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Politica

Crece el pedido de las instituciones para que se incluya a la educación en el Pacto de Mayo

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, unas 90 ONG´s y el titular de la UCR bonaerense, entre otros dirigentes, reclamaron que el tema forme parte del acuerdo federal que propuso el presidente Milei

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Referentes de la iglesia católica, organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos le pidieron al presidente Javier Milei que el Pacto de Mayo, la convocatoria que el Jefe de Estado realizó como idea fundacional de un acuerdo para el desarrollo de la Argentina, abarque a la educación.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por monseñor Oscar Vicente Ojea, al momento de reunirse con el Presidente tuvo un pedido hacia Milei. “Se le llevó la inquietud si se podía agregar el tema educativo al Pacto de Mayo”, confirmó a Infobae una fuente de la Iglesia.

Allí, según la misma fuente, el Presidente respondió que el pacto era “específicamente económico”. “La iglesia va a buscar que la educación siempre sea prioridad en cualquier discernimiento sobre consensos en nuestro país”, agregó el informante eclesiástico.

Pero la Iglesia no fue la única que alzó la voz. “La educación es el motor del desarrollo social, económico y democrático. La mejora continuada de su calidad tendrá prioridad en las políticas públicas. La alfabetización temprana es un primer paso urgente”. Esa es la frase con la que más de 80 organizaciones firman para que la educación debe ser incluida en la propuesta del Pacto de Mayo.

infobae

Se trata de la Coalición por la EducaciónPadres OrganizadosAsociación ConcienciaCIPPEC y la Fundación Potenciar Argentina, quienes invitaron a sumarse a esta propuesta junto a más de 80 organizaciones entre las que se destacan la Academia Argentina de Letras, la Fundación Cimientos, la Fundación Sociedad Rural Argentina, la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU).

En el texto, se señala: “Hoy en Argentina, apenas el 13% de los ingresantes al nivel primario, llegan al último año de la escuela secundaria en el tiempo teórico esperado y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática”.

También advierten que “la mayoría de los estudiantes de 15 años en Argentina no alcanza un nivel mínimo de competencia en Matemática (73%), Lectura (55%) y en Ciencias (54%)”. Y avisan: “Estos datos son apenas una muestra de la situación crítica que atraviesa la educación en Argentina. Una educación de calidad es una condición básica para que las personas puedan llevar adelante su proyecto de vida y ejercer una ciudadanía democrática”.

Más allá de la declinación presidencial a incorporar la educación al Pacto de Mayo porque la convocatoria es “específicamente” económicaesta semana, durante un pasaje de su presentación en el Senado, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, admitió la posibilidad de que el acuerdo federal amplíe su agenda e incorpore entre sus puntos fundacionales a la Educación como política de Estado.

Reclamo de CIPPEC por el Pacto de MayoReclamo de CIPPEC por el Pacto de Mayo

La chance que abrió Posse se dio ante una inquietud del senador de la UCR, Maximiliano Abad. El presidente del Comité de la UCR de la provincia de Buenos Aires reclamó que la educación se incluya en el Pacto de Mayo. “¿Cuál es la prioridad que tiene el gobierno con la educación pública argentina?”, pregunto el legislador radical y continuó: “Además de una pregunta, ministro, permítame hacer una sugerencia, en el Pacto de Mayo o de Junio o de Julio, cuando deseen hacerlo, incorporen a la educación, porque los pactos no pueden ser de adhesión, los pactos tienen que ser de concertación”.

“Estamos pensando y estudiando su propuesta de incluirla en el Pacto de Mayo”, respondió Posse por entonces.

El pasado 1° de marzo, el presidente Javier Milei presentó ante la Asamblea Legislativa el “Pacto de Mayo”, una iniciativa que busca establecer un “nuevo contrato social” con los gobernadores de las 24 provincias argentinas. El objetivo es delinear diez políticas de Estado para “sacar al país de la senda del fracaso” y “sentar las bases del crecimiento argentino por los próximos cien años”. Sin embargo, el mandatario omitió un tema fundamental en su lista de prioridades: la educación.

