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Cuáles son los efectos de la medida dispuesta por España en la relación diplomática con Argentina, tras los dichos de Milei

Luego de que el Presidente llamara “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez, este domingo en Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores español anticipó una medida diplomática. Sus implicancias en la relación entre los países

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José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, anunció este domingo 19 de mayo que llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez. Esto ocurrió luego de que Javier Milei expresara desde Madrid que la primera dama española, pareja del presidente Pedro Sánchez, es “corrupta”.

“Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos; no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abusos puede llegar a generar, aún cuando tenga a la mujer corrupta, ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, había dicho el mandatario argentino en la convención organizada por Vox en la capital española.

Por tal motivo, el Gobierno que encabeza Sánchez anunció que “Milei, con este comportamiento, llevó las relaciones entre España y la Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, llamé a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires”, expresó José Manuel Albares.

Esto sucede cuando un gobierno pretende que uno de sus embajadores vuelva temporalmente al país para discutir asuntos urgentes o preocupantes con los responsables gubernamentales y de Exteriores, a modo de presión frente a una posible crisis.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha criticado duramente las palabras de Milei en Madrid, donde ha acusado de “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez

Al respecto, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ruckauf explicó que el llamado a consulta de un embajador “se trata de una forma de expresar un profundo desagrado respecto al país de donde se retira el embajador de forma provisional, quedando en su lugar un encargado de negocios”.

“Es el paso previo a una decisión que podría ser retirar definitivamente al embajador como una forma de protesta. No es un tema poco común, en el mundo se ha usado varias veces y se sigue usando”, agregó el ex vicepresidente de la Nación.

Por su parte, el diplomático Diego Guelar remarcó que la decisión del Gobierno de España debe ser entendida como “una expresión de disgusto o como un gesto de hostilidad” por los dichos de Javier Milei. Además, el ex embajador manifestó que esto podría generar una “parálisis con España” y un potencial “conflicto con las inversiones”.

Javier Milei, presidente de Argentina, durante su intervención en la convención política de Vox "Europa Viva 24". EFE/Rodrigo JiménezJavier Milei, presidente de Argentina, durante su intervención en la convención política de Vox «Europa Viva 24». EFE/Rodrigo Jiménez

A su vez, Guelar afirmó que “al PP tampoco le gusta” que Milei tenga este tipo de actitudes. Esto llevaría a un conflicto instalado a largo plazo, teniendo en cuenta que el Partido Popular es quien más chances tiene de disputarle el poder a Pedro Sánchez, pero no comparten estas declaraciones del presidente argentino.

Asimismo, el ex embajador ante la Unión Europea enfatizó que la estrategia internacional de Javier Milei podría tener consecuencias negativas en el mediano plazo porque se pelea con los socios más importantes de la Argentina en su cruzada ideológica contra el comunismo, donde también incluye al socialismo, en categorías que numerosos analistas consideran extemporáneas. Por eso Guelar hizo hincapié en que las tensiones con Brasil, Chile, Colombia, Alemania, España, China y Vietnam, en materia de política exterior, producen una pelea con los clientes más relevantes y esto podría repercutir en las inversiones. Así como también subrayó la alianza de Milei con Benjamin Netanyahu y la tensión que esto provoca con el mundo árabe.

Repercusión internacional

Las declaraciones de Javier Milei en la convención “Europa Viva 24″ tuvieron notoriedad en medios europeos, ya que el evento organizado por el partido Vox en el Palacio Vistalegre, Madrid, contó la presencia de reconocidos dirigentes, como Marine Le Pen (Francia) y Giorgia Meloni (Italia). Por caso, la participación del presidente argentino fue catalogada como un “insulto a España” y a Pedro Sánchez, según consignó el periódico francés Le Monde.

Además, remarcaron que su discurso fue “beligerante” y que estuvo allí como “invitado de honor” de la extrema derecha. También enfatizaron que “no se reunió ni con el rey Felipe VI ni con el presidente español Pedro Sánchez”, en el contexto de la visita que realizó Milei por España.

Por su parte, el sitio francés Le Figaro, se hizo eco del episodio protagonizado por el jefe de Estado argentino en España, y advirtió que “España anuncia la revocación de su embajador en Argentina y exige disculpas”.

