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Politica

Romero: “Hasta ahora la gestión de Roy Nikisch se basa en mentiras, despidos y compras millonarias”

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El ex presidente del Concejo de Resistencia, Agustín Romero, criticó la actual gestión municipal del intendente Roy Nikisch con una carta de lectores que detalla el abandono de los espacios públicos, las obras sin terminar, el despido de más de 400 trabajadores municipales y compras millonarias, lo cual se contradice con el relato de un “municipio quebrado” de la actual gestión capitalina. “En Resistencia el Intendente solo miente y junta plata para grandes compras al contado como única gestión”, aseguró.

El documento enviado por Romero, asegura que se han paralizado obras innecesariamente, la mayoría con más de 50% de avance, inclusive algunas con más de 80 y 90 % de avance, tales como: Circuito aeróbico Av. Piacentini con 91% de avance, restando a diciembre del 2023 solo 12 millones de pesos para finalizar; Plaza Villa Barberan con 94% de avance, restando $ 3 millones para terminar; Plaza San Martin Barrio Provincias Unidas con 64% de avance, restando $ 24 millones para terminar; Parque Avalos con 42 % de avance, restando $ 98 millones para terminar. Además de estos importantes espacios públicos para la zona norte, sur y oeste de Resistencia, también se abandonaron la obras de 10 centros comunitarios y delegaciones de servicios municipales, muchos a puntos de terminar que son vitales para la atención de los barrios y la descentralización del municipio, podemos detallar: Delegación Municipal Mujeres Argentinas 82% de avance, restando a diciembre del 2023 solo 6 millones para terminar; Delegación Municipal Barrio España 58% de avance, restando $ 18 millones para terminar; Nueva Delegación de Servicios Villa Barberan con 51% de avance de obra, restando $ 25 millones para terminar; Nueva Delegación de Servicios Barrio Don Bosco con 38% de avance, restando 28 millones para terminar; Nueva Delegación de Servicios Barrio San Cayetano con 30% de avance, restando $ 19 millones para terminar; Centro Comunitario Municipal Villa Don Andrés con 83% de avance, restando $ 7 millones para terminar; Centro Comunitario Municipal Barrio Guiraldes con 82% de avance, restando 11 millones para terminar; Cetro Comunitario Municipal Villa Elisa con 89% de avance, restando $ 7 millones para terminar. Al mes de diciembre del 2023 todos estos Centros Comunitarios, Delegaciones de Servicios, Plazas, Parque y Circuito aeróbico, se deberían terminar con $ 258 millones si actualizamos a valores de mayo del año 24, no se necesitaría más de $ 700 millones para terminarlos. Según informe de la propia tesorería de la municipalidad hoy la misma cuenta con más de $ 9.000 millones en plazo fijo (que no se reunió en un mes), ¿Porque no se terminan más de 15 obras?, provocando daño a empresas, trabajadores y vecinos; ¿SE QUIERE CAMBIAR LAS EMPRESAS?

Además, agregó que la Municipalidad que “este intendente” publicito como quebrada en el inicio de su gestión, hoy por informe de la propia tesorería municipal cuenta con más de $ 9.000 millones en plazos fijos e inversión (adjuntamos copia informe), que desde enero de este año se reúne del superávit financiero mensual, estimamos los ingresos de enero en $ 7.9oo millones, febrero $ 8.900 millones, marzo 9.800 millones, abril $ 7.700 millones, esperando para mayo más de $ 10.000 millones (mejor mes del año en ingreso por liquidación de impuestos coparticipables).

Con este cuadro financiero opto por despedir más de 400 trabajadores municipales de planta (con antigüedad de años de contratados), más de 100 contratados de servicios y eliminar más de 700 designaciones y promociones de personal de planta antiguo que se realizaron por Ordenanza Municipal del Concejo con unanimidad de los 11 concejales de los cuatro partidos políticos que integraban el concejo municipal (incluyendo los cuatro concejales de la UCR). Es importante resaltar que todos los cargos estaban incluidos en el proyecto de presupuesto municipal 2024, 5300 cargos de trabajadores (presentado al 30 de noviembre del 2023 al concejo municipal), pero a pesar de ello los concejales que aprobaron el presupuesto (solo seis) redujeron los cargos en el presupuesto aprobado para el 1 de enero del 2024 a 4600 trabajadores. Es importante que los vecinos conozcan que esto no ponía en crisis las finanzas de la municipalidad ya que no implica más de 400 millones mensuales y hoy el municipio tiene 9000 millones en plazo fijo en cinco meses del año.

