Connect with us

CORRUPCION

Crece el escándalo del Paseo Gigena, Caputo ahora logró que la Ciudad no le cobre el canon

Se trata del megacomplejo ubicado en los bosques de Palermo que tendrá el metro cuadrado más caro de la Ciudad. En el gobierno porteño apuntan contra Larreta. Los otros macristas involucrados en el negociado.

Published

on

 El gobierno porteño no le cobrará durante 8 años el canon a la concesionaria del Paseo Gigena. Se trata de una empresa vinculada al ministro de Economía, Luis Toto Caputo y su socio, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En el gobierno porteño responsabilizan al larretismo por el desventajoso acuerdo. En efecto, se cruzan en la iniciativa, signada por conflictos de interés desde el inicio, poderosos nombres del larretismo como el ex vicejefe, Diego Santilli; el actual secretario de Desarrollo Urbano, Alvaro García Resta y el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

La concesión de ese predio, uno de los más valiosos de la ciudad, ubicado sobre las avenidas Libertador y Dorrego, frente al Hipódromo y en diagonal a la exclusiva cancha de Polo de Palermo, se suponía iba a dejar importantes recursos a la Ciudad. Pero arrancó mal: el canon establecido era de apenas un 7% de las ganancias estimadas, que encima ahora el ministro Caputo logró que se lo condonen por ocho años.

 

Como contó LPO, Toto presionó en los últimos meses para que la Ciudad habilite la explotación del Gigena, problematizada porque los concesionarios no quisieron hacer la obra estructural necesaria para evitar posibles daños sobre el caño maestro de Aysa que pasa bajo el emprendimiento. En esa presión lo acompañó el empresario libertario Pierpaolo Barbieri, que tiene previsto mudar al Gigena las oficinas de su empresa Uala.

 

Que el ministro que presiona al gobierno porteño sea el mismo que desconociendo un fallo de la Corte Suprema, le pisa la deuda de más de 600 mil millones que la Nación tiene con la Ciudad por la Coparticipación, no parece ser un tema menor. Y que su socio en el emprendimiento sea el presidente del Banco Central que debe entregar los dólares necesarios para que los estados subnacionales puedan pagar sus deudas externas, tampoco.

La concesión del predio donde se ubica el Paseo Gigena, uno de los más valiosos de la ciudad, arrancó mal: el canon establecido era de apenas un 15% de las ganancias estimadas, que encima ahora el ministro Caputo logró que se lo condonen por ocho años.

 

Caputo y Bausili, consiguieron a través de su consultora Anker la mayor parte de los fondos para financiar la obra asociados con BSD Investments, una desarrolladora muy ligada al larretismo. El ministro de Economía es amigo personal de Larreta.

 

El proyecto había estuvo frenado durante meses por el problema con Aysa. Debajo del moderno edificio que tendrá el metro cuadrado de alquiler más caro del mercado, pasa el caño de agua potable más importante de la Ciudad. La concesionaria hizo una obra menor para apurar la inauguración y por eso Caputo tuvo que ejercer presión política para que lo habiliten, porque el riesgo de un accidente mayor sigue abierto.

Crece el escándalo del Paseo Gigena, Caputo ahora logró que la Ciudad no le cobre el canon

 

El movimiento de ese caño fue el eje de una controversia entre AySA, la concesionaria y estado porteño. Horacio Rodríguez Larreta había incluido las obras en el presupuesto 2024, pero Jorge Macri se negó a pagar los más de 3 mil millones de pesos que demandaba el proyecto.

Ahora, tras meses de discusiones, será la Ciudad quien cargue con ese muerto. La ex secretaria de Obras, Manuela López Menéndez, acordó que el gobierno porteño se comprometiera a hacer la obra. La funcionaria es muy cercana a Guillermo Dietrich y antes de dejar su cargo firmó un documento que no dejó margen de maniobra.

La ex secretaria de Obras de la Ciudad, Manuela López Menéndez, acordó que el gobierno porteño se comprometiera a hacer la obra de Aysa que cuesta 3.000 millones. La funcionaria es muy cercana a Guillermo Dietrich y antes de dejar su cargo firmó un documento que no dejó margen de maniobra.

En un principio la concesión iba a ser por 15 años prorrogables por otros 5 más, pero en 2023 el gobierno cambió los términos y el predio quedará por 20 años en manos del privado.

Estaba previsto que los concesionarios abonaran mensualmente 200.893 unidades de compra, el equivalente a 62 mil dólares, o el 7% de lo recaudado como canon. Entre las dos opciones se elegía la que fuera más conveniente para la Ciudad.

 

Lo llamativo es que la concesionaria no pagará el canon durante ocho años. Ese fue el convenio que Álvaro García Resta impulsó con BSD Investments en marzo del año pasado para «compensar» a la empresa. El documento fue suscripto por AySA, BSD y el gobierno porteño. En el equipo de Jorge Macri aseguran que solo cumplieron con lo firmado por la gestión anterior.

El secretario de Desarrollo Urbano, Alvaro García Resta.

 

A medida que se atrasó el proyecto, la cuestión del caño se volvió central en las negociaciones. Los concesionarios terminaron por agregar pilotes para disminuir el peso de la estructura de hormigón sobre los caños, una solución muy precaria, que no estaba contemplada en el proyecto inicial.

Ese imprevisto tuvo varias consecuencias: la más importante fue la construcción de una servidumbre de paso que terminó reduciendo en un 50% la superficie comercial de la planta baja del edificio. «Es como comprar una casa de 100 metros y que después de firmar te digan que tiene 50», graficó un arquitecto. Es por eso que el gobierno terminó aceptando una importante reducción del canon.

