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Opinión

Seis meses de Milei en el gobierno: las políticas de memoria, verdad y justicia bajo asedio

El discurso negacionista de los crímenes y reivindicador de las Fuerzas Armadas se combina con acciones quirúrgicas destinadas a entorpecer el avance de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.

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Javier Milei cumplirá el lunes seis meses en el gobierno. Sus diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron expuestas en innumerables ocasiones. Sin embargo, si hay algo en lo que coinciden es en la impugnación del proceso de memoria, verdad y justicia. Un relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta muestra cómo estas políticas –que hicieron de la Argentina un ejemplo en el mundo– tambalean desde que asumió la administración libertaria.

El 2 de abril pasado, Milei usó la conmemoración por los 42 años del desembarco en Malvinas para lanzar una consigna de futuro: llamó a la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Un mes y medio después, en la Casa Rosada, inauguró un busto de Carlos Menem y habló de los indultos que el riojano firmó como una “herramienta constitucional” para pacificar la Argentina. No le importó que la Corte Suprema hubiera dicho que eran inconstitucionales.

Milei no encarna la batalla por la “memoria completa”, pero los combates contra el movimiento de derechos humanos son parte de su “batalla cultural”. Villarruel –que milita hace más de 20 años en organizaciones ligadas a la defensa o reivindicación de las fuerzas que actuaron en la represión ilegal– hizo en estos meses algunas intervenciones quirúrgicas que tuvieron que ver con el ataque a las referentes de los organismos –como Estela de Carlotto, Taty Almeida o Hebe de Bonafini–, la reedición del discurso del “curro de los derechos humanos” o la reivindicación de su padre por haber actuado en el Operativo Independencia –considerado por los tribunales como la “antesala” del genocidio que se implementó a lo largo y ancho del país.

Para el CELS y Memoria Abierta, las posiciones negacionistas y revisionistas que expresan los principales actores de La Libertad Avanza (LLA) “representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simbolizan el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Si bien desde el Ministerio de Justicia se mantuvieron las querellas en 266 causas por crímenes contra la humanidad, hubo desde otras carteras acciones tendientes a evitar que se investiguen estos delitos. La posición más clara en este sentido la adoptó Luis Petri con el desmantelamiento de los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental, que funcionaban desde 2010 y que aportaron información esencial a la justicia para lograr la identificación y la condena de los perpetradores.

Tanto Petri como Patricia Bullrich decidieron, además, no enviar la información que les requería la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para la búsqueda de los niños y las niñas apropiados durante el terrorismo de Estado. Creada en 1992, la Conadi es el órgano del Poder Ejecutivo que canaliza las búsquedas de quienes dudan sobre su identidad. Según informó Abuelas de Plaza de Mayo, el 90 por ciento de los casos que entran al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para su testeo provienen de la Conadi.

En materia de juicios, el gobierno, además, disolvió los equipos de filmación de los juicios por crímenes de lesa humanidad. El proceso comenzó con la puesta en disponibilidad de los trabajadores que registraban las audiencias tanto en los tribunales de Comodoro Py como en los de San Martín. En la práctica, significó la desaparición del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), que se había creado a partir de un convenio que firmó en 2009 la Corte Suprema con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

A nivel de archivos, se interrumpió la mesa que se había conformado al interior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la que participaban organismos de derechos humanos para avanzar en la desclasificación de información que permita contribuir a las causas y al conocimiento de la verdad sobre lo sucedido. El CELS y Memoria Abierta resaltan, además, que faltan nombramientos clave en áreas sensibles como el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que custodia –entre otros– el fondo documental de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) tampoco se designó a quien estará al frente de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. En paralelo, se avanza en el desfinanciamiento de estos espacios a lo largo y ancho del país. Sus trabajadores están precarizados y las obras, paralizadas. El caso más evidente es el de la construcción de un memorial en Campo de Mayo –a la que se había comprometido el Estado argentino ante organismos internacionales.

