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Politica

Juan Grabois rechazó las explicaciones del Gobierno y pidió que los alimentos sean distribuidos de inmediato

La controversia se generó después que el juez Sebastián Casanello ordenara al Ministerio de Capital Humano que en 72 horas presente un plan para distribuir las 5 mil toneladas de alimentos guardadas en depósitos de ex Ministerio de Desarrollo Social

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“Es mentira que las cinco mil toneladas de comida que está estoqueada en los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social están reservadas para una “catástrofes como dice el Gobierno”, opinó el dirigente social y político Juan Grabois. De esta manera el abogado salió al cruce de los argumentos que utilizará La Libertad Avanza para apelar la resolución del juez Sebastián Casanello quien le ordenó al ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello que en 72 horas elabore un plan para distribuir los alimentos guardados en galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo para ayuda social. Y solicitó “su ejecución de modo inmediato”. Además, dispuso un operativo en los depósitos galpones para tener un detalle de todo lo almacenado.

La medida solicitada por el magistrado la dictó en la misma resolución en la que solicitó la declaración indagatoria de 23 dirigentes piqueteros por la presunta extorsión que realizaban sobre beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a quienes los amenazaban a que asistan a las marchas que realizaban organizaciones sociales, de los contrario, perdía el plan social. Entre los principales imputados destacan el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni y su segundo Jeremías Cantero.

“Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes", aseguró el portavoz presidencial Manuel Adorni “Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes», aseguró el portavoz presidencial Manuel Adorni

Después de difundirse esa resolución, el gobierno nacional aseguró que apelará la orden y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, lo explicó. “Nosotros siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso”, señaló a modo de introducción. Y desarrolló: “Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública. “Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina…. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”, apuntó Adorni desde la Casa Rosada.

Grabois, quien denunció a Pettovello por los presuntos delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” por, entre otros motivos, cortar el suministro de alimentos secos a los comedores comunitarios dijo: “Aclaramos que es falso de toda falsedad el argumento de que la comida está estoqueada para ‘catástrofes’, no existen pruebas documentales que permitan afirmar tal cuestión, y por lo contrario mostramos -en la causa judicial que instruye la fiscal Paloma Ochoa-las que señalan que la comida se adquiere para atender a las personas en situación de vulnerabilidad social”.

"La mercadería acaparada en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo están destinadas a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil", afirma Juan Grabois .EFE/Gonzalo Sánchez
«La mercadería acaparada en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo están destinadas a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil», afirma Juan Grabois .EFE/Gonzalo Sánchez

El ex precandidato presidencial de Unión por la Patria también sostuvo que: “El programa para atender las catástrofes existe, se denomina ‘Programa de Asistencia por Situaciones de Emergencias Climáticas y Catástrofes Naturales o Accidentales’ y está reglado por la Resolución MDS 485/2016″ y argumentó: “La mercadería acaparada en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo están destinadas a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil. Así lo dice textualmente el convenio de adquisición con la Organización de Estados para La Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también está encarado desde el ‘abordaje comunitario’ para mitigar situaciones de vulnerabilidad”.

Para el dirigente de Argentina Humana “las mentiras del Ministerio de Capital Humano encubren un crimen que suma al incumplimiento de los deberes de funcionario el abandono de personas” y prometió: “Vamos a usar todos los medios legales -judiciales, comunicacionales, acción directa no violenta- para que no falte el pan en ninguna mesa y para que las cientos de miles de cocineras comunitarias y organizaciones de la sociedad civil difamadas en falsas generalizaciones por los funcionarios de Milei sean reivindicadas”.

La ministra Sandra Pettovello apelará la resolución del juez Sebastián Casanello
Foto NALa ministra Sandra Pettovello apelará la resolución del juez Sebastián Casanello Foto NA

Grabois también adelantó que: “En virtud de la indignante insensibilidad frente al hambre que padece una enorme cantidad de compatriotas sin políticas alimentarias compensatorias, hasta tanto se resuelva esta injusticia aberrante me toca dejar mis tareas como presidente del Partido Patria Grande y dedicarme como abogado a dos causas judiciales. En primer lugar, la querella contra Sandra Pettovello y sus funcionarios; en segundo lugar, el amparo colectivo por la restitución de los alimentos a los comedores comunitarios”.

También en el día de hoy el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa inició un proceso colectivo contra el gobierno nacional de Javier Milei por la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país. Con su decisión, el magistrado abrió un período para convocar a personas, asociaciones u organizaciones “que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” y le pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre la ejecución de los programas de alimentos.

El expediente corre en paralelo a la causa penal que tramita el juez federal Sebastián Casanello en la que ordenó al gobierno que en 72 horas elabore un plan para entregar la comida que almacena en dos galpones y que lo ejecute “de modo inmediato”. Se trata de dos expedientes que inició Grabois.

Sobre ese tema, el dirigente social y político recordó que: “Es facultad del Poder Ejecutivo diseñar métodos adecuados, transparentes y eficaces para garantizar la efectiva entrega de los alimentos, pero es obligación del Poder Ejecutivo realizarlo en tiempo y forma. Ninguna de las dos cosas está sucediendo. Con argumentos contradictorios para justificar la suspensión de las políticas alimentarias, que oscilan entre falsas generalizaciones a partir de casos particulares de denuncias por irregularidades y las falsas aseveraciones que afirman que las miles de toneladas de alimentos acopiadas están destinadas a “catástrofes”, el Ministerio de Capital Humano está violando garantías constitucionales básicas y sus funcionarios incurriendo en delitos graves”.