La alfabetización inicial es una de las principales preocupaciones del sistema educativo argentino, y ha sido objeto de consenso entre los 24 ministros de Educación provinciales y el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, para diseñar un Plan Nacional de Alfabetización. Según expertos y organizaciones, esta iniciativa debería incluirse en el pacto para ser tratado en la reunión propuesta, inicialmente, para el 25 de mayo en Córdoba.

En la última asamblea del Consejo Federal, los ministros de Educación acordaron lineamientos para presentar sus planes de alfabetización en abril. La propuesta se centrará en niños de 0 a 8 años, abarcando desde la primera infancia hasta el primer ciclo de primaria, con el objetivo de que los niños estén alfabetizados en tercer grado. Los objetivos del Plan Nacional de Alfabetización son “garantizar niveles de lectura y escritura adecuados para estudiantes de tercer grado, oportunidades equitativas de alfabetización y dispositivos de seguimiento y evaluación” según informó la Secretaría de Educación.

Los diez puntos del Pacto de MayoLos diez puntos del Pacto de Mayo

Cora Steinberg, especialista en educación de Unicef Argentina, subraya la importancia de incluir la educación en el pacto, destacando que “Argentina enfrenta grandes desafíos en lectoescritura y matemáticas”. En el mismo sentido, Agustín Porres, director regional para América Latina de Fundación Varkey, resalta el acuerdo federal sobre alfabetización alcanzado en febrero, señalando que “las urgencias deben colocarse por encima de cualquier partidismo”.

Durante la campaña electoral del año pasado, la necesidad de fortalecer la alfabetización recibió amplio apoyo. Cuatro de los cinco candidatos presidenciales, incluidos Milei y 14 de los 24 gobernadores, firmaron el Compromiso por la AlfabetizaciónAna María Borzone, investigadora del Conicet, enfatiza que la falta de adecuadas metodologías de enseñanza ha impedido a los niños aprender a leer y escribir, y señala que la alfabetización debe ser prioritaria en el pacto.

Expertos como la lingüista Florencia Salvarezza y la profesora de la Universidad de San Andrés (UdeSA)Melina Furman, coinciden en la urgencia de priorizar la alfabetización en cualquier acuerdo sobre educación en Argentina. Furman también menciona la terminalidad de la secundaria y el acceso a la educación inicial como puntos cruciales.

Susana Decibe, exministra de Educación, resalta que la educación debe ser central en el pacto, y Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050, subraya que sin un enfoque prioritario en la educación, cualquier intento de crear una nueva Argentina será en vano.

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Opinión

Zdero y los Romero: la procacidad de la derecha iletrada

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Este viernes el gobernador Leandro Zdero decidió tomar posición a favor de la represión policial que tuvo lugar durante la manifestación del 12 de junio en contra de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

El problema es que invocó una ley que no existe e ignoró la que está vigente. Como si fuera poco, el jefe de Policía entendió al revés una orden del STJ y decidió que lo estaban invitando a reprimir. Finalmente, un diputado radical presentó un proyecto para respaldar la represión, con un tono tan soez que convierte la confusión en grotesco.

En sus redes sociales, Zdero escribió: “Ley antipiquetes activa en Chaco. Una medida que garantiza el respeto por el derecho de todos los Chaqueños a circular libremente”, junto a un video promocional de la actuación policial durante la jornada en la que se arrojaron gases, se repartieron cachiporrazos y no se cumplió con el protocolo vigente.

La respuesta del periodista Bruno Martínez lo puso en evidencia: “No mienta, gobernador. La Ley Antipiquetes NO EXISTE EN EL CHACO. Lo que sí existe es la ley provincial que estableció un protocolo para la intervención policial en manifestaciones públicas que es la Nº 2399-J, ley que no se cumplió en la represión del miércoles”.

La norma que menciona Martínez es la de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales – fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, cuyo objetivo fundamental es “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.