 

El argumento para que el gobierno porteño financie el corrimiento del año es que el Gigena será propiedad de la Ciudad dentro de dos décadas y por eso el estado porteño debe pagar la obra. El compromiso es que esté licitada antes de 2026, pero los plazos de ejecución podrían extenderse.

 

Jorge Macri logró negociar una cláusula por la cuál los concesionarios no puedan demandar al estado si hay algún inconveniente derivado de la amenaza sobre el mega caño de Aysa, como el que ocurrió en abril de 2017 y convirtió a la avenida Dorrego en una pequeña laguna.

 

Jorge Macri logró negociar una cláusula por la cuál los concesionarios no puedan demandar al estado si hay algún inconveniente derivado de los caños de agua, como el que ocurrió en abril de 2017 y convirtió a la avenida Dorrego en una pequeña laguna.

 

En el entorno del jefe de Gobierno no disimulan su bronca con el presente griego que les dejó la gestión de Larreta, que diseñó un negocio que parece hecho a medida de los privados.

Un negocio que tiene a García Resta en el centro. El actual secretario de Desarrollo Urbano es de los pocos sobrevivientes del larretismo en el gobierno porteño y fue el principal interlocutor con los concesionarios y el mayor promotor del proyecto. Las decenas de fotos y comentarios que el funcionario subió sobre el Paseo Gigena levantaron sospechas. En Parque Patricios incluso sostienen que le pagó a influencers para promocionar la iniciativa.

 

En la Legislatura apuntan contra BSD, la concesionaria del proyecto. Para conseguir los fondos BSD se asoció con Anker, la consultora de Toto Caputo y Santiago Bausili. En el proyecto también interviene Coinsa, la constructora de Martín Maccarone. Todos son viejos conocidos: la inversora del ministro de Economía y del presidente del Central, Axis, funcionó durante años en un edificio perteneciente a Coinsa, según publicó El DiarioAR.

Continue Reading

CORRUPCION

#CHACO Una cautelar ordenó mantener la fuente laboral de jornalizados del programa “Hábitat”

El Juzgado Laboral Nº 1 de Resistencia hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Ministerio de Producción del Chaco que mantenga en sus puestos laborales a 32 trabajadores y trabajadoras jornalizados del programa “Hábitat” y que participaron del concurso de pase a planta suspendido por el Superior Tribunal de Justicia. El gobierno de Zdero ya apeló la resolución judicial.

Published

on

En protección del derecho constitucional a trabajar, una jueza chaqueña dictó una medida cautelar que ordenó al Ministerio de Producción y Desarrollo Sostenible del Chaco que mantenga la situación laboral de más de treinta jornalizados del programa “Hábitat” hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que se tramita en forma paralela. Es que los trabajadores participaron del concurso de antecedentes y oposición convocado por el exgobernador Jorge Capitanich para regularizar su situación laboral pero el mismo fue paralizado por la actual gestión del mandatario Leandro Zdero, lo que luego fue confirmado por un fallo del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

La sentencia, que hoy difunde como adelanto LITIGIO, fue dictada el 5 de junio pasado y lleva la firma de la jueza Laboral Nº 1 de Resistencia, Silvana Gómez, ante una presentación realizada por la Unión Personal Civil de la Provincia (UPCP) en representación de los trabajadores jornalizados. Fue luego de que la nueva gestión les comunicara que no debían presentarse a trabajar por no haberse renovado su contrato como jornalizados.

En sus fundamentos, la magistrada señaló que la decisión de no permitir la continuidad de los jornalizados “transgrede la ley provincial N°3946-A, que reglamenta los concursos para regularización laboral del personal jornalizado, entre otro personal y que dispone expresamente que el personal inscripto en los concursos mantendrá mientras dure el proceso concursal (2023-2030) la situación de revista, y asoma atentatoria del derecho a trabajar de los aquí afectados, más aún frente a una puntual realidad política, social y económica, por lo que es dable exigir al ministerio demandado que mantenga la situación de revista de los trabajadores que prestaban funciones desde el año 2019 en el grupo Hábitat como “personal jornalizado”, con asignación de las tareas habituales como la consecuente remuneración o contraprestación”.

Proteger el derecho a trabajar

En ese sentido, el fallo advierte que la medida cautelar “se propone necesaria en pos de proteger un derecho constitucionalmente protegido como es el de trabajar, independientemente de la modalidad o condiciones de la contratación, en el caso jornalizados, en razón de que mediante la medida que se despacha se persigue impedir se consumen perjuicios que de otro modo podrían verse irreparables, más aún, como se dijo supra, considerando la crítica situación general del país”. Así, consideró que debía aplicarse al caso “el principio protectorio de justa preeminencia que rige en el fuero -que representa el espíritu que fundamenta el art.14 bis de la Constitución Nacional-“.

Al respecto, la jueza aclaró que “no se me escapa que un sector de la doctrina aduce la existencia de prejuzgamiento, no obstante destaco que ante múltiples supuestos que la realidad presenta hay casos como el presente en que sólo otorgando anticipadamente lo que es materia de la litis, se logra hacer rendir al servicio su máxima eficacia, mediante una decisión rápida que preserva aún provisoriamente el valor justicia y evita perjuicios irreparables”.

Continue Reading

TENDENCIAS

Copyright © 1998 FUNDACION GRUPOCLAN prensagrupoclan@gmail.com