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CORRUPCION

Denuncian a un excomisario por cobrar “peaje” a contratados del InSSSeP para hacer caja para la UCR

El comisario retirado, Raúl Cantero, quien responde políticamente al gobernador, Leandro Zdero en la vocalía que representa a los jubilados en el directorio del InSSSeP, fue denunciado por su propio sobrino. Ante la Justicia, el joven lo acusó de obligarlo a entregar más de la mitad de su sueldo a cambio de mantener su contrato de gabinete. El denunciado habría justificado este “aporte” al señalar que era para repartirlo entre los militantes del radicalismo de Fontana. Tras rogarle por su sueldo completo, fue dado de baja y en su lugar Cantero contrató a su propio hijo. El descargo del acusado.

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El InSSSeP, obra social de los empleados estatales del Chaco, quedó envuelto en un grave caso de nepotismo y corrupción que tiene como protagonista al comisario retirado de la Policía del Chaco y actual integrante del organismo, Raúl Cantero.

Su sobrino lo denunció por obligarlo a entregarle más del 60 por ciento del sueldo que se le pagaba en calidad de contratado y por echarlo tras rogar que se lo deje de descontar. Cantero, quien responde políticamente al gobernador, Leandro Zdero, le habría reconocido que dicho “aporte” era para hacer caja política para el radicalismo de Fontana. Tras echarlo, el excomisario le otorgó el contrato a su propio hijo. La denuncia quedó a cargo del Equipo Fiscal 1 de Resistencia.

El expediente judicial comenzó el 28 de mayo pasado, cuando el joven R.V., de 26 años, denunció ante la Unidad de Atención a la Víctima y la Ciudadanía del Poder Judicial del Chaco a su tío por la retención indebida de sus haberes.

Recordó que el 9 de diciembre de 2023, por intermedio de Cantero, comenzó a prestar servicios como contratado en digitalización de expedientes del InSSSeP. Sin embargo, el 31 de diciembre de ese mes, el contrato no fue renovado.

Días más tarde, el 5 de enero de 2024, tras asumir la vocalía pasiva en reemplazo del jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, Cantero se comunicó con R.V. para comunicarle una buena noticia: iba a conseguirle un contrato de gabinete en la vocalía pasiva. El sueldo total era de 550 mil pesos, aproximadamente. Sin embargo, había una mala: ese sueldo no quedaría totalmente en sus manos ya que solamente se llevaría 200 mil pesos, más un ticket de alimentos.

Para edulcorar aún más el ilegal pedido, su tío le argumentó que además de los beneficios ya mencionados, debía tener en cuenta que tendría jubilación, obra social y la posibilidad de, a futuro, pasar a planta permanente. Respecto de la retención del resto de su salario (casi el 64%), le explicó que esto iba a ser utilizado para otorgárselos a “los contratados que habían quedado afuera”.

Raúl Cantero junto a la presidenta del InSSSeP, Irene Dumrauf.

A pesar del cobro del “peaje” que le exigía dejar su tío, el joven decidió aceptar la oferta debido al contexto económico, la necesidad de colaborar con la economía familiar y cubrir parte de los gastos de sus estudios universitarios.

El 10 de enero pasado, comenzó a trabajar en la oficina de Vocalía Pasiva, más precisamente en el área de Jubilaciones / Novedades. La retención compulsiva de sueldo por parte de su tío se mantuvo hasta el 3 de abril, cuando le avisó que su contrato fue dado de baja. El joven pidió la resolución correspondiente y fue ahí que se enteró que lo había reemplazado su primo, el hijo de Cantero. Al realizar la denuncia judicial, el joven pidió que la Justicia vele por su seguridad, la de su familia, sus amigos y su novia, teniendo en cuenta el alto cargo jerárquico policial con que cuenta Cantero. También pidió que se le restituya el dinero retenido indebidamente.

