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Continúa la tensión en Misiones luego de que policías rechazaran la oferta del Gobierno

Sigue sin haber acuerdo salarial entre los efectivos y el Poder Ejecutivo provincial y se mantiene el reclamo en el Comando Radioeléctrico de Posadas

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Una vez más las negociaciones entre los policías acuartelados y el Gobierno de Misiones fracasaron, se mantiene el reclamo en el Comando Radioeléctrico y crece la tensión.

La cuarta jornada de conflicto culminó con una oferta del Poder Ejecutivo provincial que fue rechazada por los efectivos que continúan manifestándose en horas de la noche.

Este lunes por la tarde, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, anunció a través de su cuenta de X un “aumento del personal policial”. “Conforme lo adelantado en estos días, el Gobierno provincial anuncia un nuevo aumento correspondiente al mes de mayo para el personal que tiene estado policial”, indicó el funcionario. “Así, por ejemplo, el sueldo de un Suboficialmayor, que en enero cobraba $510.941,10, pasará a percibir $853.748. Un comisario mayor en enero $553.103,5 en mayo cobrará $965.782,94″, adelantó.

“Estos montos corresponden a zona capital y son mayores para las otras zonas. Estos aumentos también impactan en horas extras y adicionales. Dicho incremento se verá reflejado en la liquidación correspondiente a este mes de mayo”, explicó Pérez. “Seguiremos trabajando para que los misioneros puedan ir recuperando su poder adquisitivo ante el difícil escenario de crisis nacional, bregando siempre por la armonía, el trabajo y la responsabilidad en el manejo de la cosa pública”, concluyó su mensaje en redes sociales.

Sin embargo, el reclamo policial frente al Comando Radioeléctrico, ubicado en avenida Uruguay de la capital misionera, no solo persiste, sino que se intensificó, especialmente con la llegada del personal del 911 y de Despacho, informó el portal Misiones Cuatro. El video que ilustra esta nota da cuenta del estado de situación anoche a última hora.

infobae

En este marco, Ramón Amarilla, quien oficia de vocero de los policías, desestimó el anuncio de Pérez y contestó: “Están mandando fruta”. Desde un móvil con medios locales, señaló que no aceptarían la nueva oferta del Gobierno de Misiones. Consideran que se trata de una estrategia para disolver el acampe que continúa e incluso creció en tamaño al sumarse más efectivos policiales de otras áreas de la fuerza y localidades de la provincia.

El portal El Territorio precisó que además del corte sobre avenida Uruguay, hubo interrupción del tránsito sobre la ruta nacional 12, a la altura del peaje de Santa Ana. Allí estuvo una parte del sector docente con carteles expresando el reclamo salarial. No obstante, durante este lunes también se llevaron adelante diferentes reuniones que tuvieron como eje la cuestión salarial en el marco de un anuncio del Gobierno provincial de aumento a todas las áreas estatales.

infobae

Si bien horas más tarde el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, alcanzó un acuerdo con los gremios docentes y anunció un aumento salarial, fracasó la negociación con los delegados de la policía local.

“La propuesta que nos ha traído el Gobierno es irrisoria, no han mejorado nada ni hubo acuerdo. No va a haber acuerdo porque no hay voluntad en lo político de resolver esto”, dijo Amarilla.

El vocero de la policía advirtió que “acá se viene algo muy grave, todos los sectores están reclamando y nosotros no somos la excepción. Es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer, ni siquiera se asemeja a lo que necesita un policía para pasar la línea de pobreza”.

Además, hizo hincapié en que “a esta gente se le va a incendiar la provincia, no han resuelto nada con ningún sector. Nos quisieron apretar para que firmemos hoy, para que impacte a fin de mes. Pero nosotros queremos que esté cubierta la canasta básica para los policías.

Estamos al borde de una huelga policial en la provincia. Nosotros no somos piqueteros, somos profesionales que nos preparamos para hacer el trabajo policial y penitenciario. Pero con estos sueldos de hambre, es imposible trabajar. Ya estamos jugados. La gente va agarrando más bronca y vamos a tener más acompañamiento. Acá tenemos más de 15 mil personas”, argumentó frente a la prensa en Misiones.

Una postal del reclamo policial en Misiones (Infobae)Una postal del reclamo policial en Misiones (Infobae)

A su vez, Amarilla anticipó cuáles serán los próximos pasos en el conflicto: “Seguimos con el acampe y, lamentablemente, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, y agregó que “las negociaciones siempre estuvieron cortadas, nosotros tuvimos que estar ocho días ahí para que nos atiendan. No hay voluntad política. Este gobernador, en su momento, también había destruido la mesa de diálogo. No quieren escuchar la verdad”.

