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Economia

“La Argentina ocupa una posición de avanzada” en administración financiera pública

En diálogo con Télam, el presidente de la ASAP destacó la Ley Nº 24.156, sancionada en septiembre de 1992, que moldeó una nueva “cultura presupuestaria”, en cuanto al cumplimiento de ciertas normas.

La Argentina se encuentra en “una posición de avanzada” respecto del resto de los países de la región en materia de administración financiera pública, tanto en los aspectos normativos como en su implementación práctica, en una continuidad que atravesó gobiernos de diferente signo político en las últimas tres décadas.

Así lo planteó a Télam el presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Gonzalo Lecuona, de cara a la organización del próximo seminario nacional que será en mayo próximo en Mendoza, y tras el realizado días atrás en Resistencia, Chaco.

Lecuona se refirió a la vigencia de la Ley Nº 24.156, sancionada en septiembre de 1992, y a cómo sus efectos marcaron un antes y un después en la organización de los cuatro ejes de la administración financiera: presupuesto, tesorería, contabilidad y crédito público, además de marcar la diferencia entre la normativa presupuestaria y los planes de gobierno.

También destacó que la ley moldeó una nueva “cultura presupuestaria”, en cuanto al cumplimiento de ciertas normas, como por ejemplo la presentación del proyecto de ley no más allá de cada 15 de septiembre, algo que no ocurría desde la presidencia de Arturo Illia, o la centralización de la información sobre deuda pública, que hasta 1991 era objeto de diferentes interpretaciones.

– Puede observarse, por lo menos en las últimas décadas, una diferencia entre lo que debe ser el Presupuesto y lo que efectivamente termina siendo. ¿A qué se debe ese desfase?
– El Presupuesto es una herramienta de gestión muy potente para la expresión de políticas públicas, pero claramente depende de definiciones de autoridades políticas que se establecen cada año. En el marco de un país con un equilibrio macroeconómico más razonable, se puede desarrollar un plan de vacunación, políticas de alimentación u otras vinculadas a vivienda y se puede llegar a un presupuesto que sea más parecido a lo que se propone. Este elemento es central y no solamente en este momento particular: ya una inflación del 20 al 25% genera una variación importante que da lugar a estas modificaciones entre el Presupuesto presentado y el que termina siendo ejecutado. Por otro lado, tenemos situaciones como la Covid-19, que fue muy relevante, y otras que quizás no lo sean tanto, pero es posible que seis o siete meses después de la presentación del proyecto de ley se originen ciertos hechos en particular que obliguen a readecuar el Presupuesto respecto de lo que se planteó. Todo eso tiene que ver con una cultura, la Argentina no es un país que esté acostumbrado a planificar y definir escenarios a largo plazo. Y eso claramente afecta al Presupuesto. No nos olvidemos que es consecuencia de un plan y de definiciones de prioridades políticas para determinar ciertos escenarios. Para simplificarlo, un proyecto de Presupuesto va a estar montado sobre un escenario pesimista, optimista o intermedio, pero si la realidad no termina siendo como el escenario que se planteó, claramente eso también afectará al presupuesto en su ejecución.

– Desde el punto de vista normativo, ¿Cómo está la Argentina en comparación con otros países?
– La Argentina aprobó hace 30 años la Ley 24.156, claramente ese indicador nos muestra en una posición de avanzada en términos normativos. A su vez, en la implementación también está en un nivel importante de avance respecto de países de la región. Siempre hay cosas para mejorar, pero es muy evidente que hoy cualquiera puede acceder a información pública, prácticamente en línea, con no más de 48 horas desde el momento en que fue registrada. Y eso es posible dado a un avance muy significativo del sistema de administración financiera pública. En un Estado nacional enorme se ha podido articular y registrar de una forma en la que el ciudadano puede acceder a sitios como presupuestoabierto.gob.ar y contar con esa información en tiempo y forma. Eso no es casualidad, sino uno de los tantos indicadores que muestra que Argentina tiene cierto nivel de avance muy respetable respecto de otros países de la región. Obviamente, con muchos desafíos, porque se podría decir que esos avances en administración financiera pública no se terminan reflejando en términos de impacto. En ese caso, diferenciemos su función de las definiciones políticas y prioridades sobre qué hacer con esos recursos. Incluso en lo informático el sistema es de avanzada. El E-Sidif (Sistema Integrado de Información Financiera en Internet), una continuación del original Sidif de la década del ’90, es un claro exponente que nos brinda herramientas para la toma de decisiones a funcionarios y al público en general.

– ¿Esto trasciende la identidad de los gobiernos y los funcionarios de turno?
– Absolutamente, de hecho, en 1992 el presidente era Carlos Menem, después vinieron Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y hoy Alberto Fernández. La administración financiera pública transitó esos gobiernos y nunca retrocedió, siempre se ha mejorado un poco más en cada uno de los sistemas y de manera integrada. Uno de los pilares de la reforma de 1992, que es la centralización normativa y la descentralización operativa, deja en evidencia que esto ha funcionado. Los órganos rectores funcionan cada vez de manera más relacionada con las expectativas iniciales, y los descentralizados, a través de la experiencia, la capacitación y la tecnología, han permitido la evolución del sistema. No digo que podamos dar lecciones, pero sí buenas prácticas, ejemplos de éxito. Por eso es importante diferenciar el éxito o no de una política pública del propio sistema de administración que hizo todo lo necesario para que quien haya tomado una decisión lo haya podido hacer en tiempo y forma.

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