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CORRUPCION

Caso PIMP: Aída Ayala fue condenada por fraude a la administración pública pero absuelta por lavado de dinero

La exintendenta de Resistencia fue condenada hoy a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos pero absuelta por lavado de activos. En tanto, Jacinto Sampayo fue condenado por lavado a tres años y seis meses de prisión. En tanto, los empresarios fueron condenados a penas superiores a cinco años y medio de cárcel como partícipes necesarios de fraude a la administración y lavado de activos.

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El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este viernes a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública mientras que la absolvió respecto de la acusación por lavado de activos. En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, fue condenado a tres años y medio de prisión por el delito de lavado de activos.

Por otro lado, los empresarios Alejandro Fischer, Carlos Huidobro y Pedro Martínez fueron condenados como partícipes necesarios de los delitos de fraude a la administración pública y lavado de activos a penas de 6 años y medio de prisión para el extitular de PIMP SA y de cinco años y medio para los últimos dos.


Por una descompensación de la exintendenta Ayala, la lectura del veredicto debió ser interrumpida y el Tribunal Oral Federal pasó a un cuarto intermedio. La lectura de la parte resolutiva de la sentencia estuvo a cargo del presidente del TOF, el juez Juan Manuel Iglesias, acompañado por sus pares Enrique Bosch y Marta Berros.

Tras la reanudación, se leyó el resto del veredicto por el cual se condenó a Eulalio Bouza a cuatro años y medio de prisión como partícipe necesario del delito de fraude contra la administración pública en concurso real con lavado de activos.

Asimismo, se condenó a Rolando Acuña y Luis Escobar como partícipes secundarios del delito de fraude a la administración pública y lavado de activos a tres años de prisión condicional.

En rigor, solo Sampayo, Fischer, Huidobro, Martínez y Bouza deberán cumplir sus condenas en prisión, que van desde los 3 años y medio a los 6 años y medio. Además, deberán pagar multas por el doble del monto de la operación.

Las absoluciones

Por otro lado, el TOF dictó las absoluciones de Natalia Martínez Guarino, quien no fue acusada por el Ministerio Público Fiscal; Fatima Rigassio, Mónica Centurión, Patricia Vázquez, Diego Martínez Guarino, Victor Baumwollspinner, Elsa Martínez, Cristian Zapata y Víctor Hugo Quiroz.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 8 de julio, a las 12 horas.

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CORRUPCION

#CHACO Por el escándalo, el gremio del Tribunal de Cuentas para y exige seguridad

Este viernes habrá una medida de fuerza en los lugares de trabajo, entre las 10 y las 12. También hay malestar por pases a planta «a dedo».

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El Tribunal de Cuentas vive sus días más agitados de los últimos veinte años. Para encontrar una conmoción similar dentro del organismo de contralor habría que remontarse a los tiempos en que el radicalismo, que por entonces gobernaba la provincia, promovió y logró la destitución de Elda Pértile como vocal de la entidad. Ahora, lo que marca el presente es un escándalo por la desaparición de un expediente comprometedor y denuncias de fiscales que dicen que sus archivos personales fueron vulnerados y requisados fuera de los horarios laborales. Como si alguien hubiera ordenado espiar sus áreas de trabajo y las documentaciones a su cargo.

El operativo policial del miércoles expuso el delicado momento del TC. Ese día NORTE había revelado el escándalo interno.

Todo este escenario fue revelado el miércoles en exclusiva por NORTE, y disparó nuevos hechos. Una fiscal que no había sido notificada de la desaparición de un expediente fue avisada formalmente de ello y personal policial especializado acudió al edificio de Juan B. Justo 555 para realizar pericias y observaciones que intentan dilucidar quién o quiénes espían a los fiscales y -eventualmente- hacen desaparecer expedientes.

Ayer volvió a haber novedades. La vocal Beatriz Bogado, directamente involucrada en el expediente perdido (el Tribunal de Cuentas le inició un proceso al objetar manejos de fondos cuando era integrante de la conducción de Lotería Chaqueña), habló sobre todo de lo que está sucediendo y aseguró que en el organismo «no hay impunidad» (ver página 9 en esta edición). Y en paralelo, el gremio que agrupa al personal del Tribunal, la Apocch, anunció el comienzo de una medida de fuerza en respaldo de las fiscales a las que les invadieron sus archivos.

PARO Y CONFERENCIA

En una comunicación a la presidente del organismo, Elda Pértile (quien logró su restitución como vocal tras una larguísima batalla judicial que reconoció la arbitrariedad e ilegalidad de su destitución más de veinte años atrás), la entidad sindical informa que una asamblea de trabajadores realizada ayer decidió declararse en estado de asamblea y movilización, y realizar hoy un paro de dos horas en sus oficinas. Será desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. En esa franja horaria, además, el sindicato brindará una conferencia de prensa en la que renovaría la solidaridad con las fiscales y expondría otras situaciones.

En la nota a Pértile, el gremio dice que la asamblea resolvió «declarar el apoyo y respaldo» de los trabajadores «con las dos compañeras fiscales afectadas, al haberse violentado su lugar de trabajo, accediendo de manera clandestina a los armarios y cajones, revuelto expedientes y acceso a las computadoras, como asimismo el extravío de un expediente».

«Las medidas se fundamentan en la necesidad de manifestarnos en respaldo a nuestras compañeras, ante el silencio de las autoridades frente estos hechos de suma gravedad. Exigimos seguridad y respaldo institucional para los trabajadores del Tribunal de Cuentas», expresa la comunicación que firma el secretario general de Apocch, Sergio G. Ramírez.

PASES A PLANTA

Es que lo que está sucediendo con las fiscales se agregó a otros factores de malestar. Entre el personal molestó que en los últimos meses se realizaron pases a planta «a dedo» que habrían beneficiado a familiares de funcionarios. «A algunos incluso los hicieron entrar desconociendo un acuerdo anterior, que era que si entraban agentes nuevos debían hacerlo por concurso, para que hubiera igualdad de oportunidades. Además se suponía que quienes ingresasen debían hacerlo como ordenanzas y permanecer en esa categoría varios años. No hubo concursos y a unos ‘elegidos’ los pasaron a hacer tareas administrativas», contó una fuente. La Apocch (Asociación del Personal del Organismo de Control de la Provincia del Chaco) quiere que se respete la carrera administrativa y que se establezca el sistema de concursos externos para dar transparencia a los ingresos.

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