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Así trabajan las “tractomulas” del narco colombiano que transportan millones para cambiarlos por cocaína

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Las autoridades han descubierto otra estrategia del narcotráfico para mover sus cargamentos: vehículos de gran porte bautizados “tractomulas” que se camuflan entre las miles que mueven mercancía diariamente en las carreteras del país. Pero estos van llenos de cocaína o dinero que después es intercambiado por droga. El último vehículo incautado de este tipo se dirigía a Buenaventura con más de 400.000 dólares.

Este miércoles, la Dijín de la Policía detuvo un camión en la vía del municipio de Yotoco hacia Buenaventura, cargado con 444.434 dólares empacados en bolsas negras escondidas bajo el vehículo. Según información de las autoridades, el dinero sería el pago por 700 kilos de cocaína.

El conductor -que fue capturado- intercambiaría la plata por droga durante el recorrido, antes de llegar al puerto del Pacífico desde donde el cargamento sería enviado hacia Centroamérica en lanchas rápidas.

El dinero estaba empacado en bolsas negras y escondido debajo del cabezote del vehículo.

Pero este no es un caso aislado, en lo que va del año la Policía ha incautado tractomulas en distintas carreteras del territorio nacional con más de 1.000 kilos de cocaína cada uno, todo dirigidos hacia puertos desde donde transportan la droga al exterior.

Según reportó Semana, una de las modalidades más usadas son los camiones cisterna en los que se camufla la droga entre el combustible mediante dispositivos mecánicos; pero hasta los buses de transporte público intermunicipal son usados para esconder cargamentos de estupefacientes.

La revista recuerda el bus en cercanías al puente Bolombolo, suroeste de Antioquia, en el que la Policía encontró entre las sillas de los pasajeros tres toneladas de marihuana tipo “creepy”, el pasado 30 de mayo. El vehículo estaba aparcado sin personas adentro, a un costado de la carretera, lo que resultó sospechoso.

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El calvario de los heridos por la represión en Nicaragua para conseguir prótesis y asistencia médica

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El primer caso que conoció Irela Iglesias fue el de Roberto, un alumno de la Universidad Nacional Agraria (UNA) que perdió uno de sus ojos durante un ataque policial a esa casa de estudios el 19 de abril, segundo día de protestas en Nicaragua, país que atraviesa una crisis sociopolítica que ha cobrado al menos 264 muertos y se ha prolongado por 89 días.

Desde entonces Irela Iglesias participa activamente en la recolección de fondos para jóvenes que han perdido alguno de sus ojos. Se refiere a ellos como “mis muchachos”.

“El Club Rotario se puso a la orden para que la gente donara a sus cuentas, y así se recaudó para nueve prótesis”, detalla Iglesias, quien gestiona los fondos y también se encarga de buscar al personal médico y hospitalario que atiende a los afectados.

En la actualidad la ayuda también está siendo destinada a jóvenes heridos en otras partes del cuerpo.

Creó una cuenta en Facebook que se llama “Programa de prótesis ocular y ayuda a otros heridos“, desde donde informa cómo ejecutan los fondos recaudados.

Irela Iglesias junto a algunos de sus “muchachos” que perdieron alguno de sus ojos durante la represión gubernamental a las manifestaciones

Irela Iglesias junto a algunos de sus “muchachos” que perdieron alguno de sus ojos durante la represión gubernamental a las manifestaciones

Iglesias tiene reportes de 28 personas, en su mayoría jóvenes, que han sido afectados en sus ojos. Algunos fueron atendidos primero en el Centro Oftalmológico Nacional (Cenao), adscrito al Ministerio de Salud. De estos, ocho perdieron la visión de un ojo y han obtenido prótesis gracias a las donaciones.

“Algunos han sido operado tres veces”, precisa Iglesias, quien agrega que un médico del hospital privado Vivian Pellas realizó el proceso ambulatorio para colocar las prótesis personalizadas a seis de los afectados sin costo alguno. La mano de obra del especialista que realizó las prótesis también fue donada.

Aunque funcionarios de gobierno se han acercado a los familiares de algunos de los fallecidos durante los actos de represión registrados sobre todo en abril, no hay hasta la fecha un plan de asistencia oficial para estos y para los heridos. Los últimos están calculados en más de 1.400.

Al menos 28 personas perdieron alguno de sus ojos víctimas de la represión gubernamental.

Al menos 28 personas perdieron alguno de sus ojos víctimas de la represión gubernamental.

El profesor Álvaro Gómez, cuyo hijo murió en Masaya el 20 de abril, recibió la visita de un concejal del Frente Sandinista en su casa, ubicada en su natal Masaya, quien le dijo que llegaba ahí para ofrecerle ayuda de parte del partido. Cuenta Gómez que lo atendió, pero que se negó a recibir la ayuda debido a que su hijo murió tras ser baleado por agentes policiales que reprimían las protestas.

Algo parecido ocurrió con los padres de otro joven que fue asesinado en Managua ese mismo día. La ministra de Salud, Sonia Castro, mostró a través de terceros su interés en visitarlos. Les ofreció ayuda médica, pero finalmente decidieron no aceptarla. A otros familiares, por medio de las alcaldías, les han ofrecido colaborar entregándoles féretros.

