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Politica

Dura derrota de Milei: Radicales y peronistas aprobaron el aumento a jubilados y quedaron al filo de los dos tercios

Lograron sumar al bloque de Pichetto y los misioneros y quedaron a apenas 11 votos de los dos tercios necesarios para rechazar un veto de Milei. Se partió la coalición dialoguista.

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El gobierno de Javier Milei y sus aliados del PRO sufrieron esta noche una durísima derrota parlamentaria que puede marcar un antes y un después en la dinámica parlamentaria que deberá enfrentar el Gobierno.

Radicales, peronistas, el pichettismo y provinciales votaron juntos contra La Libertad Avanza y el PRO y lograron en la madrugada de este miércoles sancionar un aumento para los jubilados y una nueva fórmula de actualización de los haberes con una aplastante mayoría de 160 votos, que los deja a sólo 11 de los dos tercios necesarios para rechazar un eventual veto del presidente Milei.

Pero la situación para el Gobierno podría ser incluso peor. Porque si se toman los dos tercios de los presentes, la alianza que hoy se conformó lo habría alcanzado porque en el recinto había 240 diputados.

La inapelable derrota del bloque oficialista que quedó reducido a un tercio del recinto con apenas 70 votos, puede tener impacto en los mercados porque exhibe un límite político muy claro al ajuste que empuja el presidente Milei.

Durante todo el martes, la UCR y Unión por la Patria (UP) ultimaron los detalles para juntar una holgada mayoría que permitiera aprobar un proyecto común que repare la pérdida de poder adquisitivo de enero pasado que sufrieron los jubilados por la devaluación y un cálculo para adelante que combine índice inflacionario y promedio salarial.

 

Las frenéticas negociaciones se dieron con la sesión ya lanzada. Tras seis horas de debate, los diputados peronistas repasaban el texto que había devuelto el radicalismo, con negociaciones en pleno recinto. Los principales legisladores de las bancadas lideradas por Rodrigo De Loredo y Germán Martínez avanzaban en una tarea paralela a la sesión, de acuerdo político limando diferencias técnicas.

La inapelable derrota del bloque oficialista, que quedó reducido a un tercio del recinto con apenas 70 votos, puede tener impacto en los mercados porque exhibe un límite político muy claro al ajuste que empuja el presidente Milei.

LPO anticipó el acuerdo antes de las 21, pero los jefes de bloque tardaron horas en blanquearlo, temerosos que la divulgación detonara el consenso alcanzado no sin sortear numerosas dificultades políticas.

 

El impactante volumen de votos que cosechó el proyecto, basado en el dictamen radical, fue un mensaje directo al corazón de la Casa Rosada, porque Milei había prometido que vetaría cualquier iniciativa que pusiera en riesgo el equilibrio fiscal. La cantidad de voluntades a favor puede ser indicativa de lo cerca que quedaría la Cámara Baja de alcanzar los dos tercios, cifra que permitiría blindar la nueva fórmula previsional.

Los diputados libertarios Espert y Mayoranz.

 

El consenso empezó a construirse a media tarde, cuando el radicalismo consideró que era atendible el reclamo del peronismo para excluir del proyecto la descapitalización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, para afrontar juicios de jubilados y compensaciones a las cajas provinciales.

 

Un diputado radical que impulsaba las negociaciones le dijo a LPO que el objetivo era juntar «cerca de 150 votos». Por eso, desde su bancada se comprometieron a tratar por separado en la Comisión de Seguridad Social el destino del FGS, una demanda que los cordobeses que integran el bloque de Miguel Ángel Pichetto no están dispuestos a declinar.

El consenso empezó a construirse a media tarde, cuando el radicalismo consideró que era atendible el reclamo de UP para excluir del proyecto la descapitalización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, para afrontar juicios de jubilados y compensaciones a las cajas provinciales.

 

Esa comisión está en manos de Gabriela Brouwer de Koning, en representación del radicalismo, que ahora tendrá la ardua tarea de lograr dictamen de mayoría para sancionar una norma que permita utilizar los recursos del FGS para sanear las cajas provinciales.

Como sea, pasadas las 16 se vio la primer señal de acuerdo cuando el peronista riojano Ricardo Herrera anunció: «Cambiamos nuestro dictamen para llegar a una acuerdo con otras bancadas» y agregó «hemos puesto voluntad para encontrar una fórmula que le dé un piso de dignidad a los jubilados».

«Es inadmisible que el éxito de este modelo dependa, pura y exclusivamente, del ajuste a los jubilados, los docentes y el achicamiento estatal», remató Herrera.

 

En la misma línea, Itai Hagman recordó que en la versión original de la Ley Ómnibus, el gobierno incluyó una fórmula suspendía el cálculo y lo libraba a la discrecionalidad del gobierno. «Mientras estábamos trabajando en sesiones informativas, el gobierno sacó el DNU 274, que planteaba una indexación por inflación, congelándola en uno de los niveles más bajos de nuestra historia», argumentó.

