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Politica

El Gobierno le prometió a Weretilneck instalar la planta de Petronas en Río Negro y estalló una interna en el peronismo

A cambio de apoyo a la Ley Bases, Milei le prometió al rionegrino mudar el proyecto planificado para Bahía Blanca y que tendría una inversión de USD 30 mil millones. El camporista Doñate choca con Kicillof y Susbielles.

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A cambio del respaldo de sus legisladores a la Ley Bases, el gobierno de Javier Milei le prometió a Alberto Weretilneck sacar de Bahía Blanca y mudar a Río Negro el megaproyecto de la planta de GNL de Petronas e YPF, lo que desató una fuerte interna en el peronismo.

 

La idea original del proyecto, que prevé una inversión de 30 mil millones de dólares, era instalar la planta en Bahía Blanca, aprovechando la infraestructura que incluye el puerto y el polo petroquímica. Además, la ciudad bonaerense cuenta con mejores servicios y rutas de acceso al puerto.

 

Pero Río Negro empezó un fuerte lobby para que el proyecto se instale en Punta Colorada, aprovechando la mula relación entre Nación y la provincia de Buenos Aires. El principal problema de esta opción es que requiere desarrollar la infraestructura desde cero y se demoraría por lo menos dos años más la puesta en funcionamiento de la planta.

 

El lobby por Río Negro había empezado hace dos años a través de Miguel Pichetto y Oscar Parrilli, pero prevaleció la posición de la línea técnica de YPF y Petronas que quieren aprovechar la infraestructura bahiense. A cambio a la provincia patagónica se le concedió la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur.

 

La noticia sobre la supuesta promesa de Milei a Weretilneck para empujar el proyecto en suelo rionegrino generó un cimbronazo en el peronismo. Es que en los gobiernos de Axel Kicillof y del intendente Federico Susbielles se enteraron que detrás de la jugada también está el senador camporista Martín Doñate.

 

Doñate estuvo esta semana en YPF reunido con el presidente de la compañía Horacio Marín, en un momento clave de las discusiones con Petronas. Pero el senador salió a jugar fuerte por los medios y advirtió que «haremos lo imposible para evitar que la corporación económica del sur de Buenos Aires siga usufructuando la riqueza de la Patagonia».

Federico Susbielles

 

Las declaraciones de Doñate son un fuerte desafío contra Susbielles y Kicillof, y generaron mucho ruido interno en La Cámpora. Es que en la Provincia de Buenos Aires entienden que la posible mudanza del proyecto es una venganza política de Milei contra el peronismo.

 

Kicillof había logrado un apoyo casi unánime al proyecto de todos los espacios políticos de la provincia, incluso de opositores férreos como José Luis Espert, María Eugenia Vidal o la radical Karina Banfi. Recién este miércoles, como contó LPO, se desmarcó uno de los bloques libertarios del Senado bonaerense, que rechazó apoyar un proyecto para promover la instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca.

Opinión

Zdero y los Romero: la procacidad de la derecha iletrada

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Este viernes el gobernador Leandro Zdero decidió tomar posición a favor de la represión policial que tuvo lugar durante la manifestación del 12 de junio en contra de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El problema es que invocó una ley que no existe e ignoró la que está vigente. Como si fuera poco, el jefe de Policía entendió al revés una orden del STJ y decidió que lo estaban invitando a reprimir. Finalmente, un diputado radical presentó un proyecto para respaldar la represión, con un tono tan soez que convierte la confusión en grotesco.

En sus redes sociales, Zdero escribió: “Ley antipiquetes activa en Chaco. Una medida que garantiza el respeto por el derecho de todos los Chaqueños a circular libremente”, junto a un video promocional de la actuación policial durante la jornada en la que se arrojaron gases, se repartieron cachiporrazos y no se cumplió con el protocolo vigente.

La respuesta del periodista Bruno Martínez lo puso en evidencia: “No mienta, gobernador. La Ley Antipiquetes NO EXISTE EN EL CHACO. Lo que sí existe es la ley provincial que estableció un protocolo para la intervención policial en manifestaciones públicas que es la Nº 2399-J, ley que no se cumplió en la represión del miércoles”.

