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Politica

Acusan a la mano derecha de Mondino de repartir cargos para que no lo denuncien por maltrato

Marcelo Cima habría operado ascensos de forma ilegal para evitar declaraciones en su contra. El peronismo lo quiere denuncia por cohecho en el Senado.

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 La Cancillería está envuelta en un movimiento interno que genera malestar en buena parte de los diplomáticos. Hace unos días se dieron a conocer los nuevos pliegos de ascensos de embajadores.

Como reveló en exclusivo LPO, Diana Mondino armó la lista de ascensos para favorecer a diplomáticos del PRO cercanos a Jorge Faurie y a buena parte la plata libertaria que conduce el ministerio.  La Canciller y su equipo trabajaron contrarreloj para armar esas nuevas listas y promover los ascensos entre sus funcionarios más leales «desplazando a aquellos que ya integraban las listas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023». Desde el Palacio San Martín afirmaron a LPO que «no hay antecedente de algo así.

Ahora, surgieron fuertes cuestionamientos legales al proceder de los integrantes de la llamada Junta calificadora que es la responsable del armado de los pliegos de ascenso. Como el Senado es el que debe resolver sobre las promociones, un grupo de diplomáticos vinculados al peronismo, ya lo hicieron saber y los asesores jurídicos del Partido Justicialista  están trabajando para presentar un recurso de amparo en la justicia contra esta junta.

 

Las críticas se potencian por varios «comportamientos inmorales» como el del embajador de Milei en Uruguay, Martín García Moritán, quien hizo meter a su esposa en los pliegos, en un hecho de evidente nepotismo. Pero el más grave, de acuerdo a las fuentes diplomáticas consultadas por LPO, es el del vicecanciller económico, Marcelo Cima, que fue denunciado en el Senado por entorpecer el accionar de la justicia ante investigaciones en su contra.

Como el Senado es el que debe resolver sobre las promociones, un grupo de diplomáticos vinculados al peronismo, ya lo hicieron saber y los asesores jurídicos del Partido Justicialista están trabajando para presentar un recurso de amparo en la justicia contra esta junta

Como adelantó LPO, Cima tiene un sumario penal abierto desde el año 2020 por maltratos a empleados belgas mientras era embajador en Bruselas. También le encontraron viajes no autorizados a Estados Unidos para visitar a su hija y lo acusan de haber trabajado a distancia desde un país que no era el asignado.

En su momento, el ex canciller Felipe Solá lo hizo volver a los pocos meses de nombrarlo por pedido expreso de las autoridades de Asuntos Internos para no desencadenar un conflicto diplomático con el estado belga que tenía ya las denuncias sobre la violencia laboral contra el personal de nacionalidad belga que trabajaba en la embajada argentina.

Acusan a la mano derecha de Mondino de repartir cargos para que no lo denuncien por maltrato

Con este marco, la información que manejan diplomáticos cercanos al peronismo es que cuatro funcionarios de la Cancillería fueron llamados a declarar como testigos. Se trata de Pedro Negueloaetcheverry, Constanza Crespo, Ramiro Velloso y Pablo Obregón, que habrían sido premiados ilegalmente por Cima, que los metió en la lista de ascensos a pesar de no tener los requisitos suficientes.

Según las fuentes, esa fue una estrategia de la mano de derecha de Mondino para presionar y cambiar sus declaraciones y desviar la investigación judicial.

Pedro Negueloaetcheverry, Constanza Crespo, Ramiro Velloso y Pablo Obregón, que habrían sido premiados ilegalmente por Cima, que los metió en la lista de ascensos a pesar de no tener los requisitos suficientes.Según las fuentes, esa fue una estrategia de la mano de derecha de Mondino para presionar y cambiar sus declaraciones y desviar la investigación judicial.

De acuerdo a la denuncia que está en el Senado, lo que hizo Cima se encuadra en el delito de cohecho porque utilizó una posición de poder para obtener declaraciones favorables que le eviten profundizar el sumario.

Los funcionarios involucrados también fueron denunciados por cohecho pasivo. «Cima se dedicó a premiar otros involucrados en este bochornoso expediente por el cual debería ser expulsado de la carrera diplomática», comentó un diplomático que empuja la acusación al funcionario.

Junto a los funcionarios que fueron a ascendidos,  Cima, nombró como Director del Centro Económico a Pablo Grinspun (hijo del ex ministro de Economía) quien también está citado a declarar como testigo de estos malos manejos. «El tipo pago puestos en el estado por impunidad», sentencia la fuente.

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Opinión

Zdero y los Romero: la procacidad de la derecha iletrada

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Este viernes el gobernador Leandro Zdero decidió tomar posición a favor de la represión policial que tuvo lugar durante la manifestación del 12 de junio en contra de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El problema es que invocó una ley que no existe e ignoró la que está vigente. Como si fuera poco, el jefe de Policía entendió al revés una orden del STJ y decidió que lo estaban invitando a reprimir. Finalmente, un diputado radical presentó un proyecto para respaldar la represión, con un tono tan soez que convierte la confusión en grotesco.