El gobierno, además, auspició actos reivindicatorios de la dictadura dentro de los lugares que funcionaron como campos de concentración. Tal fue el caso de la irrupción de militares retirados en el Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA– para celebrar el Día de la Armada. Después de que el CELS le reclamara explicaciones, Petri saludó y minimizó el hecho como un acto de argentinos cantando la marcha de la Marina. Antes, el ministro de Defensa había dicho que las Fuerzas Armadas fueron demonizadas por su actuación en la década de 1970.

El Ministerio de Justicia, por su parte, frenó el pago de las reparaciones económicas a las víctimas de la dictadura. Lo hizo invocando una auditoría por 180 días y usando como excusa una causa judicial que había sido impulsada por el gobierno anterior contra una banda que se dedicaba a falsear declaraciones para estafar al Estado. Para el CELS y Memoria Abierta, esto se dio conjuntamente con “denuncias generalizadas que pretenden extender sin sustento la sospecha de corrupción sobre la totalidad de la política pública”.

La novedad, sin duda, del gobierno de LLA fue la centralidad de los argumentos negacionistas en los discursos públicos, que niegan el carácter sistemático de los crímenes cometidos, los minimizan, justifican la violencia estatal, deshumanizan a las víctimas e incluyen declaraciones a favor de la impunidad de los represores. “Existe un acuerdo extendido al interior del gabinete nacional en favor de ‘dejar atrás el pasado’. Mientras algunos reconocen la actuación ilegal de las fuerzas armadas, otros la ignoran y otros, incluso, llegan al extremo de reivindicarla”, afirman en el informe.

El CELS y Memoria Abierta no solo recogen declaraciones de Milei o Villarruel, sino también de funcionarios de segunda línea –que son los encargados directos de la implementación de las políticas. Tal es el caso de Claudio Pasqualini, secretario de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM) del Ministerio de Defensa y exjefe del Ejército de Mauricio Macri. En una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, Pasqualini revivió la teoría de la “guerra sucia” y la idea de la campaña antiargentina por parte de organizaciones “que reciben financiamiento desde el exterior” para atacar a los militares. Pasqualini –yerno de un represor condenado a perpetua– fue señalado como el responsable de desarmar los ERyA, tal como venían reclamando los acusados por crímenes aberrantes.

 

Fuente: Página/12

 

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Opinión

La casta prehistórica al auxilio de Milei

Santiago Caputo asumió la conducción del Gobierno y apeló a la matriz de poder que supo conducir el Coti Nosiglia.

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 El experimento libertario entró en una nueva fase de su recorrido extravagante. Milei cedió la conducción política del proceso a Santiago Caputo que, escaso de herramientas, apeló a la casta prehistórica que encarna la matriz que supo conducir el histórico operador radical Coti Nosiglia.

Veamos. Mario Lugones es el jefe de toda el área de salud, que va desde el Ministerio hasta el Pami y la Superintendencia. Su cargo es asesor en salud de la Jefatura de Gabinete, no firma pero manda, en una lógica de metagobierno que se reproduce a lo largo de toda la estructura del Estado y que tiene a Santiago Caputo como conductor.

Mario Lugones es director y socio del Sanatorio Güemes, propiedad de Enrique Nosiglia y Luis Barrionuevo. Su hijo, Rodrigo Lugones, es socio de Santiago Caputo y Guillermo Garat en la consultora Move. Pero hay que evitar el razonamiento lineal, la vida es más compleja. Rodrigo Lugones y Santiago Caputo tienen autonomía de Nosiglia. Mario, menos. Como también es cierto que si antes de Milei, Rodrigo era el líder de la consultora, ahora el jefe es Caputo. Las cosas cambian.

Sigamos. Alejandra Rafuls es una operadora de prensa que tuvo su momento de fama cuando defendía a capa y espada a Víctor Alderete, el infame presidente del Pami de Carlos Menem, que contribuyó a la fortuna de Rafuls y su marido Jorge Gandara. Ambos muy cercanos a Nosiglia, al punto que Rafuls le maneja la comunicación al Sanatorio Güemes. Hoy están asesorando a Santiago Caputo en su toma de control de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que por la cantidad de consultores de prensa que está contratando, todo indica que quiere convertir en la plataforma de operación sobre los medios. Es la prehistoria de la casta, con sus modos e ideas, al auxilio de los libertarios.

