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Politica

Golpe contra Patricia: Renuncia la cúpula del PRO bonaerense para que asuma Ritondo

Habrá elecciones en 60 días. La crisis se agudizó tras una reunión política de Patricia y Diego Valenzuela con el libertario Sebastián Pareja.

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24 de los 33 consejeros del PRO bonaerense renunciaron este jueves al Consejo Directivo. Las dimisiones en masa obligan ahora a una normalización del partido y, según pudo saber LPO, las elecciones serían en apenas 60 días.

Al frente del partido está la senadora bonaerense Daniela Reich quien llegó a ese lugar en mayo del año pasado tras la renuncia de Jorge Macri. Por entonces, Macri era ministro de Gobierno de la Ciudad y se lanzaba como candidato a Jefe de Gobierno porteño.

Reich -esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela- tiene mandato vigente por otros dos años, pero tras las elecciones del año pasado se comenzó a gestar la necesidad de adelantar los procesos y hacer un recambio de mando este año.

En marzo hubo una avanzada de Cristian Ritondo para juntar consensos. El diputado nacional y ex ministro de Seguridad bonaerense apuesta a quedarse con la conducción del partido. Ahora, las 24 renuncias de hoy van en ese sentido y allanan el camino a Ritondo para quedarse al frente del PRO bonaerense.

Entre las renuncias aparecen los intendentes Javier Martínez (Pergamino) y Soledad Martínez (Vicente López). También los diputados nacionales Silvia Lospenatto y Diego Santilli, y los legisladores provinciales Christian Gribaudo y Aldana Ahumada.

«Hay cambios en la política provincial y hay que adecuar el partido a esos cambios», dijo a LPO un consejero del partido que firmó la carta de renuncia.

Patricia Bullrich y Diego Valenzuela.

 

Las renuncias masivas en el PRO bonaerense llegaron luego de una reunión de Patricia Bullrich con Valenzuela y Sebastián Pareja el último fin de semana. Pareja es funcionario del gobierno de Javier Milei y responde directamente a su hermana Karina.

Patricia y Valenzuela vienen trabajando en una fusión entre el PRO y La Libertad Avanza. Del otro lado, Mauricio Macri y Ritondo apuestan a mantener autonomía de los libertarios. Mantener la identidad del PRO y avanzar con cautela sobre posibles acuerdos con el partido de Milei de cara a 2025.

 

En el sector de Valenzuela venían resistiendo el cambio de autoridades en el partido. Sostenían que la diferencia entre el PRO nacional y el bonaerense es que Patricia terminaba su mandato y era ministra.

 

«Ella, llamó a elecciones y hubo lista de unidad», dicen y explican que la situación del PRO bonaerense es muy distinta: están las autoridades con mandato vigente, están todos los sectores representados y no debería haber cambios hasta 2026.

A principios de marzo, Ritondo reunió al PRO en Lobos y todo parecía encaminarse hacia el cambio de autoridades. El diputado reunió a sus principales referentes seccionales para empezar a organizar la estructura provincial.

En la interna del PRO, la estructura liderada por Ritondo ya cuenta con intendentes bonaerenses como Marcelo Matzkin (Zárate), Fernando Bouvier (Arrecifes) y Juan Ibarguren (Pinamar).

En la estructura bonaerense de Ritondo aparecen el senador provincial Alex Campbell y el exministro vidalista Santiago López Medrano (Primera sección), el diputado provincial Matías Ranzini y Juan Ignacio Novelli (Segunda), el diputado Alejandro Finochiaro y el concejal de Avellaneda Lucas Yacob (Tercera), el diputado Martín Yeza (Quinta), el concejal bahiense Emiliano Álvarez Porte (Sexta) y el exsenador Dalton Jáuregui (Séptima), entre otros.

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Opinión

Zdero y los Romero: la procacidad de la derecha iletrada

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Este viernes el gobernador Leandro Zdero decidió tomar posición a favor de la represión policial que tuvo lugar durante la manifestación del 12 de junio en contra de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El problema es que invocó una ley que no existe e ignoró la que está vigente. Como si fuera poco, el jefe de Policía entendió al revés una orden del STJ y decidió que lo estaban invitando a reprimir. Finalmente, un diputado radical presentó un proyecto para respaldar la represión, con un tono tan soez que convierte la confusión en grotesco.

En sus redes sociales, Zdero escribió: “Ley antipiquetes activa en Chaco. Una medida que garantiza el respeto por el derecho de todos los Chaqueños a circular libremente”, junto a un video promocional de la actuación policial durante la jornada en la que se arrojaron gases, se repartieron cachiporrazos y no se cumplió con el protocolo vigente.

