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Politica

Una recorrida por los comedores piqueteros allanados: testimonios, imágenes y el alquiler del millón de pesos

Infobae estuvo en locales que fueron inspeccionados por orden de la Justicia, que investiga supuestos casos de extorsión a beneficiarios de planes sociales y desvíos de alimentos. De la villa 1-11-14 al Congreso, de villa 20 a Parque Patricios. La palabra de los involucrados y los detalles de la causa, que tiene secreto de sumario

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Calles de tierra, sin nombres ni números. Territorios con poco cielo y basura acumulada. Agua estancada y perros sueltos. Chicos caminando solos, pocos hombres y muchas mujeres dedicadas al cuidado de esos y otros chicos, de esos y otros hombres. Policías y gendarmes que patrullan, miran y sospechan. Es una atmósfera pesada que parece expulsar todo cuerpo ajeno. Pobreza que se respira donde rebalsan las carencias, a 20 minutos o menos del Congreso. En esa periferia porteña están los comedores populares y locaciones que fueron allanados por la presunción de ruines crímenes: quitarles plata y comida a los pobres y usarlos de infantería descartable en los piquetes.

Infobae recorrió las principales direcciones que fueron allanadas la semana pasada por orden de la Cámara Federal al juez Sebastián Casanello, tras una investigación del fiscal Gerardo Pollicita. Locaciones y “comedores populares” administrados por el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Son las agrupaciones piqueteras -junto a Barrios de Pie- que quedaron más comprometidas en la causa que se abrió tras una avalancha de denuncias en la línea 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. A ese teléfono se podían comunicar quienes se sintieran víctimas de aprietes para marchar y cortar calles u otras indecencias.

infografia Infografia Marcelo Regalado

El Gobierno presentó ante la Justicia casi un millar de llamados con acusaciones a piqueteros por supuestas presiones -tipificado en el Código Penal como “extorsión”- a beneficiarios para entregar parte de la plata que cobraban por subsidios que esas organizaciones sociales les conseguían del Estado a partir de un circuito que se reproducía a fuerza de piquetes, entrega de planes, más piquetes y más planes. También se busca determinar si se desviaron alimentos recibidos para distribuir entre los más necesitados.

La investigación de Pollicita reconstruyó una estructura de distintos niveles definidos con premios y castigos, como así también reconocimientos y sanciones para sus integrantes. Lo que se investiga es el funcionamiento de una organización que “premiaba” a quienes aportaban dinero de lo que cobraban por planes, asistían a piquetes y cumplían las órdenes de los líderes de esas organizaciones que intermediaban a cuenta del Estado con los planes. En las últimas horas y a medida que surge material incriminatorio, el juez Casanello -que primero rechazó los allanamientos- dictó secreto de sumario.

Desde adentro. Uno de los comedores que fueron allanados por la Justicia en la causa que se investiga extorsión a beneficiarios de planes sociales    Desde adentro. Uno de los comedores que fueron allanados por la Justicia en la causa que se investiga extorsión a beneficiarios de planes sociales

Desde que Infobae reveló el lunes que se habían allanado domicilios, locaciones y comedores, los líderes piqueteros quedaron en el foco de la atención pública. Eduardo Belliboni, líder y cara visible del Polo Obrero; y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, fueron apuntados. Pero también el FOL, una organización que no tiene jefes visibles. Y el Movimiento Evita, cuyo líder Emilio Pérsico es ampliamente conocido y estuvo los últimos cuatro años -al mismo tiempo- como responsable de dar y recibir la “ayuda” del Estado. Son los gerenciadores de un sistema que hace más de 20 años, pero sobre todo los últimos ocho, llevó al paroxismo la privatización de la asistencia a los que se quedaron sin empleo.