Pero hay más. Santiago Caputo, como reveló LPO, también utiliza a YPF para amplificar su incidencia sobre los medios a través del presupuesto de publicidad de la petrolera estatal, que sólo en los primeros tres meses del año su vicepresidente Garat hizo estallar hasta los 10 mil millones de gasto. Quien cursa la pauta es la agencia Sentidos de Andrés Bidart, otro viejo amigo de Nosiglia. Esto no significa que el Coti esté atrás de todo, pero es un hecho que la matriz de poder que construyó el radical está regresando al poder de la mano de Caputo. «El Coti manda y define en Salud, en el resto, es gente cercana a él que en los años fue construyendo vínculos entre sí», explica alguien que lo conoce bien.

Aunque la suma de coincidencias despierta sospechas. El nuevo secretario de Estrategia es Luis Vila, histórico hombre de Nosiglia en los servicios de inteligencia, que llegó al cargo de la mano del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Los tres comparten un mecenas común: el empresario Eduardo Eurnekian, empleador del presidente Milei.

Tenemos así un metagobierno que flota sobre el gobierno visible, con gente que es asesora o nada, que no firma pero manda. Esto también es prehistoria de la casta.

Tenemos así un metagobierno que flota sobre el gobierno visible, con gente que es asesora o nada, que no firma pero manda. Esto también es prehistoria de la casta. Esa idea de supuestos iniciados, que si no firmás y conseguís gente que lo haga por vos podés usufructuar el poder y estás a salvo de la persecución penal. Malas noticias. La causa cuadernos barrió con ese diseño de la impunidad. Martín Larraburru, ex secretario privado de Abal Medina, estuvo preso porque un testigo lo involucró en la red de coimas. Lo mismo le pasó a Nelson Lazarte, un colaborador de Julio de Vido. Ninguno había firmado nada ni tenía vínculo funcional con los expedientes investigados.

«Es un error no asumir cargos, te yabraniza, el que recomienda eso no entiende que el país cambió», explica un dirigente que conoce hace décadas los pasillos que hoy deslumbran a Caputo.

Y en este punto pasamos a la Justicia. No es casualidad que Santiago Caputo, a través del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se haya metido en la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura. Fue, además, uno de los impulsores de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Si creen que compran un seguro, buena suerte con eso.

La casta prehistórica al auxilio de Milei

 

Vemos entonces que el líder de los Peaky Blinders pasó de dedicarse al manejo de trolls y el discurso de posicionamiento electoral, a hundirse hasta el cuello en esa zona radioactiva que cruza espías, políticos, jueces y medios. Y eligió hacerlo de la mano de gente experta en esa tarea, como los mencionados más arriba, a los que se suman los consultores Gastón Douek y Adrián Kochen.

Se trata de un reflejo comprensible en la emergencia, para darle estabilidad a un gobierno que no hace pie en la política. Porque como dijo Francos: «Milei no entiende la política argentina». El problema es que esa idea de apelar a «los malos» -como el propio Santiago Caputo los caracterizó en un tuit-, es tan vieja como ineficaz. La idea que existe un lugar oscuro del poder donde todo se acuerda y se resuelve es una fantasía equiparable a las profecías de Parravicini, que el asesor se tatuó en la espalda.

Una cosa es la buena información, como insumo indispensable del poder, y otra la política, donde se requiere, sobre todas las cosas, sentido común. Gente como el mítico Chueco Mazzón, histórico operador del peronismo, sabía meterse en el barro, pero se destacaba por simplificar lo complejo y encontrar lo relevante en el mar de chismes y estupideces que cruzan el poder.

 

Gente sensata haciendo cosas prácticas, es lo que se requiere. El espionaje y las prácticas esotéricas son apelaciones a un mundo mágico, que se supone no tiene cabida en la inflexible lógica de la Escuela Austríaca.

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