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Economia

El Gobierno extendió hasta el 30 de noviembre la prohibición de los despidos y las suspensiones

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El Gobierno extendió la prohibición para que las empresas despidan o suspendan al personal por otros 60 días, por lo que la medida, que se oficializó mediante la publicación del Decreto 761/2020 en el Boletín Oficial, estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre.

Se trata de la tercera prórroga que se aplica sobre esta medida, sancionada por primera vez el 1° de abril, también por 60 días. Luego se dictaron dos extensiones, siempre por el mismo plazo, a fines de mayo y de julio.

De esta forma, el artículo 2 del Decreto estableció “la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 624/20”. Asimismo, el artículo 3 determinó “la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 624/20”.

Además, la normativa publicada en el Boletín Oficial de este jueves aclaró que “quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo” y que la medida “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia”.

Con esta decisión, el Gobierno intenta sostener los puestos de trabajo en medio de la crisis económica que se profundizó producto de la pandemia y la cuarentena. Sin embargo, la caída del empleo es significativa. De acuerdo con la información del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), en julio se perdieron respecto de marzo 251.476 empleos registrados, ya que cayeron 263.400 del sector privado pero creció el número de empleados del sector público en 11.924. Cabe destacar que estos datos no comprenden a los trabajadores del sector informal.

A su vez, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, entre marzo y julio se produjeron 309.000 desvinculaciones, de las cuales 161.451 fueron por decisión de la empresa (31.700 despidos con o sin causa). En ese período, las suspensiones alcanzaron las 568.000.

A pesar de estos indicadores, el artículo 4 de la normativa insistió en que “los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y en el primer párrafo del artículo 3º del presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

Entre los considerandos del Decreto se fundamentó “que a pesar de los distintos estatus sanitarios existentes en las regiones geográficas del país, la pandemia de COVID-19 ha producido una merma considerable en la actividad económica a nivel mundial de la que nuestro país no se encuentra exento, por lo cual se entiende necesario y conveniente -más allá de las particularidades de cada región-, prorrogar la normativa existente respecto de la prohibición de despidos”. A su vez, se destacó que “esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo”.

La oposición empresarial

Desde que se sancionó el decreto original, el 1° de abril, las empresas siempre se han manifestado en contra de este tipo de medidas por considerar que no cumplen con su objetivo, ya que los despidos se producen de todas maneras. “La realidad es que por más que por ley o por decreto digan que el sol no puede salir, el sol va a salir todos los días. Aquel que cierra el comercio y no puede abrir, va a despedir igual. Al que no puede pagar los sueldos le importa tres belines lo que dice la ley. Nadie despide porque se levantó una mañana y se le ocurrió”, señaló días pasados a Infobae el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.

“Esta norma no ayuda para nada porque el Gobierno sabe que no funciona y además conspira contra aquel que quiera generar una nueva fuente de trabajo” apuntó Grinman, quien destacó que según las estimaciones de la CAC durante la cuarentena se cerraron en forma definitiva entre 25.000 y 30.000 comercios.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini, apuntó que las empresas “están reorganizándose” y enfrentando el problema de “digerir la cuarentena”. “Tenemos que pagar las deudas viejas, las nuevas, y la mayoría de las empresas tiene que recuperar capital de trabajo. Todo ese proceso va a llevar entre 6 y 18 meses”, agregó el directivo. La industria perdió en estos meses unos 40.000 trabajadores (4% de 1 millón), una cifra similar a los del período 2015-2019.

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Para atraer dólares, el Gobierno anunciará un nuevo blanqueo y otros beneficios impositivos para la construcción

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El Gobierno finalmente avanzará con varias de las propuestas que le había realizado el sector de la construcción para impulsar la actividad, en medio de la actual crisis económica agravada por la pandemia y en un contexto de fuertes tensiones cambiarias.

De acuerdo con un borrador de proyecto de ley que está terminando de ser consensuado en el Ministerio de Economía, el Ejecutivo propone la creación de un régimen destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas nuevas realizadas y, con ese fin, impulsa un blanqueo impositivo para aquellas personas que tengan dólares no declarados, en el país o en el exterior, y busquen invertirlos en la construcción.

De acuerdo con el artículo séptimo del anteproyecto, las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias “podrán declarar de manera voluntaria ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional en el país y en el exterior, en las condiciones previstas en el presente Capítulo, dentro de un plazo que se extenderá desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta el 28 de febrero del año 2021, ambas fechas inclusive”.

Los fondos incluidos en la declaración voluntaria de la moneda extranjera y/o moneda nacional deberán depositarse en una cuenta especial abierta a nombre del titular de la tenencia en entidades comprendidas en el régimen de la Ley N° 21.526 y sus modificaciones, en la forma y plazos que establezcan la AFIP y el Banco Central. Y el dinero deberá afectarse, únicamente, a las inversiones en obras privadas nuevas.

