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Politica

Escándalo en Chubut: la Legislatura buscó comprar 40 notebooks a más de $240.000 cada una

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En medio de la pandemia y la crisis económica que afecta al país, la Legislatura de Chubut cosechó críticas al conocerse que lanzó una licitación para adquirir computadoras portátiles a precio elevado.

En concreto, el cuerpo legislativo, dirigido por el vicegobernador Ricardo Sastre, publicó un llamado para hacerse de 40 notebooks por un valor de $9.750.000 (9,75 millones de pesos).

De esta manera, el costo de cada laptop queda en $243.750. Se trata de un valor elevado, que supera en alrededor de $100.000 el precio que tiene un buen equipo apto para tareas de oficina, dotado de procesador Core i5 (según el relevamiento que recientemente realizó iProfesional).

Chubut tiene 27 parlamentarios y, según fuentes oficiales, la mayoría de las portátiles estarían destinados a ellos.

Si bien no trascendieron las características del hardware, licencias y mantenimiento de las computadoras que quiso comprar la Legislatura, Sastre admitió al diario La Nación que se pueden conseguir por menos de $240.000.

“Si uno entra a Mercado Libre, la misma máquina puede costar $170.000 o $180.000. Pero cuando invitás a un proveedor de Buenos Aires a que venga a la Patagonia a cotizarla o a presentarse, no lo hacen. Ya sea por cuestiones de pago o lejanía. Cualquier proveedor local te la factura en $190.000 o $200.000”, reconoció.

Ricardo Sastre, vicegobernador de Chubut y presidente de la Legislatura.

Ricardo Sastre, vicegobernador de Chubut y presidente de la Legislatura.

Marcha atrás en la licitación

La difusión de la licitación por las computadoras generó revuelo y llevó a las autoridades a retractarse.”Está desestimada la licitación”, afirmó el vicegobernador Sastre al medio local El Chubut.

Y aclaró que “se va a hacer la compra y se descontará a los diputados”.

La Legislatura sí comprará con sus recursos 15 computadoras que se destinarán a las áreas administrativas.

Sastre hizo hincapié que las compras de la Legislatura se hacen con transparencia y “antes se compraba en forma directa; esta Cámara hace todo por licitación. Hasta vehículos se compraban antes en forma directa”, insistió.

Además, subrayó que “los diputados también son trabajadores”. Y pidió “no generar tanta alarma cuando no la hay; son procesos transparentes y licitados con la documentación respaldatoria”.

Por otra parte, hizo hincapié en marcar que el llamado a licitación se hizo con especificaciones recomendadas por personal técnico.

Y se basaron en que al comienzo de la pandemia se advirtió que se tendría que trabajar con la virtualidad y “algunos diputados en sus pueblos tenían serias dificultades para poder conectarse”.

Crisis y deuda

Actualmente, Chubut es una de las provincias con dificultades para concretar el pago de los sueldos estatales. No obstante, Sastre afirmó que la Legislatura tiene un presupuesto propio y fondos suficientes para las compras que encara.

El gobernador Arcioni: la provincia paga sueldos escalonados y aspira a renegociar su deuda.

El gobernador Arcioni: la provincia paga sueldos escalonados y aspira a renegociar su deuda.

En tanto, el gobernador Arcioni se encuentra abocado ahora a renegociar con los acreedores de la provincia una deuda que ronda los u$s700 millones.

La renegociación de la deuda aseguraría al Gobierno provincial ahorrarse casi tres masas salariales, en un contexto donde la demora en el pago de haberes está generando conflictos con los gremios.

Al aprobarse la autorización de la Legislatura para que Arcioni realice la reestructuración de la deuda, la legisladora María Belén Baskovc (Frente de Todos), afirmó: “Es el primer paso que se da para empezar a ordenar la economía de la provincia, pero no alcanza”.

Y agregó que “los empleados estatales están cansados de ser incluidos en un pago escalonado, lo manifiestan los jubilados por el déficit que empieza a arrojar la caja jubilatoria, lo dicen los índices de desempleo e indigencia que golpean a la provincia, índices que duelen porque se agravan y sostienen en el tiempo”.