Más allá de los domicilios particulares, los allanamientos se realizaron en el comedor “Caminos de Tiza” ubicada en la calle Corvalán, en la ex Villa 20, en Villa Lugano; en el comedor de la calle Camilo Torres, del barrio Rivadavia I, en el bajo Flores; en el comedor La Carbonilla, del barrio de La Paternal; en el comedor “Mariano Ferreyra” de la Avenida Varela, en la villa 1-11-14; en el comedor “Kuña Guapa”, de la calle 8 de diciembre, en la Villa Zabaleta; en el depósito y oficinas del Polo Obrero, en Monteagudo al 700; en el local gastronómico “Sabor Latino”, donde funciona la sede central del FOL, en Moreno y Solís; y en la sede de la cooperativa de trabajo “El resplandor”, de la calle Pomar, en Parque Patricios.

Recorrida y testimonios

El local de la calle Monteagudo que fue allanado por orden de la Cámara Federal al juez Casanello El local de la calle Monteagudo que fue allanado por orden de la Cámara Federal al juez Casanello

Al primer lugar que llegó Infobae el último viernes fue al depósito del Polo Obrero de Parque Patricios donde se realizó uno de los principales allanamientos. Allí atendió un joven que estaba como encargado, mientras una camioneta tipo flete ingresaba cargada con cajas de alimentos. Darío saludó con amabilidad y confirmó que allí se había producido el allanamiento. “Rompieron la puerta a patadas, se llevaron computadoras, pendrives, libros y la plata de alquiler. Imaginate que por este lugar hay que pagar un millón de pesos por mes. Se llevaron esa plata, de todo”, contó el referente.

Mientas este medio tomó algunas fotografías, el dirigente contó que allí se recibían los alimentos que enviaba el Estado y se los distribuía a comedores que forman parte de una red en la ciudad de Buenos Aires. “¿Un millón de pesos sale el alquiler? ¿Y quién lo paga?”, preguntó Infobae. Darío respondió: “La organización le paga al dueño”. Cuando se le consultó si se podían hacer más fotos del lugar, el dirigente dijo: “Voy a pedir permiso”.

La sede central de la calle Monteagudo que fue allanada por orden de la Justicia  La sede central de la calle Monteagudo que fue allanada por orden de la Justicia

Se retiró al fondo de ese largo depósito, que tiene entrada para camiones, otra puerta y más de 50 metros de fondo. Había banderas y estandartes del Polo Obrero y del Partido Obrero del estilo que se ve en las marchas y piquetes. Las oficinas centrales de la organización está enclavada en una zona de galpones y donde se ven deambular adictos al paco. “Acá hay mucho paquero”, contó el dirigente, antes de perderse con su celular al oído. Está a pocas cuadras de la Villa Zavaleta, de la cancha de Huracán y de la Avenida Amancio Alcorta.

Cuando volvió Darío, su rictus había cambiado: “No pueden sacar más fotos. Tienen que irse”, respondió. Acompañó al reportero gráfico y a este cronista con más firmeza que la amabilidad previa, abrió el portón que tenía los magullones del allanamiento, y saludó: “Chau, que tengan buenos días”. Quedaron pendientes las respuestas sobre la gestión del lugar, quién paga el millón de pesos y cómo se financian ese y otros fletes.

Comedor "Mariano Ferreyra" del Polo Obrero, en el bajo Flores. Comedor «Mariano Ferreyra» del Polo Obrero, en el bajo Flores.

En el bajo Flores, frente a la cancha del club San Lorenzo, la Avenida Varela tiene pozos que parecen cráteres, una higiene urbana evidentemente defectuosa y efectivos de la Policía de la Ciudad y de Gendarmería que van y vienen como único testimonio del “Estado Presente”. Colectivos y autos -algunos destartalados- y una sensación de doloroso abandono. De mano derecha, hay edificaciones precarias, ventanas enrejadas, comercios y un local que, a las 11 de la mañana, es el que más gente convoca.

Hay una fila permanente de unas 10 mujeres que con sus táperes esperan su turno para llevarse alimentos a sus casas. No hay varones. En el interior hay uno solo que está a un costado y de fondo sobresale una bandera negro del Polo Obrero y otra roja del Frente de Izquierda. El local es pequeño y no desentona del resto. Serán de algo más de tres por diez metros. Una mujer atiende y anota en un cuaderno: “¿Cuántos son de familia?”, pregunta. “Cinco”, susurra la mujer. No se ve qué carga el túper, que lo pone en una bolsa y se retira. “¿Cuántos son de familia?”, vuelve a preguntar, mientras anota en el cuaderno. “Cuatro”, responde con la misma voz queda. Y así pasan las personas. De a ratos aparece un varón. Se acerca. Mira, pero no se pone en la fila. Se va.

