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Politica

Ante el abandono de Nación, los gobernadores le piden a Milei provincializar las rutas nacionales

Río Negro y Neuquén temen que por la suspensión de la campaña de invierno la Patagonia quede aislada y se cortes los accesos a Chile. Los gobernadores temen que se multipliquen los accidentes.

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 Ante la desinversión del gobierno nacional, Río Negro y Neuquén pidieron al gobierno de Javier MIlei provincializar las rutas nacionales y otros distritos como Entre Ríos podrían sumarse.

 

Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa ya hicieron un pedido a Vialidad para que le gobierno les transfiera la administración de las rutas nacionales, que no reciben recursos para mantenimiento desde hace meses.

 

Se trata de un tema especialmente sensible: como contó LPO, Javier Milei no transfirió a Vialidad Nacional los recursos para la campaña invernal y la Patagonia corre el riesgo de quedar aislada. Además, peligra el comercio terrestre con Chile y podrían aumentar los accidentes.

Existe otro incentivo para intentar que las rutas no se hielen con los fríos extremos: si las rutas se congelan comenzará un deterioro que puede tener graves consecuencias. La sal para la campaña invernal debería haberse licitado en febrero. Vialidad no puede pagar porque no recibe recursos suficientes y por eso en el gobierno exploran vías alternativas para conseguirla.

 

En Río Negro hay preocupación porque Nación frenó todas las obras que estaban en proceso, que incluyen a la RN 40, la RN 22 y la RN23. Se trata de corredores que tienen una importancia vital tanto por el turismo que viene de Chile como para mover la cosecha del Alto Valle y también por Vaca Muerta.

La urgencia de los gobernadores patagónicos por hacerse cargo de las rutas no es casual, el Gobierno Nacional no transfirió a Vialidad los recursos para la campaña invernal y la Patagonia corre el riesgo de quedar aislada. Además, peligra el comercio terrestre con Chile y podrían aumentar los accidentes.

 

Según un estudio, de los 15 mil vehículos que transitan la RN 22, el 50% está vinculado a la industria petrolera o al transporte de combustible. Se trata de un corredor clave para la Argentina y eso motivó a Weretilneck y Figueroa para pedir la provincialización.

 

La transferencia permitiría a los gobernadores cobrar peaje y salir del «estado de abandono» en que se encuentran algunas rutas. «Es muy peligroso en términos de accidentes. Hay caminos sin terminar, otros sin mantenimiento», alertó Graciela Aleña, del Sindicato de trabajadores viales.

Ante el abandono de Nación, los gobernadores le piden a Milei provincializar las rutas nacionales

 

Nación dejó de transferirle a Vialidad Nacional el impuesto al combustible por $25,5 mil millones que debería ingresar semanalmente. Mientras que del Impuesto País solo ingresó el 6% y quedan pendientes más de $ 49,5 mil millones y del Tesoro Nacional $ 25 mil millones.

 

Desde Vialidad habían pedido un presupuesto de $730 mil millones para 2024, pero como quedó vigente el mismo presupuesto que en 2023 , los $475 mil millones significan una reducción del 35%. «Eso sin contar la inflación que hubo entre 2022, cuando se confeccionó el presupuesto», explicó Aleñá, quien rechazó la provincialización de las rutas. «Es sacarnos trabajo», agregó.

En Entre Ríos también miran con atención el estado de las rutas 12 y 14, por donde transita casi todo el comercio del Mercosur. La administración de Rogelio Frigerio está dispuesta a hacerse cargo de las rutas, pero sólo si vienen con recursos.

En Entre Ríos también miran con atención el estado de las rutas 12 y 14, por donde transita casi todo el comercio del Mercosur. Esas rutas están concesionadas a Corredores Viales del Río Uruguay, una empresa privada que pide recomponer su tarifa. Si se comparan con los costos, perciben apenas un 15% de lo que cobraban en 2019.

 

En la provincia que administra Rogelio Frigerio verían con buenos ojos la transferencia de las rutas, pero solo si vienen acompañadas de los recursos. «Solo si vienen con peajes y el impuesto a los combustibles», aclaran. Es el dinero que Nación dejó de transferirle a Vialidad.

 

«Estamos haciendo magia tratando de reactivar todo lo que dejó parado y sin pagar Bordet», se quejaron sobre 30 mil millones de pesos que están pendientes de pago.

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Opinión

Zdero y los Romero: la procacidad de la derecha iletrada

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Este viernes el gobernador Leandro Zdero decidió tomar posición a favor de la represión policial que tuvo lugar durante la manifestación del 12 de junio en contra de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El problema es que invocó una ley que no existe e ignoró la que está vigente. Como si fuera poco, el jefe de Policía entendió al revés una orden del STJ y decidió que lo estaban invitando a reprimir. Finalmente, un diputado radical presentó un proyecto para respaldar la represión, con un tono tan soez que convierte la confusión en grotesco.