Para finalizar, el vocero policial de Misiones descartó una posible fecha nueva de reunión: “Estamos esperando a que ellos tomen verdadera conciencia de esto. Se les planteó lo que podía suceder, porque acá hay muchos sectores que están viniendo, no solo la policía. Esto va a estar muy jodido”.

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«se violaron normas constitucionales y de protección a los derechos humanos»

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El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco mostró su preocupación ante las reiteradas desinformaciones que surgieron desde altos funcionarios del gobierno provincial en relación a la normativa vigente aplicable en manifestaciones y reitera al gobierno de la provincia la necesidad de cumplir con el protocolo que garantiza el derecho a la protesta.

En sendas publicaciones distribuidas en redes sociales, tanto el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, como el jefe de Policía de la provincia, Fernando Romero, reivindicaron el desproporcionado operativo policial desplegado el miércoles por la tarde noche en el microcentro de Resistencia, en repudio de la Ley Bases. Mediante un video editado y musicalizado de manera efectista, ambos funcionarios hablaron de la correcta aplicación del “protocolo antipiquetes”. Zdero fue más allá y habló de la existencia de una «ley antipiquetes» que se encuentra «activa en el Chaco».

En este sentido, el Comité para la Prevención de la Tortura recuerda que no existe una «ley antipiquetes». La guía represiva a la que hace referencia tanto el gobernador como Romero, más conocida como “Procotolo Bullrich”, es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que ni siquiera es aplicable a las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco y que sólo alcanza a intervenciones de las fuerzas federales.

La normativa que sí es aplicable a las fuerzas del Chaco es la Ley 2399-J, la cual regula la intervención policial en manifestaciones públicas. En la misma, se determina que son “objetivos fundamentales de los cuerpos policiales y fuerza de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas, el respeto y la protección de los derechos de los participantes. En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”. Además, se establece con claridad que el uso de la fuerza debe ser la última instancia y solo si hay peligro para la vida de las personas.

En la manifestación realizada el miércoles, en los alrededores de la Plaza central de Resistencia, la Policía incumplió el protocolo vigente obstaculizando el derecho a la protesta y la circulación de los manifestantes. No había ambulancia o sistema de emergencia cerca del lugar de los hechos, ni tampoco interlocutor para el diálogo. Se utilizaron gases lacrimógenos sobre personas desarmadas, que se manifestaban de manera pacífica, haciendo un abuso de la fuerza. Los uniformados, además, estaban armados.

A la desinformación del video oficial que se hizo viral, se le sumó una suerte de gacetilla de prensa que envió el propio jefe de Policía a los medios locales. En la misma, el máximo responsable de la Policía del Chaco se dedicó a tergiversar los alcances de un fallo trascendental del Superior Tribunal de Justicia del Chaco en el cual se instaba al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley 2399- J y garantizar así el derecho a la protesta social, tras la acción de hábeas corpus colectivo presentado por el Comité para la Prevención de la Tortura luego de que la Policía del Chaco impidiera una movilización pacífica el 7 de mayo.

En su libre interpretación, Romero aseguró que el STJ declaró abstracto dicho habeas corpus “atento a no haberse acreditado restricción alguna a las libertades individuales por parte de la Policía del Chaco, como así tampoco violación a las normas constitucionales y de protección a los derechos humanos”.

Sin embargo, la sentencia no dice eso. Los jueces Víctor Del Río, Emilia Valle, Alberto Modi, Iride Grillo y Néstor Varela declararon abstracto el planteo porque la manifestación fue efectivamente interrumpida por la policía, y no por un supuesto correcto accionar policial.

Más allá de eso, el STJ sostuvo que “aunque no exista amenaza actual e inminente de que en el futuro se violente la libertad ambulatoria e integridad física de las personas con motivo del ejercicio de sus derechos constitucionales, consideramos corresponde hacer saber a las autoridades requeridas que deberán dar cumplimiento a la ley 2399 – J de criterios mínimos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, debiéndose garantizar la adopción de las medidas necesarias y conducentes para evitar actos de violencia y preservar la seguridad de las personas y el orden público, las que, en virtud del principio de razonabilidad tendrán que ser proporcionales, de acuerdo a las circunstancias fácticas y los fines perseguidos”.

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