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Con temas de amplio consenso entre oficialismo y oposición, Diputados retomará las sesiones con un esquema mixto

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Luego de los insistentes reclamos de legisladores de Juntos por el Cambio, oficialismo y oposición llegaron a un acuerdo y este jueves la Cámara de Diputados volverá a sesionar con un esquema mixto, es decir con la posibilidad de que algunos sigan el debate parlamentario de forma presencial (hasta ahora no hubo más de 45 en el recinto) y el resto de manera remota desde sus casas. La agenda de discusión fue consensuada entre los distintos bloques.

La sesión fue convocada para esta tarde a las 15. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron los temas a tratar en el recinto: el tratamiento de un proyecto que busca refinanciar las deudas de las provincias con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el que impide el acceso a asistencia económica o financiera a las empresas domiciliadas en guaridas fiscales.

Además, se pondrá en tratamiento el proyecto por el cual se regula el ejercicio profesional de la Fonoaudiología y una iniciativa para ratificar un acuerdo regional sobre participación pública y acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

De esta forma, la Cámara Baja retomará su labor tras el acuerdo que concretaron Sergio Massa con los presidentes de los diferentes bloques el pasado 8 de septiembre, cuando resolvieron los términos del nuevo protocolo de funcionamiento remoto por otros 30 días hábiles (hasta el 20 de octubre) con las sesiones mixtas.

La presión y el rechazo de la oposición logró destrabarse con una cláusula según la cual cualquier bloque puede pedir que una sesión sea convocada con mayor presencialidad.

Desde el inicio de la cuarentena, el Congreso modificó su forma de trabajo. En el caso de Diputados no hubo más de 45 sentados en las bancas en el recinto, de acuerdo a la recomendación de la Dirección Médica que estableció pautas para mantener la distancia, guardias mínimas, poca circulación en los espacios públicos como el Salón de Pasos Perdidos o pasillos y desinfección permanente, además del control de la temperatura entre otras disposiciones. Eso fue así desde abril, excepto cuando el primer día del mes Juntos por el Cambio convocó a sus legisladores, que viajaron a Buenos Aires y se sentaron en sus bancas en reclamo de un protocolo de funcionamiento remoto que contemplara la presencialidad para los temas más conflictivos.

Oficialismo y oposición consensuaron los temas a tratar en el recinto Oficialismo y oposición consensuaron los temas a tratar en el recinto

Al reciente acuerdo para continuar con las sesiones mixtas se llevó a cabo luego de la sesión del 1° de septiembre, en la que el oficialismo y el resto de las bancadas opositoras aprobaron el proyecto de auxilio al Turismo, con varios diputados de Juntos por el Cambio en el recinto cuestionando la validez de la misma por entender que no estaba vigente el sistema mixto y que debía trabajarse con la modalidad tradicional.

La aprobación del proyecto de ley de auxilio al sector turístico y del que aumento las penas a la pesca ilegal formaron parte de esa sesión que desde la principal bancada opositora decidieron judicializar para cuestionar su validez.

En el acuerdo alcanzado el pasado martes 8, Juntos por el Cambio consiguió el compromiso del resto de los bloques para que se introduzca la posibilidad de que, a pedido de 10 diputados, el presidente de la Cámara deba convocar a sesiones presenciales para debatir el tema solicitado.

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Si menos de 100 diputados pidieran asistir, la presidencia del cuerpo podría disponer bancas en los palcos y así utilizar el recinto para la sesión. Si hubiera más diputados, Massa estaría obligado a tramitar un escenario distinto como un estadio, un club u otro espacio en el que se garantice distancia social, circulación de aire y medidas de seguridad e identidad de los legisladores.

Justamente ayer, la principal bancada opositora formalizó el pedido para que el proyecto de Presupuesto 2021 y el del Aporte Solidario Obligatorio y Extraordinario, sean las dos primeras iniciativas propuestas para debatir bajo ese sistema, cuando cada una de ellas llegue al plenario.

Por lo pronto Massa le transmitió al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, su plan de sesión para esta tarde. Los temas serán de amplio consenso por lo que la forma de debate a implementar será mixta, es decir con la posibilidad de 47 diputados en el recinto y el resto conectados en forma remota.

En efecto, se espera que hoy se de la media sanción a las modificaciones al Fondo de Garantía y Sustentabilidad de Anses, que implica la renegociación, con beneficios y ampliación de plazos, de las deudas que las provincias tienen con el organismo. Sólo San Luis, Córdoba y Santa Fe no deben nada a Anses, mientras que Buenos Aires debe $ 6.207 millones y CABAl, por ejemplo, $ 1.867 millones.

