Rodolfo Bullrich, el primo de la senadora Patricia Bullrich, defiende al Banco Santander en un juicio entablado por un moroso que acusa a la entidad crediticia de aplicarle tasas usurarias ante el juzgado que subroga Fernando Gabriel D’Alessandro, quien este miércoles tendrá audiencia pública ante la comisión de Acuerdos del Senado para conseguir que le dictaminen el pliego como vocal de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Es decir, el mismo magistrado que tiene que fallar en el litigio donde interviene el abogado Bullrich necesita que la legisladora Bullrich y sus colegas le aprueben el ascenso.
Fuentes con acceso a la causa dijeron a LPO que D’Alessandro rechazó un pedido de medida cautelar para suspender el reporte de incobrabilidad en el Banco Central, a pesar de que el demandante ofreció una caución real para respaldar su solicitud. “El juez avaló simples capturas de pantalla de los sistemas internos del Banco Santander Argentina, con mensajes unilaterales de parte de la entidad”, precisaron.
El primo de la jefa de la bancada libertaria, por su parte, integra el influyente estudio Nicholson & Cano. Su managing partner, Santiago Nicholson, participó del almuerzo privado que mantuvieron 30 empresarios con la senadora en el 62° Coloquio de Idea la semana pasada, en Mar del Plata.
Lo paradójico es que, mientras que Juan Bautista Mahiques mandaba el pliego de D’Alessandro al Congreso a fines de agosto, la oposición impulsaba el emplazamiento de las comisiones para votar un proyecto que alivie a las familias endeudadas con bancos y billeteras virtuales.
La justicia investiga las tasas que cobra el Santander a sus clientes por las deudas de tarjeta
La demanda que le toca al magistrado que aspira a convertirse en camarista revela un modus operandi antes que un caso aislado. En medio del impacto político por la discusión del DNU 70/23 y las desregulaciones que habilitan el acoso financiero y el sobreendeudamiento de las familias, el estudio jurídico del pariente de Bullrich custodia en tribunales una ingeniería que indexó una deuda en tiempo récord.
La trampa contable que quedó documentada en el expediente se basa en los propios resúmenes de las tarjetas VISA y American Express agregados tras una prueba anticipada. El banco partió de un capital de $52 millones a julio de 2025. Según la defensa, “ese monto ya se encontraba inflado porque el límite de compra era de $18 millones, pero mediante una liquidación totalmente opaca que ocultó la Tasa Efectiva Anual y el Costo Financiero Total, se adicionó en el escueto plazo de cuatro meses la suma de $21 millones puros de intereses y $4 millones de IVA sobre intereses”. El saldo total reportado ante el BCRA trepó a $77 millones, una desproporción llamativa que revela un incremento directo del 50% sobre el capital, aplicado en un bache temporal donde la inflación oficial medida por el INDEC fue de apenas el 6,02%.
En los pasillos del fuero comercial, alertan que este tipo de expedientes demuestra “un patrón de depredación corporativa masiva”, y reconocen que “el Banco Santander Argentina promueve miles de juicios ejecutivos”. “Todos tienen un denominador común: el banco perfora sistemáticamente los límites de compra de las tarjetas de crédito cuando se opera por Mercado Pago y de esta forma logra abultar saldos potencialmente ejecutables y forzar refinanciaciones ruinosas”, explican.
Sin embargo, esta vez Santander es el demandado e involucra a la empresa de Marcos Galperín. La parte denunciante aduce que el banco habría convalidado “una mecánica circular de supervivencia donde el usuario transfería fondos de la tarjeta vía Mercado Pago, que inmediatamente reingresaban como pagos mínimos en una bicicleta que el Santander permitió para continuar percibiendo comisiones por extracción virtual e intereses punitorios”.
Además, la presunta víctima contó que al ahogo patrimonial se sumó una campaña de hostigamiento extrajudicial, que habría sido ejecutada por la agencia MO&PC Collections. “Las comunicaciones intimidatorias, los correos electrónicos y un bombardeo diario de Whatsapps se dirigieron no sólo al titular de los productos, sino a casillas de antiguos empleadores y al teléfono de su cónyuge, quien ni siquiera era titular de las cuentas, violando las prohibiciones expresas de la Ley 6171 de la Ciudad de Buenos Aires”, dijeron a LPO.
La persona damnificada requirió formalmente la intervención de la Justicia penal, bajo la acusación al banco de practicar “usura crediticia” por la adición de los $21 millones de intereses en cuatro meses. El planteo se encuentra pendiente de resolución por parte del juez D’Alessandro, que a partir de esta semana defiende su pliego ante el Senado para escalar como camarista.