La respuesta del periodista Bruno Martínez lo puso en evidencia: “No mienta, gobernador. La Ley Antipiquetes NO EXISTE EN EL CHACO. Lo que sí existe es la ley provincial que estableció un protocolo para la intervención policial en manifestaciones públicas que es la Nº 2399-J, ley que no se cumplió en la represión del miércoles”.

La norma que menciona Martínez es la de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales – fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, cuyo objetivo fundamental es “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.

El Artículo 1º advierte: “En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”.

La ley ordena asimismo generar vías de diálogo con los participantes para evitar situaciones de violencia, y la negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Se trata de identificar las demandas para su debida canalización.

También se prohíbe taxativamente la portación de armas de fuego, y se aclara que “los agresivos químicos o antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Como lo demuestran los videos de la marcha y las secuelas de los participantes, la Policía entró a los golpes y tirando gases.

LA POSTURA DE LA JUSTICIA

En una movilización que se llevó a cabo el 7 de mayo pasado, luego de otra intervención policial violenta, el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus ante el Superior Tribunal, cuya respuesta fue contundente, como lo señaló el propio Comité: “La Sentencia 167/24 insta a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad del Chaco a cumplir con la ley 2399-J”. Es decir, a no reprimir.

Lo insólito es que el jefe de Policía, Fernando Romero, interpretó la orden del Alto Cuerpo exactamente al revés, y concluyó que al haber “declarado abstracto” el hábeas corpus, los Supremos estaban convalidando la represión. Por eso actuó violentamente desde el primer momento en la marcha de este miércoles.

Entre los manifestantes había representantes de distintos sectores, entre ellos del ámbito académico que también fueron víctimas de los excesos policiales. Al respecto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE manifestó “un profundo repudio contra la violencia ejercida sobre la Mg. Arq. Sandra Fogar, profesora de esta casa de estudios, por parte de las fuerzas policiales que reprimieron la manifestación ciudadana contra la aprobación de la ley bases, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de resistencia, realizada el miércoles 12 de junio de 2024”.

Más tarde ampliaron: “Actos como estos nos remontan a las épocas más oscuras de la historia de nuestro país y no se corresponden con el estado de derecho que demanda la convivencia democrática de la sociedad. Velamos para que se recapacite y vele por la salvaguarda del sistema democrático y la convivencia pacífica de la ciudadanía chaqueña”.

En ese sentido, el profesor en Filosofía Dionisio Saavedra abundó: “El profesor de la Facultad de Arquitectura Leandro Zdero, actual Gobernador del Chaco, mandó a reprimir a su colega, la arquitecta Sandra Fogar. La Facultad de Arquitectura repudió el hecho”, e ironizó: “El decano de la alta casa de estudios y titular de la cátedra donde Zdero desarrolla su labor docente, le hizo escribir mil veces en el pizarrón: ‘No debo recurrir a la violencia, debo desarrollar un programa de gobierno’”.

TUITEROS EN EL RECINTO

Para convertir el trágico cachivache político en un desaguisado institucional y consagrar la obscenidad, el diputado radical Francisco Romero Castelán sumó su repudio a la participación de algunos legisladores en la marcha.

Como si estuviera en una reunión de ‘chisperos’ un sábado a la noche, escribió en el Artículo 1º de su Proyecto de Resolución: “Expresar PREOCUPACION por el accionar de los Diputados Provinciales que invocando su investidura legislativa, ostentando pañuelo verde y título de diputade ejercieron violencia institucional contra la Policía del Chaco…”.

La utilización del agravio en el texto de una norma de la Cámara de Diputados del Chaco es toda una novedad en la rica tradición parlamentaria de la provincia, y además de exponer la falta de preparación técnica y sentido de la prudencia del legislador, lo deja al borde de una demanda por injurias. Sus fueros no lo inmunizan de la estupidez.

El propio Reglamento Interno de ese Poder establece que “Los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo”. Claramente hacer referencia a sus pares “ostentando pañuelo verde y título de diputade” está lejos de ser “rigurosamente preceptivo”.

El Manual de Técnica Legislativa, por otra parte, recomienda: “Deben evitarse enunciados carentes de significado normativo tales como: recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones, auspicios y similares”. Huelga decir que el proyecto de Romero Castelán, más que función normativa, tiene función tuitera. Tuitera bien de derecha.

 

Cristian Muriel

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