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Politica

Cruzaron a Bullrich por decir «la policía no puede ser piquetera»

Voceros de los acuartelados dijeron que su protesta es justa y negaron ser delincuentes. La justicia libró una orden de secuestro a móviles.

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El vocero de la Policía de Misiones, Ramón Amarilla, aseguró ayer que los efectivos «no son delincuentes», luego de que la Justicia local librara oficios

para recuperar los móviles que se encontraban en medio de las manifestaciones por demandas salariales desde la semana pasada. Sus dichos salieron al cruce del pronunciamiento de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que consideró inadmisible la medida de fuerza de parte de agentes de fuerzas estatales.

Según Amarilla, uno de los comisarios del Comando Radioeléctrico les informó la medida luego de que se efectuara el pedido judicial durante la mañana de ayer, con la firma del titular de la Fiscalía de Instrucción 6, René Casals. «Nosotros sólo queremos solucionar nuestra cuestión salarial. Ellos dicen que los móviles no están operativos, pero hoy mismo (por ayer) trasladamos a un señor al hospital en uno de esos vehículos. Vengan, les daremos las llaves», advirtió Amarilla.

En la misma línea, el suboficial mayor Germán Palavecino indicó que existe una «criminalización» alrededor de la protesta, ya que los señalan como «conflictivos», cuando -según dijo- están defendiendo «la mitad del sueldo que les robaron porque nadie hace nada».

La ministra Bullrich cuestionó la protesta y aseguró que los policías no pueden estar de huelga.
«La policía no puede hacer huelga, tiene que trabajar 24 por 7 por 365», sostuvo la funcionaria nacional y los convocó a buscar otra forma de reclamar por sus salarios. El Gobierno nacional envió a personal de la Gendarmería para controlar la situación, pero por el momento se mantenían al margen de las protestas y no desalojaron la manifestación. La ministra cuestionó el levantamiento policial que tiene lugar en la provincia de Misiones a raíz de un reclamo salarial. Según precisó: «La Policía no puede hacer huelga, tiene que trabajar 24 (horas) por 7 (días) por 365 (días del año)».

«Hay que separar el conflicto que tiene la provincia con distintos sectores sociales, que es algo que debe resolver la provincia, con la sublevación de la Policía», pidió la funcionaria que responde a Javier Milei, y agregó: «La sublevación de la Policía es algo inadmisible, algo total y absolutamente fuera de la ley».

«La Policía no puede ser piquetera. Tiene que tener otros canales para reclamar su salario. No se pueden robar patrulleros ni autos de Criminalística. Es inadmisible. Por eso enviamos fuerzas federales», insistió Bullrich en declaraciones televisivas.

Desde la cartera que lidera, mantiene permanente contacto con las provincias limítrofes con Misiones para monitorear la situación y evitar una escalada del conflicto. «No han habido movimiento en otras, sólo una pequeña proclama en Corrientes, pero los ministros están en control total absoluto y no hay ningún contagio», aseguró.

«Aunque tuviesen sindicatos no podrían hacer huelga. No pueden hacerlo porque eso indicaría que los ladrones vayan todos a la calle», reiteró la ministra sobre el método de protesta elegido por los oficiales policiales.

En tanto, sobre la avenida Uruguay de la ciudad de Posadas continuaba el acampe improvisado con patrulleros, mesas, sillas, garrafas y ollas populares, donde está ubicado el Comando Radioeléctrico. Se sumó personal docente, no docente y empleados del área de Salud que, igual que los policías, reclaman una recomposición salarial superior a la dispuesta por el gobierno provincial.

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Politica

«se violaron normas constitucionales y de protección a los derechos humanos»

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El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco mostró su preocupación ante las reiteradas desinformaciones que surgieron desde altos funcionarios del gobierno provincial en relación a la normativa vigente aplicable en manifestaciones y reitera al gobierno de la provincia la necesidad de cumplir con el protocolo que garantiza el derecho a la protesta.

En sendas publicaciones distribuidas en redes sociales, tanto el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, como el jefe de Policía de la provincia, Fernando Romero, reivindicaron el desproporcionado operativo policial desplegado el miércoles por la tarde noche en el microcentro de Resistencia, en repudio de la Ley Bases. Mediante un video editado y musicalizado de manera efectista, ambos funcionarios hablaron de la correcta aplicación del “protocolo antipiquetes”. Zdero fue más allá y habló de la existencia de una «ley antipiquetes» que se encuentra «activa en el Chaco».

En este sentido, el Comité para la Prevención de la Tortura recuerda que no existe una «ley antipiquetes». La guía represiva a la que hace referencia tanto el gobernador como Romero, más conocida como “Procotolo Bullrich”, es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que ni siquiera es aplicable a las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco y que sólo alcanza a intervenciones de las fuerzas federales.

La normativa que sí es aplicable a las fuerzas del Chaco es la Ley 2399-J, la cual regula la intervención policial en manifestaciones públicas. En la misma, se determina que son “objetivos fundamentales de los cuerpos policiales y fuerza de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas, el respeto y la protección de los derechos de los participantes. En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”. Además, se establece con claridad que el uso de la fuerza debe ser la última instancia y solo si hay peligro para la vida de las personas.

En la manifestación realizada el miércoles, en los alrededores de la Plaza central de Resistencia, la Policía incumplió el protocolo vigente obstaculizando el derecho a la protesta y la circulación de los manifestantes. No había ambulancia o sistema de emergencia cerca del lugar de los hechos, ni tampoco interlocutor para el diálogo. Se utilizaron gases lacrimógenos sobre personas desarmadas, que se manifestaban de manera pacífica, haciendo un abuso de la fuerza. Los uniformados, además, estaban armados.

A la desinformación del video oficial que se hizo viral, se le sumó una suerte de gacetilla de prensa que envió el propio jefe de Policía a los medios locales. En la misma, el máximo responsable de la Policía del Chaco se dedicó a tergiversar los alcances de un fallo trascendental del Superior Tribunal de Justicia del Chaco en el cual se instaba al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley 2399- J y garantizar así el derecho a la protesta social, tras la acción de hábeas corpus colectivo presentado por el Comité para la Prevención de la Tortura luego de que la Policía del Chaco impidiera una movilización pacífica el 7 de mayo.

En su libre interpretación, Romero aseguró que el STJ declaró abstracto dicho habeas corpus “atento a no haberse acreditado restricción alguna a las libertades individuales por parte de la Policía del Chaco, como así tampoco violación a las normas constitucionales y de protección a los derechos humanos”.

Sin embargo, la sentencia no dice eso. Los jueces Víctor Del Río, Emilia Valle, Alberto Modi, Iride Grillo y Néstor Varela declararon abstracto el planteo porque la manifestación fue efectivamente interrumpida por la policía, y no por un supuesto correcto accionar policial.

Más allá de eso, el STJ sostuvo que “aunque no exista amenaza actual e inminente de que en el futuro se violente la libertad ambulatoria e integridad física de las personas con motivo del ejercicio de sus derechos constitucionales, consideramos corresponde hacer saber a las autoridades requeridas que deberán dar cumplimiento a la ley 2399 – J de criterios mínimos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, debiéndose garantizar la adopción de las medidas necesarias y conducentes para evitar actos de violencia y preservar la seguridad de las personas y el orden público, las que, en virtud del principio de razonabilidad tendrán que ser proporcionales, de acuerdo a las circunstancias fácticas y los fines perseguidos”.

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