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Politica

Los líderes piqueteros criticaron al Gobierno y reclaman la urgente distribución de la comida almacenada

Los dirigentes sociales Juan Grabois y Daniel Menéndez tildaron de “insensible y cruel” al oficialismo. Además, aseguraron que buscan “desarticular la organización comunitaria”.

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Tras el hallazgo de toneladas de alimentos a punto de vencer almacenados en galpones de Capital Humano, el dirigente social Juan Grabois le pidió al gobierno de Javier Milei actuar con “sentido común” y recalcó que la cartera que dirige Sandra Pettovello debe presentar ante la Justicia “un plan de entrega de alimentos”.

Dijimos que había alimentos y había alimentos. Dijimos que se iban a vencer y se iban a vencer. Dijimos que había incumplimiento y había incumplimiento. Todo aceptado ahora por Pettovello. Decimos que hay hambre y no se están entregando alimentos….¡hay hambre y no están entregando alimentos!”, escribió el líder piquetero en su cuenta de la red social X, luego de que el gobierno negara en un primer momento problema con los alimentos y asegurara que “están reservados para emergencias climáticas”.

Según pudo saber TN, en los galpones de Villa Martelli y Tafi Viejo hay 924.970 kilos de leche en polvo, de los cuales, en agosto de este año, se vencerían 344.545 kilos, y en septiembre próximo 499.680 kilos.924.970 kilos de leche en polvo, de los cuales, en agosto de este año, se vencerían 344.545 kilos, y en septiembre próximo 499.680 kilos.

El escándalo provocó el desplazamiento del secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, que según Pettovello, no la notificó de la fecha de vencimiento de los productos.

En su mensaje, Grabois planteó que “no es ideológico, es humano” lo que se está pidiendo y parte del “sentido común”.

Tuit de Juan Grabois en respuesta a Pettovello (Foto: Captura de X/@JuanGrabois).
Tuit de Juan Grabois en respuesta a Pettovello (Foto: Captura de X/@JuanGrabois).

“Se vencieron los plazos para presentar el plan de entrega de alimentos y no lo presentan. En una causa penal por incumplimiento, incumplir una orden judicial es casi una confesión. La apelación de una cautelar alimentaria NO TIENE EFECTOS SUSPENSIVOS BURROS ¡Están en desobediencia! Tienen que presentar un plan en un juzgado penal, no sacar un comunicado de prensa. Los alimentos tienen que llegar en la realidad, no en la fantasía de sus funcionarios”, agregó el ex precandidato presidencial. Y arremetió: “Déjense de joder y resuelvan esto”.

En la misma línea, el líder de Barrios de Pie y subsecretario de Economía Popular del ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Menéndez, denunció una “enorme insensibilidad” del gobierno y afirmó que Capital Humano “no entregó alimentos porque no quiere que haya puntos de organización en cada uno de los territorios”.

Sobre el desplazamiento de De la Torre, el funcionario de Axel Kicillof y coordinador nacional de Barrios de Pie dijo que “quedaron desnudos y de cara frente a la sociedad, recularon en chancleta de manera desorganizada, tirando un funcionario por la ventana creyendo que así se resuelve un problema”.

“No es normal lo que estamos viviendo, son una banda de gente que está signada por una forma de ver el mundo absolutamente delirante en relación con el rol que tiene que cumplir el Estado. Esto los lleva a llevar adelante una serie de acciones que son absolutamente crueles y generaron un enorme costo social”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

Organizaciones sociales protestaron frente a los galpones de Capital Humano para reclamar alimentos. (Foto: AFP/Juan Mabromata).
Organizaciones sociales protestaron frente a los galpones de Capital Humano para reclamar alimentos. (Foto: AFP/Juan Mabromata).

Menéndez consideró que el gobierno de Milei tiene como objetivo “desarticular la organización comunitaria” y ”persigue a quienes piensan distinto”. “Por eso este delirio de no acercar apenas un paquete de arroz durante todo este tiempo y ni siquiera haber comprado alimentos para sostener una demanda que está en un punto altísimo”, agregó.

Además, el funcionario advirtió del riesgo de que las políticas sociales de Milei aumenten el poder de los narcotraficantes en los barrios más humildes. “¿Quién va a entregar comida si el Estado se corre? El narcotráfico”, sostuvo el subsecretario. “El narcotráfico va a reemplazar a los comedores”, insistió.

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Opinión

Zdero y los Romero: la procacidad de la derecha iletrada

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Este viernes el gobernador Leandro Zdero decidió tomar posición a favor de la represión policial que tuvo lugar durante la manifestación del 12 de junio en contra de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El problema es que invocó una ley que no existe e ignoró la que está vigente. Como si fuera poco, el jefe de Policía entendió al revés una orden del STJ y decidió que lo estaban invitando a reprimir. Finalmente, un diputado radical presentó un proyecto para respaldar la represión, con un tono tan soez que convierte la confusión en grotesco.