No se conoce hasta la fecha ninguna organización que agrupe a familiares de los asesinados y a los heridos que demande atención al Estado. De momento solo existe Madres de Abril, una plataforma en la que están agrupadas las mamás de los jóvenes asesinados con el fin de demandar justicia sin impunidad. A esta agrupación se han unido abogados que voluntariamente las acompañan.

Hay, sin embargo, iniciativas como la de Iglesias y otras promovidas por particulares e instituciones para asistir a las familias y a los sobrevivientes.

FONDO PARA VÍCTIMAS

La Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un tanque de pensamiento ligado a la empresa privada, creó un Fondo de Asistencia a las Víctimas que está siendo administrado bajo la figura del fideicomiso y tiene como principal propósito contribuir con las víctimas de la violencia, sobre todo las personas de escasos recursos.

El Fondo trabaja tres ejes, hospitalización y procedimientos; insumos médicos y gastos fúnebres. “Tenemos convenios con hospitales privados desde donde nos remiten los casos más agudos y críticos con el propósito de salvarles la vida y disminuir lo más que se pueda las secuelas físicas”, explicó Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Funides.
Asimismo pagan insumos médicos de procedimientos ambulatorios, especialmente de aquellos casos en los que la vida está en riesgo.

Wilber Jarquín, uno de los 264 muertos reconocidos oficialmente que ha dejado la represión en Nicaragua.

Wilber Jarquín, uno de los 264 muertos reconocidos oficialmente que ha dejado la represión en Nicaragua.

“Tenemos varias formas de remisión de casos, en los tres principales hospitales privados los pacientes pueden llenar un formulario de solicitud de apoyo, luego el hospital se encarga de remitirnoslo directamente. Defensores de derechos humanos nos han remitido (casos) y los familiares de las víctimas nos contactan directamente”, precisó Chamorro.
Actualmente se han invertido más de USD 107.000 y beneficiado a 203 personas. El fondo funciona con donaciones de particulares y de empresas.

LO QUE DICE LA CIDH

De acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua“, dado a conocer en la OEA el pasado 22 de junio, el Estado de Nicaragua contaba con el registro de 1.337 personas heridas hasta el 5 de junio de 2018. En su gran mayoría, las heridas fueron a causa de balas.

“Ante la gravedad de las lesiones y estado de salud de las personas heridas, durante su visita la CIDH pudo corroborar información sobre prácticas reiteradas de falta de atención médica, demora injustificada o atención inadecuada a pacientes, como forma de represalia por las manifestaciones contra el gobierno”, especifica el informe de la CIDH.

El documento agrega que según el Estado, el Ministerio de Salud presentó evidencia a la CIDH, que indica que hay pacientes que fueron y están siendo atendidos en las diferentes unidades de salud y en seguimiento en la consulta externa de los hospitales públicos.

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Estados Unidos se comprometió a dar la lista de las familias inmigrantes separadas e iniciar el proceso de reunificación

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La Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, deberá dar el lunes una lista de padres indocumentados bajo custodia de ICE a los que debe entregar sus hijos mayores de cinco años, un proceso de reunificación que ha prometido empezar hoy mismo.

Durante una audiencia en un juzgado federal en San Diego, el magistrado Dana Sabraw ordenó al Gobierno entregar el lunes dicha lista como parte del proceso de reunión de padres indocumentados e hijos de esas edad, o más, separados tras ser detenidos en la frontera con México.

El magistrado pidió la lista de los padres indocumentados que se encuentran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dado que serían los primeros en ser reunificados con sus hijos, pero dijo que en días posteriores el Gobierno debe hacer lo propio con los padres bajo custodia del Departamento de Justicia, que continúan su proceso en libertad o que ya fueron repatriados.

En un documento entregado hoy en la corte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó que ha identificado a 2.551 niños mayores de 5 años separados en la frontera, aunque precisó que la cifra “no es el número de menores que calificarán para ser reunificados”, debido a que en muchos casos hay riesgo para los menores o los padres tienen antecedentes criminales.

El Gobierno señaló que empezarán con este proceso de reunificación hoy mismo y que proseguirán de manera continua hasta el próximo 26 de julio, es decir en el plazo fijado por el juez Sabraw.

Trump firmó una orden ejecutiva para detener la separación de los niños. (Getty)

Trump firmó una orden ejecutiva para detener la separación de los niños. (Getty)

Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia, señaló que el proceso será “diferente” a lo visto con los niños menores de cinco años y que las reuniones se concretarán en ocho centros de detención alrededor del país.

Insistió en que entregar una lista detallada, tal y cómo la han solicitado los demandantes, podría demorar el proceso ya que requiere de recursos de personal de ICE y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), quienes podrían invertir ese tiempo en concretar las reunificaciones.

Tuvieron los recursos para separar, para mandar a cada persona a varias partes del país. Decir hoy que no tienen los recursos para reunificar es una locura“, respondió al término de la audiencia el abogado de ACLU, Bardis Vakili.