Chats

Además de realizar su declaración ante la oficina judicial, el joven entregó un pendrive con capturas de los diálogos que mantuvo con su tío vía WhatsApp. También aportó los comprobantes de las transferencias bancarias realizadas hacia él, montos que corresponden al dinero retenido de su sueldo que debía aportar “a la causa” si es que no quería perder su contrato.

R.V. contó que una de esas charlas se produjo al día siguiente del primer pago de su sueldo. El 30 de enero, su tío se comunicó recordándole el trato que tenían y que no se olvide de pasarle los 300 mil pesos a su cuenta bancaria.

Tras realizarle la transferencia, el joven le marcó a su tío que le parecía injusto el reclamo de más de la mitad de su sueldo cuando había otros contratados que no sufrían ningún tipo de descuento de estas características.

Cantero le respondió en malos términos. Le aseguró que el dinero que le sacaba a él era para financiar la actividad política de militantes radicales de Fontana, que se quedaron afuera de la lista de contratados. Es decir: el dinero que le pedía en calidad de “aporte voluntario” era para hacer caja partidaria.

“Mirá, Rodrigo”, le respondió Cantero. “Me parece que vos no entendiste lo que hablamos. Yo en total reparto la plata entre los que quedaron sin contrato y justamente conseguí 4 (contratos de) gabinetes para repartir entre todos. No sé quien te dijo que los otros no ponen nada. Si no querés poner, mañana te devuelvo y listo. Pero vos no me podés venir con estas boludeces (…) para eso te pregunté bien”, le recordó.

“Yo hago política y mientras vos estás en las sombras, los otros todos los días caminan conmigo en el sol repartiendo volantes a las 17 horas en Fontana y abriendo el comité todos los días, de 8 a 22. Yo por confianza te di a vos cuando podía darle a otro. Por lo visto no entendiste. Pasame tu CBU y te devuelvo la plata”, añadió el comisario retirado. El dinero, claro está, no fue devuelto.

Posteriormente, el 4 de marzo de ese año, tras pagarle el “peaje” a su tío, el joven se reunió con él. En ese encuentro, le imploró que no le obligue a entregarle el dinero que habían acordado porque necesitaba su salario completo para realizarse unos arreglos dentales. Cantero le dijo que no había problema. Que el mes siguiente le transfiera sólo 200 mil pesos y que a partir de mayo ya podía quedarse con la totalidad de su salario. El 3 de abril se enteró que su contrato fue dado de baja.

En diálogo con LITIGIO, Cantero dijo que es inocente y que todo es una maniobra en su contra. “El día viernes fui sorprendido por la noticia. Ya instruí a mi abogado para que pida los audios de la radio porque hasta ahora sólo se por lo que salió en las redes. No fui notificado formalmente de nada por la justicia y ya me puse a derecho. Es una burda maniobra orquestada por el gremio. Esos audios que circulan no son míos y va a quedar demostrado. Es todo lo que tengo para decir por consejo del patrocinante. Oportunamente voy a llamar a una conferencia de prensa y querellaré a todos los que me difamaron”, afirmó.

Tras confirmar su pertenencia partidaria (“soy militante de la UCR desde que tenia 17 años”), insistió en que todo se trata de un armado para perjudicarlo. “Yo denuncié a la anterior gestión porque el Tribunal de Cuentas les hizo cargo por 19 mil millones de pesos en el año 2020 y por 6 mil millones en el 2021. Esa causa está en la fiscalía especial anticorrupción. Todo esto es un pase de facturas porque la secretaria general del gremio formaba parte del directorio anterior como sindica representante del gobierno”, añadió, en referencia a Zulema Verón de Coria .

Su sobrino también dialogó con este medio. Ratificó su denuncia y señaló que era obvio que su tío iba a negar todo. “Es lógico que por cuestiones de su defensa salga a decir que no son sus audios, pero sí, es él. Inclusive tengo los registros tanto de WhatsApp como los audios enviados por él y su hijo donde ambos admiten haberme pedido dinero para cuestiones ‘políticas’”, afirmó.