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Condenaron por corrupción a dos ex intendentes correntinos

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Angelina Lesieux y Jorge Corona fueron condenados a 8 años y 3 meses y 5 años de prisión respectivamente por malversación de fondos públicos. También recibieron penas otros ex funcionarios.

A más de tres meses del inicio del juicio contra exfuncionarios de Perugorría, el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes encontró culpables a 4 de ellos. Los consideró responsables de anomalías en la administración de fondos que Nación envió para solventar obras públicas en la localidad.

Así los ex intendentes de Perugorría Angelina Lesieux y Jorge Corona recibieron 8 y 3 meses y 5 años respectivamente. Mientras que El contador Ernesto Moray Mussio recibió 3 años y 3 meses y la tesorera Patricia Vera, 2 años y 9 meses

Además los ex jefes comunales fueron inhabilitados perpetuamente a ejercer cargos públicos. Moray Mussio, quien era auditor externo, inhabilitación absoluta por 6 años y 3 meses.

Por último, Sabrina Lammens fue absuelta. Era secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Perugorría.

Jorge Corona fue jefe comunal de Perugorría durante dos mandatos entre 2005 y 2013, año en que fue reemplazado por su esposa Angelina Lesieux quien gobernó hasta 2017. Ambos pertenecían al Partido Liberal.

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Tres expolicías y un militar comenzarán a ser juzgados por la denominada causa “Klozman”

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Tres exmiembros de la delegación Rosario de la Policía Federal Argentina (PFA) durante la última dictadura y un militar retirado de Inteligencia comenzarán a ser juzgados desde mañana por 29 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en 1976 contra militantes del PRT-ERP, informaron fuentes judiciales.

El juicio de la causa conocida como “Klotzman”, por el apellido de una de las víctimas, tenía previsto su inicio en diciembre de 2017, pero por diversas postergaciones recién comenzará mañana.

Las demoras en el inicio del debate oral tuvieron como consecuencia que tres policías federales acusados, Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib, fallecieran antes de ser juzgados.

Sobre la reciente muerte de Dib, Abuelas de Plaza de Mayo señaló, a través de un comunicado, que es “otro imputado en esta causa que se suma a la larga lista de genocidas que no han sido juzgados por estos aberrantes crímenes debido al permanente retraso en el inicio de la causa”.

De ese modo, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario comenzará mañana las audiencias -de modo virtual por la pandemia de coronavirus- con cuatro imputados.

Según fuentes judiciales, se trata de los expolicías federales Federico Almeder; René Juan Langlois y Enrique Andrés López, quienes por primera vez serán juzgados por crímenes contra la humanidad; y el mayor retirado del Ejército, Jorge Alberto Fariña.

Fariña, un exintegrante del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario durante la última dictadura, fue condenado a prisión perpetua en 2010 en la causa “Guerrieri”.

En el juicio se ventilarán los pormenores de la desaparición en Rosario entre el 2 y el 16 de agosto de 1976 de 29 militantes o personas identificadas por la Inteligencia del Ejército como cercanas al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y su brazo armado el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

De las 29 víctimas hubo solo dos sobrevivientes -que serán testigo en el juicio- y una joven cuya identidad fue restituida, que tenía diez años cuando fue secuestrada en 1976 y se convirtió en la nieta recuperada 104.

Según informó la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos, los delitos que se juzgarán son homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años y asociación ilícita.

Es el primer proceso oral, desde la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, en que se juzgará a personal de la PFA y también es la primera causa que analizará lo ocurrido en el centro clandestino de detención “Casa operacional de Fisherton”, que funcionó en las afueras de Rosario y fue demolido en 2016.

Las audiencias remotas se realizarán en forma quincenal y serán trasmitidas por la página web del Centro de Información judicial (www.cij.gov.ar), con excepción de las declaraciones testimoniales.

El Tribunal dispuso que quienes quieran acceder a esa instancia podrán hacerlo a través de la aplicación Jitsi mediante la acreditación previa con datos personales y una copia escaneada del DNI en el correo electrónico debatecausa21@gmail.com.

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