La norma que menciona Martínez es la de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales – fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, cuyo objetivo fundamental es “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.

El Artículo 1º advierte: “En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”.

La ley ordena asimismo generar vías de diálogo con los participantes para evitar situaciones de violencia, y la negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Se trata de identificar las demandas para su debida canalización.

También se prohíbe taxativamente la portación de armas de fuego, y se aclara que “los agresivos químicos o antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Como lo demuestran los videos de la marcha y las secuelas de los participantes, la Policía entró a los golpes y tirando gases.

LA POSTURA DE LA JUSTICIA

En una movilización que se llevó a cabo el 7 de mayo pasado, luego de otra intervención policial violenta, el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus ante el Superior Tribunal, cuya respuesta fue contundente, como lo señaló el propio Comité: “La Sentencia 167/24 insta a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad del Chaco a cumplir con la ley 2399-J”. Es decir, a no reprimir.

Lo insólito es que el jefe de Policía, Fernando Romero, interpretó la orden del Alto Cuerpo exactamente al revés, y concluyó que al haber “declarado abstracto” el hábeas corpus, los Supremos estaban convalidando la represión. Por eso actuó violentamente desde el primer momento en la marcha de este miércoles.

Entre los manifestantes había representantes de distintos sectores, entre ellos del ámbito académico que también fueron víctimas de los excesos policiales. Al respecto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE manifestó “un profundo repudio contra la violencia ejercida sobre la Mg. Arq. Sandra Fogar, profesora de esta casa de estudios, por parte de las fuerzas policiales que reprimieron la manifestación ciudadana contra la aprobación de la ley bases, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de resistencia, realizada el miércoles 12 de junio de 2024”.

Más tarde ampliaron: “Actos como estos nos remontan a las épocas más oscuras de la historia de nuestro país y no se corresponden con el estado de derecho que demanda la convivencia democrática de la sociedad. Velamos para que se recapacite y vele por la salvaguarda del sistema democrático y la convivencia pacífica de la ciudadanía chaqueña”.

En ese sentido, el profesor en Filosofía Dionisio Saavedra abundó: “El profesor de la Facultad de Arquitectura Leandro Zdero, actual Gobernador del Chaco, mandó a reprimir a su colega, la arquitecta Sandra Fogar. La Facultad de Arquitectura repudió el hecho”, e ironizó: “El decano de la alta casa de estudios y titular de la cátedra donde Zdero desarrolla su labor docente, le hizo escribir mil veces en el pizarrón: ‘No debo recurrir a la violencia, debo desarrollar un programa de gobierno’”.

TUITEROS EN EL RECINTO

Para convertir el trágico cachivache político en un desaguisado institucional y consagrar la obscenidad, el diputado radical Francisco Romero Castelán sumó su repudio a la participación de algunos legisladores en la marcha.

Como si estuviera en una reunión de ‘chisperos’ un sábado a la noche, escribió en el Artículo 1º de su Proyecto de Resolución: “Expresar PREOCUPACION por el accionar de los Diputados Provinciales que invocando su investidura legislativa, ostentando pañuelo verde y título de diputade ejercieron violencia institucional contra la Policía del Chaco…”.

La utilización del agravio en el texto de una norma de la Cámara de Diputados del Chaco es toda una novedad en la rica tradición parlamentaria de la provincia, y además de exponer la falta de preparación técnica y sentido de la prudencia del legislador, lo deja al borde de una demanda por injurias. Sus fueros no lo inmunizan de la estupidez.

El propio Reglamento Interno de ese Poder establece que “Los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo”. Claramente hacer referencia a sus pares “ostentando pañuelo verde y título de diputade” está lejos de ser “rigurosamente preceptivo”.

El Manual de Técnica Legislativa, por otra parte, recomienda: “Deben evitarse enunciados carentes de significado normativo tales como: recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones, auspicios y similares”. Huelga decir que el proyecto de Romero Castelán, más que función normativa, tiene función tuitera. Tuitera bien de derecha.

 

Cristian Muriel

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