Dentro del local que fue allanado hay una montaña de milanesas. Maples de huevos, ollas hirviendo. Una de las mujeres que estaba en la fila se disculpa y evita responder una pregunta. Otra igual. La sensación de ser un intruso expulsa y obliga al final.

El comedor de la calle Camilo Torres, en el barrio Rivadavia I, frente a la villa 1-11-14.El comedor de la calle Camilo Torres, en el barrio Rivadavia I, frente a la villa 1-11-14.

En la calle Camilo Torres del barrio Rivadavia I, detrás de la villa 1-11-14, está otro de los comedores del Polo Obrero. A diferencia de otros lugares no hay solo mujeres. Hay varones que atienden, preparan la comida y la entregan. También hay varones que la reciben. La mayoría acude con bolsas o carritos de compra. No parece que fueran demasiado pesados los túperes que se llevan. Tal vez sea evitar el estigma en el barrio de llevar a su casa el alimento del comedor. Al frente de ese lugar está un hombre que se identifica como Juan Carlos. Prefiere no decir el apellido.

“Nos allanaron el lunes. Vino la Policía, pero sólo rompió un candado. Se llevaron papeles, facturas y cuadernos. Acá no tenemos más que comida en las heladeras”, cuenta al ser consultado por Infobae sobre la causa por extorsión que investigan el juez Casanello y el fiscal Pollicita. Los tribunales están para ellos demasiado lejos. Jura que no van a las marchas y que cuando hay protestas la mayoría no va. “La gente no quiere hacer cortes, no les gusta que le digan piqueteros”, contó Juan Carlos.

Después de una desconfianza inicial, aceptó hablar y que el reportero gráfico sacara fotos del interior del local. Era un espacio de cinco de frente por algo más de 10 de fondo. Había heladeras, cocinas grandes y ollas. “Acá pagamos 400 mil pesos de alquiler, 70 mil de luz y otro tanto de gas. Un flete para buscar la comida sale 40 o 50 mil pesos. Después de lo que pasó y la denuncia esa nos dicen que no nos van a dar más alimentos y acá tenemos 589 comensales. No sabemos qué va a pasar más adelante”, explicó.

El comedor de la calle Camilo Torres donde la Justicia allanó para llevarse cuadernos y facturas El comedor de la calle Camilo Torres donde la Justicia allanó para llevarse cuadernos y facturas

“Lo que se investiga es extorsión. Si presionaban a la gente para sacarle plata. ¿Ustedes cómo consiguen la plata para pagar todos esos gastos?”, preguntó Infobae. “Son todos del barrio los que están anotados. Nos juntamos en una asamblea y decidimos cuánto vamos a poner cada uno para pagar todos los gastos. No nos quedamos con nada. Y nadie obliga a marchar o a hacer piquetes. Eso la gente no lo hace”, agregó el dirigente. Cuenta que la mayoría de los que cocina cobra planes Potenciar Trabajo. Mientras habla afuera se escuchan perros que ladran, un murmullo indescifrable y alguna sirena. En la misma cuadra, pero enfrente, estaba apostado un pelotón de Gendarmería.

Otro de los locales allanados fue la esquina de Moreno y Solís, a 200 metros del Congreso de la Nación. En la planta baja funciona un café-bar que ofrece comida típica de Chile, Bolivia y Perú, junto al tradicional y argentino sánguche de milanesa, tartas o empanadas. Allí fue la Policía porque en la planta alta funciona la sede central del FOL, una organización que tiene una militancia en barrios de la ciudad de Buenos Aires, administra varios jardines de infante en asentamientos del sur y que aseguran, como todos, que nunca le pidieron un peso a ningún beneficiario de planes sociales.

