Los gobernadores de las provincias patagónicas vuelven a tensar la relación con el gobierno nacional. A través de un comunicado publicado anoche a última hora, expresaron su posición contra la privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. En el texto reconocieron que gestiones pasadas dejaron “graves consecuencias económicas”, pero le propusieron a la Casa Rosada llegar a un “acuerdo de productividad” para salvar la empresa.

“Los gobernadores de las Provincias Unidas del Sur, junto a legisladores, intendentes de la cuenca de Río Turbio, trabajadores y sus representantes, nos manifestamos contra toda forma de privatización de la unidad económica de YCRT”, comienza el documento en el que señalaron que tanto la Central Térmica como el Yacimiento y las minas de carbón “fueron alguna vez -y pueden serlo ahora- rentables, no solo para equilibrar las cuentas de sus diferentes ejercicios sino también para generar rentabilidad económica y divisas; a través de gestiones transparentes, sin corrupción”.

El comunicado lleva las firmas de: Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Claudio Vidal (Santa Cruz); Ignacio Torres (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa); Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Los gobernadores reconocen que “las últimas gestiones dejaron graves consecuencias de funcionamiento, de infraestructura, económicas, patrimoniales y laborales”. “El negocio de unos pocos perjudicó a los trabajadores y al país”, agregaron.

En este marco plantearon al Gobierno alcanzar “un acuerdo de productividad que salve al Complejo, en el que todos hagamos un esfuerzo para producir más, generar energía y comercializar el carbón”. Aseguran que las reservas de carbón permiten contar con stock suficiente por los próximos 500 años y destacan “otro valor agregado” del mineral: “Las cenizas, los residuos de la usina, se pueden utilizar para la fabricación de bloques y ladrillos”.

“La mina de carbón es la empresa que sostiene el empleo y genera el movimiento económico de las familias que viven en las localidades de Río Turbio y 28 de noviembre, ubicadas en el estratégico límite sureño entre Argentina y Chile”, apuntaron. Los mandatarios provinciales patagónicos hicieron hincapié en que “miles de argentinos viven horas de inmensa incertidumbre” a raíz de la situación de YCRT.

Por otra parte, informaron que ese carbón se usa para calefaccionar otros miles de hogares de escasos recursos en las provincias de la Patagonia “que deben soportar temperaturas de 20 grados bajo cero”.

“Queremos que al gobierno nacional le vaya bien, porque así le irá bien a la Argentina y a nuestro pueblo. Para ello, es imprescindible formalizar acuerdos estratégicos que conduzcan al desarrollo y al crecimiento económico. Esos acuerdos solo los lograremos en el marco del diálogo fraterno, que preserve y defienda el interés común de la Patria”, concluye el comunicado.

Thierry Decoud, quien proviene de las filas del PRO, fue designado por Javier Milei como interventor al frente del complejo carbonífero que está bajo control del Estado y comprende a la mina subterránea, una planta depuradora, la Central Termoeléctrica Río Turbio, el ramal ferroportuario y puerto en Punta Loyola. El proyecto cuenta con más de 2 mil trabajadores y es un sustento económico clave para las localidades de Río Turbio, Río Gallegos y Punta Loyola.

Por su volumen y rol estratégico como proveedora de energía, la empresa YCRT está bajo la mirada del Presidente, que prometió convertir a todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para facilitar su posterior privatización y liquidación. Durante los años noventa, esta compañía estatal ya fue privatizada en el mandato de Carlos Menem bajo la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A hasta que se rescindió esa concesión en 2002 porque la firma entró en un concurso preventivo de crisis y se dispuso su intervención.