La postura del Gobierno argentino

En comparación con otros casos de conflictos diplomáticos, como sucedió con Colombia, el enfrentamiento con Madrid podría seguir un camino diferente: “Ellos lo insultaron primero. Nosotros no sobreactuamos indignación”, sostuvo a Infobae un funcionario cercano al mandatario nacional.

De acuerdo con lo que detallaron a este medio fuentes del Gobierno argentino, por estas horas no había una intención de responder al reclamo de disculpas públicas exigidas por el canciller Albares, y las repercusiones de este conflicto diplomático dependerán “de cómo evolucione la situación”, según reconocieron.

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«se violaron normas constitucionales y de protección a los derechos humanos»

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El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco mostró su preocupación ante las reiteradas desinformaciones que surgieron desde altos funcionarios del gobierno provincial en relación a la normativa vigente aplicable en manifestaciones y reitera al gobierno de la provincia la necesidad de cumplir con el protocolo que garantiza el derecho a la protesta.

En sendas publicaciones distribuidas en redes sociales, tanto el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, como el jefe de Policía de la provincia, Fernando Romero, reivindicaron el desproporcionado operativo policial desplegado el miércoles por la tarde noche en el microcentro de Resistencia, en repudio de la Ley Bases. Mediante un video editado y musicalizado de manera efectista, ambos funcionarios hablaron de la correcta aplicación del “protocolo antipiquetes”. Zdero fue más allá y habló de la existencia de una «ley antipiquetes» que se encuentra «activa en el Chaco».

En este sentido, el Comité para la Prevención de la Tortura recuerda que no existe una «ley antipiquetes». La guía represiva a la que hace referencia tanto el gobernador como Romero, más conocida como “Procotolo Bullrich”, es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que ni siquiera es aplicable a las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco y que sólo alcanza a intervenciones de las fuerzas federales.

La normativa que sí es aplicable a las fuerzas del Chaco es la Ley 2399-J, la cual regula la intervención policial en manifestaciones públicas. En la misma, se determina que son “objetivos fundamentales de los cuerpos policiales y fuerza de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas, el respeto y la protección de los derechos de los participantes. En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”. Además, se establece con claridad que el uso de la fuerza debe ser la última instancia y solo si hay peligro para la vida de las personas.

En la manifestación realizada el miércoles, en los alrededores de la Plaza central de Resistencia, la Policía incumplió el protocolo vigente obstaculizando el derecho a la protesta y la circulación de los manifestantes. No había ambulancia o sistema de emergencia cerca del lugar de los hechos, ni tampoco interlocutor para el diálogo. Se utilizaron gases lacrimógenos sobre personas desarmadas, que se manifestaban de manera pacífica, haciendo un abuso de la fuerza. Los uniformados, además, estaban armados.

A la desinformación del video oficial que se hizo viral, se le sumó una suerte de gacetilla de prensa que envió el propio jefe de Policía a los medios locales. En la misma, el máximo responsable de la Policía del Chaco se dedicó a tergiversar los alcances de un fallo trascendental del Superior Tribunal de Justicia del Chaco en el cual se instaba al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley 2399- J y garantizar así el derecho a la protesta social, tras la acción de hábeas corpus colectivo presentado por el Comité para la Prevención de la Tortura luego de que la Policía del Chaco impidiera una movilización pacífica el 7 de mayo.

En su libre interpretación, Romero aseguró que el STJ declaró abstracto dicho habeas corpus “atento a no haberse acreditado restricción alguna a las libertades individuales por parte de la Policía del Chaco, como así tampoco violación a las normas constitucionales y de protección a los derechos humanos”.

Sin embargo, la sentencia no dice eso. Los jueces Víctor Del Río, Emilia Valle, Alberto Modi, Iride Grillo y Néstor Varela declararon abstracto el planteo porque la manifestación fue efectivamente interrumpida por la policía, y no por un supuesto correcto accionar policial.

Más allá de eso, el STJ sostuvo que “aunque no exista amenaza actual e inminente de que en el futuro se violente la libertad ambulatoria e integridad física de las personas con motivo del ejercicio de sus derechos constitucionales, consideramos corresponde hacer saber a las autoridades requeridas que deberán dar cumplimiento a la ley 2399 – J de criterios mínimos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, debiéndose garantizar la adopción de las medidas necesarias y conducentes para evitar actos de violencia y preservar la seguridad de las personas y el orden público, las que, en virtud del principio de razonabilidad tendrán que ser proporcionales, de acuerdo a las circunstancias fácticas y los fines perseguidos”.

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