La sede del FOL que fue allanada en la causa contra piqueteros por extorsión a beneficiarios de planes sociales La sede del FOL que fue allanada en la causa contra piqueteros por extorsión a beneficiarios de planes sociales

Infobae visitó el lugar y habló con una mujer que mientras atendía la cocina, entregaba un plato a un comensal y le vendía una gaseosa de una de las heladeras instaladas a la vista. “Vinieron y se llevaron papeles y la recaudación del fin de semana. Eran un millón de pesos que se hicieron sábado y domingo”, se lamentó y aclaró que el local es una cooperativa de trabajo. Mientras este cronista conversaba con la responsable del local, apareció una joven que había bajado de la planta alta y ante una consulta sobre la causa, respondió: “Estamos en secreto de sumario. No tenemos información y no podemos hablar”.

Otro dirigente que también bajó del primer piso y pidió no ser identificado vinculó la denuncia que recayó en el FOL a “una discusión barrio, donde se acusaron de cualquier cosa y nombraron a alguno de los militantes nuestros”. Como en todos los casos anteriores, el referente explicó que la organización se financia con aportes voluntarios y con lo que producen emprendimientos cooperativos como el de “Sabor Latino”. “Este lugar se puso con un subsidio del Estado y la plata está en heladeras, freezers, cocinas, está todo a la vista. Nosotros rendimos todo. Acá hay una caza de brujas, hay persecución porque nosotros somos los límites contra el narco en los barrios y los que resistimos”, afirmó.

Local allanado. En la planta baja de Solís y Moreno funciona un restorán y en la planta baja está la sede del FOL Local allanado. En la planta baja de Solís y Moreno funciona un restorán y en la planta baja está la sede del FOL

Según pudo saber este medio, tanto en este último local como en el primero del Polo Obrero -el depósito de Monteagudo- las víctimas que declararon ante la Fiscalía de Pollicita “se podrían encontrar planillas de asistencia a marchas y el dinero de la recaudación ilícita”. En ambos lugares dieron su versión del origen del dinero, por lo que quedará en manos de la Justicia determinar la verdad jurídica de los hechos.

El comedor “Kuña Guapa”, del Polo Obrero funciona en la villa ZabaletaEl comedor “Kuña Guapa”, del Polo Obrero funciona en la villa Zabaleta
El comedor 8 de diciembre también fue allanado en búsqueda de pruebas sobre presiones a personas que recibían planes o alimentos El comedor 8 de diciembre también fue allanado en búsqueda de pruebas sobre presiones a personas que recibían planes o alimentos
La sede de la cooperativa El Resplandor fue allanada para buscar "elementos probatorios que permitan determinar el origen de los fondos que ingresan a sus cuentas bancarias y la intervención de personas físicas en dicha actividad".La sede de la cooperativa El Resplandor fue allanada para buscar «elementos probatorios que permitan determinar el origen de los fondos que ingresan a sus cuentas bancarias y la intervención de personas físicas en dicha actividad».

Opinión

Zdero y los Romero: la procacidad de la derecha iletrada

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Este viernes el gobernador Leandro Zdero decidió tomar posición a favor de la represión policial que tuvo lugar durante la manifestación del 12 de junio en contra de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El problema es que invocó una ley que no existe e ignoró la que está vigente. Como si fuera poco, el jefe de Policía entendió al revés una orden del STJ y decidió que lo estaban invitando a reprimir. Finalmente, un diputado radical presentó un proyecto para respaldar la represión, con un tono tan soez que convierte la confusión en grotesco.

En sus redes sociales, Zdero escribió: “Ley antipiquetes activa en Chaco. Una medida que garantiza el respeto por el derecho de todos los Chaqueños a circular libremente”, junto a un video promocional de la actuación policial durante la jornada en la que se arrojaron gases, se repartieron cachiporrazos y no se cumplió con el protocolo vigente.

La respuesta del periodista Bruno Martínez lo puso en evidencia: “No mienta, gobernador. La Ley Antipiquetes NO EXISTE EN EL CHACO. Lo que sí existe es la ley provincial que estableció un protocolo para la intervención policial en manifestaciones públicas que es la Nº 2399-J, ley que no se cumplió en la represión del miércoles”.

