El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto posee unas 2957 obras de arte en el exterior por un valor total estimado en U$S4.100.000, a las que se les debe sumar la Colección de Arte Argentino y Precolombino ubicada en la sede central en la Ciudad de Buenos Aires y en el Palacio San Martín, valuadas en otros 15 millones de dólares.

El Palacio San Martín es la sede ceremonial de la Cancillería, un edificio histórico con alto valor patrimonial, pero que hasta no hace mucho tiempo tenía graves debilidades de seguridad: según la auditoría del Estado nacional que encargó Javier Milei y a la que accedió en exclusiva TN, este inmueble no tenía operativo el sistema contra incendio, lo que ponía en riesgo la integridad de estas obras de enorme valor histórico y monetario.

Esta es tan sola una de las irregularidades halladas en el informe de entrega y recepción (decreto 126/2023) que esta administración realizó para conocer el estado de situación de toda la Administración Pública Nacional (APN). Allí se enumeran la cantidad total de empleados, juicios en trámite, contrataciones vigentes, inmuebles sin título de propiedad, entre otras anomalías.

La auditoría del Estado: de empleados con sueldos millonarios a inmuebles sin escrituras en todo el país

Mientras en la Cancillería reparan el sistema contra incendio, este Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto también se ocupa de regularizar la situación de 61 inmuebles que tiene bajo su inventario, pero de los que no posee ni escrituras ni documentación que acredite su titularidad.

Son 61 propiedades destinadas al Culto que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le asignó a la Cancillería, pero que están en una especie de situación irregular porque el Ministerio no ejerce ni la custodia ni el mantenimiento de estos inmuebles. Entre estas están la Catedral de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Así se estableció en la auditoría integral del Estado.

Hace poco más de un mes, la Cancillería le envió a la AABE una nota en la que le pidió que se le informe la cantidad total de inmuebles propiedad del Ministerio para poder realizar el cruce de información y establecer con claridad qué documentos se tiene de cada inmueble.

Otra de las irregularidades que se detectó en la auditoría se centra en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, que ahora conduce Mariano Cuneo Libarona. Según los documentos a los que accedió este medio, el monto total de dinero de ese fondo a diciembre de 2023 era de $21.274.693.

La auditoría que se hizo sobre esta cartera y este fondo en particular demostró que hay “ausencia de control en la ejecución e instrumentación del fondo”, además de falta de informes mensuales, semestrales y anuales de la gestión y las actividades de este fideicomiso que se deben elevar al Consejo Federal para la lucha contra la trata.

Además, hay un dato que es realmente llamativo. Según el ejercicio 2022/2023, los gastos administrativos del fideicomiso “superaron ampliamente a los montos de beneficios otorgados a las víctimas del delito de trata”. En otras palabras, cuesta más caro sostener el fondo que la cantidad de plata que se envía a las víctimas.

El pequeño ente que tiene sueldos millonarios

De la auditoría se desprende un dato curioso. Hay un pequeño organismo, tal vez desconocido, en el que sus empleados reciben un salario más alto en promedio que quienes se desempeñan en el Ministerio del que depende.

Es el caso del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), que de acuerdo a los datos oficiales a los que accedió TN a noviembre de 2023, sus empleados recibían en promedio unos $1,4 millones (bruto) cuando el resto de las carteras cobraba unos $800 mil. El Inprotur tiene 58 empleados. Actualmente, un director de este organismo percibe $3,1 millones bruto.

De hecho, el Gobierno tomó esta semana la decisión de echar a dos de sus funcionarias que se encontraban en las delegaciones turísticas de Francia y Estados Unidos y que tenían sueldos de hasta $11 millones.

Según explicaron fuentes oficiales, esto obedece a que el Inprotur es un ente de derecho público, pero que no integra la administración pública nacional, por lo que no se rige por las mismas escalas. Se encargan de promocionar a la Argentina en el mundo. Su principal fuente de financiamiento es una tasa que se cobra ante la emisión de pasajes internacionales.