En sus redes sociales, Zdero escribió: “Ley antipiquetes activa en Chaco. Una medida que garantiza el respeto por el derecho de todos los Chaqueños a circular libremente”, junto a un video promocional de la actuación policial durante la jornada en la que se arrojaron gases, se repartieron cachiporrazos y no se cumplió con el protocolo vigente.

La respuesta del periodista Bruno Martínez lo puso en evidencia: “No mienta, gobernador. La Ley Antipiquetes NO EXISTE EN EL CHACO. Lo que sí existe es la ley provincial que estableció un protocolo para la intervención policial en manifestaciones públicas que es la Nº 2399-J, ley que no se cumplió en la represión del miércoles”.

La norma que menciona Martínez es la de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales – fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, cuyo objetivo fundamental es “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.

El Artículo 1º advierte: “En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”.

La ley ordena asimismo generar vías de diálogo con los participantes para evitar situaciones de violencia, y la negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Se trata de identificar las demandas para su debida canalización.

También se prohíbe taxativamente la portación de armas de fuego, y se aclara que “los agresivos químicos o antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Como lo demuestran los videos de la marcha y las secuelas de los participantes, la Policía entró a los golpes y tirando gases.

LA POSTURA DE LA JUSTICIA

En una movilización que se llevó a cabo el 7 de mayo pasado, luego de otra intervención policial violenta, el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus ante el Superior Tribunal, cuya respuesta fue contundente, como lo señaló el propio Comité: “La Sentencia 167/24 insta a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad del Chaco a cumplir con la ley 2399-J”. Es decir, a no reprimir.

Lo insólito es que el jefe de Policía, Fernando Romero, interpretó la orden del Alto Cuerpo exactamente al revés, y concluyó que al haber “declarado abstracto” el hábeas corpus, los Supremos estaban convalidando la represión. Por eso actuó violentamente desde el primer momento en la marcha de este miércoles.

Entre los manifestantes había representantes de distintos sectores, entre ellos del ámbito académico que también fueron víctimas de los excesos policiales. Al respecto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE manifestó “un profundo repudio contra la violencia ejercida sobre la Mg. Arq. Sandra Fogar, profesora de esta casa de estudios, por parte de las fuerzas policiales que reprimieron la manifestación ciudadana contra la aprobación de la ley bases, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de resistencia, realizada el miércoles 12 de junio de 2024”.

Más tarde ampliaron: “Actos como estos nos remontan a las épocas más oscuras de la historia de nuestro país y no se corresponden con el estado de derecho que demanda la convivencia democrática de la sociedad. Velamos para que se recapacite y vele por la salvaguarda del sistema democrático y la convivencia pacífica de la ciudadanía chaqueña”.

En ese sentido, el profesor en Filosofía Dionisio Saavedra abundó: “El profesor de la Facultad de Arquitectura Leandro Zdero, actual Gobernador del Chaco, mandó a reprimir a su colega, la arquitecta Sandra Fogar. La Facultad de Arquitectura repudió el hecho”, e ironizó: “El decano de la alta casa de estudios y titular de la cátedra donde Zdero desarrolla su labor docente, le hizo escribir mil veces en el pizarrón: ‘No debo recurrir a la violencia, debo desarrollar un programa de gobierno’”.

TUITEROS EN EL RECINTO

Para convertir el trágico cachivache político en un desaguisado institucional y consagrar la obscenidad, el diputado radical Francisco Romero Castelán sumó su repudio a la participación de algunos legisladores en la marcha.

Como si estuviera en una reunión de ‘chisperos’ un sábado a la noche, escribió en el Artículo 1º de su Proyecto de Resolución: “Expresar PREOCUPACION por el accionar de los Diputados Provinciales que invocando su investidura legislativa, ostentando pañuelo verde y título de diputade ejercieron violencia institucional contra la Policía del Chaco…”.

La utilización del agravio en el texto de una norma de la Cámara de Diputados del Chaco es toda una novedad en la rica tradición parlamentaria de la provincia, y además de exponer la falta de preparación técnica y sentido de la prudencia del legislador, lo deja al borde de una demanda por injurias. Sus fueros no lo inmunizan de la estupidez.

El propio Reglamento Interno de ese Poder establece que “Los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo”. Claramente hacer referencia a sus pares “ostentando pañuelo verde y título de diputade” está lejos de ser “rigurosamente preceptivo”.

El Manual de Técnica Legislativa, por otra parte, recomienda: “Deben evitarse enunciados carentes de significado normativo tales como: recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones, auspicios y similares”. Huelga decir que el proyecto de Romero Castelán, más que función normativa, tiene función tuitera. Tuitera bien de derecha.

 

Cristian Muriel

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