El Artículo 1º advierte: “En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”.

La ley ordena asimismo generar vías de diálogo con los participantes para evitar situaciones de violencia, y la negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Se trata de identificar las demandas para su debida canalización.

También se prohíbe taxativamente la portación de armas de fuego, y se aclara que “los agresivos químicos o antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Como lo demuestran los videos de la marcha y las secuelas de los participantes, la Policía entró a los golpes y tirando gases.

LA POSTURA DE LA JUSTICIA

En una movilización que se llevó a cabo el 7 de mayo pasado, luego de otra intervención policial violenta, el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus ante el Superior Tribunal, cuya respuesta fue contundente, como lo señaló el propio Comité: “La Sentencia 167/24 insta a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad del Chaco a cumplir con la ley 2399-J”. Es decir, a no reprimir.

Lo insólito es que el jefe de Policía, Fernando Romero, interpretó la orden del Alto Cuerpo exactamente al revés, y concluyó que al haber “declarado abstracto” el hábeas corpus, los Supremos estaban convalidando la represión. Por eso actuó violentamente desde el primer momento en la marcha de este miércoles.

Entre los manifestantes había representantes de distintos sectores, entre ellos del ámbito académico que también fueron víctimas de los excesos policiales. Al respecto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE manifestó “un profundo repudio contra la violencia ejercida sobre la Mg. Arq. Sandra Fogar, profesora de esta casa de estudios, por parte de las fuerzas policiales que reprimieron la manifestación ciudadana contra la aprobación de la ley bases, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de resistencia, realizada el miércoles 12 de junio de 2024”.

Más tarde ampliaron: “Actos como estos nos remontan a las épocas más oscuras de la historia de nuestro país y no se corresponden con el estado de derecho que demanda la convivencia democrática de la sociedad. Velamos para que se recapacite y vele por la salvaguarda del sistema democrático y la convivencia pacífica de la ciudadanía chaqueña”.

En ese sentido, el profesor en Filosofía Dionisio Saavedra abundó: “El profesor de la Facultad de Arquitectura Leandro Zdero, actual Gobernador del Chaco, mandó a reprimir a su colega, la arquitecta Sandra Fogar. La Facultad de Arquitectura repudió el hecho”, e ironizó: “El decano de la alta casa de estudios y titular de la cátedra donde Zdero desarrolla su labor docente, le hizo escribir mil veces en el pizarrón: ‘No debo recurrir a la violencia, debo desarrollar un programa de gobierno’”.

TUITEROS EN EL RECINTO

Para convertir el trágico cachivache político en un desaguisado institucional y consagrar la obscenidad, el diputado radical Francisco Romero Castelán sumó su repudio a la participación de algunos legisladores en la marcha.

Como si estuviera en una reunión de ‘chisperos’ un sábado a la noche, escribió en el Artículo 1º de su Proyecto de Resolución: “Expresar PREOCUPACION por el accionar de los Diputados Provinciales que invocando su investidura legislativa, ostentando pañuelo verde y título de diputade ejercieron violencia institucional contra la Policía del Chaco…”.

La utilización del agravio en el texto de una norma de la Cámara de Diputados del Chaco es toda una novedad en la rica tradición parlamentaria de la provincia, y además de exponer la falta de preparación técnica y sentido de la prudencia del legislador, lo deja al borde de una demanda por injurias. Sus fueros no lo inmunizan de la estupidez.

El propio Reglamento Interno de ese Poder establece que “Los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo”. Claramente hacer referencia a sus pares “ostentando pañuelo verde y título de diputade” está lejos de ser “rigurosamente preceptivo”.

El Manual de Técnica Legislativa, por otra parte, recomienda: “Deben evitarse enunciados carentes de significado normativo tales como: recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones, previsiones, auspicios y similares”. Huelga decir que el proyecto de Romero Castelán, más que función normativa, tiene función tuitera. Tuitera bien de derecha.

 

Cristian Muriel

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