La norma que menciona Martínez es la de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales – fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, cuyo objetivo fundamental es “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.

El Artículo 1º advierte: “En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”.

La ley ordena asimismo generar vías de diálogo con los participantes para evitar situaciones de violencia, y la negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Se trata de identificar las demandas para su debida canalización.

También se prohíbe taxativamente la portación de armas de fuego, y se aclara que “los agresivos químicos o antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Como lo demuestran los videos de la marcha y las secuelas de los participantes, la Policía entró a los golpes y tirando gases.

LA POSTURA DE LA JUSTICIA

En una movilización que se llevó a cabo el 7 de mayo pasado, luego de otra intervención policial violenta, el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus ante el Superior Tribunal, cuya respuesta fue contundente, como lo señaló el propio Comité: “La Sentencia 167/24 insta a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad del Chaco a cumplir con la ley 2399-J”. Es decir, a no reprimir.

Lo insólito es que el jefe de Policía, Fernando Romero, interpretó la orden del Alto Cuerpo exactamente al revés, y concluyó que al haber “declarado abstracto” el hábeas corpus, los Supremos estaban convalidando la represión. Por eso actuó violentamente desde el primer momento en la marcha de este miércoles.

Entre los manifestantes había representantes de distintos sectores, entre ellos del ámbito académico que también fueron víctimas de los excesos policiales. Al respecto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE manifestó “un profundo repudio contra la violencia ejercida sobre la Mg. Arq. Sandra Fogar, profesora de esta casa de estudios, por parte de las fuerzas policiales que reprimieron la manifestación ciudadana contra la aprobación de la ley bases, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de resistencia, realizada el miércoles 12 de junio de 2024”.

Más tarde ampliaron: “Actos como estos nos remontan a las épocas más oscuras de la historia de nuestro país y no se corresponden con el estado de derecho que demanda la convivencia democrática de la sociedad. Velamos para que se recapacite y vele por la salvaguarda del sistema democrático y la convivencia pacífica de la ciudadanía chaqueña”.

En ese sentido, el profesor en Filosofía Dionisio Saavedra abundó: “El profesor de la Facultad de Arquitectura Leandro Zdero, actual Gobernador del Chaco, mandó a reprimir a su colega, la arquitecta Sandra Fogar. La Facultad de Arquitectura repudió el hecho”, e ironizó: “El decano de la alta casa de estudios y titular de la cátedra donde Zdero desarrolla su labor docente, le hizo escribir mil veces en el pizarrón: ‘No debo recurrir a la violencia, debo desarrollar un programa de gobierno’”.

TUITEROS EN EL RECINTO

Para convertir el trágico cachivache político en un desaguisado institucional y consagrar la obscenidad, el diputado radical Francisco Romero Castelán sumó su repudio a la participación de algunos legisladores en la marcha.

Como si estuviera en una reunión de ‘chisperos’ un sábado a la noche, escribió en el Artículo 1º de su Proyecto de Resolución: “Expresar PREOCUPACION por el accionar de los Diputados Provinciales que invocando su investidura legislativa, ostentando pañuelo verde y título de diputade ejercieron violencia institucional contra la Policía del Chaco…”.

La utilización del agravio en el texto de una norma de la Cámara de Diputados del Chaco es toda una novedad en la rica tradición parlamentaria de la provincia, y además de exponer la falta de preparación técnica y sentido de la prudencia del legislador, lo deja al borde de una demanda por injurias. Sus fueros no lo inmunizan de la estupidez.

El propio Reglamento Interno de ese Poder establece que “Los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo”. Claramente hacer referencia a sus pares “ostentando pañuelo verde y título de diputade” está lejos de ser “rigurosamente preceptivo”.

El Manual de Técnica Legislativa, por otra parte, recomienda: “Deben evitarse enunciados carentes de significado normativo tales como: recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones, auspicios y similares”. Huelga decir que el proyecto de Romero Castelán, más que función normativa, tiene función tuitera. Tuitera bien de derecha.

 

Cristian Muriel

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