El socialista Paulón y el peronista Martínez hablan en mediod e la sesión.

También señaló Hagman que el peronismo no estaba dispuesto a dejar el haber mínimo por debajo del valor de la canasta básica para un adulto, como así tampoco aceptarían la liquidación del FGS. Aunque concedió que «el pago de las deudas y las cajas provinciales que no fueron transferidas son un problema real».

Al tiempo que Martínez dialogaba con la radical Carla Carrizo, Brouwer de Koning explicaba que «no solamente es urgente sino también imperativo» que se resuelva la situación de los jubilados. Para defender el dictamen de la UCR, apeló al trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que trazó la «factibilidad» del cálculo de su bloque. «Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad», aseguró.

Es inadmisible que el éxito de este modelo dependa, pura y exclusivamente, del ajuste a los jubilados, los docentes y el achicamiento estatal.

 

La diputada cordobesa asumió la inquietud del oficialismo sobre «el fundamento fiscal» del proyecto. «La OPC dice que el costo del proyecto es del 0,4 por ciento del PBI», precisó y apeló a «la sensibilidad del Presidente del a República Argentina» para que la persecución de «ese déficit cero no afecte a los jubilados».

El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo.

La macrista María Eugenia Vidal protagonizó uno de los rechazos más enérgicos al aumento a los jubilados. «Parece que el problema de las jubilaciones empezó hace seis meses», comenzó y copiando el discurso de Milei afirmó que en 2023 «el país quedó con un problema fiscal y cuasi fiscal de 15 puntos con reservas negativas», y agregó que «el gobierno (anterior) decidió modificar la fórmula de actualización de jubilaciones, ocasionando un daño enorme».

Vidal propuso aumentar las jubilaciones en cuotas como el Ahora 12

Acaso para diferenciarse del oficialismo luego de que le llovieran chicanas por proponer una suba en 12 cuotas, indicó que «en la jubilación promedio se perdió un 30% de poder adquisitivo».

El bullrichista Fernando Iglesias agregó que no se estaba pensando «en los derechos de los jubilados sino en el club del helicóptero». Y cargó no solo contra el peronismo sino también contra los radicales, aunque sin mencionarlos.

No están pensando en los derechos de los jubilados, sino en el club del helicóptero.

Más tarde, respondió a esos argumentos el radical Martín Tetaz, quien dedicó furiosas críticas al kirchnerismo y defendió la postura de la UCR. «Estamos planteando al gobierno que los jubilados vuelvan a tener el mismo nivel de ingresos que cuando asumió Milei», fundamentó.

En la misma línea de tratar de disfrazar el durísimo golpe político que la votación implica para el gobierno de Milei, el lilito Juan Manuel López afirmó que la ley plantea «una fórmula que ayuda al gobierno de Milei y ayuda a los jubilados».

En la misma sintonía, el pichettista Nicolás Massot aseguró que «nadie quiere quebrar el equilibrio fiscal de nadie». Y apuntando al apoyo del «principal partido de la oposición», en referencia a UP, alertó que «se habla mucho de veto», y recomendó a los libertarios que «pierdan cuidado» porque el Congreso cumpliría la función de «contrapeso». «Ningún triunfo electoral da facultades para hacer lo que se les canta», cerró.

El diputado Nicolás Massot.

Hacia el final del debate, el lider del bloque PRO, Cristian Ritondo, lamentó «la nueva sociedad del radicalismo con el kirchnerismo». «Hay algunos que entraron con la camiseta de Boca y en el medio se pusieron la de River», se quejó, y concluyó: «dime con quién votas y te diré quién eres».

Martínez reivindicó que el proyecto «establece un mecanismo para recuperar lo perdido» y abrió la puerta a repetir la mayoría con otras iniciativas: «Estamos dando un paso importante y ojalá sigamos teniendo esta capacidad».

Lamento la nueva sociedad del radicalismo con el kirchnerismo. Hay algunos que entraron con la camiseta de Boca y en el medio se pusieron la de River.

 

Los encargados de clausurar la discusión por el oficialismo fuero el chubutense, César Treffinger, y la neuquina Nadia Márquez. Treffinger cargó en su discurso contra «la corrupción» y apuntó contra Lázaro Báez, Cristóbal López, Eduardo Belliboni y Juan Grabois, mientras que Márquez cuestionó «hipocresía» de los bloques dialoguistas.

Opinión

Zdero y los Romero: la procacidad de la derecha iletrada

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Este viernes el gobernador Leandro Zdero decidió tomar posición a favor de la represión policial que tuvo lugar durante la manifestación del 12 de junio en contra de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El problema es que invocó una ley que no existe e ignoró la que está vigente. Como si fuera poco, el jefe de Policía entendió al revés una orden del STJ y decidió que lo estaban invitando a reprimir. Finalmente, un diputado radical presentó un proyecto para respaldar la represión, con un tono tan soez que convierte la confusión en grotesco.