En sus redes sociales, Zdero escribió: “Ley antipiquetes activa en Chaco. Una medida que garantiza el respeto por el derecho de todos los Chaqueños a circular libremente”, junto a un video promocional de la actuación policial durante la jornada en la que se arrojaron gases, se repartieron cachiporrazos y no se cumplió con el protocolo vigente.

La respuesta del periodista Bruno Martínez lo puso en evidencia: “No mienta, gobernador. La Ley Antipiquetes NO EXISTE EN EL CHACO. Lo que sí existe es la ley provincial que estableció un protocolo para la intervención policial en manifestaciones públicas que es la Nº 2399-J, ley que no se cumplió en la represión del miércoles”.

La norma que menciona Martínez es la de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales – fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, cuyo objetivo fundamental es “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.

El Artículo 1º advierte: “En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”.

La ley ordena asimismo generar vías de diálogo con los participantes para evitar situaciones de violencia, y la negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Se trata de identificar las demandas para su debida canalización.

También se prohíbe taxativamente la portación de armas de fuego, y se aclara que “los agresivos químicos o antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Como lo demuestran los videos de la marcha y las secuelas de los participantes, la Policía entró a los golpes y tirando gases.

LA POSTURA DE LA JUSTICIA

En una movilización que se llevó a cabo el 7 de mayo pasado, luego de otra intervención policial violenta, el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus ante el Superior Tribunal, cuya respuesta fue contundente, como lo señaló el propio Comité: “La Sentencia 167/24 insta a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad del Chaco a cumplir con la ley 2399-J”. Es decir, a no reprimir.

Lo insólito es que el jefe de Policía, Fernando Romero, interpretó la orden del Alto Cuerpo exactamente al revés, y concluyó que al haber “declarado abstracto” el hábeas corpus, los Supremos estaban convalidando la represión. Por eso actuó violentamente desde el primer momento en la marcha de este miércoles.

Entre los manifestantes había representantes de distintos sectores, entre ellos del ámbito académico que también fueron víctimas de los excesos policiales. Al respecto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE manifestó “un profundo repudio contra la violencia ejercida sobre la Mg. Arq. Sandra Fogar, profesora de esta casa de estudios, por parte de las fuerzas policiales que reprimieron la manifestación ciudadana contra la aprobación de la ley bases, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de resistencia, realizada el miércoles 12 de junio de 2024”.

Más tarde ampliaron: “Actos como estos nos remontan a las épocas más oscuras de la historia de nuestro país y no se corresponden con el estado de derecho que demanda la convivencia democrática de la sociedad. Velamos para que se recapacite y vele por la salvaguarda del sistema democrático y la convivencia pacífica de la ciudadanía chaqueña”.

En ese sentido, el profesor en Filosofía Dionisio Saavedra abundó: “El profesor de la Facultad de Arquitectura Leandro Zdero, actual Gobernador del Chaco, mandó a reprimir a su colega, la arquitecta Sandra Fogar. La Facultad de Arquitectura repudió el hecho”, e ironizó: “El decano de la alta casa de estudios y titular de la cátedra donde Zdero desarrolla su labor docente, le hizo escribir mil veces en el pizarrón: ‘No debo recurrir a la violencia, debo desarrollar un programa de gobierno’”.

TUITEROS EN EL RECINTO

Para convertir el trágico cachivache político en un desaguisado institucional y consagrar la obscenidad, el diputado radical Francisco Romero Castelán sumó su repudio a la participación de algunos legisladores en la marcha.

Como si estuviera en una reunión de ‘chisperos’ un sábado a la noche, escribió en el Artículo 1º de su Proyecto de Resolución: “Expresar PREOCUPACION por el accionar de los Diputados Provinciales que invocando su investidura legislativa, ostentando pañuelo verde y título de diputade ejercieron violencia institucional contra la Policía del Chaco…”.

La utilización del agravio en el texto de una norma de la Cámara de Diputados del Chaco es toda una novedad en la rica tradición parlamentaria de la provincia, y además de exponer la falta de preparación técnica y sentido de la prudencia del legislador, lo deja al borde de una demanda por injurias. Sus fueros no lo inmunizan de la estupidez.

El propio Reglamento Interno de ese Poder establece que “Los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo”. Claramente hacer referencia a sus pares “ostentando pañuelo verde y título de diputade” está lejos de ser “rigurosamente preceptivo”.

El Manual de Técnica Legislativa, por otra parte, recomienda: “Deben evitarse enunciados carentes de significado normativo tales como: recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones, auspicios y similares”. Huelga decir que el proyecto de Romero Castelán, más que función normativa, tiene función tuitera. Tuitera bien de derecha.

 

Cristian Muriel

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