Sabraw, que ve la demanda colectiva interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) por la separación de familias inmigrantes, dio al Gobierno a finales de junio un plazo de 14 días para reunir con sus padres a los menores de 5 años, que expiró el pasado martes, y de 30 días para los mayores de esa edad, que se cumple el 26 de julio.

La Administración federal no cumplió con entregar dentro del primer plazo a los 103 niños inmigrantes menores de cinco años.

 Alguien está tomando las decisiones sobre quién será reunificado, a qué hora y dónde

De ese total, 58 fueron reunificados con sus padres y los 45 restantes fueron considerados “inelegibles” de ser devueltos, dado que los padres contaban con antecedentes criminales o en algunos casos ya habían sido deportados.

Según el documento presentado hoy en la corte, tanto HHS como el Departamento de Seguridad Nacional cuentan con un plan para cumplir con las reunificaciones de los niños mayores de cinco años.

Según éste, una vez que el padre ha pasado un primer filtro de revisión y llega al centro de detención, se buscaría la confirmación verbal del parentesco y si desea reunirse con el niño. De ser así, sería trasladado al sitio donde se encuentra el menor en un lapso no mayor a 48 horas.

Para concretar la reunificación se tomará en cuenta que el padre no tenga historial criminal y que la HHS no tenga dudas del parentesco o el bienestar del menor.

Para agilizar el proceso y evitar que el Gobierno incumpla con el plazo impuesto por el tribunal, el magistrado había pedido que todas las pruebas de paternidad o revisiones de antecedentes se realicen antes del 19 de julio.

Inmigrantes en EEUU.

Inmigrantes en EEUU.

Según el documento judicial, el Gobierno accede a no realizar pruebas de ADN en la totalidad de los casos, aunque HHS expresó su preocupación de que por simplificar el proceso aumente el riesgo de poner a los niños en un ambiente de abuso o con una persona que no sea su familiar.

En la audiencia de hoy, el juez reconoció los esfuerzos de la Administración para reunificar a las familias en el caso de los niños menores de 5 años, pero pidió que el proceso sea “transparente”.

Alguien está tomando las decisiones sobre quién será reunificado, a qué hora y dónde. Esa información puede ser comunicada, no debería haber ningún misterio sobre ella”, resaltó el magistrado, quien consideró que dicho aviso debe concederse “por sentido común” y “cortesía”.

Los abogados de ACLU insistieron en que, contrario a lo que sucedió con el primer grupo de niños menores de cinco años, necesitan ser notificados sobre el sitio donde se dará el reencuentro con al menos 12 horas de anticipación para conocer las necesidades de cada familia.

Con información de EFE

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Huelgas, saqueos y disturbios en una semana de furia en Haití por el alza de los combustibles

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El gobierno de Haití comenzó a trabajar en lograr una normalización  tras dos días de una huelga de transporte que vinieron después de las violentas protestas del fin de semana por un fallido aumento en los precios de los combustibles.

Mientras el Gobierno se reúne con distintos sectores en busca de una salida y recibe consejos del Fondo Monetario Internacional (FMI), sectores de la oposición anuncian nuevas protestas.

Las calles de Puerto Príncipe, capital del país, comenzaron a recuperar su ritmo habitual y el transporte público funciona con normalidad después de dos días de parálisis a causa de la huelga. Sin embargo, algunos negocios permanecen cerrados, así como algunas embajadas que solo ofrecen servicios considerados urgentes.

La ciudadanía está a la espera de que el presidente del país, Jovenel Moise, quien ha mantenido en las últimas horas reuniones con representantes locales y extranjeros, anuncie cambios en su Gobierno y medidas para enfrentar la difícil situación económica de Haití, el país más pobre del continente americano.

Disturbios y protestas en Haití por el alza de los precios de los combustibles (Reuters)

Disturbios y protestas en Haití por el alza de los precios de los combustibles (Reuters)

El mandatario, en el poder desde febrero de 2017, se reunió el martes con empresarios, parte de los cuales han pedido la renuncia del primer ministro, Jack Guy Lafontant, así como con representantes de los partidos políticos y del “Core Group”, integrado por embajadores y representantes de organismos internacionales en Haití.

Por su lado, Lafontant compareció el miércoles ante la prensa tras reunirse con el presidente del Senado, Joseph Lambert, con quien dijo haber tenido “un buen encuentro” y que ambos están de acuerdo en que “tenemos que poner al país de frente y continuar el diálogo”. “Sabemos dónde estamos y que hay que hacer algo para salir de aquí”, señaló el primer ministro, quien aseguró estar “muy agradecido” de la reunión con Lambert, quien, por su lado, apuntó que se trabaja “para solucionar la crisis pronto”.

Asimismo, Lambert anunció que próximamente se reunirá con el presidente de la nación para tomar las medidas adecuadas.

Moise dijo el martes en su cuenta de Twitter que está consultando con todos los sectores para tomar una decisión con el fin de responder a la situación creada tras los disturbios del fin de semana.

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