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Opinión

Zdero y los Romero: la procacidad de la derecha iletrada

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Este viernes el gobernador Leandro Zdero decidió tomar posición a favor de la represión policial que tuvo lugar durante la manifestación del 12 de junio en contra de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El problema es que invocó una ley que no existe e ignoró la que está vigente. Como si fuera poco, el jefe de Policía entendió al revés una orden del STJ y decidió que lo estaban invitando a reprimir. Finalmente, un diputado radical presentó un proyecto para respaldar la represión, con un tono tan soez que convierte la confusión en grotesco.

En sus redes sociales, Zdero escribió: “Ley antipiquetes activa en Chaco. Una medida que garantiza el respeto por el derecho de todos los Chaqueños a circular libremente”, junto a un video promocional de la actuación policial durante la jornada en la que se arrojaron gases, se repartieron cachiporrazos y no se cumplió con el protocolo vigente.

La respuesta del periodista Bruno Martínez lo puso en evidencia: “No mienta, gobernador. La Ley Antipiquetes NO EXISTE EN EL CHACO. Lo que sí existe es la ley provincial que estableció un protocolo para la intervención policial en manifestaciones públicas que es la Nº 2399-J, ley que no se cumplió en la represión del miércoles”.

La norma que menciona Martínez es la de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales – fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, cuyo objetivo fundamental es “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.

El Artículo 1º advierte: “En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”.

La ley ordena asimismo generar vías de diálogo con los participantes para evitar situaciones de violencia, y la negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Se trata de identificar las demandas para su debida canalización.

También se prohíbe taxativamente la portación de armas de fuego, y se aclara que “los agresivos químicos o antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Como lo demuestran los videos de la marcha y las secuelas de los participantes, la Policía entró a los golpes y tirando gases.

LA POSTURA DE LA JUSTICIA

En una movilización que se llevó a cabo el 7 de mayo pasado, luego de otra intervención policial violenta, el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus ante el Superior Tribunal, cuya respuesta fue contundente, como lo señaló el propio Comité: “La Sentencia 167/24 insta a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad del Chaco a cumplir con la ley 2399-J”. Es decir, a no reprimir.

Lo insólito es que el jefe de Policía, Fernando Romero, interpretó la orden del Alto Cuerpo exactamente al revés, y concluyó que al haber “declarado abstracto” el hábeas corpus, los Supremos estaban convalidando la represión. Por eso actuó violentamente desde el primer momento en la marcha de este miércoles.

Entre los manifestantes había representantes de distintos sectores, entre ellos del ámbito académico que también fueron víctimas de los excesos policiales. Al respecto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE manifestó “un profundo repudio contra la violencia ejercida sobre la Mg. Arq. Sandra Fogar, profesora de esta casa de estudios, por parte de las fuerzas policiales que reprimieron la manifestación ciudadana contra la aprobación de la ley bases, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de resistencia, realizada el miércoles 12 de junio de 2024”.

Más tarde ampliaron: “Actos como estos nos remontan a las épocas más oscuras de la historia de nuestro país y no se corresponden con el estado de derecho que demanda la convivencia democrática de la sociedad. Velamos para que se recapacite y vele por la salvaguarda del sistema democrático y la convivencia pacífica de la ciudadanía chaqueña”.

En ese sentido, el profesor en Filosofía Dionisio Saavedra abundó: “El profesor de la Facultad de Arquitectura Leandro Zdero, actual Gobernador del Chaco, mandó a reprimir a su colega, la arquitecta Sandra Fogar. La Facultad de Arquitectura repudió el hecho”, e ironizó: “El decano de la alta casa de estudios y titular de la cátedra donde Zdero desarrolla su labor docente, le hizo escribir mil veces en el pizarrón: ‘No debo recurrir a la violencia, debo desarrollar un programa de gobierno’”.

TUITEROS EN EL RECINTO

Para convertir el trágico cachivache político en un desaguisado institucional y consagrar la obscenidad, el diputado radical Francisco Romero Castelán sumó su repudio a la participación de algunos legisladores en la marcha.

Como si estuviera en una reunión de ‘chisperos’ un sábado a la noche, escribió en el Artículo 1º de su Proyecto de Resolución: “Expresar PREOCUPACION por el accionar de los Diputados Provinciales que invocando su investidura legislativa, ostentando pañuelo verde y título de diputade ejercieron violencia institucional contra la Policía del Chaco…”.

La utilización del agravio en el texto de una norma de la Cámara de Diputados del Chaco es toda una novedad en la rica tradición parlamentaria de la provincia, y además de exponer la falta de preparación técnica y sentido de la prudencia del legislador, lo deja al borde de una demanda por injurias. Sus fueros no lo inmunizan de la estupidez.

El propio Reglamento Interno de ese Poder establece que “Los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo”. Claramente hacer referencia a sus pares “ostentando pañuelo verde y título de diputade” está lejos de ser “rigurosamente preceptivo”.

El Manual de Técnica Legislativa, por otra parte, recomienda: “Deben evitarse enunciados carentes de significado normativo tales como: recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones, auspicios y similares”. Huelga decir que el proyecto de Romero Castelán, más que función normativa, tiene función tuitera. Tuitera bien de derecha.

 

Cristian Muriel

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