Me pregunto dos cosas importantes que todo el Poder Judicial de la provincia se podría preguntar: 1) puede un intendente por “Resolución” suspender cuatro “Ordenanzas” que fueron aprobadas por unanimidad? O solo lo puede hacer la justicia (que actuó después de los despidos y no antes como debe ser) por resolución judicial. 2) si el concejo (solo con seis votos) redujo la cantidad de cargos a 4600 en el presupuesto 2024, como el Intendente pago 5150 sueldos de planta en enero, febrero y marzo de este año además de proporcional de aguinaldo de los municipales despedidos?; implica que se pagó sueldo de 500 trabajadores fantasmas inexistentes en el presupuesto municipal 2024.

Toda esta mentira del municipio quebrado se empieza a evidenciar y además se manifiesta las intenciones de gestión: “grandes compras al contado” (bien justificadas por supuesto).
Publicitar municipio quebrado para no pagar proveedores de gestión anterior, despedir trabajadores de planta, suspender promociones, perseguir trabajadores, suspender obras casi terminadas, provocar daño y sufrimiento solo para sostener una mentira quedan de manifiesto ante la tentación de la primera gran compra (sin licitación pública) de más de $ 1.700 millones.
Exhibe a la vista de toda la ciudad, la compra de dos retroexcavadoras y cuatro motoniveladoras por $1.707.872. Invito al estimado lector a ingresar a MercadoLibre, donde podrá verificar que allí puede comprar seis unidades por un valor menor a un millón de dólares (a cambio de hoy $ 1.200 millones), tengamos en cuenta que la compra tiene fecha de abril.
Entonces “como principio de Revelación”, está claro que el municipio no estaba fundido. La gestión municipal es mucho más que un cierre contable en una planilla de Excel, o la tentación de grandes compras al contado sin licitación.

Ha complicado el ejercicio de los comerciantes, que antes contaban con la posibilidad de acceder a una habilitación provisoria inmediata y que actualmente deben volver a antiguos nichos de corrupción que se erradicaron del municipio. Por otro lado, de las seis secretarías que componen en el organigrama municipal; en varias se manifiesta la presencia nuevamente de eligió Jacinto Sampayo, que son empleados municipales que responden directamente al condenado. En la periferia florecen los micro basurales, la oscuridad, la maleza y las calles destruidas. Estamos al borde de ingresar en la emergencia ambiental con una emergencia de dengue, la cual también fue ignorada. Hoy el intendente se ausenta por grandes periodos, ejerce muy malos tratos hacia el personal. Debería replantearse seriamente la in-capacidad de ejercer como intendente de Resistencia.

“incompatibilidad e incapacidad…”

Deberíamos analizar iniciar al gobernador, Leandro Zdero, la incompatibilidad de cargos, ya que el mismo está ejerciendo de Gobernador y de Intendente de Resistencia a la vez. La recolección de residuos y el perfilado de calles lo está haciendo Vialidad Provincial. El alumbrado lo está manteniendo SECHEEP. Los desagües colaboración a cargo de APA y el desmalezado lo está realizando Equipo Hábitat de la provincia a cargo de la Arq. Ogara, actual subsecretaría provincial.
¿Dónde está Roy?, aparte de juntando plata para grandes compras al contado sin licitación (bien fundamentadas por supuesto).

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Opinión

Zdero y los Romero: la procacidad de la derecha iletrada

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Este viernes el gobernador Leandro Zdero decidió tomar posición a favor de la represión policial que tuvo lugar durante la manifestación del 12 de junio en contra de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El problema es que invocó una ley que no existe e ignoró la que está vigente. Como si fuera poco, el jefe de Policía entendió al revés una orden del STJ y decidió que lo estaban invitando a reprimir. Finalmente, un diputado radical presentó un proyecto para respaldar la represión, con un tono tan soez que convierte la confusión en grotesco.

En sus redes sociales, Zdero escribió: “Ley antipiquetes activa en Chaco. Una medida que garantiza el respeto por el derecho de todos los Chaqueños a circular libremente”, junto a un video promocional de la actuación policial durante la jornada en la que se arrojaron gases, se repartieron cachiporrazos y no se cumplió con el protocolo vigente.