El artículo octavo establece un impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, conforme las siguientes alícuotas, dice el texto:

-Ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive: 5%.

-Ingresados entre el 1° y el 31 de enero de 2021, ambas fechas inclusive: 15%.

-Ingresados entre el 1° y el 28 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive: 25%.

Este impuesto especial deberá ser determinado e ingresado en la forma, plazo y condiciones que establezca la AFIP, y no resultará deducible ni podrá ser considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

De acuerdo con el proyecto, los sujetos que efectúen esta declaración voluntaria gozarán de los siguientes beneficios por los montos declarados: a) no estarán sujetos a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 18 de la Ley N° 11.683, respecto de las tenencias exteriorizadas, b) quedan liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder y c) quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, en función de determinadas disposiciones.

Además del blanqueo, el propósito del proyecto es el de generar diversos mecanismos de incentivo impositivo para impulsar la construcción de obras nuevas. El texto aclara que quedan comprendidas dentro de la definición de obras privadas nuevas aquellas que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley posean un grado de avance inferior al 50% de finalización de obra.

En materia de Bienes Personales, el texto exime de este impuesto “al valor de las inversiones en construcción de obras privadas nuevas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive, en la Argentina, desarrolladas directamente o a través de terceros, desde el período fiscal en que se efectivice la inversión y hasta aquel en que se produzca la finalización de la obra, su adjudicación o la enajenación del derecho y/o la participación originados con motivo de aquella, lo que ocurra con anterioridad, hasta un plazo máximo de dos períodos fiscales.

También se establece que podrá computarse como pago a cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones en construcción de obras privadas nuevas.

Por otra parte, otro de los beneficios contemplados en el proyecto es el diferimiento del pago del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Humanas y Sucesiones Indivisas, o del impuesto a las Ganancias, cuando no se cobra en el momento, sino de forma diferida. Por ejemplo, el caso de una persona que cede un inmueble a una constructora y acuerde cobrar cuando termina la obra mediante dos propiedades. En este caso, esa persona pagará los tributos en el momento en que recibe la contraprestación. Si el terreno fue comprado antes del 1° de enero de 2018, debe pagar el ITI, por lo que se difiere ese tributo. Si el lote lo compró luego de esa fecha, debe pagar Ganancias, por lo que lo que se posterga ese gravamen.

El Gobierno prevé dar a conocer esta iniciativa una vez que termine de definirse la versión final, en el curso de esta semana. Forma parte del paquete de medidas que se viene impulsando desde los últimos días para tranquilizar a los mercados y reducir la brecha. La semana pasada, Economía anunció el envío de otro proyecto que otorga beneficios impositivos a instrumentos de inversión en pesos y el ministro Martín Guzmán prometió que flexibilizaría la operatoria del mercado de contado con liqui. Según supo Infobae de fuentes oficiales, se trataría de la reducción y/o eliminación de los “parkings” que hoy existen.

Lo que ya fue anunciado claramente no sirvió para aquietar las aguas. El dólar CCL se mantuvo en $165, pero el blue ganó tres pesos (se ubicó en $181) y la brecha con el oficial mayorista alcanzó el 133 por ciento.

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Sigue el éxodo: Walmart negocia la venta de la cadena en Argentina y está a un paso de irse del país

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Walmart, la cadena de supermercados de origen estadounidense, está más cerca de concretar la venta de su negocio en la Argentina.

Desde hace varios meses, está en la búsqueda de un grupo o un competidor que se haga cargo de su negocio. Se trata de un proceso que había empezado en febrero, se suspendió en marzo por la pandemia y ahora se reactivó. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que pasan por estas horas por una “etapa exploratoria” y que la definición podría demorar meses. En el mercado, sin embargo, hablan de una “venta inminente”.

Los motivos de una eventual salida de la empresa del mercado argentino son tanto locales como internacionales. La cadena ya vendió el negocio en Brasil, al fondo Advent, y parte de la operación en Inglaterra, entre otras. Por otro lado está el contexto de la Argentina, inflación con una fuerte caída del consumo en los últimos años. A pesar de que hubo una recuperación por las compras de stockeo al comienzo de la cuarentena, unos meses después el sector volvió a tener números negativos. El escenario macroeconómico no ayudó para nada a revertir una decisión que la empresa analiza desde hace tiempo.

“El problema no es que quieran irse, algo que es conocido; el problema es que no encuentran comprador”, destacó una fuente del sector supermercadista. Incluso, la cadena estadounidense estaría dispuestas a ceder la operación “a un precio simbólico y sin deuda”, según pudo saber Infobae.