Exacciones ilegales

El Código Penal tipifica a las acciones por las que Cantero está siendo acusado como “exacciones ilegales”. El artículo 266, establece que será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden. Se aplicará también multa de dos a cinco veces del monto de la exacción.

El artículo 267 añade que, si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años.

Por otra parte, el artículo 268 reprime con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores. Se aplicará también multa de dos a cinco veces del monto de la exacción.

 

LAS CAPTURAS DE LOS CHATS Y LOS COMPROBANTES APORTADOS A LA JUSTICIA

   

 

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CORRUPCION

#CHACO Una cautelar ordenó mantener la fuente laboral de jornalizados del programa “Hábitat”

El Juzgado Laboral Nº 1 de Resistencia hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Ministerio de Producción del Chaco que mantenga en sus puestos laborales a 32 trabajadores y trabajadoras jornalizados del programa “Hábitat” y que participaron del concurso de pase a planta suspendido por el Superior Tribunal de Justicia. El gobierno de Zdero ya apeló la resolución judicial.

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En protección del derecho constitucional a trabajar, una jueza chaqueña dictó una medida cautelar que ordenó al Ministerio de Producción y Desarrollo Sostenible del Chaco que mantenga la situación laboral de más de treinta jornalizados del programa “Hábitat” hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que se tramita en forma paralela. Es que los trabajadores participaron del concurso de antecedentes y oposición convocado por el exgobernador Jorge Capitanich para regularizar su situación laboral pero el mismo fue paralizado por la actual gestión del mandatario Leandro Zdero, lo que luego fue confirmado por un fallo del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

La sentencia, que hoy difunde como adelanto LITIGIO, fue dictada el 5 de junio pasado y lleva la firma de la jueza Laboral Nº 1 de Resistencia, Silvana Gómez, ante una presentación realizada por la Unión Personal Civil de la Provincia (UPCP) en representación de los trabajadores jornalizados. Fue luego de que la nueva gestión les comunicara que no debían presentarse a trabajar por no haberse renovado su contrato como jornalizados.

En sus fundamentos, la magistrada señaló que la decisión de no permitir la continuidad de los jornalizados “transgrede la ley provincial N°3946-A, que reglamenta los concursos para regularización laboral del personal jornalizado, entre otro personal y que dispone expresamente que el personal inscripto en los concursos mantendrá mientras dure el proceso concursal (2023-2030) la situación de revista, y asoma atentatoria del derecho a trabajar de los aquí afectados, más aún frente a una puntual realidad política, social y económica, por lo que es dable exigir al ministerio demandado que mantenga la situación de revista de los trabajadores que prestaban funciones desde el año 2019 en el grupo Hábitat como “personal jornalizado”, con asignación de las tareas habituales como la consecuente remuneración o contraprestación”.

Proteger el derecho a trabajar

En ese sentido, el fallo advierte que la medida cautelar “se propone necesaria en pos de proteger un derecho constitucionalmente protegido como es el de trabajar, independientemente de la modalidad o condiciones de la contratación, en el caso jornalizados, en razón de que mediante la medida que se despacha se persigue impedir se consumen perjuicios que de otro modo podrían verse irreparables, más aún, como se dijo supra, considerando la crítica situación general del país”. Así, consideró que debía aplicarse al caso “el principio protectorio de justa preeminencia que rige en el fuero -que representa el espíritu que fundamenta el art.14 bis de la Constitución Nacional-“.

Al respecto, la jueza aclaró que “no se me escapa que un sector de la doctrina aduce la existencia de prejuzgamiento, no obstante destaco que ante múltiples supuestos que la realidad presenta hay casos como el presente en que sólo otorgando anticipadamente lo que es materia de la litis, se logra hacer rendir al servicio su máxima eficacia, mediante una decisión rápida que preserva aún provisoriamente el valor justicia y evita perjuicios irreparables”.

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