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Politica

Guillermo Moreno, irónico contra Javier Milei: “Es más anarco que capitalista”

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El ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner y actual dirigente peronista, Guillermo Moreno, criticó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y lo tildó de “querer destruir el ahorro de todos”. Advirtió, con ironía: “Es más anarco que capitalista”.

“Que es anarcocapitalista lo dijimos desde el primer día, pero ahora está más anarquista que capitalista porque está destruyendo el ahorro de todas las personas, ya sean familias o empresas. Sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay sistema capitalista”, advirtió Moreno en Radio 10.

Además, el ex secretario de Comercio aseguró que Javier Milei impide el ahorro de los argentinos y justificó: “Él quiere que agarres los pocos dólares que tenés y los vendas para pagar sueldos o expensas. Y en pesos es imposible ahorrar”.

El sistema capitalista no funciona sin ahorros, por lo tanto, a esta altura es más anarquista que capitalista”, concluyó Guillermo Moreno. Milei se autodefine, desde la campaña, como anarcocapitalista.

Guillermo Moreno expresó su confianza con una metáfora futbolera

En diálogo con Radio 10, el exfuncionario se mostró emocionado por el apoyo que recibió por parte de sus seguidores el pasado jueves 6 de junio, cuando llevó adelante un acto en Ferro donde se presentó el “Plan de Gobierno Peronista”.

“Lo que pasó al otro día me hizo acordar a cuando a un equipo le va bien y, muchas fechas antes de que termine el campeonato, la hinchada ya empieza a cantar campeón. Esa fue la consigna del acto”, comparó Moreno.

También destacó que el peronismo está “olfateando” triunfo y sentenció: “Así como los domingos la hinchada sabe que su equipo va a andar bien, nosotros empezamos a sentir que el próximo gobierno es peronista”.

A su vez, respecto al apoyo que recibió por parte de sus seguidores durante el acto, Moreno indicó: “Fue muy interesante. Fue un hecho muy motivacional que nos dejó muy contentos”. Además, señaló que lo mas importante fue que “los veteranos del peronismo tienen a quien pasarle la banda”, refiriéndose a la convicción juvenil.

Tal como sostiene desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, el ex precandidato presidencial consideró que el peronismo debe estar unido para volver poder y afirmó: “Durante el acto en Ferro nos organizamos. Armamos el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista y tenemos la Confederación Justicialista, que es la unión de todos los partidos de la doctrina”.

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Politica

«se violaron normas constitucionales y de protección a los derechos humanos»

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El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco mostró su preocupación ante las reiteradas desinformaciones que surgieron desde altos funcionarios del gobierno provincial en relación a la normativa vigente aplicable en manifestaciones y reitera al gobierno de la provincia la necesidad de cumplir con el protocolo que garantiza el derecho a la protesta.

En sendas publicaciones distribuidas en redes sociales, tanto el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, como el jefe de Policía de la provincia, Fernando Romero, reivindicaron el desproporcionado operativo policial desplegado el miércoles por la tarde noche en el microcentro de Resistencia, en repudio de la Ley Bases. Mediante un video editado y musicalizado de manera efectista, ambos funcionarios hablaron de la correcta aplicación del “protocolo antipiquetes”. Zdero fue más allá y habló de la existencia de una «ley antipiquetes» que se encuentra «activa en el Chaco».

En este sentido, el Comité para la Prevención de la Tortura recuerda que no existe una «ley antipiquetes». La guía represiva a la que hace referencia tanto el gobernador como Romero, más conocida como “Procotolo Bullrich”, es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que ni siquiera es aplicable a las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco y que sólo alcanza a intervenciones de las fuerzas federales.

La normativa que sí es aplicable a las fuerzas del Chaco es la Ley 2399-J, la cual regula la intervención policial en manifestaciones públicas. En la misma, se determina que son “objetivos fundamentales de los cuerpos policiales y fuerza de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas, el respeto y la protección de los derechos de los participantes. En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”. Además, se establece con claridad que el uso de la fuerza debe ser la última instancia y solo si hay peligro para la vida de las personas.

En la manifestación realizada el miércoles, en los alrededores de la Plaza central de Resistencia, la Policía incumplió el protocolo vigente obstaculizando el derecho a la protesta y la circulación de los manifestantes. No había ambulancia o sistema de emergencia cerca del lugar de los hechos, ni tampoco interlocutor para el diálogo. Se utilizaron gases lacrimógenos sobre personas desarmadas, que se manifestaban de manera pacífica, haciendo un abuso de la fuerza. Los uniformados, además, estaban armados.

A la desinformación del video oficial que se hizo viral, se le sumó una suerte de gacetilla de prensa que envió el propio jefe de Policía a los medios locales. En la misma, el máximo responsable de la Policía del Chaco se dedicó a tergiversar los alcances de un fallo trascendental del Superior Tribunal de Justicia del Chaco en el cual se instaba al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley 2399- J y garantizar así el derecho a la protesta social, tras la acción de hábeas corpus colectivo presentado por el Comité para la Prevención de la Tortura luego de que la Policía del Chaco impidiera una movilización pacífica el 7 de mayo.

En su libre interpretación, Romero aseguró que el STJ declaró abstracto dicho habeas corpus “atento a no haberse acreditado restricción alguna a las libertades individuales por parte de la Policía del Chaco, como así tampoco violación a las normas constitucionales y de protección a los derechos humanos”.

Sin embargo, la sentencia no dice eso. Los jueces Víctor Del Río, Emilia Valle, Alberto Modi, Iride Grillo y Néstor Varela declararon abstracto el planteo porque la manifestación fue efectivamente interrumpida por la policía, y no por un supuesto correcto accionar policial.

Más allá de eso, el STJ sostuvo que “aunque no exista amenaza actual e inminente de que en el futuro se violente la libertad ambulatoria e integridad física de las personas con motivo del ejercicio de sus derechos constitucionales, consideramos corresponde hacer saber a las autoridades requeridas que deberán dar cumplimiento a la ley 2399 – J de criterios mínimos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, debiéndose garantizar la adopción de las medidas necesarias y conducentes para evitar actos de violencia y preservar la seguridad de las personas y el orden público, las que, en virtud del principio de razonabilidad tendrán que ser proporcionales, de acuerdo a las circunstancias fácticas y los fines perseguidos”.

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