Si bien la venta podría significar la salida de la empresa del país, fuentes de la negociación destacan que no necesariamente se irán: podrían no encontrar socio y seguir operando la cadena, o encontrar uno para una parte del negocio.

La empresa tiene 92 sucursales en el mercado argentino, con distintos formatos y marcasLa empresa tiene 92 sucursales en el mercado argentino, con distintos formatos y marcas

“Estamos explorando nuevas alianzas para potenciar nuestro negocio en Argentina y su senda de crecimiento. Como reconocimos públicamente, este era un proceso estaba suspendido desde el inicio de la situación de emergencia por el COVID19 y que ahora estamos empezando a explorar nuevamente de cara a acelerar nuestra estrategia. Walmart mantiene su confianza en el potencial del negocio en el país y sigue comprometido con sus clientes y colaboradores en Argentina”, aseguraron desde la empresa.

“Es parte de una estrategia global, pero acá es muy complicado ganar plata con hipermercados. Esos son fundamentals de la decisión que tomó la cadena. Creo que entre los jugadores del mercado no hay ningún interesado en quedarse con semejante estructura, y menos en este contexto. En el mundo, las grandes superficies están en retirada”, le explicó a este medio un importante ejecutivo de un competidor directo.

La lista de grupos interesados ya estaría reducida a unos pocos grupos empresarios y la definición sería en un lapso breve, según pudo saber este medio.

Entre ellos, fuentes del mercado confirmaron al fondo Inverlat. Se trata de un grupo de inversión que son duelos de las marcas Havanna, Reef, ICSA y Aspro, y ex licenciatarios de KFC, Wendy’s y China Wok en Argentina y Chile. Los socios del fondo son Carlos Giovanelli, Guillermo Stanley y Damián Pozzoli, todos de amplia experiencia en el mundo financiero y bancario (ex Citi). Estuvieron en la puja inicial por Garbarino y ahora estarían cerca de Falabella, pero no por las tiendas sino por el negocio de materiales de la construcción de Sodimac, que el grupo chileno busca también vender en el país.

Dolores Fernández Lobbe, country manager de la cadena en el paísDolores Fernández Lobbe, country manager de la cadena en el país

Otro de los interesados es el Grupo Werthein. El holding familiar que fue accionista de Telecom Argentina, tiene negocios diversificados en tres grandes rubros: agronegocios, consumo y seguros. Son dueños de las aseguradoras Experta y La Estrella, de negocios de agro por medio de marcas como Cabaña La Paz, Cabaña Los Guasunchos, GNNW (Gregorio, Noel y Numo Werthein), y de productos de consumo como Cachamai, Cachamate y Siluet Plus.

En el mercado también se habla del interés de Francisco De Narváez, quién ya fue dueño de Casa Tía, y de dos grupos más, uno local y un fondo de inversión internacional. ¿Está cerrada la lista de interesados? “No, y tampoco es la definitiva”, afirman en la industria.

Presencia local

Walmart comenzó sus operaciones en el país en 1995 con la apertura de su primera tienda en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Actualmente, la compañía cuenta con 92 locales en 21 provincias, donde trabajan unos 10.000 empleados: es el noveno principal empleador privado del país.

A nivel global, Walmart está cada vez más concentrado en su batalla con Amazon y busca desprenderse de operaciones complejas que, además, impactan poco en sus resultados. El negocio local apenas representa un 1,2% de la facturación total de esta cadena que fundó Sam Walton en 1965. Sus hijos Jim, Rob y Alice son los principales herederos, cada uno con una fortuna personal de unos USD 52.000 millones.

Antes de la pandemia, la empresa había instalado un data room en el Hotel Four Seasons donde sus principales ejecutivos hablan con los interesados. A esa mesa se sentaba Dolores Fernández Lobbe, CEO local –en el cargo desde mediados del año pasado–, el CFO, Patricio Aguirre Saravia (también nuevo en su puesto); y ejecutivos regionales. Son quienes están negociando la venta de la cadena.

Alice Walton heredó su fortuna de Sam Walton, fundador de WalmartAlice Walton heredó su fortuna de Sam Walton, fundador de Walmart

La empresa opera diferentes formatos entre hipermercados y las cadenas Changomas, Mi Changomas, Punto Mayorista y su plataforma de comercio electrónico. También tiene un centro de distribución propio, en la localidad de Moreno, y tres centros productivos de panificados, carnes y feteados.

En agosto de este año, la empresa presentó una línea de financiamiento exclusiva para proveedores pymes de origen nacional y de marca propia. El programa es una prueba piloto que está llevando adelante la cadena con 144 de sus proveedores por un período de 12 meses. El lanzamiento, en su etapa inicial, prevé un financiamiento por $440 millones.

