunas de las instituciones donde se practiquen las actividades permitidas, las multas rondarán entre los $20.000 para las más leves y $50.000 las más graves, pudiendo incluso y según la gravedad del caso, proceder a la clausura del lugar. El uso de barbijo en todos los casos es obligatorio, siendo pasible de multa de $2.000 el incumplimiento de esta obligación.

Al parecer conforme fui viendo en las leyes supremas de la Nación Argentina, el Sr. Intendente Municipal no tiene facultades para prohibir este tipo conductas humanas en un estado democrático y republicano, máxime si se tiene en cuenta que estas son en ejercicio pleno de derechos humanos legalmente reconocidos.

Ahora bien, ¿Tiene la potestad de imponer multas? Teniendo en cuenta el estado de “pandemia” y de emergencia sanitaria y habiendo el Emperador Alberto I, perdón el Sr. Presidente de la Nación, reglamentado extensivamente en materia penal, parecería que el Municipio podría estipular o prever contravenciones por el incumplimiento a las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y de esta manera aplicar las multas. Veamos…. 

El art. 229 de la Constitución de la Provincia de Corrientes prevé que las multas y recargos por contravenciones son recursos del Municipio; y en el mismo sentido el art. 162º de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Goya dispone: Los recursos municipales estarán integrados por las rentas y los tributos que establezcan las Ordenanzas respectivas, debiendo respetar los principios constitucionales de la tributación y armonizar con los regímenes impositivos del Gobierno Provincial y del Federal. (…) Los recursos municipales provienen de las siguientes fuentes: (…) 12) Los impuestos que establezca, derechos, patentes, licencias, contribuciones por mejoras, multas y recargos por contravenciones y todo ingreso originado por actos de disposición, administración o explotación de su patrimonio, respetando la armonización constitucional con los regímenes provincial y nacional;(…)”

¿Y qué son los principios constitucionales de la tributación? Según busqué en internet son varios, Principio de Legalidad, Capacidad Contributiva, Equidad, Generalidad, etc.
Pero el que más me gustó, fue el principio de legalidad que está consagrado en diversas disposiciones de nuestra Constitución Nacional.

El artículo 17° establece que sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 4°, sentando que los tributos deben ser creados por ley formal. Por otro lado, el artículo 52° establece que es la Cámara de Diputados a quien le compete exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones.


Este principio, también llamado “de reserva”, lo encontramos además en el art. 19°, en cuanto dispone que nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande ni privado a hacer lo que la ley no prohíba.


El principio de legalidad constituye una garantía del derecho relativo de propiedad de los individuos frente a la Administración, esencial en una forma republicana y democrática de gobierno, en tanto sólo a través de la voluntad popular expresada por sus representantes, los legisladores, al sancionar una ley, se admite que el Estado detraiga una porción del patrimonio de los particulares para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Esta posición sostuvo la Corte Suprema en la causa “Video Club Dream c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/amparo”, sent. del 6/06/1995.

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el cobro de un impuesto sin ley que lo autorice es una exacción o un despojo que viola el derecho de propiedad reconocido en el art. 17° de la CN (Fallos: 180:384; 184:542).


En relación a los DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), la Corte ha sostenido en reiterados fallos que si bien el art. 99 de la CN contempla la posibilidad de que el PEN dicte decretos por razones de necesidad y urgencia, prohíbe el ejercicio de tal facultad extraordinaria en materia tributaria. Así señaló, por ejemplo en la causa “Austral Cielos del Sur S.A. c/DGI” del 23/06/11, que los fundamentos de seguridad y urgencia de un DNU –como era en el caso el decreto 879/92- “no pueden justificar que el Poder Ejecutivo establezca cargas tributarias en abierta violación al principio de legalidad que rige en la materia, criterio que ha sido ratificado por lo establecido en el art. 99;, inc. 3°, (conf. Causas Video Club Dreams” –Fallos: 318:1154-; “La Bellaca”, ya citada y “Kupchik” –Fallos; 321:366-)”. En el fallo mencionado recordó que los principios y preceptos constitucionales son categóricos en cuanto prohíben a otro poder, que el legislativo, el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos: 155:290; 248:482; 303:245 y 312:912, entre muchos otros). También ha puntualizado que la exclusiva competencia que la Constitución Nacional asigna al Congreso en la materia tributaria impide que, una vez establecido un gravamen, los elementos sustanciales definidos por la ley puedan ser alterados a su arbitrio por otro de los poderes de gobierno, pues de esa manera se desvirtuaría la raíz histórica de la mencionada garantía constitucional de legalidad y se vaciaría, en buena parte, su contenido útil. Por último, la Corte en numerosos casos se ha pronunciado destacando que el Poder Ejecutivo tampoco puede mediante la vía de reglamentación, establecer o extender los impuestos a sujetos no previstos por la ley (Fallos 276:21, entre otros).

En conclusión el sistema democrático y republicano de gobierno, reinstaurado en nuestro país en 1983 de la mano del Dr. Raúl Alfonsín, le impiden al Virrey Cisneros, perdón nuevamente, al Sr. Intendente de la Municipalidad de Goya prohibir conductas en ejercicio de derechos humanos e imponer multas, ya que estas últimas son potestad del ¿Honorable? Concejo Deliberante.

A todo esto: ¿Qué dice el art. 248º del Código Penal?

Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos ARTICULO 248. – Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Uhhhh!! No!! Eso es tarea para otro día y no para un humilde Veterinario local, preocupado por nuestra ciudad y por el desenvolvimiento de sus instituciones, por la que tanto han luchado quienes constituyeron el Primer Gobierno Patrio, destituyendo al opresor, y cuya Revolución conmemoramos en esta Semana de Mayo.

MV David Israel Zajarevich
DNI: 32.837.931

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