La respuesta del periodista Bruno Martínez lo puso en evidencia: “No mienta, gobernador. La Ley Antipiquetes NO EXISTE EN EL CHACO. Lo que sí existe es la ley provincial que estableció un protocolo para la intervención policial en manifestaciones públicas que es la Nº 2399-J, ley que no se cumplió en la represión del miércoles”.

La norma que menciona Martínez es la de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales – fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, cuyo objetivo fundamental es “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.

El Artículo 1º advierte: “En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”.

La ley ordena asimismo generar vías de diálogo con los participantes para evitar situaciones de violencia, y la negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Se trata de identificar las demandas para su debida canalización.

También se prohíbe taxativamente la portación de armas de fuego, y se aclara que “los agresivos químicos o antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Como lo demuestran los videos de la marcha y las secuelas de los participantes, la Policía entró a los golpes y tirando gases.

LA POSTURA DE LA JUSTICIA

En una movilización que se llevó a cabo el 7 de mayo pasado, luego de otra intervención policial violenta, el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus ante el Superior Tribunal, cuya respuesta fue contundente, como lo señaló el propio Comité: “La Sentencia 167/24 insta a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad del Chaco a cumplir con la ley 2399-J”. Es decir, a no reprimir.

Lo insólito es que el jefe de Policía, Fernando Romero, interpretó la orden del Alto Cuerpo exactamente al revés, y concluyó que al haber “declarado abstracto” el hábeas corpus, los Supremos estaban convalidando la represión. Por eso actuó violentamente desde el primer momento en la marcha de este miércoles.

Entre los manifestantes había representantes de distintos sectores, entre ellos del ámbito académico que también fueron víctimas de los excesos policiales. Al respecto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE manifestó “un profundo repudio contra la violencia ejercida sobre la Mg. Arq. Sandra Fogar, profesora de esta casa de estudios, por parte de las fuerzas policiales que reprimieron la manifestación ciudadana contra la aprobación de la ley bases, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de resistencia, realizada el miércoles 12 de junio de 2024”.

Más tarde ampliaron: “Actos como estos nos remontan a las épocas más oscuras de la historia de nuestro país y no se corresponden con el estado de derecho que demanda la convivencia democrática de la sociedad. Velamos para que se recapacite y vele por la salvaguarda del sistema democrático y la convivencia pacífica de la ciudadanía chaqueña”.

En ese sentido, el profesor en Filosofía Dionisio Saavedra abundó: “El profesor de la Facultad de Arquitectura Leandro Zdero, actual Gobernador del Chaco, mandó a reprimir a su colega, la arquitecta Sandra Fogar. La Facultad de Arquitectura repudió el hecho”, e ironizó: “El decano de la alta casa de estudios y titular de la cátedra donde Zdero desarrolla su labor docente, le hizo escribir mil veces en el pizarrón: ‘No debo recurrir a la violencia, debo desarrollar un programa de gobierno’”.

TUITEROS EN EL RECINTO

Para convertir el trágico cachivache político en un desaguisado institucional y consagrar la obscenidad, el diputado radical Francisco Romero Castelán sumó su repudio a la participación de algunos legisladores en la marcha.

Como si estuviera en una reunión de ‘chisperos’ un sábado a la noche, escribió en el Artículo 1º de su Proyecto de Resolución: “Expresar PREOCUPACION por el accionar de los Diputados Provinciales que invocando su investidura legislativa, ostentando pañuelo verde y título de diputade ejercieron violencia institucional contra la Policía del Chaco…”.

La utilización del agravio en el texto de una norma de la Cámara de Diputados del Chaco es toda una novedad en la rica tradición parlamentaria de la provincia, y además de exponer la falta de preparación técnica y sentido de la prudencia del legislador, lo deja al borde de una demanda por injurias. Sus fueros no lo inmunizan de la estupidez.

El propio Reglamento Interno de ese Poder establece que “Los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo”. Claramente hacer referencia a sus pares “ostentando pañuelo verde y título de diputade” está lejos de ser “rigurosamente preceptivo”.

El Manual de Técnica Legislativa, por otra parte, recomienda: “Deben evitarse enunciados carentes de significado normativo tales como: recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones, auspicios y similares”. Huelga decir que el proyecto de Romero Castelán, más que función normativa, tiene función tuitera. Tuitera bien de derecha.

 

Cristian Muriel

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TENDENCIAS

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