Cuando comenzó a orquestarse la idea de la salida, Walmart soñaba con que Mercado Libre se quedara con su negocio local. Por estructura, billetera y proyección podría ser, pero desde la compañía que preside Marcos Galperin aseguraron muy rápido que “no hay ninguna chance de que eso suceda”.

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Fin del congelamiento de tarifas: cuándo volverán los aumentos de luz y gas

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El Gobierno pondrá fin al congelamiento de tarifas de servicios de gas electricidad a partir de diciembre próximo, y lo reemplazará por un subsidio más individualizado de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios, anunció hoy el secretario de Energía, Darío Martínez.

El funcionario dijo que a partir de diciembre volverán a aplicarse aumentos en tarifas de luz y gas, debido a que no se prorrogará el decreto que las mantenía congeladas desde el año pasado, y que regía desde abril de 2019.

Martínez ratificó que el decreto no volverá a extenderse, una vez que venza el próximo 17 de diciembre, aunque el secretario de Energía afirmó que las tarifas se mantendrán congeladas hasta el 31 de diciembre.

Martínez señaló que se irá a un esquema de segmentación de los usuarios, según puedan pagar o no los aumentos.

“Vamos a ir a un esquema de transición de tarifas, donde vamos a ir logrando que aquel que tenga capacidad de pago pueda pagar el costo”, dijo el secretario de Energía.

“Con todas las herramientas que ha dado la pandemia vamos a poder individualizar a los que peor la están pasando y vamos a ir a un esquema mucho más focalizado de subsidios”, afirmó.

El secretario de Energía aclaró que los aumentos tarifarios “no van a ir a valores internacionales de manera directa”, según dijo.

El momento de “poner todo en orden”

La decisión de comenzar a aumentar los precios de los servicios ya había sido insinuada por el presidente, Alberto Fernández, en la presentación del Plan Gas realizada en Vaca Muerta.

El presidente afirmó en ese acto que debido a la pandemia debió “tomar la decisión de congelar la tarifa de gas” y que eso evitó que tuviera subas de por lo menos “un 70%”, pero agregó que “ahora llegó el momento de comenzar a poner todo en orden, en medio de la crisis mundial”.

El congelamiento de las tarifas de los servicios públicos había sido aplicado por el ex presidente Mauricio Macri en abril de 2019.

El actual Gobierno resolvió prorrogarlo por 180 días a través de la Ley de Solidaridad de diciembre pasado, por la emergencia sanitaria, decisión que después extendió hasta fin de año.

Combustibles: seguirá el “aumento gradual”

Por otra parte, Martinez aseguró que el Gobierno nacional no va a convalidar un precio de los combustibles “que no pueda soportar el bolsillo de los argentinos” y que el proceso de recuperación de sus valores tras nueves meses de congelamiento “va a ser muy gradual”.

Martínez se refirió al incremento de 3,5% promedio que aplicaron este viernes las petroleras para trasladar el aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ILC), el Impuesto al Dióxido de Carbono y los biocombustibles.

El de hoy fue el tercer aumento de precios en los surtidores, luego de los dispuestos por las petroleras el 19 de agosto del 4,5% y el 18 de septiembre del 3,5% lo que permitió un acumulado del 11,9% desde el 1 de diciembre.

“En este caso, en términos redondos, el aumento refleja dos puntos por la actualización del ILC, un punto para las destilerías y medio punto para la industria de los biocombustibles”, precisó el funcionario.

Sobre el sector de producción de bioetanol y biodisel, Martínez dIjo que “hace muchísimos meses que no había ninguna actualización”, y que la decisión de autorizar un incremento del 10% se hizo en función de que “las plantas están paradas en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Tucumán”.

Sobre la continuidad de la recuperación de precios, el secretario afirmó que “tampoco se va a dar un precio que están pidiendo las destilerías que no pueda soportar el bolsillo de los argentinos”.

“Todo va a ser muy gradual y de alguna manera se podrá ir recuperando de a poco, pero de ninguna manera trasladar directamente a precio”, subrayó el expresidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Martínez pidió recordar a la industria que “cuando todo esta mal se decidió asegurar un precio sostén para apoyar a la actividad, pero cuando vaya para arriba tampoco se va a trasladar de manera inmediata al surtidor. Hay que ir graduando y buscar amortiguadores” a los incrementos de precios.

“Venimos a darle tranquilidad a la economía, venimos a armonizar los intereses de todos en política energética y también para los usuarios”, dijo, para luego reiterar que el Gobierno no quiere “que los argentinos tengan que dejar de pagar bienes y servicios para pagar la energía”.

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