El Gobierno reconoce que Economía no convalidó el texto que impulsaron los diputados libertarios y sus aliados. El oficialismo prevé votarlo el 21 de octubre, pero persisten las diferencias por el financiamiento. La visita del Papa agrega presión para resolver el conflicto.
El Gobierno reconoce que no logró cerrar un acuerdo interno por la nueva ley de Discapacidad y mantiene abierta la posibilidad de que Javier Milei vete total o parcialmente el proyecto si su aprobación compromete el esquema presupuestario. La Casa Rosada admite que persisten las diferencias entre el equipo económico y la conducción de La Libertad Avanza en Diputados, pese a las reuniones que se realizaron durante las últimas semanas para unificar posiciones.
“No se acordó nada”, aseguran en Nación. En el oficialismo advierten que el Presidente no convalidará automáticamente las modificaciones que impulsen los legisladores oficialistas si generan obligaciones fiscales que el Ejecutivo considere incompatibles con el equilibrio de las cuentas públicas. “Si sale una ley que afecte el presupuesto, se vetará”, agregan.
La definición contrasta con la estrategia que prepara la conducción de Diputados. La Libertad Avanza prevé llevar el proyecto al recinto el miércoles 21 de octubre con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, que participaron de la negociación del dictamen de mayoría. En el bloque de LLA consideran que retroceder sobre el texto acordado puede poner en riesgo los respaldos y facilitar una nueva ofensiva opositora para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad.
En otro sector de la Casa Rosada reconocen que la decisión política es avanzar con la votación sin reabrir una discusión que pueda desordenar los acuerdos parlamentarios. “Discapacidad es un tema sensible y se va a votar el miércoles como salió del recinto. No hay margen para complicarlo”, sostienen en esas filas. La referencia apunta al contenido central del dictamen, aunque los aliados todavía negocian precisiones sobre determinados artículos y las partidas destinadas a financiar las prestaciones.
La disputa se originó después de que el bloque libertario impulsara un proyecto que no había sido convalidado integralmente por Economía, Salud ni Legal y Técnica. La iniciativa consiguió 42 firmas en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, frente a las 36 del dictamen opositor. El texto mantiene mecanismos de protección y prestaciones que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo proponía modificar o eliminar.
La diferencia llevó al Gobierno a organizar una reunión específica el 29 de septiembre. Participaron Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy, con el objetivo de revisar los aspectos jurídicos, presupuestarios y parlamentarios de la iniciativa. Aunque desde el sector político transmitieron entonces que las conversaciones avanzaban, las consultas realizadas durante los últimos días confirman que todavía no existe una posición unificada.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expuso públicamente esa contradicción el 13 de octubre durante el debate del Presupuesto en Diputados. Ante las preguntas de la oposición sobre cuál de los dos textos representaba la posición oficial, reconoció que el Poder Ejecutivo pretendía una solución diferente de la impulsada por los bloques. “Nosotros, desde el Ejecutivo, hubiéramos querido otra cosa”, sostuvo, y dejó la definición legislativa en manos del Congreso.
Guberman aseguró al mismo tiempo que el Presupuesto contempla los recursos para cumplir las prestaciones y las pensiones no contributivas por discapacidad, incluso si el Congreso aprueba una alternativa a la propuesta original. Economía incorporó partidas por aproximadamente $7,25 billones para pensiones y cobertura médica, mientras que estimaciones difundidas durante el debate parlamentario sitúan el costo adicional del nuevo régimen en torno de $600.000 millones, equivalente a cerca del 0,04% del PBI.
El conflicto no se limita al monto global. Una de las principales diferencias está en el régimen de actualización de los aranceles del nomenclador y en las obligaciones permanentes que asumiría el Estado. El dictamen de mayoría preserva referencias al sistema de actualización previsto en la legislación vigente, mientras que el Presupuesto propone modificar la homogeneidad de los valores y permitir que distintos financiadores determinen sus aranceles bajo nuevas condiciones.
La nueva iniciativa también contempla pensiones no contributivas, cobertura sanitaria, compatibilidad con determinados ingresos laborales y un cronograma para compensaciones adeudadas a prestadores. Los bloques aliados reclamaron que esos compromisos tengan una asignación presupuestaria expresa y que no dependan únicamente de la reglamentación posterior. En las últimas conversaciones parlamentarias se discutieron modificaciones vinculadas con las fuentes de financiamiento, especialmente en los artículos 5 y 7.
La decisión de avanzar con el dictamen responde además al escenario que dejó la última sesión frustrada de la oposición. El oficialismo logró impedir el quórum para debatir la derogación del DNU 70/2023 y la prórroga de la emergencia, pero necesita mantener el acompañamiento de los bloques dialoguistas para aprobar su alternativa. En Nación reconocen que la negociación obligó a aceptar disposiciones diferentes de las que el Ejecutivo había impulsado originalmente.
Si el proyecto obtiene media sanción, el Senado tendrá la posibilidad de introducir modificaciones antes de que la iniciativa complete su recorrido parlamentario. En el Gobierno consideran que esa instancia puede servir para revisar los artículos que generan objeciones de Economía. Sin embargo, también admiten que los aliados volverán a exigir definiciones sobre las mismas prestaciones durante el debate del Presupuesto 2027, por lo que una postergación de la discusión no resolvería necesariamente el conflicto.
La alternativa del veto aparece como una instancia posterior. Milei solo podrá observar total o parcialmente el proyecto cuando exista una sanción definitiva de ambas cámaras, y en la Casa Rosada aseguran que todavía no se discutió formalmente qué artículos quedarían alcanzados. El artículo 80 de la Constitución establece además condiciones para una promulgación parcial: las disposiciones no observadas deben tener autonomía normativa y su aplicación no puede alterar la unidad del texto sancionado.
El calendario suma un factor político adicional. El Gobierno busca evitar una nueva controversia sobre Discapacidad antes de la visita prevista del papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. El itinerario difundido contempla una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole el lunes 9, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. En Balcarce 50 reconocen que esa actividad puede amplificar los reclamos del sector y que, si se concreta el viaje, resultará difícil evitar que el conflicto tenga repercusión durante la visita.
La Casa Rosada enfrenta así una negociación en dos etapas: garantizar los votos para aprobar la nueva ley y resolver después su compatibilidad con el Presupuesto 2027. El oficialismo mantiene la convocatoria del 21 de octubre, mientras Economía conserva sus objeciones y los aliados reclaman certezas sobre el financiamiento. En Nación insisten en que la definición sobre un eventual veto llegará más adelante, pero reconocen que todavía no existe un acuerdo interno que descarte ese escenario.