En sus redes sociales, Zdero escribió: “Ley antipiquetes activa en Chaco. Una medida que garantiza el respeto por el derecho de todos los Chaqueños a circular libremente”, junto a un video promocional de la actuación policial durante la jornada en la que se arrojaron gases, se repartieron cachiporrazos y no se cumplió con el protocolo vigente.

La respuesta del periodista Bruno Martínez lo puso en evidencia: “No mienta, gobernador. La Ley Antipiquetes NO EXISTE EN EL CHACO. Lo que sí existe es la ley provincial que estableció un protocolo para la intervención policial en manifestaciones públicas que es la Nº 2399-J, ley que no se cumplió en la represión del miércoles”.

La norma que menciona Martínez es la de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales – fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, cuyo objetivo fundamental es “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.

El Artículo 1º advierte: “En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”.

La ley ordena asimismo generar vías de diálogo con los participantes para evitar situaciones de violencia, y la negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Se trata de identificar las demandas para su debida canalización.

También se prohíbe taxativamente la portación de armas de fuego, y se aclara que “los agresivos químicos o antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Como lo demuestran los videos de la marcha y las secuelas de los participantes, la Policía entró a los golpes y tirando gases.

LA POSTURA DE LA JUSTICIA

En una movilización que se llevó a cabo el 7 de mayo pasado, luego de otra intervención policial violenta, el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus ante el Superior Tribunal, cuya respuesta fue contundente, como lo señaló el propio Comité: “La Sentencia 167/24 insta a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad del Chaco a cumplir con la ley 2399-J”. Es decir, a no reprimir.

Lo insólito es que el jefe de Policía, Fernando Romero, interpretó la orden del Alto Cuerpo exactamente al revés, y concluyó que al haber “declarado abstracto” el hábeas corpus, los Supremos estaban convalidando la represión. Por eso actuó violentamente desde el primer momento en la marcha de este miércoles.

Entre los manifestantes había representantes de distintos sectores, entre ellos del ámbito académico que también fueron víctimas de los excesos policiales. Al respecto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE manifestó “un profundo repudio contra la violencia ejercida sobre la Mg. Arq. Sandra Fogar, profesora de esta casa de estudios, por parte de las fuerzas policiales que reprimieron la manifestación ciudadana contra la aprobación de la ley bases, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de resistencia, realizada el miércoles 12 de junio de 2024”.

Más tarde ampliaron: “Actos como estos nos remontan a las épocas más oscuras de la historia de nuestro país y no se corresponden con el estado de derecho que demanda la convivencia democrática de la sociedad. Velamos para que se recapacite y vele por la salvaguarda del sistema democrático y la convivencia pacífica de la ciudadanía chaqueña”.

En ese sentido, el profesor en Filosofía Dionisio Saavedra abundó: “El profesor de la Facultad de Arquitectura Leandro Zdero, actual Gobernador del Chaco, mandó a reprimir a su colega, la arquitecta Sandra Fogar. La Facultad de Arquitectura repudió el hecho”, e ironizó: “El decano de la alta casa de estudios y titular de la cátedra donde Zdero desarrolla su labor docente, le hizo escribir mil veces en el pizarrón: ‘No debo recurrir a la violencia, debo desarrollar un programa de gobierno’”.

TUITEROS EN EL RECINTO

Para convertir el trágico cachivache político en un desaguisado institucional y consagrar la obscenidad, el diputado radical Francisco Romero Castelán sumó su repudio a la participación de algunos legisladores en la marcha.

Como si estuviera en una reunión de ‘chisperos’ un sábado a la noche, escribió en el Artículo 1º de su Proyecto de Resolución: “Expresar PREOCUPACION por el accionar de los Diputados Provinciales que invocando su investidura legislativa, ostentando pañuelo verde y título de diputade ejercieron violencia institucional contra la Policía del Chaco…”.

La utilización del agravio en el texto de una norma de la Cámara de Diputados del Chaco es toda una novedad en la rica tradición parlamentaria de la provincia, y además de exponer la falta de preparación técnica y sentido de la prudencia del legislador, lo deja al borde de una demanda por injurias. Sus fueros no lo inmunizan de la estupidez.

El propio Reglamento Interno de ese Poder establece que “Los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo”. Claramente hacer referencia a sus pares “ostentando pañuelo verde y título de diputade” está lejos de ser “rigurosamente preceptivo”.

El Manual de Técnica Legislativa, por otra parte, recomienda: “Deben evitarse enunciados carentes de significado normativo tales como: recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones, auspicios y similares”. Huelga decir que el proyecto de Romero Castelán, más que función normativa, tiene función tuitera. Tuitera bien de derecha.

 

Cristian Muriel

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