En sus redes sociales, Zdero escribió: “Ley antipiquetes activa en Chaco. Una medida que garantiza el respeto por el derecho de todos los Chaqueños a circular libremente”, junto a un video promocional de la actuación policial durante la jornada en la que se arrojaron gases, se repartieron cachiporrazos y no se cumplió con el protocolo vigente.

La respuesta del periodista Bruno Martínez lo puso en evidencia: “No mienta, gobernador. La Ley Antipiquetes NO EXISTE EN EL CHACO. Lo que sí existe es la ley provincial que estableció un protocolo para la intervención policial en manifestaciones públicas que es la Nº 2399-J, ley que no se cumplió en la represión del miércoles”.

La norma que menciona Martínez es la de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales – fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, cuyo objetivo fundamental es “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.

El Artículo 1º advierte: “En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”.

La ley ordena asimismo generar vías de diálogo con los participantes para evitar situaciones de violencia, y la negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Se trata de identificar las demandas para su debida canalización.

También se prohíbe taxativamente la portación de armas de fuego, y se aclara que “los agresivos químicos o antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Como lo demuestran los videos de la marcha y las secuelas de los participantes, la Policía entró a los golpes y tirando gases.

LA POSTURA DE LA JUSTICIA

En una movilización que se llevó a cabo el 7 de mayo pasado, luego de otra intervención policial violenta, el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus ante el Superior Tribunal, cuya respuesta fue contundente, como lo señaló el propio Comité: “La Sentencia 167/24 insta a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad del Chaco a cumplir con la ley 2399-J”. Es decir, a no reprimir.

Lo insólito es que el jefe de Policía, Fernando Romero, interpretó la orden del Alto Cuerpo exactamente al revés, y concluyó que al haber “declarado abstracto” el hábeas corpus, los Supremos estaban convalidando la represión. Por eso actuó violentamente desde el primer momento en la marcha de este miércoles.

Entre los manifestantes había representantes de distintos sectores, entre ellos del ámbito académico que también fueron víctimas de los excesos policiales. Al respecto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE manifestó “un profundo repudio contra la violencia ejercida sobre la Mg. Arq. Sandra Fogar, profesora de esta casa de estudios, por parte de las fuerzas policiales que reprimieron la manifestación ciudadana contra la aprobación de la ley bases, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de resistencia, realizada el miércoles 12 de junio de 2024”.

Más tarde ampliaron: “Actos como estos nos remontan a las épocas más oscuras de la historia de nuestro país y no se corresponden con el estado de derecho que demanda la convivencia democrática de la sociedad. Velamos para que se recapacite y vele por la salvaguarda del sistema democrático y la convivencia pacífica de la ciudadanía chaqueña”.

En ese sentido, el profesor en Filosofía Dionisio Saavedra abundó: “El profesor de la Facultad de Arquitectura Leandro Zdero, actual Gobernador del Chaco, mandó a reprimir a su colega, la arquitecta Sandra Fogar. La Facultad de Arquitectura repudió el hecho”, e ironizó: “El decano de la alta casa de estudios y titular de la cátedra donde Zdero desarrolla su labor docente, le hizo escribir mil veces en el pizarrón: ‘No debo recurrir a la violencia, debo desarrollar un programa de gobierno’”.

TUITEROS EN EL RECINTO

Para convertir el trágico cachivache político en un desaguisado institucional y consagrar la obscenidad, el diputado radical Francisco Romero Castelán sumó su repudio a la participación de algunos legisladores en la marcha.

Como si estuviera en una reunión de ‘chisperos’ un sábado a la noche, escribió en el Artículo 1º de su Proyecto de Resolución: “Expresar PREOCUPACION por el accionar de los Diputados Provinciales que invocando su investidura legislativa, ostentando pañuelo verde y título de diputade ejercieron violencia institucional contra la Policía del Chaco…”.

La utilización del agravio en el texto de una norma de la Cámara de Diputados del Chaco es toda una novedad en la rica tradición parlamentaria de la provincia, y además de exponer la falta de preparación técnica y sentido de la prudencia del legislador, lo deja al borde de una demanda por injurias. Sus fueros no lo inmunizan de la estupidez.

El propio Reglamento Interno de ese Poder establece que “Los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo”. Claramente hacer referencia a sus pares “ostentando pañuelo verde y título de diputade” está lejos de ser “rigurosamente preceptivo”.

El Manual de Técnica Legislativa, por otra parte, recomienda: “Deben evitarse enunciados carentes de significado normativo tales como: recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones, auspicios y similares”. Huelga decir que el proyecto de Romero Castelán, más que función normativa, tiene función tuitera. Tuitera bien de derecha.

 

Cristian Muriel

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